Entre los principales problemas actuales que enfrentan los países en desarrollo como el Perú se tiene a la economía informal generando un elevado nivel de incumplimiento de las obligaciones tributarias y la baja percepción del riesgo del contribuyente. Este escenario se presenta como tierra fértil para que un país tenga altos índices de evasión tributaria, los cuales generan costos elevados al Estado en su control y erradicación, así como la disminución de ingresos que permitan solventar los gastos públicos imprescindibles para lograr bienestar general.

En el presente trabajo nos avocaremos a estudiar el problema de la carga de la prueba en la configuración de las operaciones no reales descritas en el artículo 44ð de la Ley del IGV en el contexto de un procedimiento de fiscalización seguido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), lo cual desde nuestro punto de vista constituye un tema fundamental en el contexto actual en que las actuaciones de fiscalización de la Administración Tributaria se han incrementado y donde se ha dado un mayor énfasis a la recaudación, dejando de lado cuestiones primordiales del debido procedimiento, como lo referente a la carga de la prueba. Este tema es importante, puesto que un error en la asignación o distribución de la carga de la prueba conllevaría a la nulidad del procedimiento de fiscalización y de los actos administrativos emitidos posteriormente. En ese contexto, el objetivo principal del presente trabajo constituye el estudio de las reglas referentes a la carga de la prueba en un procedimiento de fiscalización, y los problemas asociados a este tema, todo ello dentro del marco legal y constitucional de nuestro país. / Trabajo de investigación

La investigación realizada determinó la importancia de diseñar un programa de auditoría tributaria preventiva para empresas comercializadoras de combustible líquido. De acuerdo con el problema planteado, la falta de un adecuado control interno y desconocimiento o interpretación errónea de las normas tributarias, originan que las operaciones empresariales tengan un alto grado de contingencias tributarias. Para hacer frente a esto, los objetivos de la investigación se orientaron a diseñar un programa de auditoría preventiva IGV-IR para la prevención de contingencias tributarias en las empresas comercializadoras de combustible líquido; evaluar el control interno; proponer procedimientos para el IGV-IR tercera categoría para evitar reparos y sanciones administrativas; y determinar las ventajas del diseño de un programa de auditoría tributaria preventiva en las empresas de este sector. La hipótesis planteada asume que con el diseño de un programa de auditoría tributaria preventiva IGV-IR se permitiría prevenir contingencias tributarias en las empresas dedicadas a la comercialización de combustibles; puesto que según Effio (2011), la auditoría preventiva evalúa decisiones de la dirección y permite a la empresa verificar la situación tributaria en la que se encuentra, permitiendo corregir de forma óptima los errores encontrados. En ese sentido, la teoría de la discrecionalidad (Castro, 2012) sostiene que la fiscalización tributaria ejercida por la SUNAT constata el efecto de los deberes tributarios. Asimismo, la teoría de las reformas legales y carga tributaria de Wonsang y Cabrera (2010), sugiere que las reformas legales conllevan frecuentemente a incurrir en errores u omisiones.

El régimen único simplificado – RUS facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los pequeños contribuyentes, propiciando que aporten al fisco y éste puede ubicarse en una categoría de acuerdo a su realidad económica; los sistemas de pago adelantado del IGV, en este caso el régimen de percepciones se implantó con la finalidad de incrementar el monto de la recaudación de tributos y ampliar la base tributaria con la finalidad de que más personas tributen, la presente investigación hace referencia a la siguiente pregunta: ¿De qué manera influye la aplicación del régimen de percepciones en la situación económica de los contribuyentes del RUS, Chiclayo-2014? Donde tiene como objetivo general analizar la incidencia en la situación económica de los contribuyentes del RUS, frente a la aplicación del régimen de percepciones y la hipótesis asumía que si aplicamos el régimen de percepciones a los sujetos del RUS tendrá una incidencia negativa en su situación económica. Para la investigación se utilizó la técnica de recolección de datos con su instrumento adecuado para lograr los objetivos planteados. En la investigación desarrollada se cumplió al 100% el objetivo general y específicos llegando a la conclusión de que al aplicar el régimen de percepciones en contribuyentes del RUS afectan de forma considerable la situación económica de la empresa es decir, resta su liquidez y reduce sus ganancias, esto debido a que no tienen los conocimientos adecuados sobre dicho tema y las consecuencias que traen consigo; asimismo lo anteriormente está relacionado con el marco teórico y la hipótesis planteada.

