Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención derecho penal) / La presente investigación constituye un trabajo tipo AFET que tiene por objeto determinar el rendimiento que tuvo la modificación llevada a cabo por la Ley 20.253 llamada “Agenda Corta Antidelincuencia”, publicada en el Diario Oficial el 14 de marzo de 2008, en lo que dice relación a la modificación que sufrió la circunstancia agravante de reincidencia específica, contemplada en el artículo 12 N° 16 del Código Penal, que cambió el término “reincidente” por “condenado”. Como es sabido, la Ley de Agenda Corta Antidelincuencia, tuvo por objetivo general, endurecer las penas, y dentro de éste, hacer que efectivamente se aplicara la reincidencia, en el caso que nos ocupa, la reincidencia específica, la cual no se estaba aplicando del todo, por una antigua discusión, que se mantenía tanto a nivel jurisprudencial como doctrinal, y que incluso hoy se mantiene, en cuanto a determinar cuándo se entendía cumplida una condena, y que, por lo mismo, fue la razón que motivó el cambio legislativo de la palabra “ser reincidente en delito de la misma especie”, en que no había discusión en que debía estar cumplida la condena, no obstante sí en su forma de cumplimiento, y, obviar esa discusión, por el término “condenado en delito de la misma especie”, que sólo requiere sentencia ejecutoriada. No obstante el claro tenor de la modificación llevada a cabo, se produjo una amplia discusión a nivel jurisprudencial en torno a la aplicación de la modificación llevada a cabo en la circunstancia agravante de reincidencia específica, llamando la atención de parte de esta operadora del sistema que la misma se haya producido a un nivel de discusión que motivó que un sector de la jurisprudencia decididamente no la aplicara. En consecuencia, este trabajo tiene por objeto ver cuál ha sido el efecto a nivel jurisprudencial respecto a esta modificación, determinar de qué manera se ha aplicado o no la misma y su efecto en el futuro. Por lo mismo, esta investigación apunta a explicar la discusión en tribunales de la concurrencia o no de esta agravante, de reincidencia específica, de analizar y determinar las distintas formas en que se está aplicando la referida modificación en nuestros tribunales, esencialmente atingentes a hechos juzgados, con anterioridad a la vigencia de la modificación llevada a cabo por la Ley 20.253, llamada “Agenda Corta VII Antidelincuencia”, es decir, que el o los hechos que motivan la reincidencia hayan precisamente sido juzgados antes que entrara en vigencia la respectiva modificación de la referida ley, pues es esta época “intermedia” o “transitoria”, la que provoca precisamente disparidad de criterios en su aplicación, porque si el hecho que motiva la reincidencia es posterior a la publicación de la ley, no hay discusión en ese punto y resulta pacífico que debe aplicarse. En el llamado “período intermedio”, materia de nuestro estudio, los tribunales han sostenido diversas posturas tendientes a aplicar o no, la modificación llevada a cabo por esta ley, discusión que se estima de gran interés jurisprudencial. Por lo mismo, este estudio se iniciará con la historia de la ley para determinar cuál ha sido su espíritu, si se produce una problemática interpretativa o es claro su tenor, pues la modificación introducida en la agravante de reincidencia específica, contiene claras consideraciones de política criminal, que muchas veces contrastan con razones de justicia material, lo que hace obviar su aplicación. Palabras Clave: reincidencia, impropia, efectivo, específica, condena

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales / La figura de los informantes y los agentes encubiertos y reveladores, como técnica especial de investigación en el ámbito jurídico nacional e internacional, viene siendo utilizada ya hace algún tiempo y cada vez más profusamente. Actualmente se tramita en el Congreso un proyecto que pretende regular estas figuras en un título nuevo del Código Procesal Penal, expandiendo su aplicación a la persecución de los delitos complejos que el proyecto indica, dentro de los cuales se encuentran los delitos de terrorismo. A partir de la revisión y análisis de la reglamentación de estas figuras tanto a nivel nacional como comparado, así como también de los pronunciamientos de la jurisprudencia chilena y extranjera a su respecto, esta memoria concluye que la implementación de esas figuras acarrea una serie de problemas relacionados con vulneraciones de derechos humanos y garantías procesales, además de traer aparejado el riesgo de los delitos provocados por estos agentes en el ejercicio de sus funciones. Estos problemas se ven aumentados toda vez que se relacionan con las dificultades de conceptualización que aquejan al terrorismo como delito, por lo que la legitimidad de esta medida intrusiva pasa a ser doblemente cuestionada. Si bien el proyecto que se analizará -boletín 9692-07- incluye una nueva tipificación del delito de terrorismo, esta tesis se centrará en el estudio y análisis de la figura de los informantes, agentes encubiertos y reveladores, tomando en consideración los demás aspectos del proyecto de ley sólo de manera tangencial. Esto último, con el objetivo de proyectar los problemas que traería su incorporación ya con el estado de cosas actual, que se encuentra ampliamente documentado y estudiado por la doctrina, de modo que podamos ofrecer un panorama lo más completo posible de las consecuencias que una reforma ésta conllevaría.