La justificación de la presente investigación radica en la relevancia actual del control constitucional de los actos parlamentarios y la judicialización de la política. Así, resulta determinante desarrollar su contenido y alcances. El presente Informe tiene como objetivo analizar el caso materia de análisis referido al control constitucional de un acto parlamentario como el procedimiento de investigación ante la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República. A través del referido caso, pretende analizar el derecho al debido proceso en sede parlamentaria, así como también a sus derechos integrantes como el principio de legalidad, el derecho de defensa, el derecho a la debida motivación, entre otros. De igual modo, se busca delimitar los conceptos indeterminados de “ética parlamentaria” y de “conflictos de intereses” en la función parlamentaria. La hipótesis que se plantea radica en que los actos parlamentarios sí pueden ser objeto de control constitucional ante la vulneración de derechos fundamentales. De ahí que se coincida con el sentido de los fallos estimatorios de las instancias judiciales, las cuales determinaron que en el caso en concreto se acredita la afectación de los derechos fundamentales del Congresista Javier Diez Canseco referidos al principio de legalidad, tipicidad, defensa, motivación y honor. Los supuestos teóricos en los que se sustenta la presente investigación son la teoría del principio de separación de poderes, la doctrina de los actos interna corporis y los internal proceedings. Por consiguiente, plantearemos nuestra línea argumentativa respecto a los principales problemas jurídicos identificados.

La Garantía Constitucional del Amparo es un proceso especial que se distingue de los procesos ordinarios por ser rápido, sencillo y eficaz, cuya finalidad no solo es la restitución de un derecho individual vulnerado, sino también la interpretación y perfeccionamiento de la Constitución; en ese sentido, pese a su importancia, también se encuentra afectado por los problemas de los que adolece el Sistema de Justicia en la actualidad, inconvenientes que ya fueron detectados hace varios años, pero que no encuentran solución, no por la inacción o falta de interés en ellos, sino por la falta de un correcto dimensionamiento del problema y lo que ello implica, es por eso que creo necesario realizar un análisis desde los principios de Buen Gobierno para comprender su correcto significado, pues entiendo que el Buen Gobierno nos dará luces en este camino lúgubre desde los problemas del Sistema de Justicia, hasta las valores fundamentales que sirven de base a nuestro Estado. Una vez entendido ello, propongo alternativas como la implementación de organismos destinados a impulsar el empoderamiento de las personas y con ello su participación activa, para afianzar el valor del capital social y con ello el principio de participación; la destinación de mayores recursos a la justicia constitucional debido a su naturaleza especial y de urgencia; mayor capacitación de jueces y personal asignado a cada órgano jurisdiccional, generando a su vez una conciencia de identidad con el Sistema de Justicia, así como cumplir con el reto de reducir el problema de los jueces provisionales y supernumerarios, generando calidad en la labor de los actores involucrados en el Sistema de Justicia.

La protesta es un derecho fundamental que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional a través de la sentencia recaída en el Exp. N° 0009-2018-PI/TC; no obstante, esta ha sido merecedora de diversas críticas que giran principalmente, en torno a la cantidad de magistrados que firmaron el texto principal de la sentencia (dos) y el número de votos singulares con los que cuenta (cuatro). Motivo por el cual, tal reconocimiento se ha visto deslegitimado, incluso por los propios administradores de justicia, tal es el caso que, la Corte Suprema este año, se pronunció a favor de desconocer a la protesta como un derecho autónomo, lo cual resulta desalentador para la implementación de garantías en torno al ejercicio del derecho a la protesta. Por lo tanto, es necesario destacar el reconocimiento que se le ha otorgado al derecho a la protesta en nuestro sistema normativo desde tres aspectos fundamentales; en primer lugar, a través del reconocimiento de nuevos derechos en el sistema jurídico nacional; en segundo lugar, desde el activismo judicial del Tribunal Constitucional; y en tercer lugar, con los diferentes pronunciamientos nacionales e internacionales. Ello, con la finalidad de plantear una serie de alternativas que buscan dotar de garantía al ejercicio del derecho a la protesta, y así potenciar su protección y evitar su tendencia a la criminalización. / Protest is a fundamental right that has been recognized by the Constitutional Court through the ruling issued in Case No. 0009-2018-PI/TC; However, this has been worthy of various criticisms that mainly revolve around the number of magistrates who signed the main text of the ruling (two) and the number of singular votes it has (four). Reason why such recognition has been delegitimized, even by the administrators of justice themselves, such is the case that the Supreme Court this year ruled in favor of denying protest as an autonomous right, which is discouraging for the implementation of guarantees regarding the exercise of the right to protest. Therefore, it is necessary to highlight the recognition that has been given to the right to protest in our regulatory system from three fundamental aspects; firstly, through the recognition of new rights in the national legal system; secondly, from the judicial activism of the Constitutional Court; and thirdly, with the different national and international pronouncements. This, with the purpose of proposing a series of alternatives that seek to provide a guarantee for the exercise of the right to protest, and thus enhance its protection and avoid its tendency towards criminalization. / Trabajo académico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / el objetivo de nuestro trabajo es analizar si la tutela del derecho a la protección de la salud consagrado en el artículo 19 Nº 9 de la Constitución Política de la República se encuentra debidamente garantizada a partir de la dictación de la Ley Nº 19.966 que establece un Régimen General de Garantías en Salud. El desarrollo de nuestro análisis se centrará en el cumplimiento del principio de la reserva legal en la dictación de la referida Ley, debido a que por el carácter social del derecho a la protección de la salud esta garantía cobra especial relevancia en la tutela de éste

