El presente trabajo constituye una contribución al análisis del fenómeno de la discriminación en nuestra sociedad, pero manifestado a través de la negativa al acceso de bienes y servicios a los consumidores que cuenten con ciertas características físicas vinculadas a sus rasgos raciales. En particular nos hemos centrado en el análisis de la discriminación racial en establecimientos de esparcimiento abiertos al público al ser éstos específicos lugares (como las discotecas) en los que se ha manifestado, y aún se manifiesta, el rechazo a ciertos grupos de personas debido a sus rasgos físicos, impidiéndose con ello su ingreso en base a falsas justificaciones (realización de fiestas privadas o exclusivas para socios, la limitada capacidad del local o la reserva del derecho de admisión, entre otros). Ante ello, con el presente trabajo se busca evaluar la funcionalidad y efectividad de los procedimientos administrativos instaurados por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de oficio o a pedido de parte, como medio para solucionar este tipo de prácticas. Para tales fines, se ha evaluado la jurisprudencia de dicho órgano administrativo, comparándola con los conceptos desarrollados por el legislador y por la doctrina, sin dejar de repasar otros modelos o sistemas normativos. En base a lo anterior, se entrega una propuesta o avance con el objetivo final mejorar las relaciones entre las personas, en particular entre consumidores y proveedores, a fin que sea utilizado como elemento de estudio para el perfeccionamiento de las vigentes soluciones legislativas a nivel procedimental y, sobre todo, como medio para reprimir conductas reprochables por el ordenamiento jurídico.

Una investigación que indaga en torno a la categoría discursiva “amixer”, y cómo se constituyen y despliegan las prácticas y discursos discriminatorios en las redes sociales virtuales, específicamente en Facebook. Es, entonces, una mirada a la red social virtual como una zona de debate o encuentro cultural; un escenario virtual de intercambio simbólico de múltiples vías, en el cual diversos actores sociales participan para negociar, resistir y consensuar su encuentro con Otros, con el fin principal de situarse, definirse y distinguirse, para mantener simbólicamente sus fronteras sociales. En este sentido, la ilusión ampliamente difundida por los medios de comunicación masiva de las redes sociales virtuales como espacios abiertos, libres y democráticos se complejiza al producirse procesos sociales imaginarios de privatización de espacios virtuales. Desde la plataforma tecnológica se articularon los procesos de debate y negociación de consensos colectivos para la identificación, categorización, definición y estereotipación de un nuevo sujeto discursivo que llegó a escena, con el objetivo de identificarlo y nombrarlo para ser detenido, en un intento por mantener vigentes fronteras simbólicas. Estas se presentan cada día como más borrosas e inestables debido al embate de fuertes cambios sociales, económicos, tecnológicos y geográficos ocurridos en el Perú contemporáneo, y que están marcados –principalmente– por el surgimiento de una nueva y amplia clase media y emergente. Como parte de estos procesos, se definieron y consensuaron rasgos de marcación social; se configuró una tipología; se recurrió a la memoria y a la cotidianidad, a la ironía, al insulto, a la parodia, al gusto y al chiste, a la vieja costumbre tan peruana de clasificar choleando, marcando con categorías inherentes a los discursos raciales. / This research project examines the term “amixer” as a discursive practice, and more broadly how practices and discourses are built and spread in virtual social networks, specifically on Facebook. It is, therefore, a look at the social network as an area of debate or cultural meeting; a virtual scenario of multiple-way symbolic exchange, in which diverse social factors take place to negotiate, resist and agree on their encounters with Others, with the main objective of placing, defining and distinguishing themselves, in order to symbolically maintain their social barriers. On that sense, the illusion of social networks as open, free and democratic spaces, widely spread by the massive media, becomes more complex. Focusing on the Peruvian use of Facebook, I argue that social networks have produced imaginary social processes of privatization of virtual spaces. The debates and the negotiation of collective consensus that took place on this technological platform around a new discursive subject (the ‘amixer’), intended its identification, categorization, definition and stereotypification with the sole objective of naming and situating it, in an attempt to stop its social mobility and keep current symbolic borders. Symbolic borders become blurrier and more unstable in contemporary Peru, where the strong social, economic, technological and geographic changes that took place since the late twentieth century gave place to the out coming of a new and broad middle and emerging class. As part of those processes, new traits of social status were defined and agreed on; a typology was configured; and memory and everydayness, irony, insult, parody, taste and jokes were used, as was the old and so Peruvian habit of classifying as “cholo”, in order to define subjects and their positions with intrinsic categories of an old racial discourse.

