En los últimos años, se ha dado un proceso de alejamiento de ciertos países sudamericanos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones - CIADI, como son Venezuela, Bolivia y Ecuador, por diversos factores políticos y jurídicos. En ese contexto, la presente tesis identifica y analiza las combinaciones posibles que derivan de la posibilidad de denuncia de un Estado miembro al Convenio CIADI y que paralelamente denuncie o no a los Acuerdos Internacionales de Inversión que remiten al mencionado Centro como foro de solución de controversias, así como la terminación de tratados a partir de esta doble pertenencia al Convenio CIADI y a los Tratados Bilaterales de Inversión, entre otros, todo ello, con la finalidad de determinar los efectos jurídicos y desarrollar una postura crítica frente a estos sucesos sin precedente que se vienen dando, tratando de desarrollar alternativas distintas al CIADI, tanto a nivel mundial, como regional, en virtud, que a pesar, de las denuncias al Convenio CIADI y a los tratados de inversión que remiten las controversias a este Centro, es viable su remisión, debido a la existencia de cláusulas de supervivencia, acuerdos de las partes, mecanismos complementarios existentes y la cláusula de la Nación más Favorecida - NMF, conforme acontece en los casos arbitrales estudiados, donde los Tribunales Arbitrales del CIADI al amparo del principio Kompetenz – Kompetenz han declarado su competencia, generando una serie de interrogantes respecto al futuro del Arbitraje Internacional de Inversiones en el CIADI y creando precedentes para estudios futuros debido a lo novísimo del tema. / Tesis

La presente investigación aborda un tema de trascendental importancia dentro del Sistema Privado de Pensiones, el cual tiene efectos que traspasan, incluso, su propio objetivo primario. En este sentido, la investigación plantea evaluar la incidencia del límite de inversión en el extranjero en el desempeño de la gestión de portafolios de las Administradoras de Fondos de Pensiones para el periodo comprendido entre el 2006 y el 2015. Relación que teóricamente tendría consecuencias directas en la calidad de la jubilación de un universo de peruanos de aproximadamente 6 millones (al cierre del 2015), proponiendo que estas han sido positivas durante el periodo de análisis dado que el límite vino flexibilizándose desde un 10.5% hasta un 42%. La investigación, entonces, tiene como objetivo principal definir de forma concluyente la existencia de alguna relación entre las variables antes mencionadas y, de existir, definir el sentido de estas. Para lo anterior, se describe el desempeño de la gestión de portafolios de las AFP’s a través de dos indicadores de amplio uso en la industria: el ratio de Sharpe y el ratio de Información. El primero como medida de la eficiencia financiera, evaluando las relaciones riesgo retorno del portafolio del sistema; y, el segundo, como indicador de la gestión activa seguida individualmente por cada AFP. Asimismo, se describe el límite mencionado a través del límite operativo de inversión en el extranjero establecido por el Banco Central de Reserva del Perú. Metodológicamente se busca comprobar el efecto teórico desde dos aproximaciones. En el caso de la eficiencia financiera, comparando el ratio de Sharpe ex -ante entre portafolios óptimos con y sin restricciones (límites), hallados luego de optimizar y construir fronteras eficiente por cada escenario, para confirmar la existencia de perdida de eficiencia; y, a través de los ratios de Sharpe ex post, corriendo un modelo econométrico ARMA(p,q) que confirme que ha habido un cambio estructural en el periodo, para comprobar que la flexibilización ha tenido un efecto positivo durante el 2006-2015. Por el lado del ratio de Información, se corre también un modelo ARMA(p,q) con la finalidad de corroborar si hubo un impacto directo en la gestión activa durante el periodo de análisis (cambio estructural); y, se evalúan también la evolución de errores cuadráticos del ratio de Información individual respecto al promedio del sistema con el fin de verificar algún efecto en la diferenciación de las mismas. Los resultados son concluyentes para la eficiencia financiera ya que se corrobora la existencia en pérdida de eficiencia en los portafolios óptimos con restricciones por rango; asimismo, se comprueba la existencia de un cambio estructural en la evolución de la volatilidad de los retornos, siendo esta menor a medida que el límite era flexibilizado, lo que resultado en un mayor Sharpe. Por el lado de la gestión activa, no se puede corroborar ningún efecto directo de la flexibilización de los límites en la evolución del ratio de Información; sin embargo, evaluando la XII diferenciación en la gestión activa con los errores cuadrados, se observa una menor dispersión, generando indicios que la diferenciación, por el contrario