La investigación se relaciona con las áreas de Derecho Empresarial, Derecho Societario y Derecho Concursal. El interés por investigar los mecanismos con los cuales se logra la adquisición de empresas, mediante el control de los acreedores así como otros mecanismos legales, a través de los cuales se logra el control horizontal empresarial y el crecimiento económico, condujo a la elección de un tema que llamó nuestra especial atención dentro las modernas tendencias del Derecho Empresarial, del Derecho Societario y del Derecho Concursal: “Adquisición de empresas en proceso concursal”. Es por eso que en el primer capítulo de la investigación se muestran la mayoría de mecanismos y herramientas legales mediantes los cuales se puede lograr la adquisición de empresas. Mientras que el segundo capítulo desarrolla extensamente el ingreso de la empresa (unidad productiva) al procedimiento concursal, dándolo mayor énfasis al procedimiento concursal. Por último en el tercer capítulo, se muestran las diversas estrategias y utilización de mecanismos y herramientas legales para la adquisición de empresas en proceso concursal, tales como: la fusión, escisión, compra venta de activos, entre otros, también se desarrollan algunas otras formas alternativas previstas dentro de la práctica del Derecho Empresarial, como por ejemplo, la operación acordeón, la novación de créditos, la capitalización de acreencias, etc.

La presente investigación hace un análisis de la atribución que tiene la Junta General de Accionistas de la Sociedad Anónima, para acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el 50% del capital de la Sociedad. Ello en atención a lo establecido en el artículo 115 numeral 5 de la Ley General de Sociedades (en adelante “la Ley”). Asimismo, plantea una propuesta de reforma a dicha norma legal. Entendemos por “enajenar”,toda forma de traspaso o de cesión de bienes y derechos que, en definitiva, lleve consigo la propiedad sobre éstos. En ese sentido, al referirnos a la “enajenación de activos” societarios, lo hacemos en términos generales, a ese grupo de activos que conforman el conjunto de bienes de cada Sociedad y quetienen un reflejo en el pasivo del Balance General, de modo tal que de ambos (activo y pasivo) se mantenga un equilibrio contable permanente en los Estados Financieros de la Sociedad. Si bien la Junta General de Accionistas está facultada,según el artículo 115 numeral 5 de la Ley, a acordar los referidos actos de enajenación, en la práctica basta estar frente al representante de una Sociedad con atribuciones suficientes para enajenar activos sociales y verificar diligentemente dichos poderes en el Registro, para demostrar que, en principio, se está actuando de buena fe en el negocio donde dicho representante interviene y que al adquiriente difícilmente lo despojarán más adelante de dichos activos, invocando para ello una supuesta mala fe contractual.El tercero no tiene por qué verificar previamente si se está cumpliendo con el artículo 115 numeral 5 de la Ley, antes de actuar (además que no tiene un Registro Público para hacerlo). Esto último lo corrobora la propia jurisprudencia registral, de donde se desprende que la referida facultad de la Junta sólo tiene efectos internos en la Sociedad. Adicionalmente, se debe considerar que esta norma no busca proteger en esencia el “capital” sino el “patrimonio social”, cuando se pretende enajenar activos de gran valor económico para la Sociedad y como parte de un actotransaccional fuera delo enunciado en su objeto social (cuando el tráfico comercial de esos activos forma parte del objeto social, la decisión de enajenar no debe salir de la esfera de losórganos de Administración de la Sociedad). Lo indicado, no tiene por qué afectarla gestión de Buen Gobierno Corporativo en la Sociedad ni abrir la puerta para que los órganos de Administración de ésta, incumplan sus deberes funcionales o atenten contra su representada, sólo es una medida que busca dinamizar la fluidez del tráfico comercial, adecuando la normaa lo que ya nos plantea la realidad.

