La presente investigación plantea el análisis sobre el ejercicio de las competencias transversales que caracterizan al segmento directivo en la Dirección de Gracias Presidenciales (DGP) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante los años 2016 al 2019. Se empleó metodología cualitativa enfocada en las percepciones de sus servidores, respecto al desenvolvimiento directivo y en relación a los lineamientos vigentes del Estado peruano. Entre los hallazgos se destacan la progresiva consolidación institucional impulsada por algunos directores, a través del fomento de sentido de unidad de grupo para afrontar altas cargas laborales, concatenación de distintos sentidos de valor público sobre el impacto en la ciudadanía, y estandarización de procedimientos, en un contexto de riesgos de politización. Respecto al ejercicio de la competencia orientación a resultados, los directivos han orientado su gestión en base al impacto en la ciudadanía y logro de metas. Sobre la competencia vocación de servicio, el impacto en la ciudadanía representa el factor que orienta el trabajo directivo, y el liderazgo para el manejo de situaciones complejas en la atención de casos de presidiarios y cuestiones sobre la reinserción a la vida ciudadana. Respecto a la competencia trabajo en equipo, se reconoce un rol del segmento directivo por promover cohesión interna y capacidades de respuesta integradoras, promoción de interdisciplinariedad y diálogo, el fortalecimiento de competencias y capacidades del personal, así como el establecimiento y consolidación de nexos institucionales. Se concluye que el modelo directivo de la DGP se vincula al modelo de gestión gerencial, caracterizado por la prevención de la politización, medidas para la eficacia y eficiencia, rotación de cargos directivos; pero tiene algunas características que coinciden con el modelo de gestión burocrática, y cierta discrecionalidad en la contratación de directivos. / This research raises the analysis on the exercise of the transversal competences that characterize the executive segment in the Directorate of Presidential Graces of the Ministry of Justice and Human Rights during the years 2016 to 2019. A qualitative methodology was used focused on the perceptions of its servers, with respect to managerial development and in relation to the current guidelines of the Peruvian State. The findings include the progressive institutional consolidation promoted by some directors, through the promotion of a sense of group unity to face high workloads, concatenation of different senses of public value on the impact on citizens, and standardization of procedures, in a context of politicization risks. Regarding the exercise of the results-oriented competence, the managers have oriented their management based on the impact on citizens and achievement of goals. Regarding the vocation of service competence, the impact on citizenship represents the factor that guides the managerial work, and the leadership for the handling of complex situations in the attention of cases of inmates and questions about the reintegration into citizen life. Regarding the teamwork competence, a role of the executive segment is recognized for promoting internal cohesion and integrative response capacities, promoting interdisciplinarity and dialogue, strengthening the skills and capacities of the staff, as well as the establishment and consolidation of institutional links. It is concluded that the managerial model of the DGP is linked to the managerial management model, characterized by the prevention of politicization, measures for effectiveness and efficiency, rotation of managerial positions; but it has some characteristics that coincide with the bureaucratic management model, and a certain discretion in hiring managers.

En la normativa del derecho laboral en el estado peruano, se encuentran contrapuestos diversos derechos, principios y garantías que, como resultado acarrean la vulneración de los derechos de muchos trabajadores, en especial del sector público, donde se tienen diversas modalidades de contratación. Siendo esta diversidad, la que genera desigualdad y desequilibrio. Dentro del régimen de la actividad pública se encuentra la llamada Contratación Administrativa de Servicios (en adelante CAS), la cual afecta derechos laborales y más aún, generaría desigualdad y discriminación frente a los demás regímenes laborales. En ese sentido nuestra posición supone explicar: qué es un contrato laboral a la luz de los principios del Derecho del trabajo, así mismo, evidenciar que existe una vía procedimental por medio de la cual puedan accionar las personas que se sientan afectadas en sus derechos, evidentemente en busca de la restitución de los mismos. Hasta el momento, en la jurisdicción nacional se han visto diversidad de fallos y sentencias de toda índole, los cuales debieran ser unificados para llegar a tener una sola línea de acción, siendo así, lo que se busca en el presente trabajo es marcar un posible camino, a través de la Acción de Convencionalidad, el cual conduzca a un pronunciamiento jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), quien, de una vez por todas, delimite la aplicación de los principios del Derecho del trabajo y así no solo el Perú, sino todos los países adscritos a su jurisdicción, estén vinculados para que elaboren contratos laborales acorde a los lineamientos que emita el máximo intérprete de los Derechos Humanos en América.

El presente trabajo expone parte de mi experiencia en el Ministerio de Educación, específicamente en la Dirección de Políticas para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (DIPODA), donde fui responsable del diseño de políticas para docentes universitarios. Es en ese marco que lideré el proyecto de establecimiento de beneficios sociales para docentes ordinarios de las universidades públicas, que abarca la compensación por tiempo de servicios (CTS), la asignación económica por 25 y 30 años de servicios, y el subsidio por luto y sepelio. Con la entrada en vigencia de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, estos beneficios fueron excluidos de los derechos de los docentes, aunque venían gozando de ellos bajo la anterior Ley Universitaria. Es así como para la propuesta se realizó la revisión del marco normativo en la materia, se revisó literatura sobre beneficios sociales/laborales e incentivos, se costeó la implementación de la medida, y se revisó la disponibilidad de recursos en las universidades para el financiamiento de estos beneficios, así como se realizaron coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, para la aprobación de la propuesta. Este análisis tiene relevancia en políticas educativas al abordar la importancia de los beneficios sociales en la revalorización de la carrera docente, cerrando brechas dejadas por cambios legislativos. Además, destaca la relevancia de la adecuada gestión del presupuesto público en el sector educativo, siendo este sector esencial para el desarrollo económico y social del país.

El trabajo de investigación parte de analizar la regulación del procedimiento a la negociación colectiva establecida por la Ley N° 31188, desde el desarrollo normativo y jurisprudencial del derecho constitucional a la negociación colectiva. Asimismo, dicho análisis aterriza en tres ejes del procedimiento negocial, a la luz de su naturaleza y sus principios, así como de los principios presupuestales previstos en la Constitución. Con ello, determinar si la regulación actual corresponde a una intervención estatal legítima y respetuosa del derecho a la negociación colectiva en el sector público. / The research work starts from analyzing the regulation of the collective bargaining procedure established by Law No. 31188, from the normative and jurisprudential development of the constitutional right to collective bargaining. Likewise, said analysis lands on three axes of the negotiation procedure, in light of its nature and its principles, as well as the budgetary principles established by the Constitution. With this, it is determined whether the current regulation corresponds to a legitimate state intervention and respectful of the right to collective bargaining in the public sector.