Las Compras Públicas abarcan un alto número de transacciones y representan una porción sustancial del producto bruto interno en la mayoría de los países del mundo. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) las compras estatales representan entre el 10% y 15% del producto interno bruto mundial. Es debido a ello que el desempeño correcto del Sistema de Compras Públicas es clave para cualquier economía y su desarrollo. Dada su relevancia social y económica, las políticas de compras públicas no son simplemente una cuestión técnica. Su diseño implica un importante desafío para la intervención estatal, no sólo porque define a la eficiencia con la que el Estado cumple sus tareas, sino también porque desempeña un rol clave en el fomento del desarrollo económico. En esta línea, las políticas de gasto pueden influir de manera sustancial en la adopción de un sendero de desarrollo sostenible, fomentando la producción y comercialización de bienes y servicios más adecuados en términos sociales y ambientales. En tal sentido, es de suma importancia que todo ordenamiento jurídico cuente con un marco regulatorio que permita garantizar, a los futuros proveedores del Estado, el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas por este. No obstante ello, en el transcurso de la presente investigación, observaremos que la Administración Pública detenta determinadas potestades exorbitantes, las cuales han fungido como elemento diferenciador de las contrataciones se realizan entre agentes privados. Resulta claro que, para que el Estado pueda asegurar el cumplimiento de sus fines y garantizar el eficiente manejo de su presupuesto, requiere de facultades que lo posicionen en una situación de preeminencia frente al administrado, dicha situación, evidentemente, encuentra su justificación en el interés público. Sin embargo, actualmente muchas de estas potestades exorbitantes reconocidas al Estado, han ido menguando en cuanto a la intensidad de sus contenidos y su aplicación, dado que la tendencia contemporánea de la Administración Publica es la de garantizar un terreno firme para el inversionista, en el que además, se espera que el riesgo sea el mínimo posible. Para poder cubrir dicha necesidad y a su vez llamar la atención de futuros inversionistas, se ha incluido en el marco de nuestros regímenes de contratación pública, el principio de equilibrio económico financiero, conforme al cual, la expectativa de utilidad del contratista no puede sufrir un menoscabo por razones sobrevinientes o imprevisibles que no le sean imputables, en cuyo caso la Entidad deberá restablecer el beneficio económico previsto. Como referente para el análisis del precitado principio, se analizaron Opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del Organismo de Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante, OSCE) publicadas en el período de los años 2005 al 2017, en donde se observó cómo la inclusión del principio de equilibrio económico financiero del contrato ha supuesto la atenuación de las potestades exorbitantes reconocidas a la Administración Pública. De igual modo, se examinaron laudos emitidos por Tribunales Arbitrales en los años 2005, 2013 y 2014, en los que apreciaremos cómo la aplicación del principio bajo estudio, incidió en el fallo final que resuelve la controversia. / Trabajo académico

La presente investigación busca analizar la proporción en que los cambios en el mercado afectan el retorno de los bancos peruanos los últimos años, con el objetivo de contribuir a la comprensión y establecimiento de nuevas estrategias que han permitido que los bancos peruanos logren altas tasas de rentabilidad, tomando en cuenta el panorama del mercado de capitales. Para ello, se propone una metodología de series de tiempo en su expresión clásica, y luego un sistema de ecuaciones simultáneas. En la primera parte, los resultados del CAPM se estiman considerando dos especificaciones econométricas, la de Sharpe-Lintner y la de Black; ambas por Mínimos Cuadrados Ordinarios, utilizando, por un lado, las series históricas de los precios de las acciones de los cuatro principales bancos peruanos, de los retornos de los bonos soberanos peruanos a 10 años y el índice General de la Bolsa de Valores de Lima; y, por otro lado, las series históricas de los bonos del tesoro americano a 10 años y los índices MSCI Global y MSCI Mercados Emergentes. En la segunda parte se aplica el sistema de ecuaciones simultáneas bajo el método de estimación SUR o regresiones aparentemente no relacionadas. En general, el presente estudio encuentra que los bancos peruanos tienen un beta menor a la unidad para los últimos 20 años, utilizando estimadores eficientes y consistentes con las series históricas disponibles para la aplicación del CAPM / Tesis