La motivación en escribir sobre este tema llega por el acercamiento que pude tener con los procesos concursales. Mi participación desde distintos ángulos me ha llevado a ver como el Proceso Concursal Ordinario (PCO) ha venido perdiendo confianza como alternativa viable para los operadores. Además, este tema tiene relevancia en indicadores de alcance mundial, que inciden en aspectos macros como son la economía y finanzas de un país a través de la inversión, lo que evidencia cuan preparados están los mercados en un aspecto como la insolvencia para invertir en menos mercados. Como hipótesis nos planteamos que el PCO ha sufrido pocos cambios normativos sustantivos en el tiempo y ha sido golpeado por factores que lo han llevado a perder espacio como alternativa de solución para las empresas en insolvencia. Buscamos que se entienda cómo las empresas pueden verse afectadas por crisis financieras o económicas en su desarrollo, ser atendidas de distintas maneras en entornos diferentes y que, con un poco de atención, orden, recursos y renovación, pueden lograrse mejoras que recuperen la confianza en este proceso. Este proceso, a lo largo del tiempo, solo ha tenido dos actualizaciones normativas que no han reflejado un cambio real en el proceso, lo que nos lleva a tomar un enfoque de impacto y calidad regulatoria como base para analizar las externalidades que las empresas viven en su día a día, en el marco del contexto económico, social o político que puede afectar a las mismas en su operatividad financiera y económica. Concluimos que deben darse acciones previas concretas por parte del Estado y de la misma administración de tal forma que se plantee un mejor marco para el PCO antes de tratar de crear nuevos procedimientos que, como vimos durante la pandemia del COVID-19 en el caso del PARC, fracasaron en el intento de ser una nueva alternativa real para las empresas insolventes.

El presente trabajo de investigación busca determinar los efectos y consecuencias jurídicas que surgen de la declaración de disolución de pleno derecho de una sociedad que ha perdido la pluralidad de socios por más de seis meses; determinando si es posible o no la utilización de la figura de la regularización en dicho caso. Pues como sabemos en nuestra normativa peruana y en la propia Ley General de Sociedades no existe una regulación que nos señale cuáles son los procedimientos que deben seguir las sociedades que incurren en dicha problemática, confundiéndose muchas veces que dicha declaración de disolución significa una automática e irreversible liquidación y extinción de la sociedad. En ese sentido, hemos estudiado lo que la doctrina nacional, comparada y en especial la jurisprudencia desarrollada en la práctica societaria peruana han señalado respecto al tema de la presente investigación. Como consecuencia de ello, se ha podido determinar que las sociedades que incurran en disolución de pleno derecho luego de que hayan perdido la pluralidad de socios por más de seis meses si pueden optar por la regularización como una alternativa productiva, económica y sobre todo práctica para solucionar la referida problemática, pues tanto en el ámbito doctrinario y jurisprudencial no se ha determinado ninguna limitación jurídica para que ello se produzca de tal manera, por el contrario hemos podido vislumbrar diversas maneras que la legislación comparada y la propia jurisprudencia han presentado como solución a la problemática de las sociedades que son declaradas disueltas de pleno derecho por la causal de falta de pluralidad de socios / Trabajo de investigación

