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El estudio que realizaremos pretende dar una mirada analítica-reflexiva sobre los aspectos más trascendentales en cuanto a la generación y construcción de una sociedad participativa, es decir, examinaremos los aspectos que llevan a la construcción de poder popular como alternativa revolucionaria. Así, se problematizara sobre el concepto “Poder Popular” en los discursos públicos, dando principal interés a la atingencia discursiva, en cuanto a la lectura del contexto realizada por los partidos políticos de izquierda con la llegada de la Unidad Popular al poder.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente investigación tiene por objeto estudiar la historia de la ciudadanía y representación política en nuestro país desde 1810 hasta 1860, década esta última en que se cierra un período político autoritario iniciado hacia 1829, así como los sistemas político electorales y las prácticas electorales del período. Este estudio histórico y jurídico apunta a conocer la mixtura de concepciones hispanas y francesas en cuanto a ciudadanía y representación que convivieron en los primeros años de vida republicana en nuestro país (idea de ciudadano como vecino, voto imperativo, provincialismo, importancia de las corporaciones junto con la legitimidad vía Congreso nacional, discurso republicano); como también los actores políticos que participaron en la construcción de la república a partir del sistema electoral (la elite hasta 1823 y posteriormente, con la apertura del sistema político electoral, pequeños y medianos comerciantes, mineros, propietarios y artesanos). Se resalta también, el que hasta 1828 (con ciertas interrupciones) existió un intento por una parte de la elite de construir republicanamente el estado a partir de un sistema político electoral deliberativo e inclusivo; y que este intento fue socavado y destruido por una multiplicidad de grupos al interior de la misma elite, constituyendo un sistema político electoral instrumental y autoritario en el que la participación política y legitimación de elecciones dio paso a la idea de orden y participación ficticia vía control de las elecciones por el ejecutivo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En los últimos años, el nombramiento de parlamentarios como ministros de Estado y la posterior designación de sus reemplazantes por los partidos políticos han sido calificados como poco democráticos por diversos sectores del país, fundándose tales críticas en que, tanto al momento del nombramiento como en la designación hecha en conformidad al mecanismo de reemplazo consagrado actualmente en el artículo 51 de la Constitución Política de la República de 1980, se afectaría la voluntad soberana. Cabe destacar que esta última sólo se manifiesta de forma directa en ocasiones más bien acotadas (por medio de la participación, particularmente, electoral), y en la mayoría de los casos de forma indirecta, mediante las autoridades elegidas democráticamente (por medio de la representación política), de lo cual se desprende la existencia de una tensión entre tales formas de ejercicio democrático. La presente Memoria de Prueba pretende dilucidar –teniendo a la vista la tensión antedicha– si existe algún mecanismo de provisión de la vacancia parlamentaria que sea verdaderamente democrático. Para tal efecto, se analizan los conceptos de soberanía, democracia, participación y representación política, los que luego son utilizados para examinar las distintas fórmulas adoptadas a lo largo de la historia institucional chilena. Finalmente, en base a los resultados evidenciados, se concluye que no existe una fórmula que, en términos absolutos o abstractos, sea totalmente democrática, pues cada una de ellas ha sido reflejo de la situación en que tal tensión se ha hallado en un momento dado. Por ello, si bien el mecanismo de provisión de la vacancia parlamentaria vigente a la presente legislatura resulta legítimo y razonable, la superación del sistema electoral binominal hace necesaria su reforma.

