Ética y ciudadanía. 7. El estado de derecho parte2

Ética y ciudadanía. 6. El estado de derecho parte1

El artículo presenta un análisis empírico de experiencias de surgimiento del estado de derecho en relación con distintos tipos de régimen político, argumentando que aquel se asocia más a los que califican como moderados. Los extremos, particularmente, las democracias multipartidistas, resultan claramente inadecuados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La complejización que ha sufrido la sociedad se traduce en formas más abstractas de comunicación, así como de modos de producción, ha tocado también el derecho penal, por cuanto han surgido nuevos ámbitos de regulación como en materia de delitos informáticos. A su vez, esta sociedad compleja, interrelacionada, también conoce de fenómenos propios de un mundo globalizado como el narcotráfico, terrorismo, la llamada criminalidad organizada. La tendencia actual es enfrentar estos fenómenos a través de una legislación rápida y decidida, para que provea más instrumentos para enfrentar de manera frontal estos problemas. Todo ello acompañado de una creciente sensación de inseguridad promovida por los medios de comunicación. En respuesta a ello, surgen legislaciones que regulan estos tópicos, que se caracterizan por el adelantamiento de la punibilidad (se sancionan los actos preparatorios), y la elevación de las penas, entre otras. Características que se condicen con el Derecho Penal del Enemigo. Dentro del esquema de estas regulaciones aparece el agente encubierto, como instrumento del Estado en orden a dotar de mayor eficacia a la actividad punitiva del Estado, para poder eliminar a estos problemas de raíz. Si bien el Estado quiere erradicar estos problemas, surge el debate en torno al medio que ocupa para ello ¿será legitimo cualquier medio para lograr los fines que se propone el Estado?

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene como objeto central analizar algunas de las consecuencias normativas que, a nivel constitucional, se deducen de la asunción del denominado Estado Social y Constitucional de Derecho. Para ello, luego de un capítulo introductorio, el capítulo II describe algunos de los presupuestos que conformaron el Estado de Derecho en las postrimerías del siglo XVIII, con el fin que los capítulos III y IV puedan dar cuenta de la transformación que en los siglos siguientes experimentó esta configuración inicial. Así, en estos capítulos se describen, respectivamente, los procesos que llevaron a la socialización y constitucionalización del Derecho. Junto con ello, en los capítulos III y IV se analizan algunas de las consecuencias constitucionales que supone la consolidación del modelo del Estado Social y Constitucional de Derecho, como son la aparición de derechos sociales y de prestación, el surgimiento de derechos colectivos y de bienestar, la adopción de mandatos o cláusulas de estado social y de fuerza vinculante de la Constitución y el desarrollo de un procedimiento establecido para la garantía jurisdiccional de la Constitución, entre otros. Adicionalmente, en el capítulo V se analiza una de las cuestiones que ha generado mayor discusión en relación a las consecuencias normativas del paradigma del Estado Constitucional de Derecho como la referida a los alcances del rol que debe ejercer el TC en el control de constitucionalidad de la ley. Dado que a través de esta memoria se constata que la asunción Estado Social y Constitucional de Derecho ha traído aparejada una pérdida de relevancia del legislador democrático dentro del sistema de fuentes y que ello significa costos importantes no sólo desde un punto de vista político, sino que también para la pretensión de formalización del Derecho, se sugieren distintos acomodos institucionales que permitan algún nivel de complementariedad entre los presupuestos del Estado Social y Constitucional de Derecho y la regla de mayoría

