Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo realiza un análisis crítico al objeto social único o exclusivo de las empresas de servicios públicos. Para ello analizamos en cada industria: telecomunicaciones, gas, electricidad y servicios sanitarios, en qué consiste dicha restricción, las circunstancias sociales, políticas, económicas y jurídicas bajo las cuales fueron impuestas y cuáles son sus fundamentos. Luego ponemos sobre el tapete los nuevos negocios realizados por dichas empresas, que pueden o no estar circunscritos dentro del giro social determinado por ley, para luego exponer cuales son los riesgos y beneficios que conlleva la ampliación del objeto social. Por último, exponemos los resguardos existentes en las diferentes leyes sectoriales para impedir, aminorar o sancionar los posibles efectos negativos que dicha práctica conlleva, concluyendo finalmente si se justifican dichas limitaciones o bien existen otras formas de obtener los mismos objetivos.

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El presente artículo desarrolla el tema de la Constitución Económica, su origen y su evolución en el derecho comparado. En cuanto al ordenamiento peruano se señala que, como concepto orgánico, el término Constitución Económica se introduce recién en las constituciones del siglo XX, resaltando la Carta de 1979 y 1993. Respecto de esta última, se destaca el nuevo contexto económico en el que surge y que, según el autor, exige del Estado un rol preponderantemente subsidiario. Finalmente, se describen las características de la Constitución económica actual, haciendo referencia también a las pautas que se deben tener en cuenta para su interpretación.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En un mundo globalizado se hace patente la necesidad de realizar transacciones de una forma rápida y eficiente. Esta demanda genera nuevas alternativas y es así como en el año 2008 nace la primera criptomoneda: el Bitcoin. Con la creación de las criptomonedas nace una oportunidad de negocio que atrae a los inversionistas y personas naturales con el objetivo de participar en un nuevo negocio. Estos riesgos han puesto en pugna a los miembros tradicionales de los mercados financieros, al Estado y a los nuevos actores del mercado financiero, representado por las empresas de compra y venta de criptomonedas o intercambiadores. Así, en Chile el año 2018 los bancos nacionales se han visto enfrascados con nuevos actores del mercado que intermedian la compra y venta de criptomonedas, las cuales han sufrido el cierre de las cuentas corrientes bancarias necesarias para compra y vender criptomonedas a través de internet. Esta memoria profundiza la aparente colisión que se presenta entre la seguridad de los mercados y valores y la compra y venta de criptomonedas, haciendo presente que el ordenamiento jurídico chileno se garantiza la libertad de empresa, permitiendo a todas las personas emprender, debiendo adaptarse a las necesidades que implica la creación de nuevas tecnologías y esquemas de negocios. No se trata así de prohibir la existencia y so de las criptomonedas ni imponer limitaciones absurdas, sino que más bien regular su uso desde una perspectiva legal, pero no desconociendo el carácter voluntario de unidades de pago que estas representan.

El Estado al ser un estado garante, cuenta con el deber u obligación de garantizar el goce absoluto de los derechos fundamentales; no obstante, para el presente trabajo, el derecho importante es el de la libertad de empresa. Una de las formas para salvaguardar el derecho de todos los ciudadanos para el acceso, permanencia y salida en el mercado, es la eliminación de la figura de las Barreras Burocráticas. La regulación respecto a las barreras burocráticas la vamos a encontrar en el Decreto Legislativo N° 1256; sin embargo, el tema central que se va a abordar es lo regulado respecto a las barreras burocráticas que sean carentes de razonabilidad, pues estas ante su declaración como tal, van a ser inaplicadas con efectos al caso concreto, lo cual no sucede en las barreras burocráticas ilegales, que su inaplicación es con efectos generales, lo cual no encuentra sustento de dicha diferencia. / The guarantor state has the obligation or duty to ensure the absolute enjoyment of all fundamental rights; nevertheless, for the purposes of this work, the most important right is freedom of enterprise. A ways to safeguard the right of people to market access and the stay in the economy or market is the elimination of bureaucratics barriers. The regulation regarding bureaucratic barriers is to be found in Legislative Decree No. 1256; however, the central issue to be addressed is the regulation regarding bureaucratic barriers lacking reasonableness, since such barriers, when declared as such, will be inapplied with effects to the specific case, which doesn´t happen in illegal bureaucratic barriers, whose inapplication is with general effects, which is not supported by such difference. / Trabajo académico

This study analyzes the guardianship role on entrepreneurial freedom fundamental rights, non- discrimination in economic and property aspects exerted by the Elimination of Bureaucratic Barriers Commission from the National Institute for the Defense of Competition and IntellectualProperty (Indecopi) developed throughout resolutions and administrative cases set up by the Defense of Competition Chamber #1. This role is particularly relevant in our legal system, due to their special functions the Elimination of Bureaucratic Barriers Commission is entitled by legal mandate to establish the non- application of rules in specific cases exercising legal control. This administrative function- initially misunderstood-has proved to be an efficient tool for the guardianship of economic rights due to our judicial system ineffectiveness in contentious administrative matters. The author considers the possibility of making a constitutional reform in order to provide specialized administrative bodies, such as INDECOPI, with the quality of “primary administrative jurisdiction” whose resolutions will only be reviewed by the State Council jurisdiction. / En el presente estudio se analiza el rol de tutela de los derechos fundamentales de libertad de empresa, no discriminación económica y de propiedad ejercido por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —Indecopi—, que se ha desarrollado a través de sus resoluciones y de los precedentes administrativos establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia 1. Este rol de tutela es muy relevante en nuestro sistema jurídico, en el cual,por su especialidad funcional, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas está habilitada por mandato legal para la inaplicación de normas en casos concretos en ejercicio del control de legalidad. Esta función administrativa —que en sus inicios fue incomprendida— ha resultado una herramienta eficaz para la tutela de los derechos económicos del administrado en razón de la inoperancia del sistema judicialista en locontencioso administrativo en el Perú. El autor considera que debe estudiarse la posibilidad de reformar la Constitución para atribuir a ciertos órganos administrativos especializados, como los del Indecopi, la calidad de jurisdicción administrativa primaria, cuyas resoluciones solo serán revisables por la jurisdicción de un Consejo deEstado.

The Constitution, being the Supreme Law of the Peruvian legal system, irradiates its normative force towards all the legal fields. For its part, Commercial Law is an area based on privatea utonomy; however, in our legal system a zone free of constitutional control does not exist.In this article, the author conducts a remarkable analysis about the constitutionalization of Commercial Law, making reference to the Constitutional Court’s jurisprudence which, applying fundamental principles  and  rights,  has had an effect on the application of the commercial laws in our country. / La Constitución, al ser la Norma Suprema del sistema jurídico peruano, irradia su fuerza normativaa todos los ámbitos del Derecho. Por su parte, elDerecho Mercantil es una rama que se basa en laautonomía privada; sin embargo, en nuestro orde-namiento no existe zona que esté exenta de controlconstitucional.En este artículo, el autor realiza un notable análisis acerca de la constitucionalización del Derecho Mercantil, haciendo un recorrido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, aplicando principios y derechos fundamentales, ha influido en la aplicación de las normas mercantiles en nuestro país.