Propiciar la actividad laboral luego de jubilarse es una realidad poco habitual y conocida por la ciudadanía, los justiciables e, inclusive, por los operadores de la justicia. Así, luego del estudio de la institución jurídica de la jubilación que incide de manera transversal en el régimen laboral (edad de retiro o causa de extinción de la relación laboral) y en el régimen previsional o pensionario (edad de acceso a la pensión de jubilación), en concordancia con los criterios jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, en el presente trabajo se pretender determinar si la pensión de jubilación bajo sus diferentes modalidades –otorgada por la ONP o la AFP– supone o no la extinción de la relación laboral, esto es, si el trabajo y la pensión de jubilación son incompatibles (regla general) o son compatibles (regla excepcional). Al respecto, en esta última situación, la concepción tradicional de la pensión de jubilación viene siendo superada por nuevas concepciones o modalidades (sistema de jubilación flexible y gradual), como las reguladas en la legislación española, a saber: la jubilación parcial, la jubilación flexible y la jubilación activa. He ahí la necesidad de que se abra un nuevo debate sobre el presente y futuro de las pensiones y el trabajo, tanto en el plano doctrinario, legislativo y jurisprudencial, de acuerdo a nuestra realidad social (donde hay más adultos mayores y menos jóvenes). / Trabajo académico

El presente trabajo académico analiza el derecho a la seguridad y salud de los teletrabajadores, partiendo de la idea consistente en la igualdad entre los teletrabajadores y quienes trabajan de forma presencial en el centro de trabajo. Bajo esa perspectiva, es oportuno mencionar que el teletrabajo en el Perú, como prestación subordinada de servicios, se encuentra regulado desde el mes de junio de 2013 por la Ley N° 30036; sin embargo, es muy sucinta en cuanto al desarrollo de algunos temas, entre ellos, el derecho a la seguridad y salud de los teletrabajadores. En ese sentido, es importante exponer, en primer lugar, la naturaleza jurídica y peculiaridades del teletrabajo y las razones que sustentan el cambio del paradigma tradicional del trabajo remunerado que representa, para finalmente determinar qué condiciones de seguridad y salud en el teletrabajo deberán garantizarse, de modo que los teletrabajadores no se vean desfavorecidos. Concluimos que, en el teletrabajo se suman a los riesgos laborales genéricos otros de carácter específico, como por ejemplo la falta de adecuación del lugar donde se trabaja o el aislamiento. Y, por otro lado, si bien es cierto, el teletrabajo aporta beneficios tanto para el teletrabajador como para el empleador, es indubitable que si no se ejecuta su implementación con una adecuada administración y gestión de los riesgos laborales puede llegar a ser sumamente perjudicial para la salud del teletrabajador. / Trabajo académico

En el marco de los Objetivos del Milenio, la falta de provisión de servicios públicos esenciales constituye en el Perú una carga histórica que debe ser superada con el objetivo de implementar de manera eficiente políticas de desarrollo social, establecer índices sostenibles de crecimiento micro y macroeconómico y aportar a la reducción de las tasas de pobreza en el país. Sin embargo, es indiscutible que la prestación de tales servicios esenciales o de interés público o general (servicios eléctricos, de transporte, ferroviarios, aeroportuarios, portuarios, etc.) no es posible sin contar con el soporte o sostén de una infraestructura que permita su viabilidad. De esta manera, en los países latinoamericanos, la falta de provisión de servicios públicos se ha intentado explicar en la denominada “Brecha de Infraestructura en América del Sur”, término que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (“CEPAL”) y la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (“UNASUR”) han utilizado en diversas investigaciones Ejemplo claro de esta brecha es que, en los últimos 20 años, los países latinoamericanos (con distintos modelos económicos y políticos) han invertido aproximadamente entre el 2% y el 3% de su Producto Bruto Interno (“PBI”) en infraestructura, salvo en los casos de Chile con 6% y Colombia con 4% / Tesis

