El sistema de inversión pública en el Perú ha pasado del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), creada el año 2000, al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE), creado el año 2016. Los principales cambios, considerados para el presente estudio, dados en el sistema de inversión vigente, fueron sobre las funciones de las Unidades Formuladoras y las Unidades Evaluadoras, que pasaron a ser ejecutadas en una misma área, y denominándose solo Unidades Formuladoras; asimismo, se produjo la distinción de las inversiones y los proyectos de inversión, creándose las IOARR (Inversiones de Optimización, Ampliación marginal, Rehabilitación y Reposición). Por ello, se propone estudiar el impacto de estos cambios en el tratamiento de las inversiones en salud formuladas a través de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Lima (GRDS-GORE Lima) , en los periodos 2009-2012 y 2017-2019, se eligió realizar el estudio sobre los proyectos de salud, por ser el sector, a nivel del sistema de inversiones, que se encuentra con mayores parámetros y metodologías de desarrollo de los estudios de pre inversión, con mayores herramientas técnicas para ser formulados y por ser un sector que brinda uno de los servicios básicos y de manera masiva a la población. El cambio de la normativa de inversiones a nivel nacional ha modificado la comunicación existente entre las Unidades Evaluadoras y Formuladoras, por otro lado, las capacidades técnicas de los formuladores y evaluadores gira entorno a las nuevas funciones establecidas y a pesar de los cambios se han mantenido las modalidades contractuales de los mismos. Para el análisis de los cambios presentados en la normatividad de las inversiones públicas, en específico de las inversiones en salud, se ha recogido información a través del análisis de documentos de gestión de la Dirección Regional de Salud de Lima (DIRESA), la cual forma parte de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, así como la normatividad de inversiones dadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), investigaciones, entre otros. También se han realizado entrevistas semiestructuradas al personal formulador, evaluador y jefes de las Unidades Formuladora de la Gerencia de Desarrollo Social y Evaluadora Gobierno Regional de Lima; y a un “especialista en inversiones” del Ministerio de Economía y Finanzas. Como hallazgos de esta investigación, se tiene que la comunicación no formal paso a formar parte del proceso de evaluación de las inversiones en salud, dado que evaluadores y formuladores se encontraban dentro de la misma área; asimismo, a pesar de la carga de la Unidad Formuladora, bajo el INVIERTE.PE, se continuó mantenimiento la modalidad contractual de los formuladores y la rotación alta de personal. La necesidad de interactuar con la DIRESA y la asunción del papel de evaluadores, llevo a los formuladores a adquirir mayor conocimiento para poder evaluar las inversiones y aunque esta se tornaba parcializada, pues dependía de las mismas personas tanto la formulación como la evaluación y ante la incorporación de las IOARR como inversiones con su relativa facilidad de formulación y evaluación, llevó a la Unidad Formuladora de la Gerencia de Desarrollo Social del GORE Lima a contar con mayor cantidad de inversiones IOARR, que proyectos de inversión pública, bajo el INVIERTE.PE.

Gestionar efectivamente la contratación y ejecución de obra pública en el Perú cuenta con dos principales oportunidades de mejora: índices altos de corrupción y excesiva burocracia. Superar dichas barreras permitirían al país contar con mejor infraestructura en diversos sectores tales como educación, salud, transportes. A su vez, lo mencionado permitiría atender oportunamente las necesidades del ciudadano, lo cual es fin primordial del Estado. En este sentido, se ha identificado la necesidad de implementar mejoras a los procesos de contratación pública. Por lo tanto, es menester estudiar y aplicar metodologías novedosas de contratación y ejecución contractual implementadas a nivel nacional e internacional. Es así como se decidió evaluar a los contratos New Engineering Contract (NEC) y su uso en la etapa de ejecución contractual en marco de la organización de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos desarrollados en Lima durante el 2019. Dichos contratos, según la literatura recabada y opinión de expertos, permitieron insertar agilidad y flexibilidad en la ejecución de los proyectos. Con ello, se pudo lograr el objetivo de construir recintos deportivos en plazos cortos e, incluso, con ahorro de costos. Ante lo anterior, se consultó con diversos grupos de interés sobre las diferencias que se perciben entre los contratos NEC y los contratos tradicionales. De los hallazgos de la investigación, se concluye que los contratos NEC poseen ventajas en comparación a los contratos tradicionales, debido a que son considerados ágiles, dinámicos, flexibles y con incentivo a la colaboración entre las partes involucradas. Por ello, su implementación en la industria de la construcción pública en el Perú sería positiva dado que se obtendría como resultado obras públicas en tiempos cortos y conmejor calidad. Asimismo, resulta importante ahondar en el estudio de dichos contratos para acoplarlos de manera óptima en la legislación nacional.

