Tesis para optar al grado de Magíster en Comunicación Política / Los últimos 20 años Chile ha vivido un progresivo proceso de privatización de servicios como salud, educación y previsión. El Estado chileno adscribe a diversos tratados internacionales que lo obligan a garantizar derechos mínimos, sin embargo, en el marco de Estado subsidiario, lo hace a través de bonos y subsidios que no afectan las políticas macroeconómicas que profundizan la desigualdad, mala distribución de los ingresos y segregación social. El año 2009 se crea la red de protección social, la cual en sus intenciones expresas se encuentra garantizar derechos mínimos para todos los chilenos. Propone un cambio de enfoque en las prestaciones del Estado y políticas públicas: antes con un enfoque asistencialista, ahora con un enfoque de derechos. Por otro lado, se puede afirmar que la sociedad actual se encuentra altamente mediatizada. Los medios de comunicación –televisión, prensa radio y publicidad- se configuran como articuladores de la vida social, económica y política: son referentes sociales y valóricos que contribuyen en la construcción de la realidad social. La publicidad estatal es un medio efectivo de comunicación entre el Estado (y/o gobierno) y las personas, capaz de informar, educar y transmitir valores consecuentes con los valores de la nación. Es en este sentido que la campaña publicitaria de la ‘Red Protege’ tuvo la posibilidad de promover el cambio de enfoque -desde uno asistencialista a otro de derechos- y de derechos ciudadanos a través de la representación que se hizo en las piezas publicitarias de las prestaciones, de los usuarios, y de la racionalidad narrativa general de la campaña. La presente investigación sometió las piezas de la campaña a un análisis semiótico, intentando determinar si las representaciones de la red de protección social en su campaña de lanzamiento son coherentes con la intención manifiesta de los creadores de la ‘Red Protege’ de promover la garantía de derechos ciudadanos, con un enfoque de derechos. Los resultados arrojaron el posicionamiento de ‘marca’ de la Red Protege. Es decir, se propone una interpelación emocional, que incentiva la atracción hacia la campaña a través de una 4 interpelación afectiva con poco anclaje en lo real, y se incentiva a su vez el “consumo” de las piezas publicitarias sin ofrecer información sobre las características de esta red. El análisis de la campaña demuestra finalmente la dificultad de promover derechos sociales a través de un formato y herramienta propia del mercado (publicidad), y de esta manera se testimonia y explicita la dificultad de combinar el actuar restrictivo de un Estado subsidiario con la garantía de derechos.