El acto de cancelar la inscripción de una hipoteca derivada de la adjudicación de un inmueble en un remate judicial para satisfacer el crédito de un acreedor embargante desprotege la posición de rango, preferencia y persecutoriedad del que goza un acreedor hipotecario, pues le resta oponibilidad. Cabe señalar que el rango y preferencia de la hipoteca nacen desde su inscripción en registros y no desde el nacimiento de la hipoteca, a razón de que tales derechos se dan en el ámbito de los derechos inscritos. En cambio, al nacimiento de la hipoteca — constituida en escritura pública— se tiene inherente su persecutoriedad que le otorga un carácter real. De ahí, que debe destacarse el carácter persecutorio de la hipoteca desde su constitución y no necesariamente desde su inscripción como si es el caso del embargo judicial. Asimismo, la cancelación de la inscripción antes descrita sitúa al remate judicial en la clasificación de los modos de adquisición de la propiedad originarios cuando la doctrina lo reconoce en el modo derivativo, dado que la hipoteca se sustenta en el crédito otorgado al deudor, titular del bien inmueble hipotecado. En tal sentido, la justificación de la presente investigación se materializa en el hecho de dotar con seguridad jurídica al acreedor hipotecario que no será desposeído de su garantía cuando el mismo esté siendo subastado; así como, al adjudicatario para que su adquisición sea legitima. / Tesis

La presente Investigación recae en el estudio de la Implementación de estrategias para el desarrollo de políticas públicas a fin de lograr la formalización del recurso hídrico, teniendo como caso de estudio la formalización del uso del recurso hídrico en la cuenca Chancay -Huaral entre los años 2013-2015. De esta manera se identifica en primer lugar el problema público entendiendo las consecuencias de la informalidad en el uso del agua a nivel poblacional en la Cuenca Chancay-Huaral, como es la baja calidad del agua y los beneficios que la población deja de percibir al hacer uso informal del recurso hídrico. Posteriormente se resaltan los diferentes factores por el cual se origina el problema público destacando los siguientes: 1. desconocimiento de la normativa que regula el uso del recurso hídrico por parte de la población; 2. limitada organización formal de las comunidades; 3. percepción negativa de los procesos de formalización. Finalmente se analiza las estrategias utilizadas por la Autoridad Nacional del Agua por ser el órgano competente que permiten la formalización de la población objetivo lo que en consecuencia recae directamente en dar solución al problema publico identificado / Tesis

Esta investigación analiza los resultados de las elecciones presidenciales en la región de Ayacucho y a nivel nacional en el periodo comprendido entre 1990 y 2016. El propósito es realizar una comparación entre el comportamiento electoral de la región de Ayacucho y los resultados nacionales, con el fin de identificar patrones en el comportamiento electoral. De esta manera, se podrá tener una mayor compresión de las orientaciones políticas regionales y analizar cómo influyen en el voto los aspectos históricos, sociales y culturales. Se eligió Ayacucho como caso de estudio porque al ser es parte del voto del sur comparte con los otros departamentos de esta región características sociales y económicas similares, las cuales están marcadas por la pobreza y una débil presencia estatal. Sin embargo, en ocasiones, vota distinto al sur, lo cual, termina por configurar un caso particular e interesante para analizar y comparar con el resto del electorado peruano. Los patrones hallados en el comportamiento electoral muestran que Ayacucho expresa a través del voto una necesidad de cambio y reforma. Los ayacuchanos votan por candidatos menos vinculados a la clase política tradicional, más de izquierda (históricamente su voto apoya las candidaturas de izquierda) y por los que son étnicamente más cercanos o de “minorías” (como por ejemplo: Fujimori, Toledo, Humala). En el presente estudio se ha identificado también que hay un efecto de las condiciones regionales, que, como tales, tienen que ver con las condiciones sociales, económicas e históricas de Ayacucho y que influyen en la manera en que los ciudadanos de esta región votan. Esto explicaría porque Ayacucho votó por el fujimorismo en las elecciones presidenciales de 1990, 1995, 2000 y 2016 (primera vuelta), pues no, necesariamente, es porque sea un “bastión fujimorista”, sino porque este partido trajo para la región una mayor presencia del Estado y obras muy valoradas por su población. / This research analyzes the results of the presidential elections in the Ayacucho region and nationally for the period between the years 1990 and 2016. The aim was to make a comparison between the electoral behavior of the Ayacucho region and the national results, seeking to identify patterns in order to have a greater understanding of regional political orientations. It also wants to analyze how different historical, social and cultural aspects influence the electoral behavior. Ayacucho was chosen as a case study because being part of the vote of life with the other departments of this region, similar social and economic characteristics, which are marked by poverty and a weak state presence. However, sometimes it is different to the south, which ends up configuring a particular and interesting case to analyze and compare with the rest of the peruvian electorate. The patterns found in the electoral behavior show that Ayacucho expresses through the vote a need for change and reform. Voters in Ayacucho demonstrate preference for candidates less linked to the traditional political class (non-liberal) and ethnically minorities (for example: Fujimori, Toledo, Humala). Another finding is that social, economic and historical issues influence the way in which the citizens of the Ayacucho region vote and that would explain why they voted for Fujimori in the presidential elections of 1990, 1995, 2000 and 2016 (first round). This is not because Ayacucho is fujimorist bastion, but because this party brought to the region a greater presence of the State and works highly valued by the population. / Tesis

