La política exterior del gobierno militar peruano (1968-1975) fue un “dolor de cabeza” para el gobierno de los Estados Unidos en un contexto global de debilitamiento de su hegemonía. Las acciones para devolver la dignidad nacional, como la expropiación de la IPC o la defensa de las 200 millas, fueron osadas pero calculadas, ya que no implicaron una subversión radical de la tradicional relación “amistosa” entre ambos países. Los militares entendían que el capital y los préstamos de EE.UU eran indispensables para el desarrollo. Por lo tanto, su política exterior estuvo orientada a superar el bloqueo financiero, impuesto por EE.UU en protesta por la expropiación y no-compensación de la IPC, sin perder las credenciales nacionalistas e independientes del gobierno. Las decisiones que tomaron los militares estuvieron condicionadas por el compromiso nacionalista, el equilibrio de poder dentro del régimen y, principalmente, por la necesidad de promover inversión y préstamos extranjeros. / The Peruvian military government (1968-1975) came out as a “headache” for the United States government in a global context framed by the weakening of its hegemony. The expropiation of the International Petroleum Company or the defense of the thesis of the 200-mile territorial waters were oriented to recover national dignity and not to subvert the traditional “friendly” relations between the two countries. As a matter of fact, Peruvian military were convinced that dependence on capital and loans from the US was inescapable in the short term. In that sense, Peruvian foreign policy was oriented to overcome the financial blockade impossed by the US in order to sanction the non-compensation of the IPC by the Peruvian government, without losing their nationalist and independent credentials. In sum, the decisions that Peruvian policy-makers made were conditioned by the nationalist commitment, the power equilibrium inside the regime and, mainly, the need to promote private investment and foreign loans. / Tesis

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:28:20Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2010-08-12Bitstream added on 2014-06-13T19:16:08Z : No. of bitstreams: 1 castro_gf_me_mar.pdf: 478451 bytes, checksum: 591e6283e3cb2ad35331e1991cb47e60 (MD5) / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) / O objetivo dessa dissertação é pesquisar o processo de cooperação em matéria militar e de defesa entre Argentina e Brasil, durante os primeiros vinte e cinco anos de retorno à democracia na Argentina (1983-2008). Analisamos, especialmente, a atuação argentina no período em questão, vinculando-a ao conceito de “comunidade pluralista de segurança”, examinando a viabilidade do conceito “segurança cooperativa” para entender as políticas argentinas nessa área. O aspecto central dessa investigação é elucidar se a Argentina conseguiu criar uma Comunidade Pluralista de Segurança (CPS) juntamente com o Brasil. Desse modo, pretendemos analisar de que forma, desde 1983, a política de defesa argentina vem adotando, através de três etapas definidas, políticas inclinadas, em maior ou menor medida, à conformação de uma CPS com o Brasil / Con la presente disertación investigamos el proceso de cooperación en materia de defensa y militar entre Argentina y Brasil durante los primeros veinticinco años del retorno a la democracia en Argentina (1983-2008). Analizamos especialmente el accionar argentino durante ese periodo, vinculándolo con el concepto “comunidad pluralista de seguridad” y analizando la viabilidad del concepto “seguridad cooperativa” para entender las políticas argentinas a este respecto. Es eje de nuestro trabajo fue dilucidar si Argentina logró crear una Comunidad Pluralista de Seguridad (CPS) junto a Brasil, para lo cual, veremos cómo, desde 1983, la política de defensa argentina ha ido adoptando, a través de tres etapas definidas, políticas proclives en mayor o menor medida a la conformación de una CPS con Brasil

The government of Colombia and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) have signed agreements heralding an era of “peace” for the country. While the end of the confrontation brings many opportunities, it also poses numerous challenges. This article argues that the most significant of these challenges is the potential for the conflict to merely transform into a socio-environmental conflict. Indeed, the mere signing of the peace agreements does not constitute a guarantee to prevent the escalation of conflict in some regions. To prevent this, the dynamics of dialogue and consensus evidenced in the negotiations that took place in Havana must be replicated at a local level in the territories that once were dominated by the FARC. Improved security conditions deriving from the ceasefire have shown propitious for the development of extractive activities in territories previously ridden by armed conflict. But while the dynamism of the mining and energy sector provides significant opportunity for economic development, it has coincided with the intensification of socio-environmental conflict in several regions of the country. If the government does not address these rising conflicts between multi-nationals and local populations, what is now fertile ground for peacebuilding could prove to be the beginning of a new form of long-lasting violent conflict. / El gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han suscrito los acuerdos que presagian una era de “paz” para el país. Si bien el fin del enfrentamiento armado trae consigo muchas oportunidades, plantea a su vez muchos retos. La firma de los acuerdos de paz no constituye una garantía para evitar la intensificación del conflicto en algunas regiones. Las dinámicas de diálogo y concertación de las mesas de negociación de La Habana deben replicarse en los territorios que otrora fueron dominados por las FARC si no se quiere incrementar el conflicto, particularmente el socioambiental. El mejoramiento de las condiciones de seguridad que derivan del cese al fuego entre ambos bandos se ha mostrado propicio para el desarrollo de actividades extractivas en territorios donde hasta hace poco estuvieron vedadas. El reciente dinamismo del sector minero energético coincide con el escalamiento del conflicto socioambiental en numerosos territorios del país. Ante esta situación, la promoción del desarrollo por el Estado colombiano constituye un complejo desafío en el contexto de construcción de la paz.