El presente informe del análisis de la Resolución N.º 001-2011/SC-2- INDECOPI tiene por objetivo exponer los razonamientos realizados por la Sala de Defensa de la Competencia N.º 2 del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para finalmente revocar la Resolución N.º 117-2010/INDECOPI-LAM, emitida el 29 de enero de 2010 por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Lambayeque, que declaró infundada la denuncia presentada por Rosa Margarita Cueva Tupac Yupanqui de Vignolo contra el Banco Falabella Perú S.A. por infracción del artículo 7º-B del Decreto Legislativo N.º 716, Ley de Protección al Consumidor. En consecuencia, la Sala, por medio de la Resolución N.º 001-2011/SC-2- INDECOPI, declaró fundada la denuncia de discriminación en el consumo contra una persona con discapacidad, toda vez que el denunciado limitó a la denunciante, de manera arbitraria, la renovación de su tarjeta de crédito, sosteniendo como único eje argumentativo la imposibilidad de identificarla, toda vez que la signatura carecía de exactitud respecto al documento nacional de identidad (DNI), haciendo una interpretación de los artículos 4 y 11 de la Resolución SBS N.º 264-2008, Reglamento de Tarjetas de Crédito. En este contexto, la Sala del Indecopi evalúa el caso a través de instrumentos jurídicos nacionales y supranacionales, con el propósito de establecer diferencias entre trato diferenciado y discriminación, teniendo como principal finalidad garantizar la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la persona y el derecho al bienestar, entre otros derechos de la persona con discapacidad. Finalmente, la Sala del Indecopi concluye que el caso debe hacerse de conocimiento a la Superintendencia de Banca y Seguros para que establezcan futuros lineamientos en favor de consumidores con condición de discapacidad y no se vean limitados del ejercicio de sus derechos. / The objective of this report on the analysis of Resolution No. 001-2011/SC-2- INDECOPI is to present the reasoning carried out by the Competition Defense Chamber No. 2 of the National Institute for the Defense of Competition and Protection of Intellectual Property (Indecopi) to finally revoke Resolution No. 117-2010/INDECOPI-LAM, issued on January 29, 2010 by the Commission of the Indecopi Regional Office of Lambayeque, which declared the complaint filed by Rosa Margarita Cueva Tupac Yupanqui de Vignolo against Banco Falabella Perú S.A. for violation of article 7º-B of Legislative Decree No. 716, Consumer Protection Law. Consequently, the Chamber, through Resolution No. 001-2011/SC-2- INDECOPI, declared the complaint of discrimination in consumption against a person with disabilities founded, since the accused limited the complainant, of arbitrarily, the renewal of her credit card, maintaining as the only argumentative axis the impossibility of identifying it, since the signature lacked accuracy with respect to the national identity document (DNI), making an interpretation of articles 4 and 11 of the SBS Resolution No. 264-2008, Credit Card Regulations. In this context, the Indecopi Chamber evaluates the case through national and supranational legal instruments, with the purpose of establishing differences between differential treatment and discrimination, with the main purpose of guaranteeing human dignity, autonomy, and the free development of the person. and the right to well-being, among other rights of the person with disabilities. Finally, the Indecopi Chamber concludes that the case must be brought to the attention of the Superintendency of Banking and Insurance so that they can establish future guidelines in favor of consumers with disabilities and not be limited in the exercise of their rights.

Para calificar una práctica como un supuesto de discriminación en el consumo, no solo es necesario verificar que el supuesto aplicado implique un trato discriminatorio, es decir, identificar que el trato desigual se sustente en un factor prohibido que implique un menoscabo al derecho de igualdad y dignidad reconocidos en nuestra Constitución Política de 1993; sino que adicionalmente, será necesario analizar que este comportamiento no se encuentre fundamentado en razones objetivas y razonables que justifiquen su aplicación, pues cómo ha sido reconocido por nuestro Tribunal Constitucional, no todo trato desigual per se es un trato discriminatorio y no todo trato discriminatorio esta siempre prohibido (Tribunal Constitucional:2005). En este sentido, mediante la presente investigación, hemos identificado los pasos y criterios que se deben aplicar para identificar si una conducta califica como un supuesto de discriminación en el consumo, analizando la negativa que tuvieron las empresas del sector financiero de contratar tarjetas de crédito con personas que presentaban una condición de discapacidad visual, diferenciando esta conducta de los supuestos de trato diferenciado y evaluando la objetividad y razonabilidad de los motivos que fundamentaron su aplicación. En este sentido, para calificar una conducta como un supuesto de discriminación en el consumo pasible de ser sancionada, se debe realizar el siguiente análisis, dividido en dos etapas. En la primera se verificará: (i) si la conducta analizada se encuentra enmarcada dentro de un ámbito de consumo; (ii) si ésta califica como un trato desigual, y; (iii) si éste trato desigual se fundamenta en la pertenencia a un grupo social determinado, y en la segunda, se analizará (i) si el trato desigual tiene una justificación objetiva, y; (ii) si esta justificación objetiva supera el test de razonabilidad.

