El caso versa sobre la vulneración del derecho a la seguridad social y el principio de no discriminación de Ricardo Galván en el marco de un proceso constitucional de amparo. Ricardo Galván es una persona con discapacidad física que se afilió en 1996 al Sistema Privado de Pensiones con una lesión medular producto de meningitis tuberculosa. En 2013 a partir de una lesión en el hombro producto de periartritis escápulo humeral solicitó una pensión de invalidez permanente. El COMAFP y el COMEC denegaron otorgar la pensión de invalidez permanente al determinar que la lesión medular de 1990 generó la condición de invalidez permanente y no la lesión en el hombro de 2013. Las lesiones fueron porcentualizadas en 70% y 4% respectivamente. El caso fue visto por el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte de Justicia de Lima que declaró fundada la demanda de amparo por acreditarse la vulneración del derecho a la pensión e igualdad. Frente a ello se discute en el presente Informe si la denegación de la pensión de invalidez permanente a Ricardo Galván por el COMAFP y el COMEC constituyó una vulneración del derecho a la pensión y el principio de igualdad y no discriminación a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. / The case deals with the violation of Ricardo Galván's right to social security and the principle of non-discrimination in the context of a constitutional amparo proceeding. Ricardo Galván is a physically disabled person who joined the Private Pension System in 1996 with a spinal cord injury resulting from tuberculous meningitis. In 2013 as a result of a shoulder injury resulting in the condition of scapulohumeral periarthritis, he requested a permanent disability pension. The COMAFP and the COMEC denied granting the permanent disability pension, determining that the spinal cord injury of 1990 generated the permanent disability condition and not the shoulder injury of 2013. The injuries were rated at 70 % and 4 % respectively. The case was heard by the Third Court Specialized in Constitutional Matters of the Court of Justice of Lima, which declared the amparo claim to be well-founded due to the violation of the right to a pension and equality was accredited. In light of this, the present Report discusses whether the denial of the permanent disability pension to Ricardo Galván by the COMAFP and the COMEC constituted a violation of the right to a pension and the principle of equality and non-discrimination in light of International Human Rights Law.

La doctrina nacional y los magistrados del Poder Judicial y Tribunal Constitucional del Perú a nuestro entender han enunciado y desarrollado, respectivamente, los contenidos del nombre social en nuestro país, sin que hasta la fecha lo hayan institucionalizado como un motivo justificado de cambio de nombre, a fin de proporcionarle a los ciudadanos una herramienta eficaz para tutelar su verdadera identidad. En ese sentido, es preciso analizar si corresponde su institucionalización en el ordenamiento jurídico nacional y bajo qué contenido y campo de aplicación para evaluar si este progreso cumple con las expectativas de salvaguarda a la identidad y libre desarrollo de la personal, especialmente si quien solicita la variación identitaria es un menor de edad. Finalmente, se concluirá en la necesidad de formalizarlo como una causal de cambio de nombre, dotándolo de un cierto contenido que lo particularice y regule su aplicación en aras a sistematizar una herramienta jurídica que funcione como presupuesto para el ejercicio y goce de los derechos de autodeterminación identitaria y a la felicidad en armonía con el bien común. Palabras clave: identidad, libre desarrollo de la personalidad, interés superior del niño, cambio de nombre, nombre social, derecho a la felicidad.

Dada la creciente cifra de personas que poseen algún tipo de discapacidad según el último censo del INEI (2018), en especial de las personas con discapacidad visual, y debido a la brecha existente en el desarrollo de una correcta movilidad por esta parte de la población. Movilidad que se debería caracterizar por los principios de autonomía, autosuficiencia y seguridad. Se decidió analizar una herramienta que busca romper con esta brecha y que viene siendo incorporada en la ciudad de Lima. Hablamos de las baldosas de alto relieve, conocidas como pisos podotáctiles. En la presente investigación se busca comprobar la conveniencia del uso de pisos podotáctiles para la mejora en la movilidad de personas con discapacidad visual; asimismo, diagnosticar la situación actual de la implementación de estos pisos en la ciudad de lima, identificar los problemas específicos asociados a su utilización y conocer las posibles mejoras en la implementación de los mismos. La metodología empleada fue cualitativa, cuyo sustento se basa en la recopilación de información a través de un inventariado de zonas, entrevistas en ruta, entrevistas informales y entrevistas a profundidad. Tras la ejecución de metodología, se concluye que el uso de pisos podotáctiles sí son convenientes para la mejora de la movilidad de las personas con discapacidad visual; sin embargo, esta implementación está afectada debido a la presencia de grandes discontinuidades y obstáculos (baldosas retiradas, faltantes, dañadas, etc.) en las redes disponibles; asimismo por el desconocimiento por parte de los usuarios respecto al uso del sistema y la extensión del sistema en la ciudad de Lima. Por otro lado, se observó una implementación no uniformizada a través de la ciudad de Lima, esto debido a la utilización de baldosas de distintas características tales como forma, tamaño, distribución de relieves, entre otros. Respecto a las posibles mejoras, se concluye que la estandarización en la implementación de pisos podotáctiles, a una ampliación de la red actual y a un plan de capacitación a los usuarios y no usuarios sobre el uso del sistema, como las principales soluciones ante los problemas identificados.

