Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La locución “quiebra” es idónea para ser subsumida dentro de múltiples acepciones, atendiendo a diversos criterios. Desde una primera aproximación, la nomenclatura “quiebra” puede ser examinada en el sentido natural y obvio que autoriza la Real Academia Española de la Lengua , en los siguientes términos: “Juicio por el que se incapacita patrimonialmente a alguien por su situación de insolvencia y se procede a ejecutar todos sus bienes en favor de la totalidad de sus acreedores” . Desde una perspectiva económica, la quiebra implica un estado crítico patrimonial, provocado por “una enfermedad del patrimonio” . Por otra parte, introduciéndonos en el examen jurídico de la voz “quiebra”, la doctrina le ha imputado los siguientes alcances: a) En un sentido empírico, la quiebra puede ser entendida como la materialización de un estado de crisis del patrimonio de su titular. b) En un sentido estrictamente económico, la quiebra hace alusión a un magno descalabro monetario que desemboca en la declaratoria de quiebra. c) En un sentido jurídico, la quiebra consiste en el cotejo del estado de quiebra económica para proceder a declararla judicialmente, en virtud de la cual el patrimonio del titular se sujeta a un procedimiento concursal al que concurren, en pago, todos sus acreedores.

Los conflictos sociales han representado últimamente un problema muy significativo para el mantenimiento del orden público en la sociedad peruana. El país últimamente ha presentado un desarrollo económico, principalmente por la industria extractiva siendo la minería la actividad principal. Esta situación ha generado en algunos lugares del país graves problemas sociales, que han ocasionado pérdidas económicas y en algunas oportunidades la vida de personas tanto civiles como policías. Ante la necesidad de restablecer el orden público, la Policía Nacional del Perú realiza diferentes actividades, entre ellas la gestión del personal policial para el control de multitudes frente a los conflictos sociales a nivel nacional. En esta situación podemos apreciar, cuáles son las características de gestión del personal de la USE y la DIROES, destacado a las intervenciones ante los problemas antes indicados. Se pudo determinar cuáles son los problemas y las causas en la gestión del personal policial para intervenir en conflictos sociales. Ante esta situación la Policía Nacional del Perú, por intermedio de sus unidades especializadas en control de multitudes como la DIROES y USE, hacen frente a los conflictos sociales que se desarrollan a nivel nacional, en el ejercicio de esta función estas instancias presentan diferentes falencias en la parte administrativa y operativa, lo cual conlleva a una inadecuada respuesta ante los conflictos sociales y se pone de manifiesto en comentarios negativos de parte de la comunidad, perdidas económicas e incluso de vidas humanas / Tesis

Biotechnological and genetic patents: legal and ethical approachBiotechnology’s entry to patentable inventions field and ethical questions generated are studied from the analysis between moral and legal order relationship. There are several cases where standards concerning patents came into conflict with public order idea or moral concerns, such as human cloning processes or genetic identity modification of human beings or animals. Among these problems, patenting of human genetic material is pointed out. Different views on the issue are carefully analyzed; this piece of writing a does not pretend to close the debate but to expose the key points involved. / Desde el análisis de la relación entre moral y orden jurídico, se analiza el ingreso de la biotecnología al campo de las invenciones patentables y los cuestionamientos éticos que ha generado. Varios son los casos en los que las normas relativas a las patentes fueron colisionando con la concepción de orden público o la moral, como, por ejemplo, los procedimientos de clonación humana o de modificación de identidad genética de humanos o animales. Entre estos problemas destaca el referente al patentabilidad del material genético humano. Las posiciones sobre el tema son expuesta con detenimiento y el artículo no pretende cerrar el debate, sino exponer sus aspectos más importantes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria se estructura en dos partes y cada una de ella cuenta con dos capítulos. El primero trata de las generalidades y particularidades que caracterizan a las instituciones que integran las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Allí se destaca el hecho de tratarse de organismos que forman parte de la Administración Pública y el de poseer una especial característica en lo que concierne a la Responsabilidad del Estado: La frecuencia y gravedad con que, a propósito del desarrollo de sus actividades, se producen daños sobre las personas o sus bienes, cuestión que se ilustra con la mención de una serie de ejemplos concretos recogidos de la prensa. Se hace referencia también a su organización interna, en cuanto resulta pertinente al régimen de subordinación bajo el cual se desenvuelven sus agentes