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente ensayo se efectuará un análisis sobre el informe favorable del Servicio Nacional de Menores que requiere el artículo 55 de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para que el juez pueda ejercer la facultad de remitir el saldo de la sanción penal. Específicamente nos centraremos en la sanción de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, regulada en el artículo 17 de la misma ley. Dada su vaga regulación legal y reglamentaria, efectuaremos una construcción normativa respecto a las materias que el informe debe contener conforme a los principios de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, los estándares internacionales y lo que ha señalado la doctrina, principalmente a través de entidades como Paz Ciudadana, Opción, entre otras. Luego pasaremos a contrastar dicho modelo de informe con aquellos presentados por el órgano administrativo en seis causas del 7° Juzgado de Garantía de Santiago entre los años 2017 y 2018, donde se concedió la remisión de la sanción. Todo lo anterior está motivado por un cuestionamiento sobre las materias que los informes abordan y sobre los problemas en la intervención penal que realiza el órgano encargado del cumplimiento, que estos informes pudiesen evidenciar; ello para efectos de contribuir a que el juzgamiento penal adolescente y la intervención penal se materialice conforme a principios y estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La creación del Tribunal de Contratación Pública, junto con la normativa instaurada mediante la Ley N°19.886 en relación con los procedimientos de contratación de bienes corporales muebles y servicios celebrados por los distintos servicios públicos afectos a dicha ley, constituye un importante avance en la modernización del Estado en el ámbito de las compras públicas. El objetivo del presente trabajo es examinar el procedimiento de la acción de impugnación, de la cual conoce el Tribunal de Contratación Pública, junto con evaluar su labor para dirimir de las distintas controversias suscitadas en las licitaciones públicas puestas bajo su conocimiento Al respecto, podemos adelantar que existen materias dentro del ámbito procedimental que no quedaron suficientemente tratadas o derechamente fueron omitidas por el legislador, lo que deriva en distintos inconvenientes tanto para las partes como para el tribunal, ya sea en cuanto a criterios, ámbitos de acción y eficacia del mismo. Consideramos que, con la actual regulación del tribunal, en la práctica, se diluye el objetivo por el cual fue creado el tribunal, cual es, solucionar los distintos conflictos en materia de licitaciones públicas, pues en bastantes casos, las sentencias definitivas del tribunal se traducen en meras declaraciones de ilegalidad sin efectos concretos en el proceso licitatorio en cuestión.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene como objetivo principal, efectuar un análisis integral del modelo de responsabilidad y, en consecuencia, de la práctica sancionatoria eléctrica nacional, específicamente en el sector de generación de energía eléctrica, por fallas en el suministro eléctrico. Para cumplir con el objetivo planteado, deben responderse dos grandes interrogantes; en primer lugar, quién es responsable por fallas en el suministro eléctrico y, en segundo lugar, bajo qué factor de imputación se establece dicha responsabilidad. Para efectos de responder la primera interrogante, se realizará un estudio de la estructura institucional en la que se sostiene el sistema eléctrico, haciendo énfasis en los principios que lo rigen y en las características de los integrantes del sistema, en particular, del rol de los CDEC, su naturaleza jurídica y los principales cambios que establece la reciente Ley Nº 20.936 que crea el nuevo “Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional”, en adelante, CISEN, quien los reemplaza en su función en la actualidad. En relación a la segunda interrogante, se analizarán las diversas interpretaciones sobre la naturaleza jurídica de la obligación de coordinación, que responde, principalmente, a la clasificación conceptual entre obligaciones de medios y de resultados. Para este fin, se realizará un análisis doctrinal y jurisprudencial sobre dichas interpretaciones y se intentará dilucidar cómo afecta la comprensión de dicha obligación en la aplicación de las sanciones eléctricas. El segundo objetivo del presente trabajo, es entregar al lector un marco general del Sistema Eléctrico y de la aplicación de la facultad punitiva del Estado en el sector de generación eléctrica, dentro del contexto de las disyuntivas anteriormente expuestas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, pretende proporcionar al lector un estudio sistematizado de la Constitucionalidad del artículo 12 de la reciente ley 20.931. Para tal efecto, el cuerpo de la investigación se ha dividido en cuatro capítulos. En el primer capítulo se abordará el concepto de derechos fundamentales y el de bloque de constitucionalidad, con la finalidad de esclarecer el concepto, fundamentación y alcance de los primeros. En el segundo capítulo se abordará el concepto de libertad personal y seguridad individual en razón de su posible afectación por el control preventivo de identidad. En el tercer capítulo se estudiará la institución del control de identidad, partiendo por su desarrollo histórico en nuestra legislación, pasando por sus características actuales y finalizando con su estudio en derecho comparado. Finalmente, en el capítulo cuarto, se realiza un estudio del control preventivo y su relación con el derecho de libertad personal y seguridad individual, evaluándose si esta prerrogativa de las policías cumple con los requisitos constitucionales y de derecho internacional para limitar el derecho fundamental mencionado.

