La participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el control del orden público, es fundamental para que en el país prime el Estado de derecho. Los conflictos socioambientales son una manifestación de protesta de los pobladores donde se desarrollan los proyectos mineros, especialmente por el temor a la contaminación de sus terrenos. Llegado el momento de intervenir por desórdenes sociales, el gobierno de turno dispone que la PNP, de conformidad con la Constitución Política, haciendo uso de todos sus recursos humanos y logísticos, controle el orden público. Sin embargo, debido a la estrategia desplegada por los organizadores de las protestas sociales, con motivo de los conflictos socioambientales, éstas se prolongan en el tiempo y se vuelven cada vez más complicadas para la participación de la policía. Se abren muchos frentes de lucha, se aprovecha el terreno geográfico, se amenaza con tomar locales de servicios básicos, etc. Frente a ese escenario, la PNP ve reducidas sus capacidades de controlar el orden público y por lo tanto tiene que solicitar el apoyo de otras instituciones como las Fuerzas Armadas (FFAA), para que con su personal y logística se pueda lograr el objetivo: imperio de la Ley y el orden. Lamentablemente, desde el 2001, en que se dio inicio a los conflictos sociales, hasta la fecha, en las ocasiones que han intervenido las FFAA en apoyo a la PNP, se ha notado que la colaboración no es integral y por el contrario, se ponen ciertas limitaciones en el uso del personal militar y en el uso de su logística, como por ejemplo el empleo del transporte y el combustible, así como su participación siguiendo un planeamiento policial, debido a que la policía es la titular de esta función. Esta situación, que pareciera que solo afecta a la PNP, contribuye a que no se logre el objetivo final de control del orden público, generando un clima de falta de principio de autoridad e impunidad en la población. En estas circunstancias, es conveniente que se instale una política pública que permita que el apoyo de las FFAA a la PNP, en el marco de los conflictos socioambientales, se realice de una manera más dinámica y efectiva, que permita que prevalezca el orden público y por lo tanto la paz social. A nivel económico, esta tranquilidad va a permitir que los potenciales inversionistas puedan elegir al país como un destino que ofrezca garantías a sus capitales, lo que traerá consigo mejores condiciones de vida para nuestra población. Si bien es cierto, a través del tiempo, se han dado algunos dispositivos legales que regulan la participación de las FFAA en conflictos internos, el que se encuentra vigente no ha sido reglamentado y por lo tanto debe serlo; pero no solo eso, se puede encaminar la política pública para que en todo momento en que la PNP requiera el apoyo de las FFAA, no solo durante los conflictos socioambientales, reciba el apoyo solicitado con miras a mantener el principio de autoridad y que los ciudadanos puedan convivir en un clima de tranquilidad. / Trabajo de investigación

La Decisión 486 de la Comunidad Andina contiene una lista de prohibiciones para el registro de marcas, dicha lista es dividida por los doctrinarios como prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas. El artículo 135 p) de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos, como marcas, que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Desde la perspectiva doctrinaria, los cuatro conceptos mencionados son perfectamente claros y distinguibles unos de otros, el problema surge en la práctica, donde tales conceptos se entremezclan y se alejan de esa claridad aparente, afirmación que se encuentra demostrada mediante la jurisprudencia de los países que tienen un artículo similar al objeto de esta investigación. Ante esta problemática, el Dr. Lobato sugiere la modificación de la prohibición a un concepto unificado, el concepto de orden público constitucional, aterrizando dicho concepto a supuestos particulares. Nuestra propuesta parte de la premisa de orden público constitucional, pero se diferencia en que añade los supuestos de engaño al consumidor, afectación a derechos de la personalidad, prohibición del registro de obras en dominio público y el uso de nombres de comunidades indígenas, afroamericanas o locales. La mencionada propuesta sistematiza el esquema de prohibiciones y elimina el plazo prescriptorio de las prohibiciones relativas incluidas en la misma, permitiendo, de esta manera, dotar de un contenido más práctico a la prohibición.