Tesis para optar al grado de Magíster en Políticas Públicas / Autor no autoriza el acceso a texto completo de sus documento / La ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP)3 instaura un nuevo mecanismo permanente y generalizado de financiamiento del estado para los establecimientos que reciben aportes públicos, que contempla la entrega de recursos monetarios adicionales a la subvención regular, en base a la cantidad de alumnos vulnerables o prioritarios que posee el establecimiento educacional. La ley SEP representa una importante inyección de recursos, específicamente de un promedio de 90 y 120 millones aproximadamente para establecimientos dependientes de una Corporación municipal y un Departamento de Administración de la Educación Municipal, respectivamente, entre Marzo de 2008 y Mayo de 2011 (Román, 2012). Por su parte, el presupuesto de la SEP para el año 2014 alcanza un monto global que supera los US$1.000 millones, de los cuales cerca del 9% se podrían destinar a la contratación de servicios de asistencia técnica educativa externa (basado en el promedio del periodo 2008-2012 según la Superintendencia de Educación). Los recursos adicionales por concepto de ley SEP se encuentran a su vez condicionados a la elaboración e implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo (PME), que define tareas y metas enmarcadas en una estrategia que es formulada a partir de las necesidades particulares de cada establecimiento para un periodo de cuatro años. Todo esto con el objetivo principal de generar avances en el proceso de aprendizaje y por lo tanto en el logro escolar de los alumnos más vulnerables. Por otra parte, la ley SEP modifica el antiguo esquema de funciones separadas institucionalmente, en el cual los sostenedores se dedicaban a la administración financiera y el Ministerio de Educación (MINEDUC) a la gestión técnico-pedagógica. La ley reconoce, entonces, la relación de interdependencia existente entre ambos aspectos de la gestión educativa, y la importancia de este vínculo en los procesos de mejoramiento. En ese contexto, la Subvención Escolar Preferencial otorga responsabilidades explícitas a los sostenedores sobre el logro escolar de los establecimientos que administran, por lo cual les entrega nuevas herramientas que les permitan llevar a cabo el diseño e implementación de los PME. Una de las herramientas relevantes contempladas en la ley es la contratación y uso de Asistencia Técnica Educativa (ATE), la cual se sitúa como un mecanismo de apoyo externo para los sostenedores y establecimientos que no son capaces de mejorar por sí mismos.El desafío que plantea la ley SEP sobre los sostenedores es complejo, sobre todo si se considera que una de las principales herramientas de apoyo contempladas, la Asistencia Técnica Educativa, es un mercado nuevo, institucionalizado sólo a partir de la puesta en marcha de la ley. El panorama es aún más abrumador, si se toma en cuenta que el contexto de los sostenedores públicos (los municipios), en la gran mayoría de los casos, es bastante precario debido a que en algunos de ellos administran un amplio número de escuelas, y cuentan con limitada capacidad técnica al interior del municipio4. Además, los sostenedores municipales enfrentan importantes barreras relacionadas con el marco normativo (Raczynski & Salinas, 2009). La investigación respecto al rol que ha adquirido el sostenedor municipal y particular subvencionado en la implementación de la SEP, y cómo se ha adaptado a las nuevas exigencias que plantea la ley, es amplia y creciente. También existen varios estudios sobre la vinculación de las escuelas y sostenedores, con consultores de Asistencia Técnica Educativa, en el marco de los programas P-900 (1990) y Escuelas Críticas (2002), experiencias de las cuales se puede concluir que tuvieron escaso alcance en el sistema educacional del país, y que si bien presentaron buenos resultados en las escuelas intervenidas, estos fueron de pequeña magnitud y poco sostenibles en el tiempo (Bellei & Rojas, 2010). De manera que, existe escasa información respecto a cómo los sostenedores, en particular los municipales, han asumido sus nuevas responsabilidades sobre la gestión técnico-pedagógica en el marco de la SEP, y si efectivamente la Asistencia Técnica Educativa ha tenido un papel relevante en el apoyo de los procesos de mejoramiento educativo como se esperaba antes de la puesta en marcha de la ley. De ahí la importancia del análisis de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál ha sido el rol de los sostenedores municipales de la Región Metropolitana (RM), respecto de la contratación y uso de asistencia técnica educativa, en el marco de la implementación de la ley de Subvención Escolar Preferencial? La hipótesis es que existe una amplia heterogeneidad en el rol adquirido por parte de los sostenedores públicos en relación a la contratación y uso de la Asistencia Técnica Educativa, debido a múltiples factores, entre ellos: i) la magnitud de los recursos invertidos en asistencia varía considerablemente entre municipios; ii) los distintos grados de vinculación de los municipios con los establecimientos para la toma de decisiones respecto de la contratación de ATE; y iii) la falta de evidencia que demuestre una relación causal entre contratación y uso de asistencia técnica y mejoras en el desempeño escolar. Para abordar la pregunta de investigación se propone una metodología de investigación mixta con técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo. La primera etapa del estudio corresponde al análisis cuantitativo y contempla una primera sección de estadística descriptiva de contexto respecto del panorama actual de la oferta de Asistencia Técnica Educativa en el país, y la situación de los sostenedores públicos de la Región Metropolitana en el marco de la implementación de la SEP. Adicionalmente, esta etapa incluye una segunda sección en la cual se presentan perfiles de sostenedores para la población objetivo definida, en base a características relevantes y a partir de los cuales se desarrolla la segunda etapa de la investigación de tipo cualitativa, por medio del análisis de Estudios de Caso (Yin, 2003; Stake, 1995). La segunda etapa se implementa en base a la aplicación de entrevistas en profundidad a representantes de sostenedores públicos (Corporación Municipal y Departamento de Administración de Educación Municipal) y representantes de establecimientos municipales en dos casos representativos, donde los municipios presentan una alta intensidad de contratación de ATE5, pero donde uno ha conseguido mejoras sostenidas en su desempeño escolar6 (medido en SIMCE), mientras el otro no presenta un mejoramiento escolar a nivel comunal. El presente estudio se encuentra estructurado en siete secciones, aparte de esta introducción. La primera sección expone el contexto de la investigación, considerando los aspectos relevantes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), el rol del sostenedor municipal en el sistema de educación chileno, y la experiencia de asistencia técnica educativa (ATE) en Chile. La segunda sección desarrolla un breve marco conceptual, en base a elementos que favorecen el éxito de las ATE. La tercera sección detalla la metodología mixta a utilizar, cuantitativa y cualitativa. En la cuarta sección se muestran los resultados de la primera etapa de investigación. La quinta sección presenta los resultados del análisis cualitativo. En la sexta sección se desarrollan las conclusiones del estudio y en la séptima se exponen las principales recomendaciones de política pública.

