Magíster en derecho con mención en derecho penal / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Según las diversas opiniones surgidas a partir de la dictación de la Ley N° 19.911, se ha afirmado categóricamente la imposibilidad de aplicar sanciones penales a los atentados contra la libre competencia en nuestro país, en particular, a la alteración concertada de precios. A nuestro juicio, tal afirmación es incorrecta, ya que para la defensa de la libre competencia aún subsiste en Chile un modelo de protección conjunta entre normas que establecen sanciones de carácter administrativo con normas que contienen sanciones de carácter penal y que no han sido derogadas. El presente trabajo pretende demostrar nuestra posición, mediante el análisis histórico, sistemático y del derecho comparado referente a la colusión para alterar los precios. PALABRAS CLAVE: libre competencia, prácticas colusorias, alteración concertada de precios, modelo de protección a la libre competencia, legislación de defensa de la libre competencia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Primero hemos de tratar el tema de la libre competencia, intentando someramente delimitar esta materia, así como trazar su relación con otras ramas y sobre todo con otras nociones y derechos. Siguiendo la misma línea, hablaremos del derecho de la libre competencia, la norma que lo contiene, el bien jurídico que tutela y como éste no es bien jurídico apartado y separado del ordenamiento jurídico, sino que tiene una relación muy estrecha con otros. Se procederá a revisar el órgano encargado de la tutela de la libre competencia y de las facultades, tanto jurisdiccionales como administrativas, que el legislador recientemente le ha conferido a fin de resguardarla, adentrándonos sobre una de ellas en particular y como ésta, si bien en principio es una potestad que tiene una gran potencia, tiene igualmente una importante falencia. En segundo término se analizará el recurso de inaplicabilidad, y subsecuente declaración de inconstitucionalidad, el que se modificó tras la reforma Constitucional del año 2005, la que fue posteriormente sistematizada con la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional introducida el año 2009. También se expondrán las características de la acción de inaplicabilidad, sus requisitos y sus efectos, para posteriormente tratar someramente la declaración de inconstitucionalidad. Realizadas ambas exposiciones procederemos a mostrar ambas alternativas de modo contrapuesto, produciendo que la conclusión, y propuesta que se pretende, caiga de modo lógico y consecuencial

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el último tiempo, la opinión pública ha sido testigo de situaciones fraguadas y constituidas por agentes económicos productores y comercializadores de bienes y servicios de primera necesidad, y que afectan diaria y comúnmente a las personas en su vida cotidiana. Frente a estas situaciones, la sociedad civil ha manifestado una continua insatisfacción sobre las sanciones que son aplicables a las empresas y ejecutivos que tomaron parte en estos hechos ilícitos. Fundamentalmente, se aprecia que estas infracciones afectan a los consumidores en su totalidad, y más aún, que se trata de estrategias comerciales desarrolladas por empresas con estructuras y regulaciones claras, pero que sin embargo, se ven envueltas en situaciones de suyo ilícitas, con reconocimiento expreso y público de responsabilidad de por medio. Frente a estos ilícitos el ordenamiento jurídico parece no tener las suficientes herramientas de persecución y reproche.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La normativa sobre Libre Competencia en nuestro país faculta a un Tribunal especial a conocer de las actuaciones de organismos públicos y privados de actos contrarios a la Libre Competencia. Este órgano es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Junto con ello, la normativa faculta al Tribunal a imponer “multas a beneficio fiscal” las que han ido aumentando en su consagración legal. Pretendemos analizar qué fundamentos ha tenido el Tribunal (y en su momento la Comisión Resolutiva Central) para aplicar las multas cuando han determinado que existen actuaciones contrarias a la libre competencia. Para ello se torna indispensable una pequeña referencia a la evolución histórica de la imposición de multas (y en su momento de tipos penales a efectos de precaver conductas antimonopólicas), cómo han sido tratadas doctrinalmente y qué relevancia tiene ese