Los conflictos sociales han representado últimamente un problema muy significativo para el mantenimiento del orden público en la sociedad peruana. El país últimamente ha presentado un desarrollo económico, principalmente por la industria extractiva siendo la minería la actividad principal. Esta situación ha generado en algunos lugares del país graves problemas sociales, que han ocasionado pérdidas económicas y en algunas oportunidades la vida de personas tanto civiles como policías. Ante la necesidad de restablecer el orden público, la Policía Nacional del Perú realiza diferentes actividades, entre ellas la gestión del personal policial para el control de multitudes frente a los conflictos sociales a nivel nacional. En esta situación podemos apreciar, cuáles son las características de gestión del personal de la USE y la DIROES, destacado a las intervenciones ante los problemas antes indicados. Se pudo determinar cuáles son los problemas y las causas en la gestión del personal policial para intervenir en conflictos sociales. Ante esta situación la Policía Nacional del Perú, por intermedio de sus unidades especializadas en control de multitudes como la DIROES y USE, hacen frente a los conflictos sociales que se desarrollan a nivel nacional, en el ejercicio de esta función estas instancias presentan diferentes falencias en la parte administrativa y operativa, lo cual conlleva a una inadecuada respuesta ante los conflictos sociales y se pone de manifiesto en comentarios negativos de parte de la comunidad, perdidas económicas e incluso de vidas humanas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación busca determinar cuál es el estatuto jurídico aplicable a los Trabajadores a Honorarios de la Administración Municipal que desempeñan sus labores fuera de las hipótesis y requisitos establecidos en el artículo 4 ° de la Ley 18.883, bajo régimen de subordinación. La jurisprudencia mayoritaria ha postulado que resulta aplicable el Código Civil. Nosotros, siguiendo la línea argumentativa de la escasa doctrina existente y un rupturista fallo de la Corte Suprema, nos inclinamos por la aplicación del Código del Trabajo. Para esto, profundizamos la argumentación que ellos realizaren con los elementos de la Teoría del Derecho Laboral, principalmente en lo que respecta al Orden Público Laboral y a sus manifestaciones en los Derechos Fundamentales Laborales Específicos y en los principios del Derecho Laboral, de manera de demostrar que la no aplicación del Código del Trabajo es abiertamente contraria a Derecho

En tal contexto, la presente investigación estudia el conflicto socioambiental surgido en el Distrito de Pichanaki – Provincia de Chanchamayo – Departamento de Junín durante el año 2014, producto de las relaciones entre la Empresa PlusPetrol y la población del mencionado distrito. Se trata de un conflicto que gira alrededor de las labores de exploración en el Lote 108 que realizaba la mencionada empresa y el posible impacto que ocasionaría dicho trabajo a la calidad de recursos naturales fundamentales como la tierra y el agua; para lo cual, se va analizar el impacto que generó la participación policial en el aludido conflicto que permitió que este se desarrolle y culmine sin costo social. / Tesis

Esta investigación se inscribe en torno a una problemática de inseguridad en la ciudad de Otuzco en la cual las rondas urbanas obtienen principal incidencia en participación. Por tanto, se centra en las rondas urbanas de Otuzco. Se plantea que el objeto de estudio para esta investigación será el proceso de legitimación de las rondas urbanas de Otuzco. Por tanto, se busca responder a la pregunta: ¿De qué manera las rondas urbanas se legitiman en un contexto de inseguridad ciudadana en la zona urbana en la ciudad de Otuzco – La libertad? El abordaje de esta investigación es de naturaleza mixta; es decir, de carácter cuantitativo y cualitativo con aplicación de encuestas y entrevistas semi estructuradas. Por ello, se determina el contexto de inseguridad de la ciudad de Otuzco. En segundo lugar, se determina la organización de las rondas urbanas de Otuzco para la prevención de delitos comunes y se determina la manera en que se organizan y qué elementos utilizan. En tercer lugar, se identifican las diferentes circunstancias en que las rondas urbanas de Otuzco se legitiman través de los diferentes elementos sustantivos y simbólicos. Además, se determina la manera en que las rondas urbanas de Otuzco resuelven contingencias de la vida cotidiana mediante la denominada “cadena ronderil. Se concluye entonces que el considerar insegura la ciudad de Otuzco y la ineficiencia de las autoridades genera un espacio latente de acceso a aquellos elementos que encuentran un vacío y lo más importante se genera a partir de la intervención de las rondas urbanas en este aspecto. Por otro lado, las rondas urbanas de Otuzco se enmarcan en las políticas de seguridad ciudadana compartiendo funciones en materia de colaboración y/o coordinación con el Estado. El Estado reconoce esta participación y favorece en algunos momentos la coordinación y la colaboración en los elementos de provisión de seguridad. En tanto, las rondas urbanas resuelven sus problemas a través del dialogo, la sanción y/o el castigo / Tesis

