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Innovación de la participación de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas en los conflictos socioambientales

Malaspina del Castillo, Ghino Gerardo 28 February 2020 (has links)
La participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el control del orden público, es fundamental para que en el país prime el Estado de derecho. Los conflictos socioambientales son una manifestación de protesta de los pobladores donde se desarrollan los proyectos mineros, especialmente por el temor a la contaminación de sus terrenos. Llegado el momento de intervenir por desórdenes sociales, el gobierno de turno dispone que la PNP, de conformidad con la Constitución Política, haciendo uso de todos sus recursos humanos y logísticos, controle el orden público. Sin embargo, debido a la estrategia desplegada por los organizadores de las protestas sociales, con motivo de los conflictos socioambientales, éstas se prolongan en el tiempo y se vuelven cada vez más complicadas para la participación de la policía. Se abren muchos frentes de lucha, se aprovecha el terreno geográfico, se amenaza con tomar locales de servicios básicos, etc. Frente a ese escenario, la PNP ve reducidas sus capacidades de controlar el orden público y por lo tanto tiene que solicitar el apoyo de otras instituciones como las Fuerzas Armadas (FFAA), para que con su personal y logística se pueda lograr el objetivo: imperio de la Ley y el orden. Lamentablemente, desde el 2001, en que se dio inicio a los conflictos sociales, hasta la fecha, en las ocasiones que han intervenido las FFAA en apoyo a la PNP, se ha notado que la colaboración no es integral y por el contrario, se ponen ciertas limitaciones en el uso del personal militar y en el uso de su logística, como por ejemplo el empleo del transporte y el combustible, así como su participación siguiendo un planeamiento policial, debido a que la policía es la titular de esta función. Esta situación, que pareciera que solo afecta a la PNP, contribuye a que no se logre el objetivo final de control del orden público, generando un clima de falta de principio de autoridad e impunidad en la población. En estas circunstancias, es conveniente que se instale una política pública que permita que el apoyo de las FFAA a la PNP, en el marco de los conflictos socioambientales, se realice de una manera más dinámica y efectiva, que permita que prevalezca el orden público y por lo tanto la paz social. A nivel económico, esta tranquilidad va a permitir que los potenciales inversionistas puedan elegir al país como un destino que ofrezca garantías a sus capitales, lo que traerá consigo mejores condiciones de vida para nuestra población. Si bien es cierto, a través del tiempo, se han dado algunos dispositivos legales que regulan la participación de las FFAA en conflictos internos, el que se encuentra vigente no ha sido reglamentado y por lo tanto debe serlo; pero no solo eso, se puede encaminar la política pública para que en todo momento en que la PNP requiera el apoyo de las FFAA, no solo durante los conflictos socioambientales, reciba el apoyo solicitado con miras a mantener el principio de autoridad y que los ciudadanos puedan convivir en un clima de tranquilidad. / Trabajo de investigación
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Propuesta de abastecimiento, asignación y control del equipamiento de protección para el personal de la Policía Nacional del Perú encargado del control del orden público, en Lima Metropolitana