de lo pensando, se ha reducido durante periodo de análisis / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto dar una mirada global y sistemática a la participación del Estado Chileno y sus organismos como parte de un arbitraje, esencialmente en el arbitraje internacional de inversión y en el arbitraje comercial internacional. Con el propósito de cumplir con aquello, hemos dividido nuestro trabajo en tres capítulos. El primero de ellos dice relación con la participación del Estado como parte en el arbitraje nacional o doméstico, indicando cuándo y en qué condiciones podrá pactar arbitraje, además de hacer referencia a algunos casos específicos en los que estará facultado para hacerlo. El segundo capítulo trata de la participación del Estado en el arbitraje internacional de inversión, en el que se analiza el sistema de arbitraje internacional entregado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, así como también los métodos de solución de controversias regulados en los Acuerdos de Promoción y Protección a la Inversión y en los capítulos de inversiones contenidos en los Tratados de Libre Comercio celebrados por Chile, concluyendo con un breve examen comparativo entre las normas de arbitraje entregadas por el CIADI y la UNCITRAL. En el tercer y último capítulo se observa la participación del Estado como parte en el arbitraje comercial internacional, considerando al efecto lo regulado en el DL N°2.349 sobre Contratos Internacionales del Sector Público, el que autoriza al Estado o a sus organismos, instituciones o empresas a someterse a una jurisdicción de tribunales extranjeros, incluyendo tribunales arbitrales, respecto de diferencias que surjan de aquellos contratos internacionales, terminando con un breve estudio de la Ley N°19.971 sobre Arbitraje Comercial Internacional, en cuanto afecte al arbitraje de la misma especie, desarrollado dentro del territorio nacional y teniendo al Estado o sus organismos como parte del mismo

El presente trabajo analiza la incorporación de capitales que provienen de la comisión de delitos base de Lavado de Activos en la economía local, mediante mecanismos legales de inversión extranjera, y que se someten al régimen de protección del arbitraje internacional. Los referidos capitales pueden ser objeto de persecución penal por parte de los órganos nacionales con competencia en materia penal cuando exista evidencia de su origen ilícito, y el inversionista, sea persona natural o jurídica, puede interponer demandas ante los tribunales del CIADI para que el órgano arbitral se pronuncie acerca de las medidas adoptadas por el Estado anfitrión. Esta investigación indaga en las facultades que tiene los árbitros precisamente para analizar y en su caso ponderar el ejercicio de la acción penal pública por parte de las autoridades nacionales, cómo ello puede interferir en una inversión y qué efecto puede tener en el arbitraje. Palabras clave: inversión extranjera, lavado de activos, corrupción, arbitraje de inversiones, persecución penal

Magíster en Estrategia Internacional y Política Comercial / Chile actualmente tiene vigentes 22 acuerdos comerciales con más de 60 países, cuenta con 24 tratados para evitar la doble tributación y ha suscrito 61 acuerdos para la promoción y protección reciproca de las inversiones, lo que junto con otras circunstancias, lo transforman en una de las economías más abiertas del mundo. Si bien los resultados obtenidos en la suscripción de acuerdos que regulan el comercio y el intercambio de bienes, son claramente apreciables en virtud del aumento de los flujos de intercambio comercial entre los países suscriptores, distinto es el intentar determinar si los acuerdos que promueven y regulan la inversión, han tenido un impacto tan claro en la atracción de nuevos proyectos de inversión. El presente estudio busca estudiar si la existencia de acuerdos que promueven y regulan la inversión suscritos con Perú, influyeron en la decisión del inversionista chileno, en elegir dicho país por sobre otros. / Chile currently has 22 existing trade agreements with over 60 countries, has 24 treaties to avoid double taxation and has signed 61 agreements for the promotion and reciprocal protection of investments, which together with other circumstances; convert it into one of the world's most open economies. While the results obtained in the signing of agreements that regulate trade and exchange of goods, are clearly visible due to the increase of trade flows between the signatory countries, different is trying to determine whether agreements that promote and regulate investment, have had an impact as clear on attracting new investment projects. This study seeks to examine whether the existence of agreements that promote and regulate investment agreements with Peru, influenced the decision of the Chilean investor in that country choose over others.