El proceso de violencia social vivido en el Perú entre los años 80 y 90 incluyó el desenvolvimiento de una guerra no convencional. Por el lado de las FFAA, casi la totalidad del ejército combatiente en ese periodo fue conformada por soldados levados u obligados a prestar el Servicio Militar (SMO). No existe un estudio desde la perspectiva histórica del SMO, ni el grueso de quienes conformaron las FFAA, es decir, los soldados, reclutas, cabos y sargentos. Este gran segmento extraído de la población, encadenado a un marco jurídico-legal de tradición colonial, es nuestro objeto de estudio. La tesis examina el estado de la cuestión y la estrategia metodológica para abordar el problema del estudio del soldado con respecto al Estado, las relaciones del militar con el Estado, a fin de plantear un enfoque teórico sobre las Fuerzas Armadas. Se examinan los antecedentes históricos de la institución militar en el Perú, los episodios o acontecimientos militares y políticos que dejaron honda huella en las relaciones históricas del Estado con la entidad castrense, se describe las etapas por las cuales ha evolucionado la guerra civil de 1980 al 2000, a partir de la guerra prolongada declarada por el PCP-SL. Se analiza la organización del ejército de los 80 y la estrategia empleada en la guerra contrasubversiva, la instrucción recibida y la logística del ejército en Ayacucho. / Tesis

El presente trabajo propone estudiar cómo se estructuró y desarrolló inicialmente la Ley de cine de 1972 promulgada durante la primera fase del denominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Dicha Ley sería el resultado de la convergencia entre dos propuestas culturales: la del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, encabezada por Juan Velasco Alvarado, y la de los cineastas y críticos de cine peruanos que venían bregando con el congreso por la promulgación de una ley que favoreciera la producción cinematográfica. El punto en común que permitió la promulgación de la Ley fue la idea de ver al cine como un medio de identidad nacional, a pesar de que, durante el gobierno de Velasco Alvarado, esta permitió observar cómo cada grupo articuló su propia lógica del cine como una industria cultural. En ese sentido, la Ley de cine permite observar cómo civiles y militares trabajaron coordinadamente en la construcción de diversos proyectos sociales o políticos. No obstante, el hecho de observar la Ley como un proceso permite vislumbrar los desencuentros (manifestados en la censura, la crítica cinematográfica y la promoción de ciertas producciones) entre ambos sectores que detentaban agendas políticas muchas veces divergentes / Tesis

El presente documento contiene el desarrollo de la mejora del proceso para la gesti?n de proyectos inform?ticos en la Direcci?n de Telem?tica (DIRTEL) de la Marina de Guerra del Per? (MGP), para lo cual se propone el uso de metodolog?as y buenas pr?cticas en la mencionada Instituci?n. Se espera que el presente proyecto profesional pueda ser aplicado en la instituci?n y posteriormente implementado, mejorando as? el proceso actual de desarrollo de soluciones inform?ticas y asegurando un alto nivel de calidad en el mismo, e involucrar activamente a las diferentes ?reas de negocio durante el ciclo de vida del proyecto. Actualmente la DIRTEL desarrolla proyectos inform?ticos de acuerdo con las diferentes necesidades de la MGP, lo cual representa una gran demanda por parte de la instituci?n, requiriendo mejorar los tiempos de atenci?n y optimizar los recursos utilizados en mencionados proyectos, permitiendo as? reducir costos en el desarrollo de software. / Tesis

El objetivo de la presente investigación es estudiar el conjunto de estrategias políticas que las fuerzas armadas desarrollaron para hacerle frente a dos procesos simultáneos ocurridos tras la transición a la democracia iniciada en el Perú el año 2000: Por un lado, el proceso de justicia transicional tras fin del régimen de Alberto Fujimori, cuyo principal hito fue la instalación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación, y la subsecuente judicialización de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por efectivos militares durante el conflicto armado interno; Por otro lado, la creciente tendencia de los últimos gobiernos democráticos de utilizar a la fuerza armada para tareas de seguridad interior, tanto en el control de la seguridad pública, ante los crecientes niveles de conflictividad y movilización social registrados en el Perú, como en el combate a los remanentes armados de Sendero Luminoso aliados al narcotráfico en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).