El presente trabajo de suficiencia profesional se enmarca en mi experiencia laboral dentro de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (UPPM) de la Unidad Ejecutora (UE) 003 – 1737, encargada de ejecutar el Programa de Inversión “Fomento y Gestión Sostenible de la Producción Forestal en el Perú” del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI. Este Programa de Inversión se enmarca a su vez en el Contrato de Préstamo y el Contrato de Aporte Financiero suscritos el año 2021 entre la República del Perú y el Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania (KfW). A lo largo del presente trabajo se desarrollará la elaboración de uno de los documentos más importantes respecto al Planeamiento Estratégico dentro de Programas de Inversión financiados a través de cooperación internacional u operaciones de crédito externo: el Plan Operativo Anual – POA. Este documento de gestión y planeamiento estratégico es a su vez solicitado a las Unidades Ejecutoras de Programas financiados por los diferentes organismos internaciones de cooperación bilateral y multilateral como el BID, BM, BIRF, KFW, JICA, GIZ entre otros. Dichos organismos cooperantes solicitan este documento de gestión de forma anual, necesario para la ejecución estratégica de la inversión, donde el principal propósito es programar las actividades necesarias de forma estratégica haciendo uso de los recursos financieros del préstamo (ROOC) así como de los recursos provenientes de la contrapartida nacional (RO), con la finalidad de cumplir los objetivos de los Programas.

Desde su concepción las IPC tuvieron como objetivo principal, la atención de las demandas sociales en la provisión de la infraestructura pública y la prestación de servicios públicos mediante una colaboración o asociación público – privado. El Estado soportaría al privado en la financiación de aquellos proyectos de alta rentabilidad social pero escasa o nula rentabilidad económica. No obstante, los altos costos de transacción y demoras que involucra la tramitación de las IPC, ha generado grandes cuestionamientos sobre la idoneidad de la herramienta, más aún si habiendo transcurrido más de 5 años desde su creación formal, hasta el momento no hay ejemplos de proyectos adjudicados mediante IPC. El presente trabajo de investigación analiza las posibles causas de los problemas e inconvenientes que enfrenta las IPC, así como las fortalezas y oportunidades que dispone para lograr su objetivo de reducción de brechas de infraestructura y servicios públicos / Tesis

Las evidentes deficiencias en la provisión oportuna de bienes y servicios públicos por parte del Estado, así como las brechas tangibles de infraestructura pública, no hacen más que reforzar la percepción de que la gestión pública se encuentra en crisis. El Estado no ha sido capaz de mejorar la regulación y procedimientos subyacentes en la producción de bienes públicos indispensables para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos o de la competitividad. Por ello, el presente Trabajo de Suficiencia Profesional (en adelante, TSP), tiene por objeto presentar a partir de la experiencia profesional ganada como asesora de alta dirección y directora en el Ministerio de Transportes, una aproximación de las principales razones por las que los grandes proyectos de infraestructura en el país presentan constantes dilaciones y problemas en su ejecución. Este diagnóstico se obtuvo a partir del seguimiento y monitoreo de proyectos, siendo también objetivo de este documento demostrar que a partir seguimiento y monitoreo de proyectos es posible generar evidencia para la formulación de reformas sustanciales en la gestión de la infraestructura pública en el país. En particular, este TSP se centrará en la experiencia lograda en dicho ministerio durante los años comprendidos desde el 2018 al 2020, encontrando como principales hallazgos la necesidad de contar con equipos de alto nivel especializados para el destrabe de proyectos y la necesidad de estandarizar procedimientos para mejorar la gestión de infraestructura en el sector transportes y en los demás sectores.