Benalcazar Luna, Rolando, Caballero Farfán, José Javier 30 December 2024 (has links)
En los últimos años en el Perú, las protestas sociales evidenciaron un elevado costo social de heridos y de vidas del personal policial que en algunos casos participó sin los equipos de protección personal (EPP) que corresponden, incumpliéndose la Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo que precisa las medidas de protección en el trabajador. El Estado a través del Ministerio del Interior (MININTER) y Policía Nacional del Perú (PNP) como empleadores deben proveer los EPP adecuados, asegurándose que los policías los utilicen y conserven en forma correcta. Esta norma tiene ámbito de aplicación obligatoria en la PNP. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) determina que el ejercicio de las protestas sociales ejercida por los manifestantes, es un derecho que no es ilimitado y está y está supeditado al cumplimiento de la Ley, que permite asegurar el respeto a los derechos de los demás. El Orden Público (OP) se vulnera en las protestas sociales cuando se tornan violentas. Ante estas situaciones, la PNP a través de las Unidades de Servicios Especiales (USE), desarrollan su actividad dentro del marco constitucional, los derechos humanos y los principios básicos en el empleo del uso progresivo de la fuerza, enmarcados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. En la actualidad, existe un déficit en el equipamiento especial antidisturbios de las USE de Lima metropolitana para el personal de apoyo designado en el control del OP en las manifestaciones sociales cuando son violentas, lo que viene causando daño en la integridad física del personal policial. En ese sentido, el equipamiento de EPP debe obedecer a un planeamiento de abastecimiento institucional eficiente e innovador, acorde a las necesidades reales que permitan garantizar la integridad física en el accionar del personal policial designado para participar en el control de conflictos sociales, que permitirá el cumplimiento de la Ley 29783 que precisa medidas de protección en el trabajador. / In recent years in Peru, social protests have shown a high social cost of injuries and lives of police personnel who in some cases participated without the corresponding personal protective equipment (PPE), violating Law 29783 on health and safety in Peru. the work that requires protective measures for the worker. The State, through the Ministry of the Interior (MININTER) and the National Police of Peru (PNP), as employers, must provide adequate PPE, ensuring that police officers use and maintain them correctly. This standard has a mandatory scope of application in the PNP. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) determines that the exercise of social protests by protesters is a right that is not unlimited and is subject to restrictions established by law, which allows ensuring respect for the rights of the rest. Public order (PO) is violated in social protests when they become violent. Faced with these situations, the PNP, through the Special Services Units (USE), develop their activity within the constitutional framework, human rights and the basic principles in the use of the progressive use of force, framed in the national legal system and international. Currently, there is a deficit in the special anti-riot equipment of the USE of metropolitan Lima for the support personnel designated to control PO in social demonstrations when they are violent, which has been causing damage to the physical integrity of police personnel. In this sense, the PPE equipment must obey an efficient and innovative institutional supply planning, in accordance with the real needs that allow guaranteeing the physical integrity in the actions of the police personnel designated to participate in the control of social conflicts, which will allow the compliance with Law 29783 that requires protection measures for the worker.
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Los créditos de los trabajadores en el procedimiento concursal de liquidación de la Ley No. 20.720

Rubio Almuna, Pablo January 2017 (has links)
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
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Política d’ordre públic i repressió durant la Restauració (1875-1898)

Monsó Dilla, Jordi 05 October 2012 (has links)
El règim de la Restauració (1875-1898) no va ser pas, com en ocasions s’ha afirmat, un període de pau, estabilitat i consens social. El seu caràcter oligàrquic i no democràtic, la seva voluntat de marginar del sistema les forces polítiques dissidents (carlins i republicans), i la voluntat de no atendre les aspiracions de les classes subordinades, es va traduir en una multiplicació dels conflictes i dels desordres públics, l’anàlisi dels quals ha estat un dels principals eixos del meu treball. Altre eix important ha estat l’anàlisi de la resposta governamental davant aquests conflictes, constatant-se que aquesta es va dur a terme tant a través de pràctiques extremes de control social, com a través d’una política d’ordre públic dirigida a reprimir violentament qualsevol acció contraria al règim. Aquesta repressió es va veure emparada per tot un arsenal legal que li va donar cobertura i va pretendre legitimar les accions de les forces d’ordre, permetent pràctiques com la suspensió abusiva de les garanties constitucionals o la declaració directa de l’estat de guerra. Davant la multiplicació dels conflictes no es va optar per un model de seguretat basat en unes forces d’ordre públic de caire civil, sinó que es va optar per un model de seguretat militaritzat, situació gens aliena al fet que l’Exèrcit mostrés en tot moment la intenció de mantenir la seva preeminència com a garant de l’ordre públic, tal i com venia succeint amb anterioritat al període restauracionista, i certificant, en definitiva, que les suposades pretensions civilistes de la Restauració no van ser més que un miratge que la realitat va acabar diluint. L’opció pel militarisme quedaria palesada en la decisió que l’Exèrcit i la Guàrdia Civil, un cos militaritzat, fossin els principals agents de la repressió, emprant sovint una violència indiscriminada davant de qualsevol revolta, aldarull, motí, protesta o vaga, amb actuacions no sempre legítimes i, en ocasions, il•legals, posant també en evidència la manca d’accions preventives i dissuasòries eficaces. Aquesta militarització de la política de l’ordre públic es va intensificar durant l’última dècada del període davant l’augment de les demandes més organitzades de les classes subordinades, a través de vagues, revoltes, mítings polítics, l’esclat d’artefactes contra interessos patronals i mobilitzacions com les del Primer de Maig, fins arribar a la màxima expressió del conflicte contra l’Estat i les oligarquies dominants amb fenòmens com el terrorisme anarquista de la propaganda pel fet. Atemptats com el patit pel general Martínez Campos, el del teatre del Liceu barceloní i el de Canvis Nous van tenir la seva resposta més contundent en l’elaboració de lleis especials contra l’anarquisme, que certificaven la militarització de l’ordre públic i el predomini de la jurisdicció militar sobre l’ordinària. A més, van proliferar les actuacions governamentals fora de la legalitat, com les detencions indiscriminades, l’aplicació de tortures als detinguts i els judicis sense garanties, com el tristament famós procés de Montjuïc, contestat, per una banda, amb una intensa campanya de denúncies de les tortures patides pels processats i, d’altra banda, amb l’assassinat del president Cánovas del Castillo. / PUBLIC ORDER POLICY AND REPRESSION DURING THE RESTORATION PERIOD (1875-1898) The Restoration period (1875-1898) had never been, as it has sometimes been stated, a period of peaceful consensual stability. The oligarchic and non-democratic nature of the regime, its tendency to marginalise the opposing political forces (the carlists and the republicans) and not to attend the subordinate classes’ aspirations resulted in an increase of struggles and public disorders. The analysis of the latter forms one of the principal elements of this thesis. Another important element in my work has been the analysis of the government’s response facing these conflicts. It has been demonstrated that its actions were carried out not only through extreme social control but also by public order policies that led to violent repression of any action against the regime. This repression was covered by a number of laws which intended to legitimate the Public Forces’ actions such as outrageous suspension of constitutional rights or direct declaration of the state of war. Facing an increase in the number of conflicts, the regime did not opt for a security model based on civilian forces; instead chose to follow a model based on military order. This choice was not strange considering that, at that time, the Army was showing a clear intention of holding to a preeminent role as guarantor of the public order, as it had been before the Restoration period. This demonstrated that the supposed civilian intentions of the Restoration period were no more than an illusion blurred by the reality. The militarization option was evidenced by the decision of making the Army and the Guardia Civil, a militarized institution, the main agents of repression. They often used indiscriminate violence when facing any uprising, disturbance, riot, protest or strike. Their actions were not always legitimate and, on occasions, they were illegal, demonstrating the lack of preventive and deterrent measures of the regime. The militarization of the public order policy was intensified as a consequence of the increase of more organized subordinate social classes’ claims during the last decade of the period. These would manifest in strikes, organized riots, political meetings, setting off explosive devices against the employers’ interests and demonstrations such as the one of the 1st May. The struggle against the State and dominant oligarchies reached its climax putting into practice the propaganda by the deed of anarchist terrorism.
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Between the shield and the sword: equal marriage from the perspective of international public policy and international human rights law / Entre el escudo y la espada: el matrimonio Igualitario visto desde el orden público Internacional y el derecho internacional De los derechos humanos