Actividad formativa equivalente a tesis (magíster en derecho tributario) / Las facultades y procedimientos incorporados en virtud de la Reforma comprendida en la Ley 20.780, que modificó el sistema de tributación de la renta e introdujo diversos ajustes en el sistema tributario, abrió nuevas interrogantes en el escenario jurídico nacional acerca de la atribución del Servicio de Impuestos Internos para determinar y verificar si uno o más actos celebrados por particulares fueron o no realizados en virtud de una “legítima razón de negocios”. En efecto, este concepto fue referido en el incorporado artículo 4 ter del Código Tributario, el cual, indica que es “legítima la razonable opción de conductas y alternativas contempladas en la legislación tributaria”, dando lugar con ello, al nacimiento de interrogantes respecto del verdadero sentido y alcance de este concepto, sobre todo, en cuanto a si la facultad conferida al Servicio de Impuestos Internos en materia anti-elusiva, y la consecuente eventual declaración judicial contemplada en el procedimiento destinado para ello, implican o no una especie de injerencia en la determinación o celebración de los actos y contratos por las partes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Responsabilidad Social Empresarial (en adelante, RSE) es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, logrando insertarse en el imaginario colectivo tanto de las empresas como de los demás actores económicos y sociales. A pesar de que se han desarrollado diversas definiciones sobre el concepto de RSE, la generalmente aceptada es la que entrega la OIT, que entiende que la RSE es “el reflejo de la manera en que las empresas toman en consideración las repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad, y en la que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter voluntario y que sólo depende de la empresa, y se refiere a actividades que se considera rebasan el mero cumplimiento de la legislación”. Las primeras manifestaciones de la RSE se remontan a las décadas del 50 y 60 cuando empresarios norteamericanos plantearon la idea de la responsabilidad social de las empresas como una necesidad colectiva. Antes de este período lo que cobraba relevancia en torno a la acción social fue la caridad y la filantropía del empresario, entendido como individuo y no como empresa. Es decir, las acciones se centraban en acciones benéficas aisladas y desligadas de los impactos del proceso productivo. Una de las primeras manifestaciones concretas en esta materia tuvo lugar a comienzos de los años 70 cuando, en Estados Unidos, el líder religioso León Sullivan desarrolló los denominados “Principios de Sullivan”, que consisten en un código de conducta sobre derechos humanos e igualdad de oportunidades para las compañías que operaban en Sudáfrica. En la actualidad, los firmantes de los Principios Globales de Sullivan se comprometen a apoyar iniciativas de responsabilidad social empresarial relativas a los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, la ética comercial y la protección del medio ambiente. En Chile hay dos importantes organizaciones dedicadas a promover y educar sobre RSE, por un lado Acción RSE, la cual la conceptualiza como “Una visión de negocios, necesaria para la sustentabilidad y competitividad de las empresas, que integra armónicamente el desarrollo económico con el respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente, en toda la cadena de valor.” Por otro lado, la fundación PROHumana señala que “La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la contribución al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias de éstos, hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la comunidad” . De estas definiciones podemos extraer la importancia que se da hoy día al carácter de las empresas en la sociedad, invitándolas a ir más allá, para que dejen de ser un actor meramente económico, y pongan énfasis en el aporte que puedan hacer en el ámbito social, medioambiental y con sus trabajadores.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento