El trabajo de investigación se divide en cinco partes. La primera parte así como la segunda estarán destinadas a describir el marco conceptual general del arbitraje, en cada uno de sus alcances y caracteres más relevantes para así poder conocer mejor esa institución como mecanismo de resolución de conflictos y situar al lector en el marco del arbitraje y su aplicación en el Perú a fin que el lector tenga una idea clara de cómo opera el arbitraje en nuestro país. Además, para poder entender el mecanismo del arbitraje de consumo es necesario que explicar primero que es el arbitraje y cómo opera el mismo para poder guiar el posterior análisis del autor y la comprensión de la tesis por parte del lector. La tercera parte buscará dar una visión de la aplicación del sistema del arbitraje de consumo en general así como de sus principales caracteres y la normativa que lo regula en nuestro país. Asimismo se plantean a lo largo de ambas secciones las principales ventajas pero también las principales falencias y defectos del sistema de arbitraje de consumo, las cuales se proceden a analizar de manera minuciosa, con el fin de que el lector conozca las mismas, se empape del tema y se forme un criterio propio acerca de la verdadera viabilidad, funcionalidad y eficacia que podría tener la implantación de dicho sistema en nuestro país. Dicho análisis va acompañado de la más completa denotación de casos y supuestos varios del derecho extranjero que demuestran porque en algunos casos resulta eficaz éste sistema de arbitraje de consumo y en otros no. El objetivo es identificar las ventajas, pero también las debilidades de éste sistema. Finalmente la cuarta parte de la tesis está dedicada al análisis de cada uno de los problemas y debilidades citados en el sector cuarto con su contraparte de resultado y propuesta de mejora. Ya que la idea de la presente tesis es identificar cómo operaría éste sistema en nuestro país en comparación con otras legislaciones y determinar a raíz de ello y del análisis de su naturaleza y caracteres particulares si el mismo sería viable y funcional en nuestro país a la luz de nuestra legislación vigente en materia de protección al consumidor. En la medida de lo posible se tratará de contar con información cuantitativa en cuanto a jurisprudencia y resoluciones de casos para que la comparación no se haga solamente a nivel de texto legal. Esto serviría para completar el análisis con una comparación de las experiencias internacionales con la peruana. El objetivo es dar recomendaciones a las falencias y errores identificados, teniendo como sustento otros sistemas que tienen mayor eficacia. / Tesis