El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar la demanda interpuesta por Specchi S.A.C., una compañía cuyo objeto social es dedicarse a la prestación de servicios de belleza y cuidado personal, contra los accionistas Ana Ricci y Óscar Sampietro, a fin que el Juzgado Comercial declare la disolución de pleno derecho de la sociedad por la falta de pluralidad de accionistas por un plazo mayor al establecido en la Ley General de Sociedades (6 meses). Lo interesante del caso es que la pérdida de la pluralidad de accionistas es la consecuencia de una sentencia del Cuarto Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual declaró la existencia de la unión de hecho voluntariamente realizada entre Oscar Sampietro y Ana Ricci, así como la finalización de la misma y la liquidación de todos los bienes sociales que formaban parte de la sociedad de gananciales. La consecuencia de la liquidación de la sociedad de gananciales es el punto controvertido principal: si las acciones forman parte de los bienes sociales de la unión de hecho; y, entendiendo que Specchi S.A.C. solo tenía dos accionistas, ¿la declaración de la unión de hecho retrotrae sus efectos hasta el momento de la constitución de la compañía, formándose con un solo accionistas? ¿es Specchi S.A.C. una sociedad irregular? ¿La sentencia de Cuarto Juzgado de Familia liquidó las acciones de Specchi S.A.C. y restauró la pluralidad dentro del tiempo que lo establece la ley? Este caso invita a explorar los puntos de conexión entre el derecho societario y el derecho de familia, así como a repensar las normas societarias que tienen más de dos décadas de vigencia. En ese sentido, la hipótesis del presente informe es que la falta de dinamismo de las normas societarias peruanas crea problemas jurídicos que no deberían existir, pues de no ser por la consecuencia jurídica “disolución de pleno derecho”, cuya lógica jurídica está orientada a la no reversión y que sociedad tenga que disolverse y salir del mercado, la presente controversia no existiría. Es imperativo que el tratamiento de la pluralidad de accionistas en la normativa nacional sea actualizado para procurar la preservación de la propia persona jurídica. Un primer paso para lograr dicho objetivo es la aprobación de la propuesta del Anteproyecto de la Ley General de Sociedades, elaborada en el 2018, la cual no exige la pluralidad de accionistas para las sociedades anónimas.

Considerando todos los procedimientos que se realiza cuando una sociedad jurídica se extingue, se ha evaluado las distintas problemáticas que puede presentar una empresa extinguida al momento de someterse a este procedimiento, y de las cuales tomaremos en cuenta a una de las más importantes, la cual versa sobre los bienes activos que no han sido considerados por el liquidador en su momento a fin de regularizar y sanear todos los procesos, bienes e incluso la formalización de actos celebrados por la empresa que se va a extinguir. Esta problemática nos conlleva a la investigación que se realiza en esta tesis y a su vez a los mecanismos jurídicos de solución que presentamos a fin de determinar un procedimiento eficaz y ágil para la formalización de actos jurídicos celebrados por sociedades extinguidas. Ante tales situaciones, surgen una serie de preguntas, las cuales en muchas ocasiones no encontramos respuesta alguna, o tal vez si la encontramos no es el mecanismo de solución idóneo para acceder, como por ejemplo nos cuestionamos:  ¿Qué acciones legales podemos considerar para hacer efectivo y formalizar debidamente nuestro acto jurídico celebrado cuando la empresa ya se encuentra extinguida?, o  ¿Qué medidas se debe tener en cuenta para que dicha formalización sea asequible y sencilla? Estos cuestionamientos serán desarrollados y solucionados a través de los mecanismos de solución que brindamos en esta tesis; así tratamos de llenar el vacío legal en nuestra legislación societaria respecto a la formalización de actos jurídicos celebrados por empresas extinguidas, cuya finalidad es alcanzar la oponibilidad que brinda únicamente registros públicos.