La naturaleza humana en determinados momentos declina al ámbito negativo. La vida y el tiempo desarrollan a la persona hasta determinado punto, luego del cual, éste es el encargado de velar por su propio destino, y es que de acuerdo a la labranza que haga de su vida, podrá encontrar el bienestar o la desdicha, la felicidad o el devenir de un futuro sin buenos augurios. Los que optan por vivir al margen de lo determinado por la sociedad, obtendrán como resultado que esta se aparte de ellos o en determinado momento decida apartarlos de su seno. / Tesis

El D.S. N° 019-2006-TR, Reglamento de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, contiene dos artículos que hablan sobre el denominado Plan de Formalización, el cual, se encuentra destinado preferentemente a la micro y pequeña empresa y es de aceptación voluntaria por el empleador. El Reglamento establece que el Plan de Formalización, debe “incluir medidas de promoción, capacitación de trabajadores, asesorías al empleador, participación en programas estatales para las micro y pequeñas empresas, entre otras”. No obstante, desde su promulgación en el 2006, ningún Plan de Formalización se ha implementado. Esta inaplicación jurídica, se contrapone ante más de un 70% de trabajadores que en el Perú se encuentran laborando en el sector informal laboral; y donde el sistema de inspección, y en particular sus normativas, deben estar diseñadas para reducir los altos índices de informalidad laboral. Por ello, es importante analizar si el Reglamento ha sido adecuadamente redactado y si es suficiente para implementar, con nuestra legislación actual, un Plan de Formalización. Para ello, debemos analizar los principios del sistema inspectivo, el cumplimiento de estos principios por el sistema de inspección peruano y comparar experiencias puntuales en América Latina. Lo que, nos llevará a reflexionar sobre la naturaleza jurídica de los Planes de Formalización y permitirá encontrar su insuficiencia jurídica. Para luego, afirmar que el Plan de Formalización, debe ser un instrumento jurídico que principalmente pueda acompañar una nueva medida aplicable por los inspectores de trabajo que agregue un componente mediante el cual, el empleador y trabajadores puedan directamente beneficiarse de las medidas inspectivas, no sólo evitando una multa o ingresando a planilla respectivamente; sino por la mejora de algún aspecto de la gestión, administración empresarial o mejora en la vida cotidiana del trabajador. Esto permite crear escenarios de cumplimiento perdurable; y al ser utilizados por el sistema de inspección del trabajo, como una herramienta jurídica para la formalización, antes, durante y después de un procedimiento inspectivo y en un escenario de política nacional, permita desde el sistema de inspección del trabajo, reducir notablemente los niveles de informalidad laboral. / Tesis