El desarrollo de la presente investigación, respecto a la metodología utilizada, se enfoca desde una perspectiva teórico-dogmática. Tiene como objetivo general determinar si los derechos económicos, sociales y culturales (a los cuales denominamos derechos sociales), a diferencia y de forma complementaria a los derechos civiles y políticos, tienen o gozan de eficacia jurídica, es decir, si son, por un lado: a) jurisdiccionalmente tutelables en sede ordinaria y constitucional sólo a partir de su reconocimiento constitucional; b) vinculantes y obligatorios de forma directa al Estado y los ciudadanos. O, por lo contrario, c) requieren de un requisito adicional o satisfacer una condición para ser tutelados y exigidos jurisdiccionalmente, o vinculantes frente al Estado y terceros. El tema de investigación es «la eficacia jurídica del contenido prestacional condicionado de los derechos sociales». De donde se desprende la pregunta general, la misma se ha elaborado en los siguientes términos: ¿tiene eficacia jurídica el contenido prestacional condicionado de los derechos sociales? Como alternativa de solución, y como hipótesis a la pregunta se plantea: Hipótesis específica: “Cuenta con eficacia jurídica el contenido «prestacional» condicionado de los derechos sociales y no depende del bienestar económico (disponibilidad económica)”. Nuestra alternativa, propone que los derechos sociales prestacionales condicionados de forma independiente, al margen de la disponibilidad económica, si cuentan con eficacia jurídica, y esta se inicia en su reconocimiento normativo. Para nosotros, nuestra propuesta es la más acertada, en tanto reconoce el carácter vinculante de los derechos sociales, con independencia de las condiciones económicas, ya que el derecho social será de obligatorio cumplimiento a partir de su reconocimiento constitucional, y este podrá ser tutelado, exigido frente a un acto lesivo que impida su goce (derechos no prestacionales o incondicionados), o cuando falte las condiciones que viabilicen su goce (derechos prestacionales condicionados). En el último caso, la eficacia está dirigida a los poderes públicos para que institucionalicen el derecho social, establezcan las condiciones que hagan realizable el derecho. De tal modo, el derecho social es jurídicamente vinculante desde su incorporación en el orden jurídico. La hipótesis que planteamos se confirma con la interpretación de las disposiciones constitucionales que regulan los derechos fundamentales sociales, de donde se deriva su eficacia jurídica directa así como su función de informar y orientar las actividades del Estado; y de otro lado, la Constitución prescribe funciones estatales en materia económica y financiera y de prestación de servicios públicos, funciones que son de obligatorio cumplimiento en razón de la fuerza normativa constitucional. Además, nuestra hipótesis tiene sustento en las sentencias interpretativas emitidas por el Tribunal Constitucional peruano, en las cuáles con ocasión de resolver procesos de inconstitucionalidad ha exhortado a los poderes públicos para que habiliten partidas presupuestarias o emitan una normatividad bajo parámetros determinados. Para arribar a esta conclusión se ha desarrollado un marco teórico que nos permite delimitar y fundamentar la propuesta planteada, el mismo que se ha desarrollado en IX Capítulos. Finalmente, arribamos a las conclusiones, proponemos algunas recomendaciones y culminamos con la bibliografía, la misma que está dividida en libros, revistas y jurisprudencia nacional e internacional.

Es una verdad ampliamente aceptada en la doctrina, el hecho de que el proceso es el "eslabón perdido" del sistema de tutela sustantiva de derechos, en el sentido que aquél garantiza la exigibilidad o justiciabilidad de los derechos materiales o sustantivos, lo cual calza plenamente con su naturaleza instrumental, pero que a su vez tiene un efecto "reflejo" en el núcleo duro de las políticas instrumentadas por el Estado para lograr sus fines últimos; esto en materia de la Constitución Laboral encuentra plena sintonía con las líneas de trabajo de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Trabajo Decente y Buenas Prácticas Laborales. En ese sentido, el presente trabajo plantea indagar como una política procesal "pura" (la reforma del proceso laboral) puede influir o tener incidencia en la médula de las políticas sociales consensuadas respecto de las Buenas Prácticas Laborales. / Tesis

La motivación para desarrollar el presente trabajo responde a la importancia de identificar un medio que permita que el actuar empresarial, no afecte el derecho a la protección datos personales del trabajador, el que en muchas ocasiones puede ser objeto de vulneración, no necesariamente voluntaria por parte de la empresa. Al respecto, se analiza el régimen jurídico de la libertad de empresa en el Perú, precisándose las facultades de las que ésta goza de manera general y en el ámbito de la relación laboral, específicamente y se examina si existen limitaciones al ejercicio de dicho derecho en el ámbito laboral, analizándose de qué manera se podrían evitar las injerencias del poder de la empresa frente al trabajador y a la vez salvaguardar la libertad de empresa. Cabe indicar que el presente trabajo desarrolla el contenido del derecho a la protección de datos personales del trabajador, mostrándose de un lado prácticas empresariales que pueden afectarlo y de otro lado, estándares de prevención internacional, que siguen empresas para no vulnerarlo. En consecuencia, el presente trabajo propone el ejercicio del ejercicio del derecho al olvido, como un mecanismo para evitar que ciertas prácticas empresariales vulneren el adecuado tratamiento de los datos personales de los trabajadores. / Tesis