En la investigación realizada se determinó que era relevante y conveniente diseñar un programa de auditoría tributaria preventiva para empresas acogidas al régimen especial del impuesto a la renta; que permita evitar que estas empresas incumplan con sus obligaciones formales y obligaciones sustanciales tributarias y de esta manera minimizar el riesgo de tener contingencias tributarias que pongan en riesgo la situación económica y financiera de la empresa. La presente investigación permite detectar posibles contingencias tributarias y plantear posibles alternativas de solución, de manera que en caso se produzca una fiscalización, se reduzcan significativamente los posibles reparos al impuesto general a las ventas e impuesto a la renta y evitar las posibles infracciones tributarias como consecuencia de tributos dejados de pagar y de incumplimiento de obligaciones formales. De esta forma, los propietarios, titulares, gerentes, socios, accionistas y/o representantes legales pueden tomar decisiones oportunas y evitar o disminuir significativamente contingencias tributarias que ponen en riesgo la situación económica-financiera de la empresa. Entre la conclusión más importantes se señalan que el diseño de un programa de auditoría preventiva para empresas acogidas al régimen especial del impuesto a la renta es identificar y mitigar las contingencias tributarias de manera oportuna para evitar incumplimiento tributario de las obligaciones formales y sustanciales en estos dos impuestos.

En nuestro país uno de los grandes desafíos que tiene la administración tributaria es reducir la informalidad, para ello el Estado busca crear medidas orientadas a la formalización de las micro y pequeñas empresas, puesto que estás coadyuvan al desarrollo económico y social. Ante lo mencionado es necesario encontrar soluciones para avanzar en la reducción de la desigualdad y de la pobreza. Por lo que, la recaudación tributaria en el Perú es de vital importancia ya que, es a través de esta recaudación de tributos que se costean los gastos públicos, como las obras públicas, actividades estatales, los ministerios, el congreso, los gobiernos regionales, locales, y otros; además con estos ingresos el Estado puede invertir en política económica o monetaria, proteger el medio ambiente y drenar liquidez al sistema monetario, es por ello que el sistema tributario peruano debe fomentar el desarrollo de las actividades económicas, generar conciencia en los contribuyentes, potenciar la productividad para mantener el aumento de los ingresos y la creación de empleo para la población.

El presente trabajo efectúa un análisis de las implicancias jurídicas de la escisión como un tipo de reorganización societaria, basándose en la normativa societaria y tributaria. Para ello, se analizan los aspectos sustanciales de la escisión, la composición y el valor de los bloques patrimoniales, la emisión de acciones, entre otros aspectos relevantes. Dichos aspectos son analizados para determinar si la transferencia de bloques patrimoniales de valor neutro mediante una escisión se encuentra permitida, y si dicha particularidad tendría un impacto en el régimen de neutralidad contemplado en la normativa tributaria (específicamente, para efectos del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas). Asimismo, se analiza el alcance del segundo párrafo de la Norma VIII -texto inicial que fue incorporado a la Norma XVI del Código Tributario- a efectos de determinar su alcance y su posible aplicación a las escisiones efectuadas por el contribuyente ante un supuesto de simulación relativa. Finalmente, se analiza si, hoy en día, una transacción como la celebrada entre las partes podría ser considerada como elusiva conforme a la Cláusula Antielusiva General regulada en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario. Del análisis de dichos puntos, se concluye que, para efectos tributarios y societarios, es posible la transferencia de bloques patrimoniales de valor neto neutro en el marco de una escisión, resultando aplicable el régimen de neutralidad fiscal. Asimismo, se determina que, a las escisiones efectuadas por el contribuyente, no les resulta aplicable la Norma VIII, pero si podría considerarse, hoy en día, como un acto elusivo al amparo de la Norma XVI vigente.

