Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Por medio de la reforma constitucional del 2005, la acción de inaplicabilidad se trasladó desde la Corte Suprema al Tribunal Constitucional. Con todo, la situación anterior no implicó el desarraigo absoluto de la judicatura ordinaria. La razón es que, si bien la declaración de inaplicabilidad pasó a ser competencia del Tribunal Constitucional, la eficacia del precepto declarado inconstitucional para el caso concreto dependerá finalmente de la aplicación que realice el juez del fondo. De esta forma, la relación entre magistraturas es manifiesta y requiere ser complementaria. Esta relación es más significativa en el ámbito de la protección de derechos fundamentales, donde ambas magistraturas –en diferentes niveles de competencia– participan tanto de la identificación del objeto tutelado, como en la definición de la norma que resulta aplicable. Lo cierto es que ésta relación no ha sido profusamente analizada por la doctrina, ni existe una definición inequívoca en jurisprudencia. En este sentido, esta investigación se propone desentrañar los diversos elementos normativos que inciden en la relación entre estas magistraturas, especialmente cuando la gestión pendiente versa sobre un recurso de protección. Para este propósito nos dispusimos a analizar tanto las sentencias de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional entre los años 2005 y 2015, como las resoluciones del juez del fondo en las causas respectivas.

La presente investigación desarrolla la defensa constitucional del derecho de propiedad privada frente al fraude inmobiliario en todas sus modalidades. Actividades ilícitas se encubren bajo el principio de fe pública registral para despojar el derecho de un propietario legítimo y después transferirlo a un tercero, que confía en la información registral, adquiriendo bajo la protección del artículo 2014 del Código Civil. El problema surge cuando en los Registros Públicos se inscribe documentación que tiene como antecedente un hecho delictivo; en ese caso ¿Quién merece protección, el tercero de buena fe o el verdadero propietario?, es evidente que cuando se trata de falsificaciones o suplantaciones, la interpretación exagerada de la buena fe registral deviene en una interpretación que contraviene la Constitución y al Ordenamiento Jurídico. The present investigation develops the constitutional defense of the right of private property against real estate fraud in all its modalities. Illicit activities are concealed under the principle of public registration to deprive the right of a legitimate owner and then transfer it to a third party who relies on the registration information, acquiring under the protection of article 2014 of the Civil Code. The problem arises when in the Public Records is inscribed documentation that has as antecedent a criminal fact; In this case, who deserves protection, the third party in good faith or the real owner? It is evident that when it comes to falsifications or impersonations, the exaggerated interpretation of the good faith registry becomes an interpretation that contravenes the Constitution and the entire Legal System.

Tesis (Magister en Derecho con mención en derecho penal) / Actividad formativa equivalente a Tesis (AFET)