Tesis

La presente investigación, analiza la normativa de las medidas legales adoptadas por el Gobierno en el proceso de formalización minera entre los periodos del 2012 al 2017, con el propósito de poder determinar cuáles son los criterios adoptados por el Estado Peruano en la lucha contra la informalidad en las actividades mineras de pequeña escala y, verificar, si estos mecanismos han contribuido a la efectiva erradicación de la misma. En esa línea, con el Primer Capítulo se busca explorar las diferencias existentes entre cada categoría de clasificación de los productores mineros en el Perú, mediante la evaluación de los criterios de clasificación por el Estado. Luego hará mención al nexo existente entre los pequeños productores mineros y los mineros en proceso de formalización, a fin de determinar la viabilidad de su adscripción a dicha categoría. El Segundo Capítulo, analizará la evolución política y legislativa de la formalización minera, de los periodos contemplados entre el año 2012 al 2017, para luego mencionar a algunos de los principales entes rectores relacionados con la minería de pequeña escala y su rol en el proceso de formalización. El Tercer Capítulo se desarrollará brevemente los instrumentos ambientales suscitados durante el proceso de formalización, acorde a la línea de tiempo de este estudio. Finalmente, el Cuarto Capítulo abarcara los puntos de impactos, beneficios y propuestas de solución a la informalidad minera en nuestro país. En conclusión, los criterios de clasificación aún no han sido establecidos claramente por parte del Estado, y por tanto son ambiguos para determinar una adecuada categorización. La simplificación administrativa aplicada por el Gobierno ha sido positiva en algunos aspectos, ha dejado de lado otros importantes como el ordenamiento territorial en los lugares donde se desarrollan estas actividades, retornando a una gestión sectorial poco beneficiosa para la erradicación de la informalidad minera. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación analiza la situación actual de la implementación de las Defensorías Universitarias en el país a partir de la promulgación de la Ley Universitaria 30220 en julio del 2014. A partir de ésta, las universidades se ven en la necesidad de adecuarse tanto para obtener el Licenciamiento como la implementación de la Defensoría Universitaria que es supervisada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Para el presente estudio se han considerado las universidades que han obtenido su Licenciamiento y se encuentren en la ciudad de Lima. A través de una metodología cualitativa se han realizado ocho entrevistas semiestructuradas a los Defensores Universitarios de estas universidades para obtener información acerca de su gestión, casos atendidos, procesos, normativa, dificultades y mejoras. El análisis de los resultados muestra que cada Defensoría Universitaria mantiene una estructura organizativa propia; asimismo, existe una tendencia a priorizar la atención a los estudiantes y no necesariamente a toda la comunidad universitaria; al mismo tiempo, la SUNEDU se limita a una relación operativa que deja de lado temas como el acompañamiento, la formación o la retroalimentación de las Defensorías. / This research paper analyzes the current situation of the implementation of University Defenders in the country since the enactment of Law 30220 about Universities in July 2014. Since then, universities had to adapt both to obtain the Licensing and the implementation of the University Defense Office, which is supervised by the Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria (SUNEDU). For the present study we have considered the universities that obtained their Licensing and are located in the city of Lima. Using a qualitative methodology, eight semi-structured interviews were conducted with these university ombudsmen to obtain information on their management, cases, processes, regulations, difficulties and improvements. The analysis of results shows that each University Defense Office maintains its own organizational structure; also, there is a tendency to prioritize attention to students and not necessarily to the entire university community; at the same time, SUNEDU is limited to an operational relationship that leaves out issues such as accompaniment, training or feedback from the Defense Offices. / Tesis

Determina las distorsiones a los beneficios laborales desde el análisis jurídico y práctico para proponer los cambios legislativos que resulten pertinentes. Los beneficios laborales en Perú tienen un reconocimiento tanto a nivel constitucional como a través de normas específicas que regulan sus alcances. En la Constitución Política Peruana en su artículo 24º señala, que el pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador (Constitución Política, 1993). Asimismo, nuestra legislación contempla diversos beneficios laborales entre los que figuran; las gratificaciones de fiestas patrias y navidad (Ley N° 27735), la asignación familiar (Ley N° 25129), el seguro de vida ley (Dec. Leg. N° 688), las utilidades (Dec. Leg. N° 892) y la compensación por tiempo de servicios (TUO del Dec. Leg. N° 650). / Tesis