tratamiento. Las multas fueron sustituyendo las respuestas que el Estado había impuesto a los ciudadanos, trasladando desde el ámbito penal al pecuniario su poder de reacción, considerando factores de eficiencia y otras finalidades, que incluso escapan al estudio de la Libre Competencia y se acercan al Derecho Punitivo. Para lo anterior hemos reunido las sentencias desde el año 2004 a 2012. Como hipótesis preeliminar creemos que esa fundamentación de las multas no ha sido siempre igual y que, atendida la mayor especialización en el conocimiento de la disciplina antimonopólica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia iría motivando cada vez más sus sentencias. Ello en razón de la importancia de su función para el mercado y sus agentes, pero además, porque estando sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, la posibilidad de enmendar sus planteamientos están latentes, máxime aun si este Tribunal Supremo constituye un Tribunal de derecho y con interpretaciones cargadas de formalismo y observancia de la ley. Discurre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en un sistema procesal altamente especializado, con análisis de prueba rendida sometida a las reglas de la sana crítica y con integrantes que no son abogados, mientras que la Corte Suprema es un Tribunal de Derecho, letrado y permanente, cuya función actual corre por dos cauces, la observancia de los derechos fundamentales y el cumplimiento del principio de legalidad y de igualdad ante la ley como Tribunal de Casación

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN ANÁLISIS ECONÓMICO / En los últimos quince años, tanto las autoridades de libre competencia como la literatura han entregado una mayor importancia a la incorporación del pass-through en los casos de colusión. En la estimación de pass-through, varios artículos han expuesto diferentes sesgos a los que se incurre si ésta se estima de forma reducida (estimación más común en la literatura para el pass-through). Esta tesis busca reafirmar la importancia de incluir las estimaciones de pass-through con motivo de estimar los perjuicios en colusión e inspeccionar parte de los sesgos que ocasiona la estimación en forma reducida. En específico, se revisa estos sesgos en un caso aplicado en Chile, investigando en profundidad asimetrías en la estimación de pass-through. Las contribuciones de la investigación se basan en primer lugar, en aportar a la discusión del país sobre un tema que no es analizado localmente. El segundo aporte se basa en observar asimetrías de pass-through en las respuestas de los competidores gracias a un shock heterogéneo en los costos marginales. Para evaluar lo anterior, se utilizan técnicas comúnmente utilizadas en la organización industrial empírica, esto es: estimar la demanda en el mercado final, recuperar los costos marginales y, realizar diferentes contrafactuales suponiendo variados shocks. Los resultados permiten identificar que el efecto pass-through es relevante para evaluar los perjuicios en colusión y, que existe gran heterogeneidad en las respuestas que causa un shock en los costos. El resultado más importante muestra que si hay un shock en costos específico para una marca, solamente los productos con mayor sustitución cambian sus precios finales en la misma dirección que lo realiza la marca afectada, mientras que los productos que no son sustitutos cercanos mantienen sus precios. La heterogeneidad de los shocks y de las respuestas no puede capturarse con estimaciones de forma reducida, esto provoca que los perjuicios estimados, en la mayoría de los casos, se alejen de los reales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer un análisis crítico del sistema de investigación, prueba y sanción de la colusión, desde la óptica del Derecho Constitucional y la teoría de los derechos fundamentales. En efecto, en estas páginas se analizará la constitucionalidad de la aplicación –vía extensión dogmática- de principios del debido proceso penal y de sus altos estándares de prueba y de convicción a procesos infraccionales por colusión, así como también se examinará la constitucionalidad de las nuevas atribuciones intrusivas de la FNE y del mecanismo de delación compensada, ambos incorporados recientemente a nuestro estatuto de libre competencia por la Ley 20.361, publicada en el Diario Oficial de fecha 13 de julio de 2009. La metodología que se utilizará consiste en describir objetivamente los principios, reglas técnicas, mecanismos y prerrogativas de la autoridad que forman parte del sistema de investigación, prueba y sanción del ilícito colusivo, para luego efectuar reflexiones constitucionales que permitan justificar, criticar o rechazar el empleo de aquéllos, sobre la base de la exigencia irrenunciable del Estado de derecho de respetar las garantías fundamentales. El resultado obtenido concluye que, en el caso chileno, tanto el antiguo sistema de investigación, prueba y sanción de la colusión como algunos de los mecanismos que recientemente han sido institucionalizados para acreditar la existencia de carteles presentan vicios constitucionales por innecesaria conculcación de derechos fundamentales y/o falta de certeza jurídica, que sólo pueden ser enfrentados y subsanados mediante la correcta aplicación de las normas y principios que recoge nuestra CPR.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente proyecto busca, luego de describir el sistema de Consulta y los Acuerdos Extrajudiciales, referirse a aquellas contingencias, conflictos o interrogantes que han surgido de su aplicación, y cómo la doctrina y jurisprudencia nacional han abordado los mismos. Para ello, el presente proyecto pretende analizar los límites de la potestad de absolver consultas como mecanismo de control de operaciones de concentración; describir el carácter voluntario de la Consulta y sus crecientes excepciones; revisar el peliagudo problema de quién pude consultar y quién puede participar en la consulta; además de explicar las etapas de la consulta, su duración y, finalmente la forma de proponer los remedios

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En materia de libre competencia, se encuentra establecido como medio de solución de controversias, entro otros, el acuerdo extrajudicial; que es una convención que se negocia y celebra fuera del proceso judicial entre la Fiscalía Nacional Económica y uno o más agentes económicos, y que requiere de la aprobación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para producir sus efectos. Sin embargo, no existe claridad en la doctrina en cuanto a si el acuerdo produce o no efecto de cosa juzgada, a causa de una cláusula incorporada por este Tribunal en su resolución aprobatoria, que señala que no existe pronunciamiento sobre los hechos que lo motivaron. Con objeto de proponer que el efecto de cosa juzgada que emana del acuerdo extrajudicial recae sobre el acuerdo extrajudicial en sí mismo y no sobre los hechos de fondo, en la presente memoria de prueba para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, se analiza en primer lugar el contenido normativo del acuerdo. Luego, se analizan los equivalentes jurisdiccionales, sus presupuestos y características con el fin de establecer si el acuerdo es uno de ellos. Posteriormente, se analiza exhaustivamente la cosa juzgada en cuanto a su concepto, fundamento, con especial énfasis en la triple identidad existente en el proceso civil. Para luego revisar de manera específica la naturaleza jurídica y regulación de la cosa juzgada en el procedimiento de libre competencia. Finalmente, a partir de las nociones expuestas en los capítulos I y II, en la parte final de éste último se realiza una exposición de la discusión doctrinaria acerca de si el acuerdo extrajudicial produce o no cosa juzgada, junto con una apreciación de las distintas posturas, para luego entregar los argumentos que permitan justificar la tesis propuesta.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El Acuerdo Extrajudicial como mecanismo auto compositivo de solución de litigios ha tenido escaza utilización y presenta poca claridad normativa, por lo que su análisis dentro del sistema actual de libre competencia resulta necesario y atingente. A través de un estudio dogmático conceptualizamos el interés público competitivo que la FNE dispone según sus atribuciones por esta vía de acción, y también desarrollamos sus fundamentos, características y el contenido del estándar legal de cautelar la libre competencia para su aprobación, junto con una descripción exhaustiva de cada uno de los Acuerdos Extrajudicial aprobados a la fecha. Posteriormente, utilizamos las herramientas del Análisis Económico del Derecho normativo desarrolladas dentro de la rama del Derecho Procesal para analizar las eficiencias de la institución en relación a otras vías de enforcement y buscamos situaciones de maximización de valor dentro de la estructura actual de la institución, con el objeto de proponer la eliminación de la etapa de control ante el TDLC como una reforma legal eficiente.