La acción popular ha sido el instrumento de control constitucional pionero en nuestro constitucionalismo y reviste singularidad en el derecho comparado, pues otros Estados han optado por confiar el control jurídico sobre los reglamentos al proceso contencioso administrativo o al proceso de inconstitucionalidad, sin desarrollar un proceso jurídico específico para reglamentos. Pese a las innovaciones incorporadas por el Código Procesal Constitucional su desarrollo y difusión aún no alcanzan el propósito deseado de controlar eficientemente las arbitrariedades reglamentarias.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La reforma constitucional del año 2005 introdujo importantes cambios en nuestro ordenamiento jurídico, no sólo porque modificó la Constitución Política en significativos aspectos, sino también porque cambió radicalmente la función que tenía hasta entonces un órgano jurídico fundamental de nuestro país, otorgándole nuevas atribuciones y modificando su competencia, y transformándolo, a nuestro juicio, en el gran protector de la Carta Fundamental. Nos referimos al Tribunal Constitucional, el cual, tras las modificaciones introducidas por la Ley 20.050 y la Ley 20.381, conocerá, entre otras materias, de la Acción de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad, en circunstancias que anteriormente dicha competencia correspondía a la Corte Suprema de Justicia. Por medio de dicha acción, será este tribunal el encargado de conocer y resolver las eventuales vulneraciones que se produzcan a la Constitución por la aplicación de un precepto legal a un caso concreto. No sólo se traslada la competencia, sino también se le otorgan nuevas atribuciones y características a la Acción de Inaplicabilidad, que nos propondremos analizar en los capítulos siguientes. Sin embargo, el objetivo de nuestra investigación no es examinar la Acción de Inaplicabilidad desde el punto de vista doctrinal, sino más bien analizarla jurisprudencialmente, centrándonos en los criterios de admisibilidad y los pronunciamientos del tribunal al respecto. Así, realizaremos un estudio acucioso de la Acción de Inaplicabilidad tras la reforma constitucional del año 2005, específicamente, nos avocaremos al análisis jurisprudencial de los criterios de admisibilidad de la acción, en los fallos dictados por el Tribunal Constitucional, en el periodo comprendido entre el 01 marzo del año 2006 al 01 de marzo del año 2010. En este sentido, ilustraremos cómo se aplica cada criterio en la práctica. El lector podrá conocer la línea interpretativa utilizada al momento de acoger o rechazar una acción, apreciará cómo se he comportado la jurisprudencia en este sentido, y cuáles son los criterios más estrictos y los más flexibles.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho tributario ) / El presente trabajo comienza revisando el interesante tema de la incorporación de las normas internacionales de derechos humanos al ordenamiento jurídico chileno. Luego, analiza la evolución en la jurisprudencia, nacional e internacional, de la aplicación del Decreto Ley Nº 2.695/1978 de Amnistía y finalmente se hace cargo de las distintas posibles formas de dejar sin efecto dicho decreto ley y sus efectos en los fallos ya dictados por los tribunales, en los casos en los que aún no se dicta sentencia, así como también sobre los garantías fundamentales de carácter procesal y el instituto de la prescripción.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Primero hemos de tratar el tema de la libre competencia, intentando someramente delimitar esta materia, así como trazar su relación con otras ramas y sobre todo con otras nociones y derechos. Siguiendo la misma línea, hablaremos del derecho de la libre competencia, la norma que lo contiene, el bien jurídico que tutela y como éste no es bien jurídico apartado y separado del ordenamiento jurídico, sino que tiene una relación muy estrecha con otros. Se procederá a revisar el órgano encargado de la tutela de la libre competencia y de las facultades, tanto jurisdiccionales como administrativas, que el legislador recientemente le ha conferido a fin de resguardarla, adentrándonos sobre una de ellas en particular y como ésta, si bien en principio es una potestad que tiene una gran potencia, tiene igualmente una importante falencia. En segundo término se analizará el recurso de inaplicabilidad, y subsecuente declaración de inconstitucionalidad, el que se modificó tras la reforma Constitucional del año 2005, la que fue posteriormente sistematizada con la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional introducida el año 2009. También se expondrán las características de la acción de inaplicabilidad, sus requisitos y sus efectos, para posteriormente tratar someramente la declaración de inconstitucionalidad. Realizadas ambas exposiciones procederemos a mostrar ambas alternativas de modo contrapuesto, produciendo que la conclusión, y propuesta que se pretende, caiga de modo lógico y consecuencial

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente memoria efectúa un análisis de la jurisprudencia producida por el Excmo. Tribunal Constitucional al conocer -de conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República- las acciones de inaplicabilidad deducidas en contra de la norma establecida en el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil que limita la interposición del recurso de casación en la forma en contra de las sentencias de segunda instancia dictadas en el procedimiento de reclamación tributaria (contenido en el Título II del Libro Tercero del Código Tributario) por corresponder a un procedimiento de los regidos por leyes especiales en los términos del artículo 766 del Código de Procedimiento Civil

Tesis (Magíster de derecho tributario) / Actividad Formativa Equivalente a Tesis (AFET) / El presente trabajo es realizado como una actividad formativa equivalente a la tesis para optar al grado de Magíster en Derecho Tributario de la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Se plantea como objetivo una revisión de la normativa referente a los apremios establecidos en el Código Tributario Chileno, el procedimiento para su aplicación, y analizarlos desde la perspectiva del cumplimiento de los principios y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República de Chile y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. A partir de ello, incorporar al análisis alguna jurisprudencia que se ha desarrollado por nuestro Tribunal Constitucional en la aplicación de los principios y preceptos en los casos concretos sometidos a su conocimiento. A partir de allí, desarrollar hipótesis en que la acción de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad en la aplicación de un apremio tributario en un caso concreto y revisar alguno de los fundamentos que ha entregado el Tribunal Constitucional a la hora de conocer y resolver sobre esta materia, tanto para rechazar las acciones intentadas, como para acogerlas, para finalmente entregar una síntesis de un caso concreto promovido ante el Tribunal Constitucional por el suscrito, respecto a un apremio por deudas tributarias, a saber causa rol 1006-2007.- Los resultados obtenidos podrán ser de interés para el lector para estar de acuerdo o discrepar de las posiciones que acá se plantean, ya que el tema en definitiva no está agotado.