Constitutional Law has irradiated to the whole legal system, constitutionalizing Civil Law. However, it is also true that this process has occurred in reverse, “privatizing” Constitutional Law.In this article, the author presents us a complete analysis of the fundamental rights of private origin, with an special emphasis on the constitutional right to convene freely, its limits and its possible judicial control. / El Derecho Constitucional se ha irradiado a todoel ordenamiento jurídico, constitucionalizandoel Derecho Civil. Sin embargo, también es ciertoque este proceso ha ocurrido a la inversa, “privatizando” el Derecho Constitucional.En el presente artículo, el autor nos presenta un completo análisis de los derechos funda- mentales de carácter privado, con especial énfasis en el derecho constitucional a contratar libremente, sus límites y sus posibles controles judiciales.

Esta investigación demuestra que, si bien el derecho de familia delimita los derechos, deberes y obligaciones que debe cumplir cada uno de los miembros de la familia, no solo aborda ello, sino también aspectos de libre disponibilidad y/o con contenido patrimonial como en el caso del régimen económico del matrimonio, la pensión de alimentos, la administración y disposición de los bienes sociales por uno de los cónyuges, entre otros. Dentro de esta relación, en el marco del derecho de familia, es posible que ocurran diversas controversias. Estas, a falta de acuerdo entre las partes, deben ser resueltas, indefectiblemente, en la jurisdicción ordinaria, encontrándose las partes frente a un sistema burocrático, con problemas en la notificación, elevadas cargas procesales y lento, lo que no permiten dar respuestas oportunas a las necesidades de contenido patrimonial inaplazables y, en algunos casos, hasta vitales. Sin embargo, bajo el argumento que el derecho de familia es una rama del derecho que no tiene materias de libre disponibilidad y de contenido extrapatrimonial, hasta el día de hoy únicamente las disputas han podido ser resueltas en la jurisdicción ordinaria. No obstante, a lo largo del presente estudio demostraremos que esto no debe ser así, dado que el derecho de familia incorpora materias que son de libre disponibilidad y que denotan manifiesto contenido patrimonial; por tanto, esto también podría resolverse en sede arbitral peruana, sin incurrir en ningún tipo de afectación al orden público. / This research shows that although family law delimits the rights, duties and obligations to be fulfilled by each of the family members, it not only addresses this, but also aspects of free availability and/or with patrimonial content, as in the case of the economic regime of marriage, alimony, the disposition of social goods by one of the spouses, compensation due to divorce or de facto separation, among others. Within this relationship, within the framework of family law, disputes may occur. These, in the absence of agreement between the parties, must be resolved, without fail, in the ordinary jurisdiction, the parties being faced with a bureaucratic system, with problems in notification, high procedural burdens and slow, which does not allow timely responses to needs of patrimonial content that cannot be postponed and, in some cases, even vital.  However, under the argument that family law is a branch of law that does not have matters of free availability and extra-matrimonial content, to date only disputes have been able to be resolved in the ordinary jurisdiction. However, we will show that this is not the case, since family law incorporates matters that are freely available and that denote clear patrimonial content; therefore, this could also be resolved in Peruvian arbitration, without incurring in any kind of affectation to the public order. / Tesis

