El análisis del inicio del procedimiento administrativo plantea una serie de interrogantes que no solo deben responder a las implicancias adjetivas que tiene esta etapa procedimental, sino a sus dos modos de plasmación —o, en un sentido más extenso, a su impacto directo sobre diversos términos y actuaciones posteriores que pueden surgir alrededor de la tramitación de este cauce formal—. Los argumentos y las respectivas conclusiones deben tratar de ubicarse más allá de la figura como una mera fase, a fin de presentarla como un acto que abre la puerta a un entramado de relaciones jurídico-administrativas entre dos sujetos de naturaleza distinta y que se encuentran en medio de un camino de diligencias y actuaciones normativamente predeterminadas. Por lo dicho, resulta claro que este acto permite revisar —de manera meridianamente clara— los estatutos conformados alrededor de los intervinientes en un procedimiento, quienes empezarían a desarrollarse con una serie de particularidades con la necesidad de ser resaltadas.