Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con fecha 5 de abril de 2011 fue ingresado a tramitación al Congreso Nacional de Chile, con el número de Boletín 7567-07, un proyecto de ley que viene en introducir reformas sustanciales al régimen de sociedad conyugal que actualmente rige en nuestra legislación. Así, a la tradicional estructura de administración matrimonial se le proponen importantes cambios que, en lo medular, persiguen dar aplicación del principio de igualdad ante la ley, otorgar una efectiva y real capacidad a la mujer casada en sociedad conyugal respecto del marido y por último, mejorar aún más la protección económica al cónyuge que se ha dedicado al cuidado de los hijos o del hogar y que no ha desempeñado un trabajo distinto, o bien, que habiéndolo desempeñado lo ha hecho en menor medida de lo que quería o podía. De acuerdo a lo señalado en la parte introductoria del proyecto presentado, el objetivo general pretendido es la adecuación del régimen a las exigencias del siglo XXI, fundamentalmente en los aspectos que más críticas han motivado en los últimos años, que dicen relación con la administración de los bienes y la titularidad del patrimonio reservado. A la luz de nuestra legislación civil y especialmente del derecho de familia, la reforma que se plantea asoma como de gran relevancia, pues su incorporación a la agenda legislativa es consecuencia de haber percibido la autoridad la necesidad de actualizar las normas que rigen patrimonialmente al matrimonio, poniéndolas a tono con una realidad social que es diametralmente distinta de la que se consideró al momento de la redacción del Código Civil, y distinta también a la que se tuvo a la vista en las reformas posteriores, siendo por consiguiente este proyecto resultado de cierto consenso académico y político que entiende necesaria la actualización de la ley a las nuevas formas de vida.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este análisis también tiene como objeto determinar como ha sido la recepción del régimen de participación en los gananciales en los protagonistas del mismo, que no son otros que los cónyuges, quienes deben optar por un sistema patrimonial tomando en cuenta todas las variables permitidas para así poder llevar una vida en común lo más tranquila posible, porque no cabe duda que una de las grandes preocupaciones de los matrimonios hoy es la estabilidad económica y para ello cuentan con la posibilidad de optar por el régimen que más les acomode. Considerando el bajo porcentaje de matrimonios que han optado por el régimen en estudio desde su entrada en vigencia, ha resultado imposible constatar actividad jurisprudencial al respecto tanto en los Tribunales Superiores de Justicia como en los inferiores; por ello es que el análisis jurisprudencial que se presenta en este trabajo se desarrolla en base a la abundante jurisprudencia en materia de régimen de sociedad conyugal, constatando los defectos de que éste adolece y que son superados por el régimen de participación en los gananciales, particularmente las dificultades probatorias respecto del patrimonio reservado de la mujer casada, institución que ha cobrado gran importancia debido a la paulatina incorporación de la mujer a la actividad laboral; de la validez de los pactos sustitutivos de la sociedad conyugal por el régimen de separación total de bienes; y de los problemas derivados de las solemnidades requeridas para ejecutar actos de disposición que involucren bienes sociales, las cuales son exigidas para dar una efectiva protección a la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto global de actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil y sus leyes complementarias, y constituye, en lo particular, una nueva recopilación, análisis y extracto de los fallos dictados con respecto al Derecho de Familia. Los múltiples cambios sociales han originado importantes reformas a la normativa de filiación y matrimonio. A las modificaciones sustanciales introducidas por la nueva legislación en materia de familia, debe añadirse la creación de los Tribunales de Familia, que configuró un sistema totalmente novedoso en lo concerniente a resolver las disputas particulares sobre la materia. La aplicación de la Nueva Ley de Matrimonio Civil no estuvo exenta de dificultades, por cuanto los tribunales tuvieron que ir definiendo y adoptando posturas respecto de la interpretación de las nuevas instituciones, interpretación que varía entre los distintos tribunales y también al interior de un mismo tribunal en espacios temporales diversos. Esta presentación se centrará en la institución del matrimonio, especialmente en lo referido a su constitución, efectos y nulidad. Atendido el aumento sostenido que han tenido las uniones de hecho al interior de nuestra sociedad, el presente trabajo considera un análisis particular al respecto, enfocado principalmente en los efectos que, a falta de regulación orgánica, ha debido reconocerle la jurisprudencia nacional. Para analizar esta situación lo hemos subsumido bajo el artículo 102 del Código Civil.