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Los derechos fundamentales de los ciudadanos se encuentran consagrados y protegidos por la norma fundante básica y de mayor grado que existe en nuestro país. A pesar de ello, los legisladores estimaron necesario proteger algunos de ellos de manera particular respecto de los trabajadores, los llamados derechos constitucionales laborales inespecíficos, siendo uno de ellos el derecho a la libertad de emitir opinión y de informar, sin censura previa, en cualquiera de sus formas y por cualquier medio. No existe definición legal de él. La doctrina lo define como un derecho que posee una doble dimensión, constituyéndose como un derecho individual en cuya virtud nadie puede ser arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento, y como un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. La jurisprudencia administrativa y judicial no están contestes en la forma de resolver conflictos en que se encuentre involucrado este derecho. Mediante un método mixto-deductivo y argumentativo concluyo que es innecesaria la tutela del derecho a la libertad de emitir opinión y de informar en el ámbito laboral

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nuestro sistema jurídico parece ser reticente al control social sobre los órganos del Estado, en cuanto carece de mecanismos efectivos a través de los cuales los ciudadanos puedan ejercer el control de los poderes públicos para que estos rindan cuenta por sus actos, no a otros órganos estatales, sino a la ciudadanía. “Como señalan Smulovitz y Peruzzotti, uno de los problemas de los sistemas democráticos como el nuestro es que no se puede controlar a los burócratas, sino sólo a los políticos (por medio del ejercicio del voto, el que tiene, a su turno, problemas intrínsecos como es la facilidad con que se diluye en términos del tiempo que transcurre entre las elecciones y la comisión de faltas por parte de los políticos.”Note1. Una “república democrática”, como se define Chile en nuestra Constitución, implica que los gobernantes se deben a la ciudadanía y por tanto, deben rendir cuenta por sus actos.Note2. En esa consideración, estimamos que la situación actual de nuestro Poder Judicial es especialmente preocupante. En efecto, el Poder Judicial chileno es percibido por la ciudadanía como una entidad lejana, poco transparente e irresponsable por sus actos, dando cuenta de ello diversos datos estadísticos que revelan que el mismo se rige por principios que atentan contra la transparenciaNote3. y probidad de los órganos públicos, impidiendo a la ciudadanía controlar la actividad de los jueces, vulnerando, por tanto, el principio de responsabilidad de las autoridades frente a los ciudadanos que consagra nuestra Constitución

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo es un análisis jurisprudencial sobre el derecho constitucional a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el estado y sus organismos en materia económica, consagrado en el artículo 19 Nº 22 de la Carta Fundamental. Esta garantía es un principio que implica una concepción valorativa susceptible de múltiples argumentaciones racionales, por lo que su cabal comprensión trasciende el mero enunciado normativo, exigiendo también revisar la jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre esta disposición. Junto con revisar el desarrollo del concepto en la doctrina, se examinan las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia chilenos sobre acciones de protección respecto de arbitrariedad económica de parte del Estado y los fallos del Tribunal Constitucional en ejercicio del control preventivo y represivo que realiza del precepto estudiado. Los hallazgos y conclusiones obtenidos cierran el desarrollo de este trabajo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Sobre el Deber de Fundamentación de las Sentencias El discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico general y tiene como característica principal, el que sus premisas deben estar obligatoriamente vinculadas con el derecho vigente . En consecuencia, los jueces deben fundamentar sus sentencias de acuerdo a las reglas y principios del derecho vigente . Es la realización de este deber la que nos permite conocer las razones - al menos las expresas - que llevan a los sentenciadores a decidir un caso de determinada manera. La actividad judicial adquiere especial relevancia cuando se refiere a la determinación de la constitucionalidad de las normas emitidas por los órganos legislativos, es decir, cuando el criterio para la determinación de la validez de una norma sea su conformidad con otra de carácter superior, en este caso, la Constitución Política de la República.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

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