¿Es el teatro revolucionario? A finales de la década de los 60 del siglo pasado el Perú atestiguó un 3 de octubre el golpe militar que inició el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (GRFA). Durante los siete años que duró la primera fase a cargo de una Junta Militar liderada por el general Velasco Alvarado se vivió en el país múltiples reformas y proyectos de reformas. ¿La meta? Crear un nuevo ciudadano, reivindicar la cultura popular y terminar de emancipar a muchos peruanos y peruanas que habían quedado fuera de la esfera política a más de un siglo de la Independencia. Aquí, la cultura y el arte jugaron un papel clave y el teatro no fue la excepción. Se plantea entonces ¿qué factores explican la relación entre los artistas teatrales y los proyectos gubernamentales dentro del marco de un proyecto revolucionario? ¿quién ostenta el poder en esta relación? Entender esto permitirá no solo aportar claridad a una época histórica brumosa, sino también comprender las consecuencias que tendrá para el panorama teatral futuro y la relación de los artistas con el gobierno en adelante. El presente trabajo es un proyecto de investigación que plantea la realización de una investigación de tipo cualitativo con una metodología de estudio de caso. La elección del caso se justifica en una de tipo ideográfico. Para la realización de la investigación se plantea el uso de archivos y fuentes primarias y secundarias para cuya recolección se usarán las herramientas de revisión y registro de fuentes así como entrevistas a profundidad.

El objetivo de la tesis es analizar la posición de la revista Oiga respecto del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada bajo la presidencia de Juan Velasco Alvarado (1968-1975). Se evalúa la evolución política de Francisco Igartua, propietario y editor del semanario, y se estudia su visión y argumentos a favor de algunas de las reformas militares, hasta que se produjo un viraje hacia la oposición por la promulgación del Estatuto de prensa de 1974. La investigación se basa en el estudio de los editoriales y las portadas de la revista entre 1968 y 1974, lo cual permite conocer de primera mano las ideas de este periodista, considerado uno de los más influyentes de su tiempo. Además, se han registrado cuantitativamente los avisos publicitarios y la propaganda estatal con el fin de relacionar su mayor o menor presencia con la independencia ideológica y económica de esta publicación, dado que Igartua la defendió siempre frente a presiones provenientes de cualquier sector o gobierno. Se concluye que el apoyo de Oiga e Igartua al régimen de Velasco fue pleno; hubo entre ambos comunión de ideas sobre la necesidad de transformar al Perú, incluso sacrificando la democracia en aras de lo que se consideró un bien mayor. Sin embargo, esta armonía de intereses se quiebra cuando la libertad individual y, concomitantemente, el derecho a la libre expresión y la libertad de prensa fueron vulnerados. Estos principios irrenunciables fueron defendidos a ultranza por el medio, aún a costa de su supervivencia económica y circulación.

Esta tesis relaciona la conducta antagónica que el presidente Alberto Fujimori mantuvo con el MRTA durante la crisis de los rehenes, ocurrida entre el 17 de diciembre de 1996 y el 22 de abril de 1997, con algunos conceptos conservadores del jurista y filósofo alemán Carl Schmitt, particularmente el de la distinción amigo-enemigo. Si bien Fujimori no fue precisamente cultor de las ideas schmittianas, sí lo fueron muchos de sus colaboradores en el poder, entre políticos, militares y miembros de los servicios de inteligencia. El desconocimiento de Fujimori no sería una desventaja: según Julien Freund, la decisión del gobernante y la distinción amigo-enemigo de Schmitt se miden por sus resultados. Fujimori entorpeció la labor de los garantes y de los organismos nacionales e internacionales que apostaban por una solución pacífica. Además, ideó operativos armados que no se ejecutaron, construyó los túneles que después posibilitaron el rescate y hostigó militarmente al MRTA, antes de formalizar el diálogo con los emerretistas. El MRTA era un enemigo al que había que derrotar y eliminar, y no un equivalente con el que se podía dialogar o negociar. Las acciones de Fujimori tejieron un tropismo hacia la solución violenta, y eso quedó evidenciado públicamente. Este trabajo se justifica en la trascendencia histórica y política del suceso, y porque en el Perú, las acciones militares siempre son debatidas bajo perspectivas liberales y no conservadoras. Metodológicamente se recurrió a la revisión histórica de prensa y literatura referidas al secuestro, y también a entrevistas a politólogos y juristas, con el fin de identificar rasgos schmittianos en las acciones que Fujimori desarrolló contra el MRTA. Basado en la distinción amigo-enemigo de Schmitt, podría decirse que la enemistad entre el Estado y el MRTA se fue agravando con el tiempo, y que el punto más alto de esa conflictividad fue la operación militar Chavín de Huántar, diseñada desde Palacio de Gobierno con la orden de no dejar sobrevivientes. Esta tesis sostiene que el gobierno (o Fujimori) jamás deseó una salida pacífica, sino la eliminación total del enemigo. Dentro de esa lógica, la ejecución extrajudicial de emerretistas rendidos es perfectamente posible, tal como determinaron investigaciones del Ministerio Público y de la policía. Ciertamente, el pensamiento schmittiano podría justificar una decisión tan radical como esa, siempre y cuando el soldado que tomó la decisión de jalar el gatillo haya afrontado un contexto excepcional de apremio y de peligro que pusiera en riesgo su vida, la de sus compañeros o la de los objetivos del rescate.