El estudio explica por qué la coerción penal contra la trata de personas en el departamento de Madre de Dios (Perú) es selectiva; es decir, por qué se concentra en casos de menores de edad y excluye los de tipo laboral y de mujeres adultas. Encontramos que esta selectividad no se explica solo por limitaciones presupuestales, sino por atributos culturales e inventivos (expectativas de asensos, reconocimiento, salarios, sentido de pertenencia) a favor de los fiscales. Contrario a otros estudios y al sentido común, no habría relación directa entre presupuesto asignado y capacidad de judicial (menos recursos, menor capacidad), ni relación inversa con la selectividad (menos recursos, más selectividad). Más bien, la desigualdad de incentivos y presupuesto entre agencias judiciales –los fiscales tienen mejores condiciones de trabajo que los médicos- reduciría la capacidad de apertura de investigaciones preparatorias y la asistencia debida para víctimas. En contraste, la especialización del cuerpo de fiscales y su autonomía relativa vendría favoreciendo la identificación e interposición de denuncias (empleamos el condicional a falta de un análisis más fino de datos). Encontramos, además, que varios problemas procesales –por ejemplo, dificultad para discriminar trata y prostitución, obtener testimonios incriminatorios y dar debida asistencia a víctimas- no son privativos de nuestro caso y aparecen en países ricos en recursos. Por último, los méritos del estudio están en su lógica explicativa –no se limita a documentar problemas de política pública como es habitual en la literatura-, en su propuesta epistemológica –explicar los resultados del sistema mediante un análisis pormenorizado de experiencias de fiscales y médicos- y en la reflexión sobre los límites del poder punitivo en las economías extractivas informales / Tesis

El presente trabajo de investigación tiene como propósito ahondar en el contenido de la Resolución 1446-2014/SPC-INDECOPI, mediante la cual se dispuso dejar sin efecto la resolución final de primera instancia y declarar infundada la denuncia por infracción del artículo 38.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor interpuesta en contra de la Institución Educativa Privada Divina Providencia y la Congregación de las Canonesas de la Cruz. En ese sentido, se evalúa la cuestión referente a si impedir el ingreso a un colegio religioso a un menor que participa en la liturgia de otra religión, constituye un acto de discriminación o se encuentra justificado en tanto que esto podría generarle confusión. Asimismo, se discute materias vinculadas al contenido de la no discriminación religiosa en el ámbito de protección al consumidor. Asimismo, se plantean críticas sobre el sustento teórico que se dio a la justificación de la resolución y los efectos que podría traer en la sociedad al relacionarse con la cohesión social e incluso la democracia. / The purpose of this research work is to delve into the content of Final Resolution 1446- 2014/SPC-INDECOPI, which decided to nullify the final resolution of the first administrative instance and declare unfounded the complaint for violation of article 38.1 of the Código de Protección y Defensasa del Consumidor filed against Insstitución Educativa Divina Providencia Private and Congregación de las Canonesas de la Cruz. In this sense, the matter evaluated in this research is whether rejecting a minor who participates in the liturgy of another religion from entering a religious school, constitutes an act of discrimination or is justified under the assumption that this could generate confusion in the child. Likewise, it is also discussed matters related to the content of the rule of non-discrimination for religious motives in the field of consumer protection are discussed. Finally, criticisms are raised about the theoretical support that was given to the justification of the resolution and the effects that it could have on society as it relates to social cohesion and even democracy itself.

El presente informe aborda la Resolución 2135-2012/SC2-INDECOPI mediante la cual se confirma la Resolución 3329-2011/CPC de primera instancia y se sanciona a Rímac por discriminación en el consumo al haber impedido la suscripción de la hija del denunciante al seguro “Red Salud” debido a que ella tenía Síndrome de Down. Consideramos que Rímac actuó bajo el Principio de Legalidad pues, en el momento de la denuncia, ninguna norma le exigía que asegure a personas con discapacidad, muy aparte de aquello que solidariamente y de buena fe podría haber hecho. Asimismo, el obligar a Rímac a otorgar el mismo seguro de salud para una persona con necesidades especiales, que debe tener una mayor protección, no resulta en un servicio idóneo para dicha persona y para cubrir sus requerimientos de salud. La seguridad social es un derecho humano, pero también exigible a los Estados y obligar a las empresas privadas a brindar esos servicios no es la solución. El objetivo del presente informe es probar dichas hipótesis. En conclusión, Rímac tiene un derecho a la libertad de empresa protegido constitucionalmente y los informes de genetistas que indican que las personas con discapacidad representan un mayor riesgo debieron atenderse como causa objetiva para el trato diferenciado.