Zelada, Carlos J., Gurmendi Dunkelberg, Alonso 25 September 2017 (has links)
In the last few years, an ever growing number of States have recognized same-sex marriage. For that reason, it is important to ask what would happen if two same-sex individuals that have legally contracted marriage in another countrywould sue for its recognition in Peru. The authors of this article study the courses ofaction available to legal operators facing this situation, in the context of the public policy exception and International Human Rights Law.For that purpose, they analize European and Inter-American case-law on the matter and offer a way forward on how to solve conflicts between foreign law, domestic law, and human rights. / Durante los últimos años, cada vez más ordenamientos jurídicos han regulado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es importante por ello preguntarse qué sucedería si dos personas del mismo sexo que hayan contraído matrimonio legalmente en otro país exigieran que el mismo fuera reconocido en Perú.Los autores de este artículo indagan sobre las posibilidades de acción de los operadores jurídicos ante esta situación, en el marco del orden público internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Para ello, analizan jurisprudencia tanto europea como interamericana sobre el tema, además de ensayar una solución sobre cómo resolver conflictos entre los ordenamientos extranjeros, la normativa nacional y los derechos humanos.
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Análisis de la coordinación e intervención del órgano policial y no policiales del Sector Interior en el conflicto socioambiental, caso Pichanaki periodo 2014 – 2015