Magíster en Estrategia Internacional y Política Comercial / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / A partir de la década de los noventa, Colombia empieza un largo camino hacia la liberalización de la economía y la búsqueda por atraer Inversión Extrajera Directa, como fórmula para el crecimiento económico. Sin embargo, sólo hasta comienzos de 2007 se ven materializados avances más concretos, tras un trabajo de planificación en conjunto del Estado, entidades públicas y el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), se definen un nuevo marco de acción para hacer del país una economía atractiva al capital foráneo. Como resultado, se efectúan modificaciones a la legislación colombiana, una reforma regulatoria y una financiera. De manera simultánea se refleja un significativo aumento de las inversiones en Colombia, convirtiendo a Chile, el lugar de procedencia de gran parte de estos capitales, quienes con el ingreso del retail, modelo de grandes tiendas, desarrollan una línea de negocio, en el que la población colombiana tiene adicional a la venta de bienes, la tarjeta de crédito para adquirirlos. / From 1990's, Colombia started a long road into economical liberalization and search to attract Foreign Direct Investment, as a method for economical growth. Nevertheless, only beginning 2007 we see materialized a more concrete progress, after a planning carried out by the State, public entities and the Social and Economical National Politics Council (CONPES), a new action framework is defined in order to promote the country as an economy attractive for foreign capital. As result, there are modifications to the Colombian legislation, a regulatory and a financial reform. Simultaneously, there is an important increase in investment in Colombia, making Chile the place of origin of most part of these capitals who with the retail introduction, a great shop model, a business line is develop, by which Columbian population has besides to the selling goods, the credit cards to buy them.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El trato justo y equitativo es un principio integrante y fundamental del Régimen Jurídico aplicable a las inversiones extranjeras por parte del Estado receptor de la inversión. Este principio es componente esencial de los más importantes Acuerdos de Promoción y Protección a las Inversiones. Asimismo, todos los Tratados de Libre Comercio incluyen una cláusula de “tratamiento Justo y Equitativo” en los capítulos referidos a la Inversión Extranjera que hacen aplicación de este concepto, pero sin entregar una definición. El carácter de Principio del trato justo y equitativo ha surgido principalmente a la luz de los Acuerdos de Inversión Bilaterales y la jurisprudencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Entregar un concepto unívoco de éste principio es un ejercicio que puede resultar imposible de lograr. Diversos son los intentos que han existido por parte de la doctrina y jurisprudencia sobre la materia, pero sin duda no se ha logrado configurar una definición que abarque por completo su significado. La dificultad viene dada por la basta aplicación que se le ha otorgado a este concepto, apareciendo en las primeras negociaciones de Tratados Multilaterales e Instrumentos de Inversión y hoy en día como un capítulo obligado en los Tratados de Libre Comercio, lo que se expondrá en el párrafo 2 de esta memoria. Por otra parte, la interpretación que se la ha dado a la cláusula de “tratamiento justo y equitativo” es muy diversa. Tanto la jurisprudencia de los tribunales arbítrales, como la interpretación realizada por la doctrina, no han sido contestes en una sola definición o noción. Una primera aproximación a este concepto nos permite señalar que este principio es un estándar de comportamiento exigible al “Estado receptor” de la inversión extranjera, en virtud de la cual está obligado a otorgarle un trato justo y equitativo. El problema se suscita al buscar el real contenido de este estándar. La discusión se ha concentrado principalmente en saber cuál es su fuente. Alguna interpretación lo relaciona con las Normas Mínimas del Derecho Internacional Consuetudinario, otros en Normas de Derecho Internacional surgidas a la luz de los capítulos referidos a las Obligaciones de Protección a la Inversión Extranjera