Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Es en la década de los años setenta cuando surge una preocupación jurídica por el consumo y el consumidor. Hasta entonces se entendía el consumo como un fenómeno estrictamente económico, de forma que, si se regulaba convenientemente la libre competencia, el consumidor tendría plenamente resueltas sus aspiraciones, demandas e intereses. Sin embargo, la necesidad de que el consumidor sea protegido es consecuencia del reconocimiento de que existe una gran masa que al realizar las operaciones normales de la vida diaria, referidas principalmente a la adquisición de bienes y servicios, no están en condiciones de conseguir por sí solas las calidades y precios adecuados, o dicho de otra forma, no existe equilibrio entre la posición que ocupa el consumidor en el mercado y la que ocupa la empresa organizada. Esta preocupación por el consumidor ha tenido acceso a las recientes constituciones, como es el caso de la portuguesa de 1976 y de la Constitución española de 1978, que en su artículo 51 establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Asimismo promoverán su información y educación, fomentarán sus organizaciones y las oirán en las cuestiones que puedan afectarles.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La dictación de la Ley Nº 20.123 vino, por un lado, a modificar la normativa aplicable al trabajo en régimen de subcontratación y, por otro, a regular las empresas de servicios transitorios, las que funcionaban hasta entonces sin una normativa específica. A su vez, la Organización Internacional del Trabajo en las reuniones 85ª y 86ª de la Conferencia Internacional del Trabajo, de los años 1997 y 1998 respectivamente, trató ambos temas, adoptando instrumentos jurídicos al respecto. De ahí que el objetivo del presente trabajo haya sido analizar la nueva Ley N° 20.123 a la luz de las directrices, principios o normas emanadas de la Organización Internacional del Trabajo, para determinar si el Estado de Chile está o no acorde con aquello. Esto se hizo tomando en consideración que la nueva ley se insertaba en un sistema de flexibilidad laboral ya existente en nuestro país, de ahí que el análisis se hiciera tanto desde el punto de vista del sistema de flexibilidad laboral, como desde el punto de vista de las libertades y derechos de los trabajadores afectos a las figuras de la subcontratación y de las empresas de servicios transitorios. Los resultados arrojados por esta investigación presentan el estado actual de esta problemática, permitiendo hacer una serie de reflexiones acerca del sistema de flexibilidad laboral imperante en el Derecho Chileno y sobre las libertades y derechos en juego, en el contexto de la nueva ley. Finalmente se generan propuestas para el fortalecimiento de determinados derechos y libertades, tomando como referencia sistemas de derecho comparado cuando corresponda.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo. / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta investigación consiste en realizar un análisis jurídico de las aristas estructurales del recurso de nulidad laboral, enfocadas en relación a las perspectivas doctrinarias y las orientaciones jurisprudenciales estudiadas. A partir de la búsqueda de un concepto de recurso y de nulidad procesal, en tanto impugnación y perjuicio cuya interpretación conjunta permitirá arribar a una noción de recurso de nulidad, se procede al análisis de la historia de las leyes que reforman el procedimiento laboral, especialmente centradas en el modelo de impugnación de las sentencias definitivas y su actual regulación. Posteriormente, se destina un capítulo dedicado a la determinación de las principales características del recurso, otro relativo a los principios propios que estructuran la formación del procedimiento hasta destinar uno sobre las resoluciones judiciales impugnables por esta vía. El sexto capítulo es uno de elemental importancia, ya que, gracias a la estructura anteriormente alcanzada, se pasará a analizar cada una de las causales existentes para incoar el recurso de nulidad, la determinación de su ámbito de impugnación, los límites en el conocimiento de los tribunales ad quem y los principales problemas empíricos sugeridos a partir del análisis de la jurisprudencia. Finalmente, mediante la identificación de los márgenes de la interposición formal del recurso y el procedimiento desde la presentación de la impugnación hasta la resolución de recurso, se pasa a definir las conclusiones de la investigación, hacia soluciones jurídicas respecto a la valoración de los hechos y la amplitud del margen de aplicación de este mecanismo de impugnación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Ley Nº 19.954, promulgada y publicada en el año 2004, fija un procedimiento especial para declarar la interdicción de una persona y designarle curador. Si bien la letra de dicha ley no lo explicita, tal procedimiento es de tipo no contencioso o voluntario, esto es, no implica conflicto entre partes. Es así que, contando con la inscripción de la discapacidad en el registro pertinente –llevado por el Servicio de Registro Civil e Identificación –con una simple solicitud ante el juez de letras competente de citar al discapacitado ante su presencia para realizar una audiencia personal, se puede obtener fallo favorable. Así, la entrevista descrita sólo sirve para corroborar la discapacidad. En el contexto de la misma causa debe ofrecerse un nombre para designar como curador del presunto interdicto. Ambas peticiones se resuelven en la misma sentencia definitiva.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Este trabajo explora la nueva regulación, comentando el articulado resultante de las modificaciones y materias relacionadas al medioambiente y libre competencia; sin embargo, su objetivo principal está en abordar el aspecto constitucional, que ha sido blanco de críticas por parte de la industria de las telecomunicaciones, señalando una posible inconstitucionalidad en la ley, dada por los efectos de retroactividad y tratamiento discriminatorio que tendría.