Durante estos años laborando en OSINERGMIN, he desempeñado el cargo de Supervisor 4, encargado del área técnica de la Secretaría Técnica Adjunta de la Sala 2 del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minería, donde tuve la oportunidad de poner en práctica aquellos conocimientos adquiridos durante los años de estudio universitario, la experiencia obtenida en las prácticas de campo, además del continuo aprendizaje y actualización de conocimientos.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciencias Juridicas / Made available in DSpace on 2013-12-05T19:59:11Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1987Bitstream added on 2016-01-08T15:44:51Z : No. of bitstreams: 1 82058.pdf: 7556655 bytes, checksum: b1ccde885bb3f7eeac85f8ff8957a177 (MD5) / Este resumo é uma incursão no Ministério Público do Estado de Santa Catarina, direcionado, fundamentalmente, para a análise do papel que essa instituição cumpre, no exercício de suas atribuições, em face da Sociedade na qual se insere. O problema nuclear é saber se o Ministério Público do Estado de Santa Catarina exerce o que denominamos Função Social, expressão que sintetiza uma situação jurídico-político-administrativa particular: o agir do Estado Contemporâneo e, portanto, das instituições estáticas, por dever de agir, para com a sociedade, assentado numa noção axiológica de poder político e tendo em vista a consecução do Bem Comum, definido e dimensionado por essa sociedade. Esse questionamento é feito em três planos superpostos e dinamicamente articulados: o teórico-doutrinário, o normativo e a experiência vivida pelos integrantes do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Doutrina, Lei e Praxis. Como fontes de informações foram utilizados: levantamento bibliográficos; coleta de dados em pesquisas de campo (entrevistas formalizadas por um questionário); lei e documentos oficiais. A conclusão aponta o entendimento de que o conjunto de informes colhidos não autoriza afirmar ou infirmar a existência já caracterizada de uma Função Social do Ministério Público do estado de Santa Catarina. Propõe-se que o mais correto talvez seja apontar que as tendências captadas são vetores indicando que a Instituição está compondo o quadro de sua identidade. Nesse esboço já são visíveis os traços de uma Função Social em formação.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Hemos dividido el presente trabajo en cinco capítulos: En el primero de ellos se aborda la crisis que vive actualmente nuestro sistema de procesamiento penal, tema que a nuestro parecer es fundamental para entender adecuadamente el motivo de la creación del Ministerio Público. En el Capítulo segundo se desarrolla una visión histórica del Ministerio Público. Además se analizan los principios dogmáticos que informan nuestro actual proceso penal y los principios dogmáticos que informarán el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal (Legalidad- Escrituración versus Oportunidad- Oralidad). En el Capítulo tercero se aborda la historia de la Ley de Reforma Constitucional Nº 19.519 del Ministerio Público, en donde se exponen las principales intervenciones de las diferentes autoridades del país. Del mismo modo, se analizan los tratados internacionales vigentes en Chile y su vinculación con el nuevo sistema procesal penal. En el Capítulo cuarto nos abocamos a estudiar la historia de la Ley Orgánica Constitucional Nº 19.640 del Ministerio Público y la organización y atribuciones de este nuevo organismo. Además analizamos la relación del Ministerio Público con la Policía y el Juez de Control. Finalmente, en el Capítulo quinto de nuestro trabajo, se expone un análisis crítico de la sentencia pronunciada por el Tribunal Constitucional a propósito del control preventivo de constitucionalidad de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público

Memoria para optar al Título de Periodista / Los logros que Chile ha alcanzado en materia de infraestructura están a la vista. Estos avances fueron sin duda considerados para que el 15 de diciembre de 2009 el país alcanzara una de las metas más ambiciosas que se había propuesto en el ámbito de la política internacional en los últimos 20 años: el ingreso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), formada por las más influyentes economías del mundo lideradas por Estados Unidos, Japón, Turquía y los países miembros de la Unión Europea. Convertido en el miembro número 31 y el segundo país latinoamericano ─ después de México ─ en incorporarse a este selecto grupo de naciones, Chile consolidó así su categoría de país “desarrollado” ante el resto del mundo. Este logro es resultado de largos años de trabajo en los que se han invertido cuantiosas sumas de dinero para conectar y embellecer el país y demostrar al resto de las naciones que Chile se encuentra a la altura del epíteto que lo calificó en algún momento como el “jaguar de Latinoamérica”. La fórmula ha sido una alianza públicaprivada en que el Estado entrega una obra en concesión a una empresa privada que la construye, la explota y, posteriormente, la devuelve al poder público. Modernos edificios públicos, puertos, aeropuertos, cárceles y autopistas se han construido en estos 17 años con los últimos estándares en tecnología, gracias a la intervención de las empresas privadas en la ejecución de estas obras. Hoy Chile cuenta con una red de autopistas que interconecta gran parte de su franja territorial y ostenta el título de ser uno de los primeros países en el mundo en implementar el dispositivo de cobro electrónico de peajes, denominado TAG. Mi preocupación sobre este tema tuvo su punto de partida meses antes del terremoto de febrero de 2010, en la seguidilla de problemas que han enfrentado los usuarios de las autopistas urbanas concesionadas de Santiago, cuyos contratos no han sido del todo transparentes para el público. La motivación comenzó a crecer al avanzar en la investigación y descubrir que no sólo se trata de autopistas urbanas, sino de todo un aparataje de obras que se han entregado en concesión a conglomerados que tienen inversiones en otras áreas de negocios. Al profundizar un poco más, nos encontramos con actores políticos y económicos que hoy por hoy están en el primer plano, como el propio Presidente de la República Sebastián Piñera; José Cox, su amigo y socio; Herman Chadwick, primo hermano del Primer Mandatario, y grandes familias chilenas que tienen participación en más de una sociedad concesionaria.

Magíster en Gestión y Dirección de Empresas / El objetivo principal de este estudio es realizar una evaluación de coherencia, respecto de la forma en que la Fiscalía de Chile está implementando, bajo un enfoque estratégico, una política de calidad en los servicios que entrega. Para lo anterior, el principal insumo es el Plan Estratégico Institucional 2009-2015 y tres proyectos que, en su génesis, pretenden dar cuerpo a los servicios ofrecidos en el Plan. El estudio parte revisando los principales elementos componentes del Plan Estratégico, para luego explicitar y definir elementos de calidad en los servicios ofrecidos por la institución hacia sus principales usuarios las víctimas y testigos. A continuación, y bajo la Metodología de Marco Lógico, se abren los proyectos Tramitación de Casos Menos Complejos, Orientación Protección y Apoyo y Sistema de Información y Atención a Usuarios, incorporando árboles de problemas, objetivos y acciones, siempre bajo la secuencia acción-medio-causa-problema, permitiendo analizar de qué forma la intervención realizada, a través de cada proyecto, genera los medios que se enfocan directamente en la causa de un determinado problema. Del análisis se puede concluir que, en general, los tres proyectos revisados dan cuerpo a cada servicio ofrecido en el Plan. Por otro lado, todos agregan valor a la institución y a los servicios que reciben los usuarios, por tanto existe coherencia entre lo que se declaró, ejecutó y los resultados obtenidos. Sin embargo, existen aspectos, como por ejemplo la disminución de la carga laboral de los funcionarios respecto del proyecto Tramitación de Casos Menos Complejos, que no han sido medidos. Complementariamente se comprueba, a través de los indicadores autoimpuestos, que estos estándares si se están cumpliendo, cuestión que permite avalar en mayor o menor medida el logro de los objetivos planteados en los tres proyectos objeto de este estudio. En base al análisis realizado del proyecto Tramitación de Casos Menos Complejos, se recomienda a la organización, definir una carta declaración sobre calidad, para los distintos servicios que entrega y, mediante un enfoque por procesos, redirigir los esfuerzos en mejorar su principal servicio, cual es, dar solución a los conflictos penales, poniendo especial atención, por ejemplo, en la disminución de los términos de casos por archivo provisional y, enfocando los esfuerzos en aumentar las sentencias condenatorias. Respecto del proyecto Orientación Protección y Apoyo, se estima necesario complementar el modelo con técnicas de autocuidado que permitan al personal de la organización, que está en contacto directo con las víctimas, manejar de mejor forma la carga emocional que trae consigo el tomar mayor conocimiento de las investigaciones. Por último respecto del proyecto Sistema de Información y Atención a Usuarios, si bien los procesos declarativo y analítico se han desarrollando de manera coherente, en su puesta en marcha se recomienda utilizar la gradualidad en su implementación a nivel país, de manera que se atiendan de manera oportuna los inconvenientes propios de la puesta en marcha.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria se aboca a la investigación del rol que cumple el Ministerio Público en el diseño de Política Criminal en Chile. Para una comprensión del fenómeno de manera completa, es que ésta investigación se divide en dos partes, la primera de ellas, se encarga de constatar el estado actual de la Política Criminal en Chile, para ello se realiza un paneo histórico de la evolución que ha tenido la Política Criminal en nuestro país, que busca identificar el por qué de su variante punitiva, el por qué del estado actual de la misma y cuáles son las principales consecuencias que en la práctica se generan con la actual Política Criminal. En la segunda parte de esta investigación, nos concentramos en el Ministerio Público, señalando su organización, funciones y principios rectores. Todo esto para dilucidar el rol que cumple el Ministerio Público en el diseño de Política Criminal desde su entrada en vigencia el año 2000 junto con la Reforma Procesal Penal. Luego del análisi de diversas historias de la ley y de la LOCMP demostrámos cómo es que el Ministerio Público es la institución llamada al diseño de la Política Criminal persecutoria del país, señalando cómo se diseñan estos criterios político criminales, cuáles son los controles de estos criterios dentro y fuera de la institución, y realizamos las críticas que consideramos en relación tanto a la función misma de diseño de Política Criminal persecutoria como a la forma en que se desarrolla ésta