incluidos en la generalidad de los Tratados Internacionales o en los Principios Generales del Derecho. Existe una última interpretación que sostiene que el trato justo y equitativo es un principio autónomo, de origen independiente y que se ha desarrollado a la luz de los Tratados Internacionales y Acuerdos de Protección y Promoción a la Inversión Extranjera (APPIs). El significado de este estándar de comportamiento exigible puede no ser el mismo en todos los tratados y acuerdos en los cuales se contiene. Su interpretación se puede ver afectada por las circunstancias en la cual se aplica, desde la forma en como esté redactado el acuerdo o tratado, su contexto, la historia de su negociación o las indicaciones que cada una de las partes pueda haber efectuado. En todos los acuerdos y tratados que se ha incorporado el trato justo y equitativo se ha redactado sin precisar su significado ni delimitando su contenido. Se ha señalado que la falta de precisión en la redacción de este estándar y la ambigüedad de su contenido, es intencional, otorgando a quienes le corresponde su posterior interpretación frente a un determinado conflicto, la posibilidad de adecuar su contenido mínimo, otorgando mayor flexibilidad, y por lo tanto posibilitando su adaptación a realidades no previstas al tiempo de la suscripción del tratado. Sin perjuicio de las ventajas que puedan resultar del carácter “flexible” de este concepto, para efectos de su interpretación y aplicación, esta forma de redacción atenta contra uno de los principios jurídicos fundamentales de toda la legislación internacional, la seguridad jurídica. Se entrega a los tribunales la posibilidad de justificar sus fallos en un uso arbitrario del concepto, adecuándolo a los intereses de una u otra de las partes en conflicto. Según los críticos del trato justo y equitativo esa es su principal deficiencia, lo que ha llevado a que este principio, en opinión de parte importante de los autores, pierda relevancia. Es esta indeterminación del concepto del trato justo y equitativo lo que motiva este trabajo. Su finalidad es que el lector pueda tener una visión global de este principio, analizado desde diversas perspectivas y lograr entender cual es el real estándar de comportamiento que se le exige al Estado Receptor de la inversión extranjera, examinando los principales elementos que la jurisprudencia ha establecido como integrantes del estándar del trato justo y equitativo. En la segunda parte del trabajo analizaremos este principio en relación con el Régimen Jurídico Chileno y a la luz de los acuerdos de protección y promoción de inversiones, y tratados de libre comercio suscritos por nuestro país. En este contexto, se hará especial hincapié en la jurisprudencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que ha afectado los intereses de nuestra nación, en particular el laudo.

Magíster en Estrategia Internacional y Política Comercial / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Este estudio pretende mostrar desde una perspectiva teórica y descriptiva la relación que tiene la inversión extranjera directa –IED- con los procesos de integración económica. Para esto, utilizamos como ejemplo el desarrollo de la inversión directa de Chile en Colombia, México y Perú mostrando cómo ha servido de instrumento para fortalecer la integración a la luz de la Alianza del Pacífico. Los resultados de esta investigación establecen, básicamente, que el desarrollo de la inversión extranjera directa, se ve fortalecido por procesos de integración económica y a la vez, esto ha generado que componentes de la IED puedan ser usados como instrumentos para favorecer procesos de integración económica, como lo es la Alianza del Pacífico. / This study aims to show from a theoretical and descriptive approach the relationship between foreign direct investment -FDI- and economic integration processes. We use the case of Chilean direct investment in Colombia, Mexico and Peru to expose its importance in strengthening of economic integration in the light of the Pacific Alliance. The results of this research provide basically the development of foreign direct investment, is strengthened by economic integration and in turn, this has led to FDI components can be used as tools to encourage processes economic integration, such as the Pacific Alliance.