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Es por las consideraciones anteriores, y por el hecho de que en nuestro país la garantía del libre desenvolvimiento de actividades económicas ha sido más o menos sistemáticamente atropellada en años anteriores, como lo demuestra el abultado número de resguardos de que goza, es que me he decidido a emprender este trabajo. El objetivo del mismo es comprobar cómo en la realidad de los prácticos y operadores del Derecho se ha tutelado esta garantía, cómo ha sido comprendida y cuando se ha entendido que ella ha sido vulnerada. Para ello se ha dividido el trabajo en dos partes:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En un mundo globalizado en el que las relaciones comerciales internacionales han aumentado de manera considerable, cobra gran importancia el arbitraje comercial internacional, por los beneficios que éste representa para las partes contratantes a la hora de resolver un eventual conflicto. Teniendo presente la dificultad que representa para las partes el hecho de pertenecer a distintos Estados, con leyes y principios divergentes, el arbitraje comercial internacional parece ser una buena alternativa para las partes, de contar con algunas certezas a la hora de enfrentarse a una posible controversia, evitando tener que someterse a una legislación y jurisdicción que puedan resultarles desconocidas. La Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional es un fiel reflejo de este fenómeno, esta ley está formulada para ayudar a los Estados a reformar y modernizar sus leyes sobre el procedimiento arbitral a fin de que se tengan en cuenta los rasgos peculiares y las necesidades del comercio internacional. Se caracteriza por regular todas las etapas del arbitraje, desde el acuerdo de arbitraje, hasta el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral. En Chile se ha acogido esta idea con la dictación de la Ley 19.971, cuyas normas se orientan a adaptar y armonizar las reglas del comercio internacional, todo esto, con una gran flexibilidad procedimental. La decisión de Chile, demuestra una intención de unirse en la búsqueda de un consenso universal, con miras a un derecho comercial internacional más uniforme.

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / A lo largo de nuestro primer capítulo expondremos los elementos y características que le ha atribuido la doctrina internacional al concepto de orden público, continuando en nuestro segundo capítulo con el tratamiento y función que tiene el concepto de orden público en el ámbito del arbitraje comercial internacional a nivel comparado, distinguiéndolo de otros conceptos como es la arbitrabilidad, las tendencia conceptual que se han dado a su respecto, el rol que juega en el arbitraje comercial internacional y los factores que determinan dicho rol. Finalmente, en el tercer capítulo daremos a conocer el tratamiento doctrinario y jurisprudencial que ha tenido en general el orden público en Chile. Luego revisaremos críticamente el sistema de ejecución de sentencias extranjeras en nuestro país, vinculándolo con la función que debe tener el orden público en la Ley 19.971

El presente estudio cuyo objetivo se centrará en determinar si es conveniente la regulación de esta institución jurídica, respetando los principios y fuentes del Derecho vigentes en nuestro sistema jurídico, tomando en cuenta lo desarrollado por la doctrina y normativa internacional. El desarrollo de la presente tesis tuvo como base, analizar el desarrollo del fraude a la ley en diversas relaciones jurídicas de índole internacional privada, siendo una figura jurídica no regulada, pero que se encuentran operativa en nuestra economía social de mercado, comprobando de esta manera la funcionabilidad de una posible regulación, siendo más precisos se estudiará la necesidad de una adecuada regulación del fraude a la ley, no limitando su utilización, si no a fin de fomentar su implementación. Asimismo, se planteará una propuesta legislativa, ya formulada por la Doctora Delia Revoredo, formulando su adhesión en el libro X del Código de 1984 respecto al derecho internacional privado, considerando de esta manera que es perfectamente viable la regulación.