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de la memoria es investigar el verdadero alcance de dos modificaciones introducidas por la Ley de Matrimonio Civil de 2004: el reconocimiento civil de los matrimonios celebrados ante entidades religiosas de derecho público y la responsabilidad penal por causa de su celebración. Ambos respecto del matrimonio canónico, pero cuyas conclusiones son aplicables a los diversos regimenes religiosos con presencia en nuestro país. La investigación se divide en dos partes. En la primera formada por los tres primeros capítulos, se estudian los principales antecedentes jurídicos que constituyeron el matrimonio en Occidente y se constata la preeminencia de las jurisdicciones del Estado y de la Iglesia Católica; luego, se exponen los elementos fundamentales del matrimonio canónico, y se concluye definiendo la naturaleza y características del actual sistema matrimonial chileno. En la segunda parte formada por los capítulos cuarto y quinto, se examina la influencia del matrimonio religioso, principalmente del canónico, en el origen y evolución de los delitos que han castigado los matrimonios ilegales en Chile; y se analiza dogmáticamente la renovada categoría de la celebración de matrimonios religiosos civilmente ilegales. La memoria consigue comprobar que los efectos civiles de los matrimonios religiosos celebrados ante entidades religiosas de derecho público son accesorios a la celebración efectiva del matrimonio civil, por tanto, virtuales y carentes de sentido; y además son exclusivamente formales, debido a que se refieren únicamente al rito religioso. En base a lo anterior, los delitos para castigar la celebración de matrimonios religiosos civilmente ilegales constituyen una extensión impropia del catalogo punitivo y una amenaza potencial para la libertad de los ministros de culto. Para superar la situación indicada, se exponen las posibles soluciones y se propone la que es considerada más adecuada a nuestra realidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El contexto de esta investigación se enmarca en la nueva institucionalidad que introdujo a la legislación nacional la ley 19.947, que vino a reformar las normas que hasta el año 2004 regulaban el matrimonio civil en Chile. Dentro de las modificaciones mas importantes al régimen anterior está la introducción del divorcio con disolución del vínculo, que permite a quien ostente dicho estado civil contraer matrimonio nuevamente, la figura de la separación judicial, y mas importante, al menos para este estudio, la creación de un nuevo efecto patrimonial del matrimonio, que tendrá efecto sólo ante la terminación del mismo, a saber, la compensación económica. Este efecto patrimonial tiene como finalidad primordial la protección al cónyuge más débil luego del término de la relación marital, atendido a que generalmente, los años de entrega por parte de uno de los cónyuges al desarrollo de la familia terminan por posicionarlo en una situación considerablemente desmejorada respecto al otro cónyuge, cuando de rehacer su vida se trata. La ley no podía alienarse a este efecto propio del término de un matrimonio, y por tanto, la segregación del núcleo familiar, por lo cual incorpora esta nueva institución en el derecho nacional, a fin de dar una solución a tan grave predicamento: que hacer cuando ya no puede dependerse económicamente del cónyuge para mantenerse a sí mismo y a la familia común, atendido los años que duró el matrimonio y la dedicación a las labores del hogar. Esta nueva institución, luego de un intenso debate legislativo, en el cual se discutió profusamente sobre cual sería su fundamento, naturaleza jurídica, y régimen legal, termina por considerarse como la obligación de uno de los cónyuges al cumplimiento de una prestación a favor del otro, por el menoscabo económico que este último sufre por el hecho de terminar el matrimonio, además de otros requisitos que se analizarán en su oportunidad. Siendo así las cosas, es de sumo interés conocer que se entiende efectivamente por menoscabo económico, a la luz de las sesiones legislativas, lo que la doctrina ha entendido por éste, tanto a nivel nacional como comparado, y como ha sido entendido este concepto por la jurisprudencia nacional. Como se verá, el menoscabo económico viene a ser la piedra angular de esta nueva institución, atendido a que luego de los citados debates parlamentarios, se dejó de lado la concepción que sí recogen otras legislaciones, en cuanto a otorgar al cónyuge mas débil una acreencia alimentaria sobre el cónyuge deudor, para recoger un concepto, no de indemnización, pero si de compensación por el menoscabo que el primero haya sufrido. Y precisamente en la forma de entender el menoscabo que parte de la jurisprudencia debiera reorientar su forma de entender la institución, por cuanto en una gran parte de los casos se limita a considerar los requisitos del artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil, cuando, por expresa disposición de la ley, para que proceda la acción será siempre necesario ahondar todos los elementos del artículo 62, muchas veces aplicado sólo para efecto de cuantificar el monto, pero no como parte integral de los requisitos de procedencia. Es por ello que este estudio pretende dar luces sobre los elementos que lo componen y cual debiera ser su correcta interpretación, como a su vez ver como éstos se relacionan, y se limitan entre sí.