Memoria (magíster en derecho internacional, inversión, comercio y arbitraje internacional) / Climate change is a reality and its adverse effects are already evident. Today, it is undeniable that temperature is rising, glaciers are melting, precipitation patterns are changing, producing heavy rains and floods in some regions; and droughts and desertification in others. As a result of these alterations in the climate, natural ecosystems and human life are being affected. Awareness with regard to the negative consequences of climate changes, the international community has established specific environmental policies and concluded international agreements so as to mitigate and avoid the occurrence of these outcomes. In this respect, the most important instruments addressing this issue are United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol, which aim at limiting greenhouse gas (GHG) emissions from Member States through the establishment of emission reduction targets, based on the principle of common but differentiated responsibilities. The Kyoto Protocol also created three mechanisms: The Emission Trading System (ETS), the Joint Implementation (JI) and the Clean Development Mechanism (CDM). The first two mechanisms can be used exclusively by industrialized countries to meet their binding reduction requirements. While the CDM is the only tool for coping with climate change that allows the participation of developing and least developed countries in environmental mitigation activities. This fact is considered a limitation of the current climate regime since these countries are more vulnerable to dangerous impacts of climate change due to their economies depend greatly on the exploitation of natural resources and they have limited or no financial and technological capacity to respond effectively to this challenge.

Tesis (magister en derecho internacional) / The recent globalized economy, and the substantial number of bilateral and multilateral agreements that have been signed, have become a constant incentive to foreign investors willing to invest in a host State. For its part, the host State is also concerned with investments, specifically with the restraint on its regulatory powers when it is in compliance with its treaties. Many countries today receive a great amount of foreign direct investment (FDI). It is this substantial level of FDI that is part of the source of the rapid development of countries we see these days. The idea of State expropriation is an act which is recognized in the international plane, which it is established pursuant the public interest and its requirements. The problem arises when the act does not regard a direct taking which is “more noticeable”, but appears certain conducts of the State disguised as “measure pursuant the public interest”, when actually is trying to control or deprive the investor form its peaceful enjoyment of its assets without the proper compensation. I will deal with the different concepts of expropriation, indirect expropriation in its different forms, such as regulatory takings, creeping expropriation, and measures tantamount to expropriation in order to establish how government’s measures take place and harm private owners. I will analyze the current treaties on investment, the principles that can be extracted in today’s BIT and Regional Agreements such as NAFTA, and the main problem of the lack of a concrete definition of expropriation, which today is saved by the principles of international customary law. Then I will analyze the denominator problem, which deals with the dilemma Courts face when determining the extent of damage to the property owner’s assets, which may regard a compensable act of expropriation, the way courts try to define the relevant parcel affected by the government’s measure, and if that harm amounts a damage to the investment, great enough to be compensable, or simply regards a burden, the investor must bear, in order for the State to fulfill the public interest. Finally I will analyze the recent jurisprudence regarding foreign investor claims against outright deprivations by the host State, and the evolution of the diverse concepts and principles extracted of those awards. To summarize I will establish when the State has the legitimacy to affect foreign private property, under what circumstances can do so, when privates have been affected in their property, in a way that entitles them to compensation for the harm caused by the State, when can we talk about expropriation or indirect expropriation of investment (affectation of property at its core and to its periphery), and finally what are the principles that can be extracted through the different treaties signed, the diverse concepts regarding indirect expropriation and of the recent jurisprudence on these muddied matters judges are somewhat reluctant to address in the international plane.