De la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano (1999-2015) puede constatarse y/o inferirse que el sometimiento de las partes del convenio arbitral al arbitraje y sus efectos encuentra constitucionalmente límites explícitos e intrínsecos en la finalidad (causa final) ilícita de dicho convenio o de los contratos y demás actos jurídicos conexos y en la contravención del orden público. Estos límites constitucionalmente explícitos confluyen en uno solo: todo acto jurídico o contrato válido es de por sí lícito, para fines lícitos, conforme al orden público, que en sentido lato incluye a la moral social. Asimismo, de dicha jurisprudencia se desprende que el sometimiento al arbitraje y sus efectos encuentra constitucionalmente un límite implícito y extrínseco en el alcance de otros derechos fundamentales y constitucionales. Así como el Estado es el último garante de la autodeterminación de las partes para la solución contractual de los conflictos, es también el último garante del orden público en el ordenamiento jurídico sistémico y jerárquico. La Duodécima Disposición Complementaria de la Ley de Arbitraje vigente indica que “…el recurso de anulación del laudo es una vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo”. Esta disposición complementa el artículo 63° de la Ley de Arbitraje, sobre causales de anulación, terminando por admitir la anulación del laudo en casos de amenaza o vulneración de derechos sustentados en el orden público constitucional, indisponible incluso para el legislador, el cual incluye a los derechos fundamentales y constitucionales de carácter sustantivo y a los inherentes al debido proceso, como límites constitucionales a la libertad contractual. No existe en el artículo 63° de la Ley de Arbitraje ni en ninguna otra disposición de dicha ley una causal de anulación de un laudo de arbitraje nacional que proteja de la contravención del orden público de génesis legal. La causal existe en el inciso 1.f de dicho artículo de la Ley de Arbitraje sólo para el arbitraje internacional cuando el laudo es contrario al “orden público internacional del Perú”. Si bien las causales taxativas de la Ley de Arbitraje se explican por la naturaleza excepcional de la anulación, no puede soslayarse que dicha anulación debe proceder fundamentalmente por ausencia en el laudo de elementos esenciales del mismo. Si bien hay certidumbre de la omisión en la Ley de Arbitraje de tal causal para el arbitraje nacional, también la hay respecto a que conforme a la Constitución el derecho constitucional a contratar es en su esencia para fines lícitos, sin contravención de leyes de orden público. Tratándose de un elemento esencial, no hay racionalidad constitucional en que su ausencia no acarree invalidez. La omisión no se condice con el alcance limitado de la protección de la libertad contractual en el texto constitucional del inciso 14 del artículo 2° de la constitución, ya se trate de una relación contractual nacional o de una internacional. Los límites de la libertad en el arbitraje definen la esencia de dicha libertad, el campo de lo constitucionalmente disponible para los árbitros y lo constitucionalmente indisponible para ellos. Resulta, entonces, constitucionalmente procedente la anulación del laudo nacional contrario al orden público del Perú. Será control de la constitucionalidad si se trata del orden público constitucional. Será control de la legalidad si se trata del orden público de origen legal.

El progresivo proceso de asunción de competencias, de ordenación, limitación y racionalización del poder y de reconocimiento de valores y derechos ha convertido a la Unión Europea en un nivel supranacional de poder en el que se ejercen importantes parcelas de soberanía originariamente estatal. Este proceso de constitucionalización no ha dado lugar, sin embargo, a una constitución material en sentido estricto: si el ordenamiento constitucional ha de fundamentarse, en los términos teóricos propios del constitucionalismo social, en el valor igual dignidad humana y en la centralidad de la persona, el sistema jurídico-político de la Unión se ha construido y ha evolucionado, por el contrario, de manera funcional a su objetivo primigenio de desarrollo del mercado común europeo. La constitucionalización de la Unión conforme a los paradigmas del primer constitucionalismo (liberal) explica el predominio en dicho espacio de las instituciones propias de la dimensión orgánica de la constitución, destinadas esencialmente a la limitación del poder. La dimensión dogmática queda reducida, en cambio, a reconocimientos esencialmente formales, no fundamentados en la centralidad de la dignidad. El siguiente estadio en la evolución del proceso de integración y de constitucionalización europea habría de fundamentarse, en términos lógicos, en la asunción de los parámetros propios del constitucionalismo social contemporáneo y, en concreto, en la articulación del ordenamiento jurídico europeo en torno a la máxima realización de la igual dignidad humana. Siguiendo la metodología del Derecho constitucional europeo crítico, la presente tesis doctoral trata de reconstruir la dimensión dogmática del espacio constitucional europeo a través del mecanismo jurídico del orden público. Para ello, en la primera parte se lleva a cabo una caracterización de la categoría, los elementos constitutivos y las funciones del concepto de orden público y se ejemplifica su operatividad en el ordenamiento jurídico español. Construido a partir de la doble dimensión (subjetiva y objetiva) de los derechos fundamentales, el orden público se presenta como una síntesis de los valores propios de un ordenamiento jurídico determinado que garantiza en el mismo la mayor protección, promoción y efectividad de la dignidad humana. La segunda parte de la tesis tiene por objeto el estudio de la configuración del orden público en el Derecho de la Unión Europea vigente, lo que se realiza a partir del análisis de la categoría y sus elementos constitutivos en el ordenamiento jurídico europeo y, particularmente, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ello nos permite constatar que el orden público actúa en dicho nivel como una excepción o contralímite axiológico a la aplicabilidad en los Estados miembros de determinadas normas de Derecho de la Unión y que, por ello, no es equiparable al concepto constitucional de orden público. Finalmente, la tercera parte de la tesis se dedica, en primer lugar, al análisis del orden público configurado por el Tribunal de Estrasburgo a partir del Convenio Europeo de Derechos Humanos como modelo de referencia para un orden público propio de la Unión Europea. En segundo lugar, se explora en la dimensión dogmática del Derecho de la Unión los factores impeditivos de la conformación de un orden público europeo. En tercer lugar, se realizan diferentes propuestas de lege ferenda para la generación de un orden público propio del nivel constitucional europeo, centradas esencialmente en la necesaria reconfiguración de la posición constitucional que los derechos fundamentales ocupan en la Unión Europea.