En el presente informe se analiza la problemática vinculada a la prescripción de la facultad de solicitar la devolución de las percepciones del IGV, sobre la base de la determinación de la naturaleza de dichas percepciones. Una postura señala que las percepciones del IGV tienen la naturaleza de pago en exceso por lo que el computo de la prescripción se realizará en virtud del nacimiento de la obligación tributaria del IGV, esto es mes a mes. En consecuencia, el plazo de prescripción para solicitar su devolución se computa desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se produce el nacimiento mensual del crédito por pago en exceso, sin considerar el saldo acumulado de las percepciones. Una segunda postura, la que se defiende en el presente informe, señala que las percepciones del IGV tienen la naturaleza de pago anticipado, y, por lo tanto, constituyen un crédito distinto al pago en exceso. Este crédito se genera en virtud del “saldo acumulado” de percepciones no aplicadas del último periodo vencido y, cuando transcurren como mínimo 3 periodos consecutivos sin aplicar dichas percepciones. En ese sentido, el plazo de prescripción para solicitar su devolución empieza a computarse desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que terminan de transcurrir esos tres meses. / This paper analyzes the problematic of the limitation period of the faculty to request the return of the VAT perceptions, based on the determination of the nature of said perceptions. In this sense, one position indicates that the VAT perceptions have the nature of overpayment, so the calculation of the limitation period will be carried out by virtue of the birth of the VAT obligation, that is, month by month. Consequently, the statute of the limitation period is computed from January 1 of the year following the date on which the monthly credit for overpayment occurs, without considering the accumulated balance of the perceptions. A second position, the one defended in this paper, indicates that the VAT perceptions have the nature of prepayment, and, therefore, constitute a different credit to the overpayment. This credit is generated by the “accumulated balance” of unused perceptions for the last expired period and when at least 3 consecutive periods have elapsed without applying. In this sense, the limitation period begins to run from January 1 of the year following the date on which these three months end.

La Administración Tributaria observó la base imponible del Impuesto General a las Ventas (IGV) asociado a los ingresos derivados de la retribución acordada por la ejecución de la construcción del Hospital Alberto Barton pactada en el marco del Contrato de Asociación Público Privada (Contrato APP) celebrado entre el contribuyente y el Seguro Social de Salud. Bajo este contexto, dicha entidad calificó la operación observada para efectos del IGV como una prestación de servicios en el país, mientras que el contribuyente sostuvo que se trató de una primera venta de inmueble realizado por el constructor. Finalmente, el Tribunal Fiscal concluyó que la operación observada corresponde a un contrato de construcción para efectos de dicho impuesto. En el presente trabajo, se analiza cuál es el tratamiento tributario para fines del IGV que corresponde aplicar a la operación cuestionada, considerando que se generan distintas interpretaciones en torno al referido contrato al coexistir prestaciones de dar y hacer en un único contrato. Así, teniendo en cuenta las limitaciones previstas en el Contrato APP, el Contribuyente no es el titular de la infraestructura hospitalaria en los términos previstos por el Artículo 923 del Código Civil (aún cuando le fue otorgado un derecho de superficie). En ese sentido, concluiremos que la operación cuestionada corresponde a un contrato de construcción para efectos del IGV, circunstancia que no fue analizada por el Tribunal Fiscal.

El informe presenta un trabajo de investigación en materia de derecho tributario y derecho constitucional, que se justifica en la importancia de las acciones constitucionales que pueden ejercerse en el ámbito tributario, tal como sucede en los casos de creación de normas jurídicas de contenido tributario. El objetivo principal de este informe es identificar la aplicación de los principios tributarios en las obligaciones tributarias asociadas al Impuesto General a las Ventas (en adelante, “IGV”) - particularmente en el ámbito de las importaciones de bienes y el régimen de percepciones del IGV- de acuerdo con el desarrollo jurisprudencial y doctrinario desarrollado en las controversias acontecidas a raíz de defensa de los derechos constitucionales de los contribuyentes o sujetos obligados al pago frente al ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado. En atención a ello, la idea central que planteamos para la resolución del caso en concreto es la aplicación de los derechos constitucionales reconocidos por la Constitución Política y desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional frente a la regulación del Régimen de Percepciones del IGV (Resolución de Superintendencia emitida por la SUNAT) aplicable a las importaciones de bienes usados. En esa línea, tenemos que la posición desarrollada en esta informe resulta acorde a la resolución del Tribunal Constitucional, pues consideramos correcto el entendimiento sobre la validez del régimen de percepciones aplicable a las importaciones en materia de IGV, y además, la declaración de inconstitucionalidad por la vulneración a la reserva de Ley. Sin embargo, discrepamos sobre el extremo referido a la vulneración del derecho a la igualdad, ya que sostenemos que la norma en controversia carece de pronunciamiento al respecto, al no establecer una distinción clara entre los grupos sujetos a la percepción para la aplicación de la tasa respectiva (importadores de bienes nuevos e importadores de bienes usados), lo cual no fue debidamente advertido por el Tribunal Constitucional; y, a su vez, repercute en el análisis respecto a la aplicación del principio de no confiscatoriedad en los pagos adelantados en materia de IGV.