El presente es un Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) elaborado a fin de obtener el Título de Licenciado en Economía, en base a los estándares establecidos por la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP. Hace un recuento general sobre mi experiencia como especialista de seguimiento y gestión de compromisos entre los años 2017 y 2022, desenvuelto en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, entidad responsable a nivel nacional de la gestión y solución de conflictos sociales. El TSP presenta los resultados de la sistematización de los compromisos asumidos por el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, a fin de apaciguar los controversias o conflictos sociales en las zonas aledañas al Corredor Vial Sur, también conocido como Corredor Minero. Tarea de suma importancia a fin de contar con cifras certeras sobre la magnitud del costo total adquirido por el Estado a fin de mantener la paz social en lugares propensos a la conflictividad y estratégicos por ser parte del área de influencia directo o indirectas de grandes yacimientos mineros.

En el Perú, la explotación de recursos naturales no renovables (minería, gas y petróleo, principalmente) genera al Estado recursos tributarios, que se transfieren a los gobiernos subnacionales en calidad de Canon; para invertirse en el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura. Sin embargo, dicha inversión parece no haber tenido un impacto deseado. El presente proyecto busca plantear alternativas de solución al problema: Reducida eficacia y eficiencia de la Inversión Pública financiada con los fondos provenientes del canon gasífero en la Municipalidad Provincial de La Convención durante los años 2007- 2019. Al analizar las causas del problema definido, se han encontrado que éstas se deben principalmente a tres motivos: i) corrupción; ii) clientelismo; y iii) débil capacidad institucional. En ese sentido, en el presente documento se presenta tres mecanismos como alternativas de solución al problema encontrado: Un Programa de Fortalecimiento de Capacidades, la implementación de un Fondo de Soberano de Inversión (FSI) con recursos del canon y la implementación de un modelo de Integridad; que busca mitigar el riesgo de corrupción. Si bien el estudio de caso presentado, es sobre una Provincia del Departamento del Cusco; pero debido a que la normativa de uso y distribución del Canon tiene alcance a todos los gobiernos subnacionales; las conclusiones del Proyecto tienen alcance nacional. Respecto al análisis de factibilidad, se ha determinado que existen capacidades organizativas e infraestructura virtual y de E-learning en el Estado, para implementar las diferentes soluciones propuestas en lo relacionado a la generación de capacidades; así como respecto del modelo de Integridad. Sin embargo, del análisis de deseabilidad se han determinado algunos obstáculos iniciales, como es un aparente recorte de las transferencias de recursos del Canon; que podrían generar protestas de algunas poblaciones afectadas, por lo que el Fondo Soberano se podrá implementar, cuando el escenario económico así lo permita. / In Peru, the exploitation of non-renewable natural resources (mining, gas and oil, mainly) generates tax resources to the State, which are transferred to subnational governments as Canon to invest in the finance or co-finance of infrastructure projects. However, this investment does not appear to have had a desired impact. This project seeks to propose alternative solutions to the reduced effectivity and efficiency of Public Investment financed with funds from the gas canon in the Provincial Municipality of La Convencion during the years 2007-2019 When analyzing the causes of the defined problem, it has been found that these are mainly due to three reasons: i) corruption; ii) clientelism; and ii) weak institutional capacity. In this sense, this document presents three mechanisms as alternative solutions to the problem encountered: A Program to Build Capacities, a Sovereign Wealth Fund (SWF) with canon resources and the implementation of an Integrity model; that seeks to mitigate the risk of corruption. Although the case study presented is about a Province of the Department of Cusco; but because the regulations for the use and distribution of the Canon are applicable to all subnational governments; the conclusions of the Project are national in scope. Regarding the feasibility analysis, it has been determined that there are organizational capacities and virtual infrastructure and E-learning in the Government, to implement the different solutions proposed in relation to the generation of capacities; as well as with respect to the Integrity model. However, the desirability analysis has identified some initial obstacles, such as an apparent cutback in Canon's resource transfers; that could generate protests from some affected populations, so that the Sovereign Wealth Fund may be implemented, when the economic scenario allows it.

