Esta investigación tuvo por objetivo conocer las concepciones de ciudadanía y su enseñanza en docentes de instituciones educativas públicas secundarias y superiores pedagógicas en zonas de gran afectación por el conflicto armado interno (CAI) en Ayacucho, Perú. Diez docentes de dos comunidades fueron entrevistados sobre temas relativos a la identidad, ciudadanía, resolución de conflictos y la percepción de afectación del CAI en los primeros tres temas abordados. A partir del análisis de las entrevistas, se encontró que el el marco de comprensión de la ciudadanía en estos docentes es primordialmente comunitarista, por lo que la ciudadanía se entiende desde la participación determinada por el cumplimiento de los deberes para preservar las costumbres y garantizar el bienestar de la comunidad. Luego, se describe una asociación entre los agentes encargados de la educación ciudadana y el proceso de formación que les correspondería a cada uno; así, el agente percibido como dominante fue la familia con un papel de modelamiento de la conducta, mientras que la escuela fue percibida con un rol secundario asociado a la transmisión de información. Además, los docentes conciben que la educación para la ciudadanía debiera incorporar valores, pero esto, en la práctica, no va de la mano con estrategias adecuadas para el desarrollo de una identidad moral. Finalmente, aunque se considera que el CAI ha tenido repercusiones graves en los pobladores y que es relevante para entender ejercicio actual de la ciudadanía, se percibe una restricción social y legal que evita que se desarrolle el tema adecuadamente en clase. / This research aimed to comprehend teachers´ conceptions about citizenship and its pedagogy in high schools and pedagogy institutes in areas of great involvement by the internal armed conflict. Ten teachers of two communities in Ayacucho, Peru were interviewed in-depth on issues related to identity, citizenship, conflict resolution and perceived involvement of CAI in the first three issues raised. Interview transcriptions were qualitatively analyzed and the results were discussed in the form of coincidences, consistencies and inconsistencies. The framework of understanding of citizenship in these teachers is primarily communitarian, so that citizens understood from the participation determined by the performance of the duties to preserve the customs and ensure the welfare of the community. Also, an association has been found between social agents involved in citizenship education and the processes of instruction that each one was responsible for. Parents and family were perceived as the most important socializers associated to a behavior modeling processes role, whereas school and teachers’ roles were related to transmission of information processes. Finally, even though teachers’ conceptions of citizenship stated that it must incorporate (communitarist) values, they do not mention any adequate strategies for the development of a moral identity. Finally, although it is considered that the armed conflict has had serious repercussions on the people and that it is relevant to understand the actual exercise of citizenship, social and legal restrictions prevent the subject from developing properly in class in most cases. / Tesis

El inicio del Siglo XXI coincide con el cambio en el Perú, de un modelo autoritario y dictatorial a un modelo democrático, así como con otras transformaciones en el contexto internacional. Estos cambios habían venido sucediéndose desde diez años atrás, pero su influencia en nuestro país, recién se dejaba sentir. Estas transformaciones en el mundo alteraron el orden internacional, originándose un nuevo orden mundial, producto de varias causas. Entre ellas: la caída del muro de Berlín y la debacle del comunismo, la aparición de la tercera ola democrática y los efectos de la globalización. / Tesis

A decir de Sánchez Agesta la función estatal de control, específica y diferenciada de las otras tres funciones fundamentales del Estado, es de data relativamente reciente en la ciencia del derecho constitucional y es fruto más de la práctica, y de la experiencia que de las especulaciones constitucionales teóricas como dice Schmitt. Así, el control parlamentario importa desde el siglo XVI; dado que el origen del parlamento se vincula con la función de quitarle prerrogativas al rey, en particular en el aspecto presupuestario. Más en el siglo XVII aparecen conceptos tales como: frenos recíprocos, controles recíprocos, a ser aplicados entre los principales sujetos del poder. Y en 1688 se determinó que el Parlamento controlara el desempeño gubernativo del entonces Ejecutivo. A comienzos del siglo XVIII, tanto en Francia como en Inglaterra, se dieron los primeros síntomas de la existencia de instrumentos de control parlamentario; los mismos que se consolidaron durante los años 1830 y 1848 en la llamada Monarquía de Julio. Más es a partir del año 1875 que se desarrollan dentro del cuerpo de los reglamentos de las cámaras legislativas. Siendo luego Montesquieu quien insiste en la necesidad que le pouvoir arrête le pouvoir como eje central de la división de poderes; en la que el control es valoración del contrapeso y del funcionamiento del sistema político. / Tesis