Resumen: No es novedad la pretensión de objetivar las valoraciones jurídico-penales en el tratamiento de los delitos. Sí lo es que a las restricciones de los derechos fundamentales se les exija legitimación que, a decir del autor, encuentra contenido material en la lectura constitucional de la actuación de operadores de justicia y restricción o limitación de los derechos fundamentales del involucrado en un suceso de riesgo prohibido a título de delito imprudente. El autor denuncia, en los casos que presenta, la manipulación de personas a quienes se les lesionó la dignidad y otros derechos cuando fueron sometidas a un proceso que eventualmente produjo sentencias condenatorias o declaración de culpabilidad que se enmarcan en procesos penales que califican de meros rituales. / Abstract: It is not new the attempt to make legal assessments more objective in the treatment of crimes. However, it is new to require the limitation to restrictions on fundamental rights. According to the author, the content of this limitation is located in the constitutional interpretation of judges and prosecutors and in the restriction or limitation of fundamental rights of the accused of a negligent crime. In the cases presented by the author, he denounces the manipulation of people that had their dignity and other rights injured when they were subjected to a trial that declared them guilty under criminal proceedings which are mere rituals. / Tesis

La institución de la legítima sucesoria está basada en los nexos familiares y el soporte económico que debe tener toda institución familiar. Esta consiste en reservar una parte del patrimonio del causante, con la finalidad de destinarla a sus familiares cuando se abra la sucesión. La ley establece una obligación que impide al titular la disposición de una parte de su patrimonio a título de liberalidad y establece una expectativa de derecho a participar en la herencia en favor de los familiares cercanos del causante cuando este muera. Por mucho tiempo, desde sus orígenes en Roma y Germania hasta fines del siglo pasado, la legítima no era cuestionada e incluso la participación de los descendientes del causante en el patrimonio de sus padres, al abrirse la sucesión, se aceptaba como una suerte de derecho natural. Sin embargo, en el presente, la legítima está siendo cuestionada por razones de orden constitucional, en tanto que violentaría el derecho a la libertad de las personas y, en particular, el derecho a la propiedad. Además, se señala que no estaría cumpliendo con su fin de atender a los parientes necesitados del causante. La presente tesis propone mantener la legítima, pero con cambios sustantivos que conduzcan a proteger a las personas dependientes del causante y que, a la muerte de éste, sigan en situación de vulnerabilidad. La razón de ser de la legítima debe descansar en un deber de solidaridad familiar que permita a las personas pertenecientes al entorno del causante y dependientes de él seguir gozando de protección luego de su muerte a través del patrimonio dejado. Esta institución se denomina “legítima solidaria”. / The institution of the legítima sucesoria is based on family ties and the financial support that every family institution should have. It is about reserving a part of the estate of the deceased, with the purpose of allocating it to their relatives when the succession is opened. The law establishes an obligation that prevents the owner from disposing of a part of his estate, by way of liberality. It also establishes an expectation of the right to participate in the inheritance in favor of close relatives of the deceased, which will occur when he dies. For a long time, from its origins in Rome and Germany until the end of the last century, the legítima was not questioned. Even the participation of the descendants in the patrimony of their parents when the succession was opened, was accepted as a natural right. However, in the present, the legítima is being questioned for reasons of constitutional order, as the violation of the right to freedom and, in particular, of the right to property. In addition, it is stated that it would not be fulfilling his purpose of caring for the relatives in need. This thesis proposes maintaining the legítima, but with substantive changes that lead to protect the dependents of the deceased, and tha tremain in a vulnerable situation at the time of his death. The reason for the existence of the legítima must rest on a duty of family solidarity, which allows people belonging to the environment of the deceased and dependent on him to enjoy protection after his death through the estate left. This institution is called solidary legítima. / Tesis