La literatura peruana sobre la maldición de los recursos (MDR) ha descuidado la dimensión del capital humano. El presente estudio aporta evidencia para la discusión sobre los retornos de la actividad minera sobre la formación de capital humano en las localidades desde una perspectiva institucional. Argumentamos que es altamente probable que los efectos del Canon minero sobre la educación sean heterogéneos y que la dirección del efecto dependa del contexto institucional, en particular, de la democracia participativa y la competencia política. Para evaluar ello utilizamos un modelo de clase latente que define regímenes de formación de capital humano y la probabilidad de pertenecer a cada uno de ellos. Los resultados sostienen, de manera significativa, la hipótesis de que la democracia participativa y la competencia electoral contribuyen a mitigar los síntomas de la MDR.

La presente investigación es un estudio de caso: El Puente Chilina. Este proyecto de infraestructura era parte de una política pública que pretendía dar solución a la problemática descrita líneas arriba. Pero también era un controvertido proyecto por su costo y la ingeniería requerida. Su anhelada ejecución empezaría a mediados del año 2009, no obstante esta no se llevó a cabo. Por lo que se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de los problemas de implementación del Proyecto Puente Chilina por el Gobierno Regional de Arequipa?

La limitada ejecución de inversiones y paralizaciones de obras públicas se constituyen en una problemática constante en el sector público del Perú. Entre 2009 y 2020, la tasa de ejecución promedio del presupuesto para inversiones a nivel nacional fue de 69 por ciento, alcanzando un 67 por ciento a nivel de gobiernos regionales, y un 71 por ciento en el Gobierno Regional de Junín, particularmente. Al 2020, a nivel nacional se registraron 395 obras paralizadas en todos los niveles de gobierno, los que suman inversiones por S/ 3,3 mil millones, de los cuales el 20 por ciento de obras pertenecían a gobiernos regionales. En dicho año, el Gobierno Regional de Junín reportó 9 obras paralizadas, cuyo monto de inversión ascendía a S/ 210,3 millones. El presente estudio plantea como problema público a las demoras en la ejecución de obras públicas en el Gobierno Regional de Junín en el periodo 2018-2020, encontrando entre sus principales causas a la deficiencia en la formulación de expedientes técnicos, ineficiente gestión en el desarrollo de los proyectos, déficit de personal técnico especializado, y una baja capacidad técnica de empresas consultoras. Luego de realizar una jerarquización de causas, y el análisis de las medidas previas adoptadas por el Estado, se determinó que el “ineficiente seguimiento de proyectos”, como parte de la deficiente gestión de proyectos, se constituye en la causa a abordar en el estudio. La propuesta de innovación para hacer frente al desafío, plantea un sistema de seguimiento de obras públicas colaborativo durante su fase de ejecución en el Gobierno Regional de Junín, a través de dos componentes: Organización y fortalecimiento de capacidades y ii) plataforma de seguimiento de proyectos. Este sistema de seguimiento servirá como instrumento para reducir el tiempo de demoras y paralizaciones, desde la elaboración de los términos de referencia relacionados al expediente técnico hasta la finalización de la ejecución física de la obra, a través de la disposición de una base de información confiable y oportuna que permita una mejor toma de decisiones.