El presente informe versa el expediente civil N° 03196-2011-0-0401-JR-CI-01, proceso iniciado por Héctor Orestes Rondón Rivas, quien interpone demanda contra Belia Perfecta Guillen, Asociación de Vivienda las Buganvillas de Arequipa y Centro de Conciliación para la Paz Social, con la finalidad de declarar la Nulidad del Acto Jurídico del acuerdo conciliatorio contenido en el Acta de Conciliación N° 1540-2011, mediante el cual la Sra. Belia se inscribió como asociada en la ficha de Padrón del Centro de Conciliación. Las causales de nulidad planteadas fueron: falta de manifestación de voluntad (al transmitirse su derecho de asociado sin su consentimiento) y nulidad virtual (vulneración a la Ley Electoral y Ley N° 26872). Por otro lado, la demandada planteó como respuesta, que el acto jurídico contenido en el acta conciliatoria tenía como finalidad regularizar sus derechos como propietaria, reputando la validez del acto, siendo este ejercido en amparo de una anterior sentencia expedida por el Juzgado de Familia, la cual disolvió el vínculo matrimonial con el demandante y se dispuso el 50.00% para cada cónyuge del único inmueble que pertenecía a la sociedad de gananciales. Al respecto, el juzgado de primera instancia declaró infundada la demanda considerando que el inmueble adquirido se produjo durante la vigencia del vínculo matrimonial entre las partes, no presentándose causal de nulidad invocada; decisión respecto del cual se interpuso recurso de apelación señalando falta de motivación, apelación que ha sido concedida y elevado al Superior Jerárquico, quienes revocaron la sentencia de primer grado y declararon fundada la demanda. / This report deals with a civil proceeding N° 03196-2011-0-0401-JR-CI-01, where Héctor Orestes Rondón Rivas files a lawsuit against Belia Perfecta Guillen, Las Buganvillas de Arequipa Housing Association and Conciliation Center for Social Peace, in order to declare the Nullity of the Legal Act of the conciliation agreement contained in the Conciliation Act No. 1540-2011, through which Mrs. Belia registered as an associate in the Register of the Conciliation Center. The grounds for nullity raised were due to a lack of expression of will (when his right to associate was transferred without his consent) and virtual nullity (violation of the Electoral Law and Law No. 26872). On the other hand, the defendant raised in response, that the legal act contained in the conciliation act was intended to regularize her rights as owner, presuming the validity of the act, being this exercised under a previous ruling issued by the Family Court, which dissolved the marriage bond with the plaintiff and 50.00% was provided for each spouse of the only property that belonged to the marriage. In this regard, the court of first instance declared the claim unfounded, considering that the property acquired was produced during the validity of the marriage bond between the parties, with no grounds for nullity invoked; decision regarding which an appeal was filed indicating lack of motivation, an appeal that has been granted and raised to the Hierarchical Superior, who revoked the first degree sentence and declared the claim founded. / Trabajo de suficiencia profesional

Esta investigación se inscribe en torno a una problemática de inseguridad en la ciudad de Otuzco en la cual las rondas urbanas obtienen principal incidencia en participación. Por tanto, se centra en las rondas urbanas de Otuzco. Se plantea que el objeto de estudio para esta investigación será el proceso de legitimación de las rondas urbanas de Otuzco. Por tanto, se busca responder a la pregunta: ¿De qué manera las rondas urbanas se legitiman en un contexto de inseguridad ciudadana en la zona urbana en la ciudad de Otuzco – La libertad? El abordaje de esta investigación es de naturaleza mixta; es decir, de carácter cuantitativo y cualitativo con aplicación de encuestas y entrevistas semi estructuradas. Por ello, se determina el contexto de inseguridad de la ciudad de Otuzco. En segundo lugar, se determina la organización de las rondas urbanas de Otuzco para la prevención de delitos comunes y se determina la manera en que se organizan y qué elementos utilizan. En tercer lugar, se identifican las diferentes circunstancias en que las rondas urbanas de Otuzco se legitiman través de los diferentes elementos sustantivos y simbólicos. Además, se determina la manera en que las rondas urbanas de Otuzco resuelven contingencias de la vida cotidiana mediante la denominada “cadena ronderil. Se concluye entonces que el considerar insegura la ciudad de Otuzco y la ineficiencia de las autoridades genera un espacio latente de acceso a aquellos elementos que encuentran un vacío y lo más importante se genera a partir de la intervención de las rondas urbanas en este aspecto. Por otro lado, las rondas urbanas de Otuzco se enmarcan en las políticas de seguridad ciudadana compartiendo funciones en materia de colaboración y/o coordinación con el Estado. El Estado reconoce esta participación y favorece en algunos momentos la coordinación y la colaboración en los elementos de provisión de seguridad. En tanto, las rondas urbanas resuelven sus problemas a través del dialogo, la sanción y/o el castigo