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1978. / Made available in DSpace on 2013-12-05T19:02:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 321198.pdf: 2436974 bytes, checksum: b30c86a5fd0459cd35d6774e56bd3cea (MD5)

Tesis para optar al grado de Magíster en Políticas Públicas / No disponible a texto completo / El presente trabajo tiene por finalidad explicar cómo, en el marco de la política pública de Justicia, es posible fundamentar los motivos, más allá de los normativos, en virtud de los cuales el Estado debe proveer servicios de asistencia legal en el marco del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, explicando las razones normativas y empíricas que sustentan su establecimiento y, en particular, los fundamentos detrás de la utilización de sistemas de externalización. Se expondrá cómo la literatura ha explicado esta situación: por un lado la jurídica, a través del concepto del debido proceso, y por la otra, la económica, a través de la minimización de los costos sociales para la provisión de bienes públicos. Se explicará que el bien público justicia requiere una serie de factores esenciales para su producción, relacionados por una condición de mínimos, entre los cuales se encuentra la defensa. Se indicará que la producción sub óptima de la defensa conlleva una intervención del Estado para su provisión, sobre todo si esa producción sub óptima es consecuencia de que la mayoría de la demanda por estos servicios en el sistema de enjuiciamiento criminal proviene de personas pobres, con escasa disposición a pagar por esos servicios y, por otro lado, pues la inexistencia de defensa implica afectar la continuidad y eficiencia del sistema judicial en su conjunto. Una interrogante a resolver es si el Estado debe producir o comprar el servicio de defensa. Si bien la literatura de licitaciones de defensa penal ha puesto énfasis en los aspectos asociados a las áreas sensibles, es necesario establecer elementos que permitan evaluar qué aspectos se deben considerar para ocupar un sistema u otro. Con dicha finalidad se analizará el sistema implementado en Chile y sus resultados, con el objeto de proveer de información de la manera en como alguno de esos supuestos se han comportado. Lo anterior puede resultar relevante en un momento de reformas judiciales, no sólo la procesal penal completamente instalada, sino que también la de tribunales de familia y la nueva justicia laboral, en proceso de instalación. Estas experiencias y modelos debiesen servir también para evaluar los aspectos vinculados a lo que se supone serán las reformas al sistema de enjuiciamiento civil.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta monografía comenzará con un capítulo introductorio en el que nos plantearemos la necesidad de controlar o no al Ministerio Público. Luego dedicaremos un capítulo a cada sistema, empezando por una descripción breve de cada uno de éstos, para luego dar paso a un análisis de fondo de la forma en que se controla al órgano persecutor tanto a nivel administrativo, judicial, como político. A continuación seguiremos con un capítulo destinado a la comparación de los distintos sistemas nacionales en función de los siguientes criterios: Principios que informan su actuación y mecanismos de control. Por último, finalizaremos con un apartado de conclusiones generales en el cual trataremos de determinar cual de estos sistemas es el que mejor combina eficiencia con protección de garantías en el proceso penal.

Magíster en Estudios Internacionales / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / A fines del 2008 se promulga en Chile la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, que establece que es pública la información elaborada con presupuesto público, y además toda otra información que esté en poder de los órganos de la administración de Estado. Además, de acuerdo a esta legislación, el secreto gubernamental se debe constreñir a situaciones consideradas excepcionales y especificadas por ley. Sumando a lo anterior, esta nueva normativa crea el Consejo para la Transparencia, el cual está ocupado de promover el “principio de transparencia”, y revisar los amparos que se interpongan cuando una persona reclame por la vulneración de su derecho a la información. Si el Consejo estimase que un organismo público está incurriendo en una falta grave, éste tiene la competencia de formular y ordenar la aplicación de sanciones para los jefes de servicios responsables de la infracción a la ley. Sin embargo, problema fundamental de esta legislación es que si bien los límites de la transparencia están especificados por ley, estos están establecidos por términos ambiguos y dejan bastante espacio a la discrecionalidad de los actores organizacionales en juego (Correa 2011). Esto toma importancia para las relaciones internacionales en cuanto la Ley 20.285 afecta el actuar de todos los ministerios que componen al poder ejecutivo, y por ende, el Ministerio de Relaciones Exteriores también se encuentra supeditado a esta legislación (República de Chile 2008, art. 2), secretaría que históricamente, en Chile y en otros países del mundo, guarda con cuidado riguroso cierta información que maneja, previendo una posible afectación de los intereses nacionales. En síntesis, existe por un lado una legislación que busca promover la transparencia gubernamental creando un organismo para su garantía, y por otro lado, un quehacer del Estado –la política exterior- que demanda espacios de secreto para su accionar, en un contexto donde eventuales controversias se resuelven a partir de un marco normativo poco claro en las definiciones fundamentales que determinan los espacios de no transparencia (o secreto.