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta tesis se analizan las reformas introducidas por la Ley N°20.600, que crea los Tribunales Ambientales, y su aporte como vehículo de acceso a la justicia ambiental, en comparación con los organismos que con anterioridad dirimían materias ambientales. Tomando en cuenta este objetivo, se estudian tanto las instituciones previas a la entrada en funcionamiento de los Tribunales Ambientales, que resolvían los casos atingentes y el modo por el cual impartían la justicia ambiental, como las instituciones que actualmente tienen competencia en la resolución de los conflictos ambientales. Posteriormente, se describen los elementos más relevantes de los Tribunales Ambientales: su composición, competencia y procedimientos. Una vez hecho lo anterior, se detallará si la introducción de los Tribunales Ambientales ha sido un aporte en el acceso a la justicia ambiental y si responde a las necesidades ciudadanas. Finalmente, se examinan otros modelos de solución de controversias ambientales a nivel de derecho comparado, sistematizando los mecanismos que eventualmente podrían ser utilizados en nuestro ordenamiento jurídico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo comprende la creación de una propuesta de Repertorio del “Título III: Disposiciones especiales”, el “Título IV: Del procedimiento a que da lugar la aplicación de esta ley y del procedimiento para la defensa del interés colectivo o difuso”, el “Título V: Del sello SERNAC, del servicio de atención al cliente y del Sistema de Solución de Controversias”, el “Título VI: Del Servicio Nacional del Consumidor”, y el “Título Final” de la Ley N° 19.496, promulgada el año 1997, la cual no se encontraba en la anterior versión del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil y sus leyes complementarias que data del año 1994. Para ello, en el marco del proyecto de Actualización de Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil y sus leyes complementarias, se realizó una compilación de sentencias, la que consideraba aquellos fallos de las Cortes de Apelaciones, Corte Suprema, Tribunal Constitucional y dictámenes de la Contraloría, dictados entre los años 1997 y 2010 relativos a la Ley N° 19.496. Una vez terminado el trabajo de recopilación se procedió a la creación del Repertorio de esta Ley, revisando su historia legislativa y agregando jurisprudencia destacada que permitiera una mejor comprensión de los artículos de la misma. Finalizada la búsqueda y sistematización de la jurisprudencia relevante, es innegable la importancia de las reflexiones v judiciales al momento de evaluar la aplicación de la ley a situaciones particulares. Junto con este trabajo se presenta una monografía que tiene como finalidad dar una mejor comprensión a las materias abordadas en los Títulos de la Ley N° 19.496 antedichos, analizando el desarrollo doctrinario y jurisprudencial sobre aquellos temas. La memoria finaliza con la inclusión, como anexo, de aquellas fichas realizadas por los autores dentro del Taller de Memoria

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde la puesta en marcha de la ley 20.084, el 08 de junio del año 2007, el sistema penal destinado a los adolescentes sufrió un gran cambio. Sin embargo, existen múltiples factores que debemos analizar atendiendo al tiempo transcurrido desde su entrada en vigencia para determinar si dicha reforma surtió efectos; en segundo lugar, si estos efectos fueron los deseados y, por último, si acaso el aparato estatal diseñado para dar respuesta a la necesidad de intervenir a los menores infractores de ley ha sido una herramienta útil, efectiva y real que esté a la altura de lo que se requiere en términos de reinserción social y rehabilitación. En este sentido, además de lo establecido por la ley 20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente, momento en el cual se hace una declaración de principios de este nuevo sistema penal, se fijaron sus penas –ciertamente menos gravosas que las establecidas para adultos que cometan los mismos delitos- se da cuenta del diseño de planes de intervención y equipos multidisciplinarios que traten a los menores, con todo lo que ello implica para que los menores infractores de ley retornen a la sociedad insertos en ella. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte las críticas son muchas, y no parece ser una solución convincente y efectiva al problema de los delincuentes menores de edad. Se abordará esta problemática desde distintos puntos, buscando identificar las falencias de un sistema que nació prometiendo un nuevo trato, el cual parece haberse ido diluyendo con el tiempo, la pregunta es ¿por qué?

Memoria (Licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El objetivo de esta memoria es analizar las infracciones a la Ley 19.496 o Ley de protección a los derechos de los consumidores, de modo tal de dejar en evidencia la ineficacia del sistema para prevenir la existencia de fórmulas contractuales que abiertamente infrinjan la norma protectora. La investigación se divide en cuatro capítulos. El primero describe el origen y modelo de negocios de las empresas de descuentos, se recopila información acerca de las denuncias que ha recibido en su contra y la normativa general que regula la materia. El capítulo II ahonda en las infracciones que existen en sus términos y condiciones presentes en su página web, y como se respetan o no la ley 19.496. En el capítulo III se analiza el actuar del Servicio Nacional del Consumidor en esta materia, y en qué ha derivado su proceder. Finalmente, el capítulo IV de los resultados del accionar de Sernac, analiza qué soluciones se podrían plantear para poder evitar las infracciones de las nuevas empresas de descuentos que surjan a futuro o de las nuevas formas de contratación derivadas del Comercio Electrónico