Teniendo en cuenta que el principal problema del empleo en el Perú es el subempleo y que la mayoría de estas personas subempleadas están trabajando en micro y pequeñas empresas (MYPE), es razonablemente lógico esperar que el apoyo que se brinde a las MYPE, como por ejemplo en acceso a mercados, permita superar esta problemática. En ese orden de ideas, el Estado peruano implementó una política de promoción de este sector empresarial a través de las Compras Estatales, con una serie de medidas destinadas a facilitar su acceso y contratación: lotización de grandes compras, reserva del 40%, preferencia en caso de empate, alternativas a garantías financieras exigidas, entre otros. Sin embargo, la falta de compatibilidad conceptual tanto en la definición de qué MYPE apoyar, qué sector de la actividad económica priorizar y a qué se refiere cuando se habla de Compras Estatales, hace que la política no se haya podido aplicar con eficacia. Del mismo modo, no se implementaron las medidas que sí facilitaban el acceso, como son la reserva del 40% y la lotización de las grandes compras. Todo ello, en opinión de los expertos y actores de la política consultados, ha hecho que la política de promoción MYPE a través de las Compras Estatales haya tenido escaso efecto sobre la generación y/o mejora del empleo. En ese sentido, sobre la base del análisis realizado, se proponen medidas para que dicha política tengas los impactos esperados, conforme a su diseño. / Tesis

A partir de la necesidad de contar con información válida del contexto en el cual la Municipalidad Distrital de Lancones, pretende implementar acciones de política para mejorar el acceso a oportunidades educativas de calidad en la primera infancia, es que surge el planteamiento de esta investigación, cuyos resultados serán puestos a disposición de dicha entidad para atender la mencionada demanda y posibilitar posteriormente la contrastación de los avances y de los cambios que se generen durante y a la culminación de la implementación de dicha política, a través de un Programa de Educación Temprana con participación de las familias y las comunidades Por ello, esta investigación cualitativa correspondiente al tipo Línea de Base, se efectúa como una etapa inicial de la intervención antedicha y se centra básicamente en la medición y valoración de una serie de condiciones básicas para la educación temprana de niños y niñas menores de seis años, entre las que se encuentran: los conocimientos, actitudes y prácticas existentes de estimulación temprana y de la cultura de crianza que poseen las familias participantes, los roles de hombres y mujeres en la educación y atención de los niños pequeños, la existencia de ambientes saludables y adecuados para la práctica de la educación temprana en la familia y la comunidad; y, finalmente, se muestra la medición de los niveles de aprendizajes en los aspectos del desarrollo socio-afectivo, psicomotor e intelectual de los niños y niñas, en su estado actual, previo a la implementación del Programa. El ámbito abarcado por la investigación corresponde al sector poblacional denominado Alamor (Distrito de Lancones – Provincia de Sullana – Región Piura), conformado por seis centros poblados ubicados en un contexto rural y de frontera, que muestra bajos niveles de desarrollo socio – económico, es decir, en situación de pobreza. / Tesis