Se ha aprobado en el Perú un paquete normativo compuesto por el Decreto Legislativo 1427 y sus normas conexas, cuyo propósito es principalmente de transparencia fiscal y prevención del lavado de activos, pero cuyos efectos y ámbito de aplicación son casi enteramente registrales, pues ordena la inscripción de la extinción de personas jurídicas que muestran un largo periodo de inactividad, en aplicación de una presunción iuris tantum. Mediante el presente informe se analiza la Resolución No. 2304-2023-SUNARPTR, en la que el Tribunal Registral se pronuncia a favor de la posibilidad de revertir en sede registral una extinción que se inscribió en virtud del cumplimiento de los supuestos de hecho planteados en el Decreto Legislativo 1427 y sus normas conexas. Se sostiene en este texto que, a partir de jurisprudencia como esta, lo que se regula en las normas citadas no es propiamente una extinción, sino una disolución, más allá del nomen. Asimismo, se explicará el carácter asistemático de esta regulación y se alcanzarán pautas para su correcto entendimiento y posicionamiento en el ordenamiento jurídico. El presente informe considera tanto las instituciones jurídicas involucradas como la realidad práctica de la aplicación de esta norma en los Registros Públicos, a partir de entrevista directa con operadores involucrados. / A regulatory package has been approved in Peru consisting of Legislative Decree 1427 and its related regulations, the purpose of which is mainly fiscal transparency and prevention of money laundering. Notwithstanding, their effects and scope of application are almost entirely registry-related, since it orders the registration of the extinction of legal entities that show a long period of inactivity, in application of a rebuttable presumption. This paper analyzes Resolution No. 2304-2023-SUNARP-TR, in which the Court of the Public Registries pronounces itself in favor of the possibility of reverting in the registry an extinction that was registered by virtue of the fulfillment of the factual assumptions set forth in Legislative Decree 1427 and its related rules. It is argued in this present text that, based on jurisprudence such as this one, what is regulated in the aforementioned norms is not properly an extinction, but a dissolution, beyond the nomen. Likewise, the non-systematic nature of this regulation will be explained, and guidelines will be offered for its correct understanding and positioning in the legal system. This paper considers both the legal institutions involved and the practical reality of the application of this regulation in the Public Registries, based on direct interviews with the operators involved.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente investigación tiene por objeto el estudio de las consecuencias que produce la dictación de la resolución de liquidación respecto del deudor, sus acreedores y terceros, partiendo del hecho que, la Liquidación de una empresa o persona deudora, tiene efecto expansivo y afecta las relaciones contractuales preexistentes a la declaración de liquidación, sea por aplicación de políticas legislativas de carácter económico o de justicia, o por incompatibilidad de las obligaciones que genera el contrato y los efectos de la liquidación concursal, y que en razón de ello puede que subsistan con opción del acreedor o bien estén considerados en causal de terminación legal. Para el desarrollo de este análisis, se explicarán las consecuencias inmediatas y retroactivas que produce la dictación de la resolución de liquidación, que determina finalmente una serie de efectos jurídicos-económicos que afectan las acciones y los procedimientos ejecutivos, las obligaciones contraídas, la administración de los bienes del deudor, la exigibilidad de los créditos de los acreedores y los contratos celebrados con anterioridad y pendientes de ejecución. La exposición se divide en dos partes: la primera parte, tratará de forma general la resolución de liquidación y sus efectos, los cuales se deben desarrollar para comprender cómo inciden estas consecuencias en los contratos. En la segunda parte, se examinarán ciertos contratos de mayor uso en el tráfico jurídico civil y mercantil, con obligaciones pendientes y/o en ejecución, analizando caso a caso la normativa aplicable y como se condice con las finalidades y los intereses envueltos de la liquidación concursal

El presente trabajo de tesis está enfocado en diseñar una propuesta de gestión del conocimiento para liquidar administrativamente de forma más eficiente los proyectos de construcción de una empresa de transmisión eléctrica, como es el caso de Red de Energía del Perú (REP). La liquidación administrativa es un proceso que forma parte de la ruta crítica de la construcción de infraestructura para la transmisión eléctrica y que es una de las actividades principales de REP. Dicho proceso se ejecuta de forma tardía y demanda el reproceso de actividades por una inadecuada gestión del conocimiento. Este escenario genera diversos efectos en la organización como la utilización de horas hombres adicionales para poder completar la liquidación, un impacto negativo contable y tributario para la empresa por no realizar oportunamente el pago de impuestos, una gestión de inventarios deficiente debido a no contar con información actualizada de los bienes que se van adquiriendo en el proyecto y un retraso en el envío de información al Ministerio de Energía y Minas (MEM) que podría generar multas con el Estado. Para poder plantear las alternativas de solución de gestión del conocimiento se utilizará la metodología CommonKADS donde primero se analiza a detalle el proceso de liquidación administrativa y se identifican y clasifican los activos de conocimiento más importantes. Luego se analiza el sistema actual de gestión del conocimiento del proceso y finalmente, se identifican oportunidades de mejora con su respectivo análisis de factibilidad de las soluciones propuestas.