En el presente Informe Jurídico se analiza la Resolución N° 1255-2004/CPC y la Resolución N° 0939-2005/TDC-INDECOPI, emitidas durante el procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio por la Comisión de Protección al Consumidor a United Disco por haber cometido actos de discriminación al restringir el ingreso a determinadas personas al establecimiento de la discoteca Aura. El objetivo del Informe es analizar los problemas jurídicos que surgieron durante la actividad de inspección como durante el procedimiento administrativo sancionador para determinar si el INDCOPI incurrió en irregularidades en el ejercicio de las potestades administrativas mencionadas; así como, si United Disco cometió actos de discriminación al restringir el ingreso a la discoteca Aura basado en criterios subjetivos. / This Legal Report analyzes Resolution No. 1255-2004/CPC and Resolution No. 0939-2005/TDC-INDECOPI, issued under the administrative sanctioning procedure initiated ex officio by the Consumer Protection Commission against United Disco for having committed acts of discrimination by restricting the admission of certain persons to the Aura establishment. The objective is to analyze the legal problems that arose during the inspection activity as well as during the administrative sanctioning procedure to determine whether INDECOPI incurred in irregularities in the exercise of the aforementioned administrative powers; as well as, whether United Disco committed acts of discrimination by restricting admission to Aura based on subjective criteria.

La discriminación en el Perú es un fenómeno social de larga data. Desde la llegada de los españoles al continente americano, o incluso desde mucho antes, los primeros pobladores experimentaron la sensación de sentirse subyugados física y psicológicamente por un abanico de motivos que lo único que acarreó fue una condición categórica de desigualdad y prejuicio colectivo que afianzó una serie de conflictos sociales que todavía pululan en nuestro país. El presente trabajo busca mostrar, sin sesgo alguno, uno de los tantos fenómenos de discriminación que transita sin rostro ni identidad propia entre nosotros. Este fenómeno es denominado discriminación lingüística, y se ha elegido un colegio del distrito de Los Olivos, con el fin de mostrar la existencia de actos de exclusión por la manera de hablar de estudiantes migrantes. Por tales consideraciones, mediante el uso de la metodología sugerida en la investigación, sustentaremos las causas y modos en los que este fenómeno acciona en una realidad específica: la escuela. La existencia de la discriminación lingüística nos demuestra que todavía en la actualidad hay que hablar con cautela, pronunciar con atino y escribir con «finura», para no ser víctimas de inquisidoras críticas o comentarios que todavía siguen siendo el rezago de pensamientos acientíficos. Por tanto, la reflexión y el juicio flemático de esta realidad palmaria es la columna vertebrar de este trabajo de investigación, que, sin lugar a dudas, pretende ser el inicio de otras investigaciones que busquen el punto de quiebre entre lo moralmente censurable y lo realmente analizable. / Tesis

El estudio explica por qué la coerción penal contra la trata de personas en el departamento de Madre de Dios (Perú) es selectiva; es decir, por qué se concentra en casos de menores de edad y excluye los de tipo laboral y de mujeres adultas. Encontramos que esta selectividad no se explica solo por limitaciones presupuestales, sino por atributos culturales e inventivos (expectativas de asensos, reconocimiento, salarios, sentido de pertenencia) a favor de los fiscales. Contrario a otros estudios y al sentido común, no habría relación directa entre presupuesto asignado y capacidad de judicial (menos recursos, menor capacidad), ni relación inversa con la selectividad (menos recursos, más selectividad). Más bien, la desigualdad de incentivos y presupuesto entre agencias judiciales –los fiscales tienen mejores condiciones de trabajo que los médicos- reduciría la capacidad de apertura de investigaciones preparatorias y la asistencia debida para víctimas. En contraste, la especialización del cuerpo de fiscales y su autonomía relativa vendría favoreciendo la identificación e interposición de denuncias (empleamos el condicional a falta de un análisis más fino de datos). Encontramos, además, que varios problemas procesales –por ejemplo, dificultad para discriminar trata y prostitución, obtener testimonios incriminatorios y dar debida asistencia a víctimas- no son privativos de nuestro caso y aparecen en países ricos en recursos. Por último, los méritos del estudio están en su lógica explicativa –no se limita a documentar problemas de política pública como es habitual en la literatura-, en su propuesta epistemológica –explicar los resultados del sistema mediante un análisis pormenorizado de experiencias de fiscales y médicos- y en la reflexión sobre los límites del poder punitivo en las economías extractivas informales / Tesis