A poco más de un año de la entrada en vigencia del Control Preventivo de Identidad (CPI), recién aparecen luces sobre su efectividad. Aunque las policías ya entregaron las primeras cifras desde su implementación, eso no ha bastado para acallar las críticas de quienes piensan que esta nueva figura jurídico-procesal lesiona ciertas garantías constitucionales. Este trabajo investiga la evolución histórica de los controles policiales callejeros en Chile desde sus orígenes hasta hoy, en que el CPI se alza como el pináculo de la verificación universal y obligatoria, a la que todos los ciudadanos mayores de edad están sujetos en caso de ser requeridos por un policía. Pese a que esta figura no es completamente nueva en nuestro ordenamiento jurídico -pues goza de la herencia de la detención por sospecha (1884) y el control de identidad (1998)-, sí tiene elementos que la hacen excepcional. Entre los más llamativos están su aleatoriedad y la redefinición que hace del espacio público. A partir de la entrada en vigencia del CPI, a mediados de 2016, los espacios públicos también están constituidos por lugares privados de uso público, como estadios, discotecas y centros comerciales. Esto no es menor, si se considera que con este cambio aumentaron considerablemente los lugares en que los chilenos pueden se objeto de este procedimiento. 4 En estos momentos, en cualquier mall del país, un policía puede acercarse a una persona y solicitarle su identificación. Esto, apoyado sólo en su criterio personal. Mientras que para algunos esta es una potestad necesaria para mantener el orden y prevenir delitos, para otros es una facultad que pone en riesgo los derechos de libertad, libre desplazamiento y privacidad, entre otros. A esto se suma que, como se verá, hay elementos históricos para probar que en la práctica, los controles callejeros nunca se han repartido equitativamente entre la población. La mayoría de las veces se han concentrado en los sectores más desposeídos, en aquellos calificados como “diferentes” y hasta en los adversarios políticos, lo que permite inferir que son una forma de institucionalizar la sospecha y estigmatizar a determinados grupos sociales.

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:16:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo352_1.pdf: 5445093 bytes, checksum: 1686e3b946e4de273de21249608ea577 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2010 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Os direitos fundamentais são apresentados como um objeto fragilizado que vem sendo atacado no âmbito das novas tecnologias, enquanto não surge uma normatização específica protetora das liberdades e garantias constitucionais. Os princípios aplicados à liberdade de informação chocam-se com as garantias relacionadas à privacidade. Surge uma natural necessidade de intervenção estatal que declare limites entre esses direitos de mesma hierarquia. O Brasil ainda possui dificuldades para traçar esses limites. A maioria desses obstáculos residem na discordância entre diferentes setores da sociedade civil, entidades da indústria de telecomunicação, ativistas defensores dos direitos humanos, representantes legais do Estado e os próprios cidadãos usuários das TICs. Este trabalho preocupa-se em esclarecer os resultados da equação que envolve tantos interesses divergentes e faz um mapeamento ideológico das principais influências que resultaram em um conjunto normativo para essa nova realidade tecnológica. Cabe a esta pesquisa responder: como se posiciona jurídico e ideologicamente o Estado brasileiro em relação à normatização do monitoramento eletrônico de usuários de Internet? Foram avaliadas os projetos de lei, decisões judiciais e todo o debate a respeito do marco civil da Internet, espaço público, aberto e livre para a participação de todos. Em geral, a discussão está sendo levada de maneira democrática e aberta, respeitadas as regras do jogo , mas, em um choque entre esses direitos fundamentais, faz com que a busca pelo equilíbrio demande a abdicação de alguns valores considerados menores

Orientador : Caio Navarro de Toledo / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas / Made available in DSpace on 2018-07-14T09:39:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Caldeira_JosedeRibamarChaves_M.pdf: 9885133 bytes, checksum: 266eb025e82e4d82f28a235be1a018de (MD5) Previous issue date: 1981 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Ciência Política

Tesis para optar al grado de Magíster en Análisis Económico / Autor, no envía autorización para subir al Portal de Tesis Electrónicas / A pesar de que existen distintas visiones te oricas sobre el nexo entre desarrollo nanciero y desigualdad de ingresos, poca investigaci on emp rica se ha realizado en la literatura. Asimismo, poco se ha estudiado sobre qu e tipo de desarrollo fi nanciero afecta la desigualdad de ingresos. Este estudio va un paso m as all a y estudia el efecto que tiene la banca p ublica en la desigualdad de ingresos para 56 pa ses entre 1960 y 2005. Como el cr edito privado es end ogeno, se utilizan variables instrumentales de la literatura sobre leyes, fi nanzas y crecimiento. Se encuentra que existe una relaci on negativa entre el desarrollo de la banca p ublica y la desigualdad de ingresos (reduce la desigualdad). En particular, se encuentra que si la propiedad de los bancos estatales aumenta en 10 puntos porcentuales, el crecimiento del coe- ciente de Gini cae en un 0.09% por a~no, entregando evidencia que respalda la hip otesis cl asica de que la banca p ublica opera en el margen extensivo del desarrollo fi nanciero.