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Socióloga / En la actualidad se asiste a un proceso en el cual las transformaciones estructurales y culturales han debilitado los lazos entre la sociedad y el Estado, pero éste y la política continúan siendo referentes importantes de los países y de los grupos que los conforman. Así, se puede mencionar la presencia de dos procesos que han impactado desde en dos niveles distintos, desde arriba la globalización y, desde abajo, la explosión de identidades dentro los Estados nacionales, lo que ha reconfigurado los ejes de la acción colectiva y la relación de los sujetos con el Estado. En particular, uno de los efectos de la globalización ha sido el de configurar una orientación común de los movimientos de mujeres y feminista. Esta identidad, que desborda al Estado nación, apunta hacia el problema de la definición de la ciudadanía y la participación en el Estado, con miras a la democratización social y política en todas aquellas instancias de encuentro y discusión supranacionales. Dichas orientaciones y articulaciones han permitido presionar colectivamente para la implementación de medidas de acción positivas, como se expresa literalmente en la Convención Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), y por la necesidad de alcanzar la paridad en los regímenes democráticos. Si bien, ha sido principalmente en los Estados desde donde se han adoptado las cuotas y la paridad, el primero en adoptar este tipo de medida fue el Partido Verde Alemán, posteriormente lo hicieron los grandes partidos políticos de los países nórdicos. Producto de una fuerte presión de los grupos feministas, han sido estos países quienes han alcanzado el mayor éxito en cuanto a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el espacio político. En América Latina, tras el derrocamiento de las dictaduras y las transiciones hacia la democracia, se aprecia que los procesos democratizadores no se encuentran en modo alguno cerrados ni completos; pero también se observa que para avanzar hay Estados que han visibilizado y, en algún grado, reconocido la situación de exclusión de grupos tales como los pueblos originarios o las mujeres. Se debe relevar que desde el punto de vista del movimiento de mujeres y feminista, la ausencia de mujeres en las instancias estatales o más bien la existencia de una distribución desequilibrada en cuanto al poder político se refiere, desproporcionadamente favorable a los hombres, se ha puesto en cuestión la legitimidad del orden democrático. En occidente, según manifiestan estos movimientos, bajo la idea del resguardo de la universalidad y la supuesta neutralidad del sujeto político, se esconde la imagen persistente del hombre como el sujeto político. Es así, como en el pensamiento clásico, según la crítica feminista, la ciudadanía habría sido construida sobre el supuesto de universalidad del sujeto político, sin género y abstracto, justificado en la idea de que la política está sobre la diferencia sexual. Sin embargo, dicha neutralidad ha puesto al hombre como centro de la constitución de ciudadanía ya que al omitir precisar el sexo el sujeto de la democracia deviene masculino. Cómo expresión de la lucha de diversos grupos por su reconocimiento como ciudadanos/as frente al Estado moderno, los procesos democratizadores han tendido hacia una exclusión decreciente en el ámbito de la democracia formal. Sin embargo, el Estado y las modalidades de participación en él encarnan las diferencias sociales de poder. Junto a los principios racionalmente deducidos y universalmente aceptados de igualdad y libertad formal para todos los miembros de una sociedad, conviven las desigualdades sociales y materiales que tienen efectos, su vez, en las formas que adopta la participación en los sistemas democráticos. Lo cual se expresa como posibilidades desiguales de ciertos sectores de acceder a los diferentes niveles de la participación política, dadas determinadas reglas (sistema electoral y sistema de partidos). Existen profundos desafíos en términos de la calidad de la democracia y las tensiones entre sus aspectos formales y reales así lo evidencian. La importante historiadora y teórica, Joan Scott, ha elaborado una de las principales aportaciones a la conceptualización del género, en la que reconoce cuatro aspectos en los que opera el género y que se interrelacionan; símbolos culturales; conceptos normativos; ámbito político (instituciones y organizaciones sociales) y la identidad subjetiva. En este sentido, hemos recogido la importancia de estudiar los factores político- institucionales en su relación a otros aspectos como los símbolos culturales del poder y la jerarquía. A partir de lo cual se ha realizado una aproximación teórica que toma las aportaciones de las teorías sociológicas de Touraine y M. A. Garretón, junto con las de teóricas feministas que han estudiado en profundidad y por décadas estos problemas, entre ellas MacKinnon, Marquez-Pereira, Phillips. Rescatamos de estas posiciones una mirada crítica de las desigualdades, pero a la vez que reconoce los procesos de transformación de las sociedades lejos de todo determinismo puramente estructural.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objetivo principal entregar un estudio pormenorizado de la evolución de la participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y las posibilidades de reclamar judicialmente la privación o vulneración de este derecho en nuestro país. Este examen parte por determinar el concepto y elementos del acceso a la justicia en materia ambiental, primero en el contexto del Derecho Internacional, a través de los diversos tratados internacionales referidos a esta materia, para luego comprobar la aplicación de los principios consagrados en dichos instrumentos en nuestra legislación nacional a través de la historia. El análisis cronológico del acceso a la justicia en nuestro país se encuentra dividido en antigua y nueva institucionalidad ambiental, en razón de las modificaciones legales que se han realizado en esta materia, y comprende tanto las instancias administrativas como judiciales para el ejercicio de los derechos de acceso que lo componen. Nuestra presentación argumenta finalmente que, a pesar de los esfuerzos y la clara intención del legislador por equiparar la regulación ambiental chilena a los estándares internacionales, específicamente en lo que dice relación con mejorar el derecho de acceso a la participación ciudadana en la toma de decisiones medio ambientales y la reclamación judicial de su vulneración, la implementación de las reformas llevadas a cabo no han logrado dicho objetivo