Aplicar reformas que apunten a la modernización de la gestión pública considera un horizonte de mediano plazo para su implementación, considerando los tiempos en el proceso de elaboración de una política pública. Este reto se hace aún mayor cuando la reforma tiene como base la gestión de personas, debido a la complejidad de regímenes laborales, conceptos remunerativos, entre otros; como ocurre con la implementación de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Según la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, entre los años 2013 al 2020, se han incorporado quinientos un (501) entidades al tránsito, de las cuales solo ocho (8) han culminado el proceso de tránsito de la entidad. En noviembre del 2020, el MINDEF decidió continuar el desarrollo del mencionado proceso y en el transcurso de cinco (5) meses, ha culminado la aplicación de los instrumentos establecidos por el ente rector, quedando pendiente únicamente el inicio de los concursos de selección bajo el nuevo régimen. En ese sentido, la presente investigación busca identificar cuáles han sido las facilidades y barreras que se presentaron en el MINDEF en el desarrollo del proceso de tránsito al régimen del servicio civil bajo el contexto actual; analizar las acciones que se realizaron para atender las barreras generadas durante la implementación de este; exponer las estrategias que se desarrollaron para generar facilidades a la ejecución y desarrollo del proceso; y plantear recomendaciones para el impulso del tránsito, desde los subsistemas del proceso de gestión de recursos humanos. Es así como a partir de un método de carácter exploratorio-descriptivo a través del análisis de entrevistas individuales se identificó que entre los factores que propiciaron la celeridad del proceso de tránsito se encuentran el apoyo político de la alta dirección y la gestión operativa de recursos humanos en la planificación e implementación de estrategias de difusión y comunicación. Por otro lado, entre las barreras presentadas se encontró a la presencia de personal de la carrera militar en puestos con funciones de carácter civil, contar con documentos de gestión desactualizados, y la resistencia al cambio de los servidores de la entidad, entre otros. La descripción de estas facilidades y barreras presenta un punto de partida referencial para la implementación del proceso en otras entidades con características similares. La investigación y análisis de los factores mencionados es útil para que las entidades cuenten con buenas prácticas que les permitan generar estrategias y espacios para facilitar la implementación del proceso; y también para que conozcan las posibles barreras y cómo podrían ser mitigadas durante la aplicación de las herramientas de tránsito.

La historia republicana del Perú se define por la debilidad de sus gobiernos democráticos y los periodos largos de dictaduras que han obstaculizado la canalización de las demandas de la sociedad por parte de las autoridades, situación que se complica aún más con el debilitamiento de los partidos políticos tradicionales durante la dictadura de Fujimori en la década de los 90s. En este contexto, y con el retorno a la democracia en el siglo XXI, se ha hecho evidente que nuestro proceso legislativo se define en torno a la debilidad institucional del Congreso, a la escasez de los partidos políticos tradicionales, y la abundancia de legisladores y/o partidos sin claras líneas programáticas. De esta manera, con el propósito de profundizar en el estudio del proceso legislativo peruano, este trabajo plantea explicar los factores que facilitan la representación y canalización de las demandas de sectores vulnerables de la sociedad en el Congreso. Para ello, se toma como caso de estudio la aprobación de la Ley de trabajadoras y trabajadores del hogar en setiembre del 2020, para determinar el grado de importancia de factores como el establecimiento de la agenda pública y política, las coaliciones promotoras, y el grado de autonomía en el actuar de los legisladores, y se propone el uso de un método cualitativo a través de entrevistas para estudiarlo. Así, la hipótesis principal que planteo es que es la incidencia de distintos actores mediante coaliciones promotoras, y de factores externos al funcionamiento del Congreso los que facilitan la canalización de las demandas de sectores vulnerables de la sociedad. / The republican history of Peru has been defined by the weakness of its democratic governments and the long periods of dictatorships that have generally hindered the channelling of the demands of the society by the authorities, a situation that was further complicated by the weakening of traditional political parties during the Fujimori dictatorship in the 1990s. In this context, and with the return to democracy in the 21st century, it has become evident that the legislative process is mainly defined around the institutional weakness of Congress, the scarcity of traditional political parties, and the abundance of legislators and/or parties without clear programmatic lines. This way, with the purpose of deepening the study of the Peruvian legislative process, this work plans to explain the factors that facilitate the representation and channelling of the demands of vulnerable sectors of society in Congress. Therefore, we take as a case study the approval of the Domestic Workers Law in September of 2020 to determine the level of importance of factors such as the establishment of the public and political agenda, the advocacy coalitions, and the legislators’ actions degree of autonomy, and we propose the use of a qualitative method of study through interviews. Thus, the main hypothesis that is proposed here is that the incidence of different actors, through advocacy coalitions, and of factors external to the operation of Congress facilitate channelling the demands of vulnerable sectors of society.

A efecto de precisar la delimitación del tema bajo estudio, me permito establecer que se trata sobre los criterios para la aplicación de la retroactividad favorable en materia sancionadora. El principio de la retroactividad benigna, se encuentra regulado en el artículo 248, inciso 5, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de enero de 2019, y obliga a que las disposiciones sancionadoras produzcan efecto retroactivo en cuanto favorezcan al administrado, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto a las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición De esta manera, el presente trabajo procura dar respuesta a las inquietudes respecto a cuáles serían los criterios jurídicos para determinar cómo la administración elige la fórmula más favorable para el administrado.

En el presente trabajo de investigación se aborda la problemática respecto a la aplicación del principio de retroactividad benigna en el ámbito sancionador tributario, dado que se trata de una discusión que, a nuestra consideración, aún no se encuentra resuelta, pues si bien la SUNAT y el Tribunal Fiscal reiteradamente han señalado que este principio no resulta aplicable al ámbito sancionador tributario, ello no ha sido así en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial, que han reconocido la aplicación de este principio. En ese sentido, lo que se busca plantear es que, a pesar de lo dispuesto en el artículo 168° del Código Tributario y la modificación efectuada mediante el Decreto Legislativo No. 1311, en realidad existen diversas razones por las que este principio resultaría plenamente aplicable. Es así que, atendiendo (i) a los límites del ius puniendi del estado, (ii) a las reglas de interpretación normativa de las leyes y la Constitución Política del Perú, (iii) al derecho fundamental a la igualdad, (iv) a las normas tributarias de países de Latinoamérica, (v) a la normativa tributaria nacional, (vi) a la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial y (vii) a que existen supuestos no contemplados en el artículo 168° del Código Tributario; es que podemos concluir que, este tema aún no ha sido zanjado, pues el principio de retroactividad benigna no se sustenta únicamente en normas de jerarquía legal, sino que también tiene un sustento Constitucional.