La presente investigación tiene por objetivos siguientes: a) Exponer los fundamentos jus-sociológico, ius-filosófico y ius-formal del arbitraje y su relación con la jurisdicción como mecanismos heterocompositivos de solución de conflictos en la sociedad; b) Y, a partir de ella, exponer el fenómeno de la constitucionalización del arbitraje en nuestra historia constitucional y particularmente en la Constitución de 1993, así como la posición adoptada por el Tribunal Constitucional al respecto, y exponer nuestra posición respecto de los mismos conforme a los fundamentos y naturaleza jurídica del arbitraje, así como exponer y fundamentar las propuestas para una debida constitucionalización del arbitraje en el Perú; y, c) Exponer los fundamentos del control constitucional del arbitraje en el Estado Constitucional de Derecho; y, a partir de ello, determinar que tal control al ser básicamente jurisdiccional no resulta ser una función exclusiva de la justicia constitucional (Tribunal Constitucional y órganos especializados en lo constitucional del Poder Judicial) a través de los procesos constitucionales de la libertad (y del proceso de amparo en particular), sino que más bien, el control constitucional del arbitraje constituye una función que ordinariamente corresponde ser cumplida por los jueces ordinarios (Poder Judicial) a través de la vía procesal específica e igualmente satisfactoria que el amparo y que constituye el proceso (o recurso) de anulación de laudo previsto en el Decreto Legislativo N° 1071 (que norma el arbitraje); y, más bien, sólo excepcionalmente tal control corresponde ser realizado a través del proceso de amparo como vía extraordinaria y urgente. / Tesis

El objetivo de esta tesis es analizar qué factores determinan la decisión de niños y jóvenes entre 5 y 17 años por participar en el mercado laboral (sea formal o informal), actividad que es conocida como “trabajo infantil”. Si bien la tercera parte de la población infantil en el Perú se dedica a alguna actividad económica, este problema no se muestra como un impedimento para la asistencia a la escuela; por el contrario, en la mayoría de casos el trabajo es una actividad que se realiza en paralelo a los estudios. Por tal motivo, la presente tesis se enfoca en analizar y comprender los factores determinantes de que un escolar dedique su tiempo a trabajar. A partir de un modelo intertemporal en el que padres buscan encontrar el nivel óptimo de tiempo del niño dedicado a la escolaridad, y de la revisión de literatura nacional e internacional, se plantea la hipótesis que la decisión de que el niño o joven asista a la escuela o dedique su tiempo a trabajar dependerá de sus características individuales, las de su familia y el entorno geográfico en que habite. Mencionada hipótesis es contrastada a partir de la información proporcionada por la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ETI) del año 2015, y aplicando metodologías de Elección Binaria (Logit y Probit). Como conclusión, se destaca la importancia que tiene el nivel educativo de los padres al momento de decidir; en donde el efecto negativo por la probabilidad de trabajar se hace más fuerte conforme aumenta la edad del niño. A su vez, con respecto a las características propias del niño, el sexo no será un factor determinante en la decisión por el uso del tiempo en trabajar de un escolar en el área urbana, a diferencia del área rural / Tesis

El presente trabajo académico, servirá para determinar como ha venido funcionando la prerrogativa constitucional de inmunidad parlamentaria de los congresistas de la República, cuando éstos cometen delitos comunes; para ello se abordará desde una perspectiva histórica esta institución jurídica, así como también se analizará su tratamiento legal y procedimientos establecidos tanto en la Constitución Política del Perú y en el Reglamento del Congreso de la República, como también se revisará las cifras de cuantas solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria, han sido aprobadas por el Congreso de la República, a fin de determinar si estas instituciones generan o no impunidad para los congresistas y si se han convertido en privilegios personales, que generan riesgos o focos de corrupción dentro del Parlamento Peruano. Por ello, se podrá evidenciar que existen diferentes modelos de cómo se regulan estas instituciones constitucionales en el Derecho Comparado, siendo los más importantes el modelo de control ex post del Congreso, el modelo de control ex ante por parte del Poder Judicial y el modelo abolicionista. Por lo cual, dentro de la presente investigación, se ha concluido que los fundamentos por lo cual nació esta prerrogativa constitucional, ha perdido vigencia con el advenimiento de un Estado constitucional y democrático de derecho, por lo cual el mantenimiento de la misma ya no es necesario ni fundamental, y más bien por el contrario, en la actualidad esto ha provocado un clima de impunidad a favor de los congresistas, una desigualdad ante la ley y ha generado riesgos importantes de corrupción dentro del Parlamento Peruano, en la cual se negocia a través de prebendas políticas o consignas partidarias, el voto a favor o en contra de determinado pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria. / Trabajo académico

La Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 138° que establece que “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.” El Estado les quita a los particulares la capacidad de solución de sus conflictos, prohibiendo la autodefensa o la autotutela, reemplazándolo por un mecanismo de heterocomposición, donde aparece un tercero, el Estado a través de la jurisdicción estatal, el que con “… el correlativo derecho o poder de acción, representa la contrapartida a la prohibición de la autotutela privada”. La solución de estos conflictos con relevancia jurídica, se realiza mediante el proceso, que constituye el instrumento que tienen los particulares para actuar el derecho objetivo, “para con ello dar una protección, efectiva a las situaciones jurídicas de los particulares, logrando con ello, tutelar sus intereses y satisfacer con ello sus intereses.” La solución de las controversias tanto a nivel judicial como arbitral, requiere que sus operadores, los jueces y los árbitros determinen que es lo que está en discusión en el proceso, esto se realiza a través de la fijación de los puntos controvertidos. Al establecer o determinar lo que está en discusión en el proceso y sus alcances, mediante la fijación de los puntos controvertidos, se podrá delimitar no sólo lo que será materia de pronunciamiento, sino que definirá el marco de la actuación de los medios probatorios, con lo que se contribuye a producir certeza en el juzgador lo que se manifestará en su decisión final, a través de una sentencia o la emisión de un laudo arbitral. Con lo señalado anteriormente, se verifica la gran importancia que reviste esta institución o procedimiento, sin embargo a pesar de ello, se puede constatar que en la práctica judicial y arbitral dicha figura se ha limitado a una mera transcripción de las pretensiones señaladas por las partes en la demanda, en la contestación de la demanda y en la reconvención. A partir de esta constatar lo que se produce en la práctica judicial y arbitral, buscaremos establecer o determinar que debe entenderse como fijación de los puntos controvertidos en el proceso. Analizaremos las regulaciones que el Código Procesal Civil, ha establecido en referencia a los puntos controvertidos y su fijación y revisaremos sus alcances. Y finalmente, analizaremos los alcances de la regulación o falta de regulación de la fijación de los puntos controvertidos en la norma que regula el arbitraje en el Perú y lo establecido en los reglamentos de los principales centros de arbitraje de nuestro país. / Trabajo académico

No solamente la Corte Suprema a través de su jurisprudencia, sino también la doctrina nacional, interpretan erróneamente el bien jurídico y el injusto penal contenido en el artículo 401° del CP; esta situación ha llevado no solo a restar suficiencia y aptitud a la pericia que determina el desbalance patrimonial, sino a desnaturalizar el injusto penal contenido en la semántica del delito de enriquecimiento ilícito. Además, la Corte Suprema ha ensayado una misma repuesta respecto a la aptitud del medio de prueba referente a la pericia de desbalance patrimonial, en lo concerniente al delito de lavado de activos, negando que un mismo medio de prueba puede ser visto desde diversos ángulos y no obstante versar sobre un mismo fin -licitud del patrimonio-, los diferentes momentos de la aparición y movimiento del bien, pueden constituir la probanza de diversos tipos penales; esta afirmación, ocurre respecto del delito de enriquecimiento y lavado de activos, pues en determinado momento la situación de la posesión directa o indirecta de un patrimonio que no se justifica en los ingresos legítimos del agente público, puede configurar plenamente el delito de enriquecimiento ilícito, en tanto, el someter posteriormente dichos bienes ilícitos al circuito de la dinámica económica con la finalidad de legitimarlo, constituye en ámbito de reproche del delito de lavado de activos. Esta situación supone entender que el delito contenido en el artículo 401° del CP, es un delito especial de posesión, donde se configura con la sola posesión de un patrimonio que no se corresponde con las fuentes legitimas del agente público, y no se trata de actos de abuso de atribuciones o de acreditación del prevalimiento del cargo que derive luego en el incremento patrimonial; sino que al ser parte de la administración pública durante el ejercicio de la función, tiene el deber de incrementar su patrimonio de manera transparente y proba, mediante fuentes lícitas. / Trabajo académico