Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Analiza porque los tipos penales del delito tributario no provocan prevención general en la población y especial en los evasores tributarios, llegando a observar que se debe porque dichos tipos adolecen de varias deficiencias en sus estructuras. No se puede diferenciar las infracciones con los delitos tributarios cuyas normas jurídicas son similares, debido a que no cuentan con una cuantía que los diferencien. Los tipos penales de peligro necesitan de elementos especiales que puedan reflejar fácilmente la norma prohibida con el fin de evitar confusiones en su interpretación, al integrarse con las normas tributarias que completen dichos tipos en blanco. La regulación del delito tributario requiere ser mejorado orgánicamente con el sistema penal, porque los tipos penales y las normas procesales vinculadas al delito tributario se encuentran contenidos en muchas leyes; como son el Código Tributario, La Ley Penal Tributaria, Leyes sectoriales y el propio Código Penal, que en la mayoría de veces son normas similares y complejas. Por lo que es necesario que se deroguen e incorporen todos los tipos penales del delito tributario en el Código Penal, para alcanzar una mejor prevención general y especial y una interpretación sistemática coherente, en el marco del derecho penal económico y las garantías constitucionales, superando de este modo la experiencia jurisprudencial que tenemos. Asimismo, se analiza la problemática sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas versus a las consecuencias accesorias que a la fecha no se aplican. El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo y epistemológico, que sugiere mejorar las deficiencias mencionadas a la luz de la doctrina moderna desarrolladas en los campos de la economía y la tributación, respetando la codificación penal y la naturaleza de delito económico del delito tributario, valorada no solo con normas nacionales, sino también normas internacionales. / Tesis

La elusión fiscal es un tema que hasta nuestros días viene generando un amplio debate no solo en el contexto internacional, sino también en el Perú, debido al impacto que produce en los niveles de recaudación de los tributos, principalmente fuente de financiamiento del gasto público. Por ello en nuestro país se ha recurrido a la legislación como una vía para establecer mecanismos para combatir la elusión fiscal, a través de la aprobación de normas jurídicas dirigidas a combatir los efectos de las conductas elusivas así como otorgar facultades a la Administración Tributaria al respecto, mecanismos entre los cuales se encuentran las denominadas cláusulas antielusivas. Bajo tal contexto, el objeto del presente trabajo es establecer la relación existente entre la cláusula general antielusión prevista en la Norma XVI del Título Preliminar de nuestro Código Tributario, y la presunción de renta gravada por la transferencia de activos en el marco de una escisión, en caso se configuren las condiciones previstas en el artículo 105°-A de la Ley del Impuesto a la Renta; ello, no obstante, que las partes optaron que dicha transferencia se efectúe a valor en libros y, por lo tanto, no genera inicialmente ganancia alguna susceptible de ser gravada con el Impuesto a la Renta. Para establecer la relación entre ambas disposiciones, se atiende a una concepción del ordenamiento jurídico en el que las reglas jurídicas deben interpretarse a la luz de principios jurídicos, estableciendo una aproximación desde los principios de carácter constitucional. Así, si bien se parte de la hipótesis de que la cláusula antielusiva general puede ser aplicada sobre aquellas escisiones que han superado las condiciones previstas en la Ley del Impuesto a la Renta y, por lo tanto, no se habría configurado la presunción de renta gravada con dicho Impuesto, en el presente trabajo se analiza la consistencia de dicha solución reconociendo la tensión existente entre los principios constitucionales pertinentes, según el grado de su optimización o concreción que dicha solución produce, delimitando por lo tanto los escenarios en que dicha solución resulta adecuada, idónea, así como razonable y proporcional. / Trabajo de investigación

En la presente investigación, la autora analiza si la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat puede, en atención a su Facultad de Fiscalización, obtener información de las redes sociales de los contribuyentes, con el fin de detectar posibles indicios de evasión tributaria. Para ello, evalúa si la potestad tributaria de utilizar las redes sociales vulnera o no el derecho a la intimidad de los contribuyentes. Para comprobarlo, realiza el Test de Proporcionalidad, con el fin de demostrar la constitucionalidad de la medida. Finalmente, concluye que es viable que la Sunat utilice la información de las redes sociales de los contribuyentes siempre y cuando la información a utilizar sea exclusivamente de carácter público.