En el desarrollo de mi experiencia laboral tanto en el Poder Judicial, Ministerio Público, como en la Defensoría del Pueblo, despertó mi preocupación e interés por el estudio de la noción y los elementos del derecho al debido proceso penal a la luz de la nueva normatividad, el desarrollo jurisprudencial en el derecho comparado y los aportes de la doctrina. El producto de esta investigación se ha venido plasmando en algunos pequeños artículos y se ha decantado en mi actividad académica, hasta llegar al estado actual que es materia del presente trabajo de investigación. El tema del debido proceso pareciera ya superado, pues mucho se ha hablado y escrito sobre el mismo, desde quienes lo dejan reducido a una simple noción formal, es decir a un conjunto de actos procesales sucesivos y coordinados, hasta quienes lo ven desde la óptica material, y lo hacen consistir en la integración de fines y derechos fundamentales, que hacen de aquella ritualidad una auténtica garantía, un real límite material al poder punitivo del estado y no ya un simple formalismo. Y es que en efecto, es en el proceso penal donde se decide la libertad de los ciudadanos, la protección de la comunidad en contra de la criminalidad y la vigencia de las normas y valores que hacen posible la vida democrática. Es decir, la institución que es objeto del presente trabajo, en el fondo, busca armonizar las exigencias de una Justicia Penal eficaz con el respeto efectivo de las garantías de las personas cuyos derechos se ven afectados por el proceso penal.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la actualidad, nuestro país cuenta con un sistema de determinación legal de penas que se encuentra inmerso dentro del Código Penal chileno, cuerpo normativo que data de 1874. Dicho sistema se encuentra inspirado por el sistema clásico liberal el cual establece marcos penales rígidos que tienen como objetivo reducir el arbitrio judicial, estableciendo penas divididas en grados, cuya extensión se precisa estrictamente. El propósito ideal que persigue el sistema chileno es un grado de personalización de la pena, teniendo en cuenta cada caso concreto. Para ello tiene a la vista no sólo la pena que el legislador impone al delito, sino también el nivel de ejecución de éste, el grado de participación del hechor, las circunstancias modificatorias de responsabilidad y la extensión del mal causado. Sin embargo, en la determinación judicial de la pena, la aplicación de este sistema legal conlleva la realización por parte del juez de operaciones casi matemáticas y de escasa flexibilidad, lo que se traduce muchas veces en resultados que no reflejan la intención del legislador ni respeta los límites al ius puniendi derivados de una concepción de un Estado Democrático de Derecho. Por ejemplo, delitos de grave connotación social a los cuales la ley impone alta penalidad pueden finalmente recibir una sanción menor, que no satisface las expectativas ni de la víctima ni de la sociedad; y a la inversa, delitos de menor importancia reciben sanciones excesivas, vulnerando con ello principios básicos del Derecho Penal. No desconocemos que en la actualidad los tribunales se ciñen a la ley al momento de determinar las penas. También aceptamos que existe un margen que delimita la extensión que el juez puede recorrer al determinar una pena. Negarlo significaría admitir que en Chile existe un sistema rígido, que no da posibilidad alguna al juez para decidir e individualizar la sanción. El problema radica en que los márgenes establecidos por el legislador al juez y las reglas impuestas para la determinación de la pena concreta, son inapropiados con un Estado Democrático de Derecho. Siendo éste el estado actual de la situación, nuestra investigación tiene como interrogante principal la siguiente: ¿Cuál es el grado de coherencia existente entre el sistema de determinación de penas del Código Penal chileno y un Estado Democrático de Derecho? Para responder esta interrogante, hemos recurrido a las siguientes preguntas secundarias: - ¿Cuáles son los elementos de un Estado Democrático de Derecho atingentes al sistema de determinación de la pena? - ¿Cuáles son las teorías para la determinación de la pena? - ¿En qué consiste el sistema de determinación de penas del Código Penal chileno? - ¿De qué forma el sistema de determinación de penas del Código Penal chileno se relaciona con un Estado Democrático de Derecho? Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo general de nuestra investigación será analizar cuál es el grado de coherencia existente entre el sistema de determinación de penas del Código Penal chileno y un Estado Democrático de Derecho. Por su parte, los objetivos específicos son los siguientes - Determinar cuáles son los elementos de un Estado Democrático de Derecho atingentes al sistema de determinación de la pena. - Describir las teorías para la determinación de la pena. - Analizar en qué consiste el sistema de determinación de penas del Código Penal chileno. - Establecer de qué forma el sistema de determinación de penas del Código Penal chileno se relaciona con un Estado Democrático de Derecho.

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El presente trabajo está relacionado con el control jurídico de la Administración por parte de los órganos jurisdiccionales, esto a partir de sus antecedentes más concretos (Código Procesal Civil) y con la posterior introducción del proceso de plena jurisdicción a partir del 2001 (Ley N° 27584). El desarrollo de la presente tesis se realiza a través de tres capítulos para luego establecer algunas conclusiones y recomendaciones. En el primer capítulo, abordo la fundamentación teórico-constitucional de la función de la Administración y de su facultad discrecional en el Estado de Derecho. En el segundo capítulo analizo los fundamentos que sustentan la necesidad de la existencia de controles respecto del desarrollo de la actividad administrativa y el equilibrio que es necesario alcanzar entre el principio de división de poderes y el principio a la tutela judicial efectiva. Asimismo detallo los tipos de controles ideados por la legislación para evitar la arbitrariedad de la Administración (internos y externos). Por último se hace un recuento de las diversas técnicas creadas y establecidas para efectuar el control de la facultad discrecional de la Administración y la posibilidad que existe respecto a que un Juez pueda sustituir a la Administración al momento de juzgar un acto arbitrario generado a partir de la aplicación de su facultad discrecional. En el tercer capítulo, presento lo que considero el sistema de control mixto que existe en nuestro país, explicando las razones por las cuales estimo la presencia de tal situación en nuestro sistema. Analizo la manera como se realiza el control de la Administración por parte de nuestra Corte Suprema y del Tribunal Constitucional y la posición adoptada por nuestra jurisprudencia (judicial y constitucional) respecto a la posibilidad de sustitución de la Administración, por parte de un Juez, al momento de juzgarla cuando ésta ha ejercitado su facultad discrecional. / Tesis