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria analiza de manera crítica la ley n° 20.830, que Crea el Acuerdo de Unión Civil. Se busca, principalmente, establecer si viene a ser una adecuada solución para los problemas de las uniones de hecho, que es lo que, según el mensaje del proyecto de ley, pretende lograr. El primer capítulo delimita el concepto de unión de hecho y sus características, además de esbozar brevemente los sistemas que en derecho comparado se han utilizado para regular esta realidad, en el segundo capítulo se analiza en detalle el Acuerdo de Unión Civil y, finalmente, el tercer capítulo viene a concluir que el sistema adoptado por nuestro legislador, además de adolecer de variadas falencias, no satisface las necesidades de regulación de las convivencias extramatrimoniales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto fundamentar la tesis de la improcedencia del arresto como medida de apremio, ante el no pago de la compensación económica. Con el propósito de respaldar esta afirmación, este trabajo se compone de tres capítulos y una conclusión final. El capítulo primero se refiere al marco teórico y normativo de la institución de la compensación económica, donde señalaremos su concepto, el fundamento de la institución, los requisitos normativos para su procedencia, su determinación, forma de pago y las diversas posturas que se han elaborado respecto a su naturaleza jurídica. En el segundo capítulo expondremos la historia legislativa del artículo 66 de la ley Nº 19.947 y analizaremos cuáles han sido las posiciones y argumentos que ha sostenido la doctrina sobre la procedencia del arresto por el no pago de la compensación económica. En el tercer capítulo describiremos y comentaremos los criterios que han tenido nuestros tribunales superiores de justicia sobre la materia, dividiendo las sentencias entre aquellas que acogen el arresto como medida de apremio y aquellas que lo rechazan. Por último, comentaremos y analizaremos un fallo de nuestro Tribunal Constitucional, respecto a un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 66 inciso segundo de la ley en comento. Finalmente, en nuestra conclusión, intentaremos relacionar los argumentos sostenidos tanto por cierto sector de la doctrina como por diversa 6 jurisprudencia de nuestros tribunales para afirmar la tesis de la improcedencia del arresto como vía de apremio por el no pago de la compensación económica, por tratarse de una medida que infringe el derecho a la libertad personal y desatiende la proscripción de la prisión por deudas contemplada en la Convención Americana de Derechos Humanos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de este trabajo será exponer el desenvolvimiento histórico jurídico que experimentó la regulación del concepto de unidad domiciliar de los cónyuges, expresado en su contenido material y que consiste en el deber de los cónyuges de vivir juntos. Dicho análisis se sustentará en una continuidad histórica conforme a la cual podemos trazar una secuencia que se arranca desde el derecho romano y que llega hasta nuestro derecho actualmente vigente. Lo anterior hará posible que constatemos si cada una de las vertientes históricas que conforman el sustrato de nuestro derecho, recogieron, de alguna forma, la necesidad de que los cónyuges vivieran juntos, como un elemento definitorio de la realidad matrimonial. Para ello precisaremos la forma en que se abordó el tratamiento del deber de los cónyuges de vivir juntos: si se consagró expresamente o mediante normas que tendieran a su materialización en la práctica, o bien mediante normas que sancionaran su incumplimiento, o, al menos, a través de normas que precisaran los casos en que, por excepción, cesaba dicho deber no obstante subsistir el matrimonio. A su vez, la forma en que, en las distintas etapas históricas se abordó esta materia, nos proporcionaran una medida acerca del valor que en ellas se asignaba a la unidad domiciliar de los cónyuges. Por último, y partir de lo anterior, estaremos en condiciones de efectuar el mismo análisis respecto del derecho actualmente vigente. Podremos entender qué sentido tiene hoy del deber de los cónyuges de vivir juntos y qué valor se le asigna.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de este trabajo es analizar exhaustivamente la institución de la separación a la luz de la nueva Ley de Matrimonio Civil, para posteriormente compararla con las figuras del divorcio temporal y perpetuo reguladas en la Ley de Matrimonio Civil de 1884. Con ese propósito, dividiremos nuestra exposición en cuatro capítulos. En el primero de ellos, abordaremos el nuevo concepto de familia surgido en virtud de las innovaciones establecidas por la Ley Nº 19.947 sobre Matrimonio Civil. Asimismo, nos referiremos al tratamiento de ella dentro de nuestro ordenamiento jurídico y, en especial, a su consagración a nivel constitucional. En el segundo capítulo, efectuaremos un estudio exhaustivo del estatuto jurídico aplicable a la separación en la nueva Ley de Matrimonio Civil, para lo cual nos referimos e detalle a los principios que la informan. En el tercer capítulo, trataremos el procedimiento aplicable a los juicios de separación judicial, y nos referiremos a las instituciones de la conciliación y mediación, introducidas por la Ley Nº 19.947. Finalmente, en el capítulo IV realizaremos una comparación detallada entre el antiguo divorcio no vincular de la Ley de Matrimonio Civil de 1884 y la figura de la separación regulada por la Ley de Matrimonio Civil Nº 19.947.