En este informe se aborda la controversia respecto a si resulta aplicable la regla de subcapitalización a la deducción de intereses devengados en etapa preoperativa, para lo cual se analiza la Resolución N°04711-4-2020, en la cual el Tribunal Fiscal aborda la referida controversia. El objetivo de este trabajo es proporcionar una respuesta respecto a si la regla de subcapitalización resulta o no aplicable a la deducción de intereses devengados en etapa preoperativa y en caso resultar aplicable, en qué momento debe efectuarse el cálculo para determinar el monto máximo de intereses deducible, si al momento de incurrir en el endeudamiento (etapa preoperativa) o al momento de deducir el gasto (etapa operativa). Para ello, se analiza las disposiciones normativas aplicables recurriendo, adicionalmente, a doctrina y jurisprudencia sobre la materia. Se concluye que sí es correcto aplicar la regla de subcapitalización a la deducción de intereses devengados en etapa preoperativa, para lo cual, el cálculo del monto máximo de intereses deducible se debe efectuar al momento de generar ingresos (etapa operativa) teniendo en consideración los fines antielusivos de la regla de subcapitalización, esto es, evitar que se erosione la base imponible del impuesto mediante la deducción excesiva de intereses producto de un financiamiento que podría estar encubriendo un aporte de capital. / This report addresses the controversy regarding whether the thin capitalization rule is applicable to the deduction of accrued interest in the pre-operational stage, for which Resolution N°04711-4-2020 is analyzed, in which the Tax Court addresses the aforementioned controversy. The objective of this paper is to provide an answer as to whether or not the thin capitalization rule is applicable to the deduction of accrued interest in the preoperative stage and, if applicable, at what time the calculation should be made to determine the maximum amount of deductible interest, if at the time of incurring the debt (preoperative stage) or at the time of deducting the expense (operative stage). For this, the applicable normative provisions are analyzed, resorting, additionally, to doctrine and jurisprudence on the matter. It is concluded that it is correct to apply the thin capitalization rule to the deduction of accrued interest in the pre-operational stage, for which the calculation of the maximum amount of deductible interest must be made at the time of generating income (operational stage) taking into account the anti-avoidance purposes of the thin capitalization rule, that is, to prevent the tax base from being eroded by excessive deduction of interest resulting from financing that could be concealing a capital contribution.

La Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú informó que durante el 2014 el valor de los bienes incautados durante las diferentes acciones policiales con participación del Ministerio Público fue de S/. 2, 300,000.00 mientras que el 2015 fue de S/. 66, 220,765.00, experimentando un crecimiento de S/. 63, 920,765.00 es decir un 2,879%. Esta cifra aparentemente resulta alentadora pero si tenemos en cuenta los activos que se lavaron durante esos dos años los cuales ascienden a un total de S/. 20,560,000,000.00 y S/. 21,243, 000,000.00, respectivamente, lo realizado por los agentes del Estado resulta ineficiente e ineficaz. El tema que aborda el presente estudio es la investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del ilícito penal tributario, durante el año 2014 y 2015. El objetivo a partir de una metodología cualitativa es comprender las limitaciones que tiene la Dirección de Lavado de Activos de la Policía Nacional de Perú, para implementar acciones de control de lavado de activos proveniente del ilícito penal tributario

Esta investigación tiene por objetivo plantear un mecanismo que permita contrarrestar las operaciones no reales que sustentan el saldo a favor del exportador, para lo cual se ha tomado los fundamentos de la Ley Lacey establecida en Estados Unidos para delitos medioambientales, que tiene como premisas el hacer responsable al importador de su cadena de comercialización cuando el recurso natural que busca comercializar tiene origen ilegal, y la de basarse en los hechos y no en los documentos, cabe señalar que ambas premisas discrepan de lo establecido por la Jurisprudencia en nuestro país para el caso de las operaciones no reales. En este escenario se ha optado por revisar lo que existe en nuestro país a nivel legislativo y jurisprudencial para contrarrestar las estructuras empresariales creadas con el único fin de evadir el impuesto, también se ha analizado lo establecido por la Jurisprudencia de los países de la Comunidad Económica Europea y se ha revisado los mecanismos implementados en los mencionados países para combatir este tipo de prácticas, llegando a la conclusión de la importancia que adquiere el Principio de Buena Fe y el de debida diligencia y cuidado al elegir a los proveedores y cómo este principio es el que determinaría la responsabilidad del exportador de su cadena de comercialización.

Los diversos actos de corrupción que se han evidenciado desde el año 2000 y que involucran a los principales operadores de justicia de nuestro país han motivado a la Administración Tributaria a realizar diferentes procedimientos de fiscalización. En estos, muchas veces se ha detectado que los contribuyentes han omitido declarar parte de sus ingresos, los cuales en algunos casos han sido resultado de actividades ilícitas. Ante esta situación, el objetivo principal del presente trabajo de investigación es determinar el tratamiento para, por un lado, los casos en los que se tenga conocimiento del origen ilícito de los ingresos y, por otro lado, para los casos en los que se desconoce dicho origen y el contribuyente no ha podido acreditar válidamente sus ingresos. Para ello, realizamos un análisis dogmático cualitativo de la doctrina evaluando las teorías y el concepto de renta, la jurisprudencia nacional y extranjera, y la legislación vigente, además de la definición de las presunciones y ficciones con el fin de poder determinar el real contenido del artículo 52 de la Ley del Impuesto a la Renta. Por último, presentamos un análisis propositivo respecto a las posibles consecuencias de gravar con el impuesto a la renta los ingresos provenientes de dichas actividades. / Trabajo de investigación