Cueva Solis, Gerson 28 August 2019 (has links)
La actividad minera desde la última década del siglo pasado ha estado en una fase expansiva, tanto en zonas mineras antiguas y nuevas, implicando ello una demanda en el control de tierras, recursos hídricos, originando conflictos socioambientales. El discurso de mayor aceptación, es que estos afectan al orden público y la gobernabilidad, conllevando ello a que el Sector Interior a través de la Policía Nacional del Perú y en cumplimiento de sus funciones mantenga o restaure el orden, para lo cual, en ciertas situaciones recurre al uso de la fuerza policial, con posibilidades de generar un costo social. El presente estudio de caso es una investigación descriptiva y analítica desde la metodología cualitativa, esbozándose como objetivo comprender los procedimientos de coordinación e intervención del órgano policial y no policiales del Sector del Interior en el conflicto sociambiental del caso Pichanaki, periodo 2014 – 2015. En el caso de la Policía Nacional del Perú su acción se enmarcó desde el inicio del conflicto, con estrategias de comunicación, diálogo, negociación, planes y órdenes de operaciones, y sus dispositivos normativos; y en el caso de los órganos no policiales, el Gobernador de Pichanaki y el Comisionado para la Paz y el Desarrollo de la selva central, recurrieron a los mecanismos de prevención, herramientas informales y el trabajo político; asimismo, para el diseño de la estrategia de intervención sectorial, los órganos del sector coordinaron con la Presidencia del Consejo de Ministros desde el enfoque preventivo, incluso, la transversalidad o redes de éstas alcanzó a otras instituciones públicas y privadas, y organizaciones sociales de la selva central para limitar la influencia del Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki; no obstante, estas no fueron suficientes para evitar las manifestaciones violentas y su correlato costo, al no ser complementadas por otros sectores durante el escalamiento del conflicto, y la ausencia de una estructura nacional de gestión. / Since the last decade, mining activity has been in the expanding phase, both in old and new mining areas, involving a demand in the control over lands, water resources causing socio-environmental conflicts. The speech with more acceptances is that those affect public order and governance, leading the Interior Sector through the Peruvian National Police in compliance with its duties to maintain or restore the order for which in certain circumstances the police force is used with the possibility to generate a social cost. The current study is a descriptive, analytical research from the qualitative methodology, having as an objective to understand the coordination and intervention procedures of the National Police and non-police body of Interior Sector in the socio-environment conflict in the Pichanaki case during the years 2014-2015. In case of the Peruvian National Police, its action was, since the beginning of the conflict, established communication strategies, dialogue, negotiation, projects, operations and normative statuaries. As for the non-police bodies, the Governor of Pichanaki and Commission for the Peace and Development of Central Forest resorted to prevention mechanisms, informal and political work; also, the design of sectoral intervention strategy was coordinated with the Presidency of the Council of Ministers from the preventive approach, even though, the mainstreaming of this reached Private and Public Bodies, social organizations in the Central Forest to restrict the influence of Pichanaki Environmental Defense Coalition (Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki). Nevertheless, those actions were not enough to avoid the violent manifestations and its correlate cost due to the lack of support by other sectors during the conflict and the absence of national management structure.
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Desempeño de la Policía Nacional del Perú en el conflicto socioambiental en Pichanaki durante el año 2014

Rivera Barrantes, Daniel Enrique 25 February 2017 (has links)
En tal contexto, la presente investigación estudia el conflicto socioambiental surgido en el Distrito de Pichanaki – Provincia de Chanchamayo – Departamento de Junín durante el año 2014, producto de las relaciones entre la Empresa PlusPetrol y la población del mencionado distrito. Se trata de un conflicto que gira alrededor de las labores de exploración en el Lote 108 que realizaba la mencionada empresa y el posible impacto que ocasionaría dicho trabajo a la calidad de recursos naturales fundamentales como la tierra y el agua; para lo cual, se va analizar el impacto que generó la participación policial en el aludido conflicto que permitió que este se desarrolle y culmine sin costo social.
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Las apariencias engañan: análisis de la implementación de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro en los tres primeros barrios intervenidos en La Libertad

Quiliche Arévalo, Sandra Jimena 05 February 2021 (has links)
Perú es uno de los países que en los rankings de inseguridad ciudadana en América Latina figuran como aquellos menos peligrosos. Sin embargo, a nivel local el país cuenta con regiones que superan el promedio de inseguridad en América Latina. Durante décadas las medidas que se han tomado para hacer frente a este problema público han sido de carácter represivo. No obstante, esto ha dejado rezagos en la ciudadanía que se manifiestan en la alta desconfianza hacia la Policía Nacional del Perú y la alta percepción de inseguridad. Ante ello, una de las propuestas que propone el ministro del Interior, Carlos Basombrio, en el 2016 es la de implementar una Estrategia Multisectorial de carácter preventivo a nivel nacional: Barrio Seguro. Sin embargo, en la etapa de formulación de la política pública, Barrio Seguro contará con varias falencias que impedirán que la etapa de implementación se desarrolle idóneamente. Al analizar a nivel local los tres primeros barrios implementados en Trujillo, se halla que aquellos barrios con mejores niveles de implementación cuentan con una coordinación y participación articulada por parte de las autoridades locales y los burócratas de la calle.

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