En la actualidad, el modelo de «Estado» acompañado de su soberanía, resulta confirmada. No obstante, en el seno de la Unión Europea, siendo todos los Estados formalmente iguales, sin lugar a dudas, existen soberanías que pesan más que otras, y soberanías evanescentes.

Debido al importante rol social y regulador que cumplen los bancos estatales es que decidimos investigar acerca del funcionamiento de estos y cuantificar cuáles son sus niveles de eficiencia en el desarrollo de sus labores. Para esto analizamos 20 bancos estatales, los cuales pertenecen a países con distintos niveles de desarrollo. Un punto crucial en el funcionamiento de estas instituciones es el manejo adecuado de los recursos que poseen, ya que al ser entidades públicas pertenecen al patrimonio de los habitantes de su respectivo país. El objetivo central de este documento es medir la eficiencia con la que los distintos bancos estatales administran sus recursos. En esta medición llevada a cabo por el método de fronteras estocásticas, nos entrega la posición competitiva de los bancos en términos de eficiencia, así como la ubicación relativa del Banco del Estado de Chile. Para esto se comenzará con una breve descripción de lo que representan estos bancos, luego se revisará algunos estudios realizados bajo la técnica de las fronteras de eficiencia, en una tercera parte se explicará en qué consiste este modelo, posteriormente se detallará la forma en que se implementó, para luego pasar a revisar los resultados obtenidos, por último en la sección de conclusiones se reflexiona acerca de los resultados obtenidos, qué nos indican y qué podemos deducir de ellos.

Submitted by Thalita Cristine Landeira Portela Faro (thalita.faro@fgv.br) on 2011-06-21T19:37:58Z No. of bitstreams: 1 000304056.pdf: 4177163 bytes, checksum: 4b9722616fe04702f91aba9d8516cc94 (MD5) / Approved for entry into archive by Thalita Cristine Landeira Portela Faro(thalita.faro@fgv.br) on 2011-06-21T19:40:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 000304056.pdf: 4177163 bytes, checksum: 4b9722616fe04702f91aba9d8516cc94 (MD5) / Approved for entry into archive by Thalita Cristine Landeira Portela Faro(thalita.faro@fgv.br) on 2011-06-21T19:41:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 000304056.pdf: 4177163 bytes, checksum: 4b9722616fe04702f91aba9d8516cc94 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-06-21T19:42:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000304056.pdf: 4177163 bytes, checksum: 4b9722616fe04702f91aba9d8516cc94 (MD5) Previous issue date: 1998

Memoria para optar al Título de Periodista / El sistema de educación superior implementado en Chile desde la década de los ‘80 presenta múltiples debilidades surgidas a partir de la desvinculación del Estado de su responsabilidad fundamental ejercida desde el siglo XIX. El aumento exponencial de los alumnos, el encarecimiento de los aranceles, la existencia de instituciones de distinta índole, la sobresaturación de algunas carreras, el lucro y las desregulaciones propias del sistema, despiertan demandas por cambios necesarios, donde al menos se asegure educación de calidad. Año a año las universidades y algunos institutos profesionales realizan despliegues publicitarios y comunicacionales, como si la competencia entre estas entidades estuviera dada por estándares de marketing y no por la excelencia de sus programas académicos. En este proceso de reforma, la educación comenzó a ser vista como un negocio, donde se lucra sin mayores criterios con los sueños y expectativas de millones de jóvenes, para quienes la posibilidad de un título universitario ofrece importantes oportunidades de movilidad social, entre otros tantas “externalidades positivas” que obtienen los estudiantes y el país. En el proceso de selección a las universidades chilenas en 2009, de los más de 49 mil alumnos matriculados en primer año en las instituciones del Consejo de Rectores (CRUCH), el 35 por ciento provenía de colegios municipales, el 48 por ciento de subvencionados y el 16 por ciento de pagados1. En el caso de las universidades estatales, este año los mechones fueron 27 mil. De ellos, 10 mil provenían de liceos y 14 mil de colegios subvencionados. Lejos de las oportunidades que encuentran los estudiantes con la obtención de sus títulos, la influencia del mercado lleva a las universidades a una búsqueda incansable de recursos, a través del pago de aranceles y de nuevas formas de financiamiento como las donaciones, consultorías y programas de educación continua. En el caso de las instituciones de carácter estatal, esta realidad dificulta la sobrevivencia de un proyecto país y su aporte al desarrollo nacional, limitando la generación de una conciencia crítica al interior de la sociedad y de espacios de diversidad.