El presente artículo versa sobre las complicaciones que tienen las personas invidentes para acceder a páginas web que ofertan productos a consumidores (B2C), en el denominado e-commerce o comercio electrónico. De este modo observamos cómo este grupo de personas se encuentra marginado de poder acceder adecuadamente al disfrute de las ofertas on line, desprotegiendo sus derechos como pasibles consumidores, al no medirse el grado de accesibilidad de las páginas web que ofrecen estos productos (WCAG). En las líneas posteriores se realiza un análisis normativo comparado entre dos legislaciones distintas a la nuestra, se ahonda entre los estándares internacionales de la Accesibilidad Web (W3C), entre otros métodos. Del mismo modo, advertimos la necesidad de legislar el derecho de desistimiento para el comercio electrónico en nuestro ordenamiento, dado que esta carencia tiene desprotegido al grueso de consumidores en nuestro país y, con mayor razón al grupo de personas señalados en las primeras líneas del presente ítem.

El Compliance o cumplimiento legal existe en el mundo corporativo desde hace ya algunas décadas. Consiste en un tipo de programa que desarrollan las empresas destinado a detectar los riesgos de incumplimiento de normas legales generados por las actividades de la empresa en el marco de una regulación cada vez más abundante y a diseñar reglas que sistematicen todas normas en guías o principios básicos de comportamiento que al ser seguidos previenen que los colaboradores incurran en conductas prohibidas. Este fenómeno, proveniente del mundo de las grandes empresas ha ido evolucionando y difundiéndose hasta el punto que hoy en día todas las grandes corporaciones cuentan con programas de cumplimiento que abarcan temas como corrupción, derechos humanos, no discriminación, ética, etc. Lo que en principio fue una iniciativa particular de las empresas por autorregularse, fue dando paso a legislaciones nacionales que buscan imponer a las empresas la obligación de implementar programas de cumplimiento que coadyuven a la función estatal de prevenir y sancionar determinados delitos. En 2002 se publicó en el Perú la primera norma destinada a imponer un programa de cumplimiento legal, específicamente destinado a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta primera legislación introduce la figura del Oficial de Cumplimiento, funcionario que forma parte de la organización de la empresa y cuya función es la de velar por el funcionamiento del programa de cumplimiento y dar aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera de las operaciones sospechosas. Posteriormente, en el marco de una corriente que se va extendiendo alrededor del mundo, se ha venido desarrollando una legislación que atribuye responsabilidad a las personas jurídicas por algunos delitos cometidos por sus colaboradores, estableciendo como eximente o atenuante de dicha responsabilidad que la empresa voluntariamente cuente con un programa de cumplimiento. El presente trabajo busca establecer la pertinencia de regular lo que nació como una iniciativa privada, convirtiéndola en una obligación por mandato legal, y qué tan adecuada resulta, para los fines para los que fueron creados los programas de cumplimiento el contar con dichas normas. Nuestra posición es que la legislación peruana en realidad no introduce una figura voluntaria, sino que en el fondo sanciona a aquellas empresas que no cuenten con un programa de cumplimiento y, aunque existen razones que justifican ello, pierde una magnífica oportunidad de prevenir algunos de los más importantes riesgos generados por las actividades empresariales. / Trabajo de investigación

La ampliación del plazo de detención introducida en nuestro ordenamiento mediante Ley 30558 que modifica la Constitución Política del Perú, se opone a la tradición constitucional peruana, que uniformemente ha mantenido el plazo de 24 horas para la detención policial por flagrante delito; es a partir de la Constitución de 1979 que se fijó un plazo excepcional de 15 días únicamente para tres delitos -tráfico de drogas, terrorismo y espionaje-. La acotada modificatoria adiciona otro supuesto excepcional para la detención policial hasta 15 días: delitos cometidos por organizaciones criminales terminología que abarca una pluralidad de delitos, aproximadamente 84 delitos. La norma materia de estudio es producto de la tensión existente ente la libertad y la seguridad, dialéctica que aqueja a nuestra sociedad. La seguridad viene ganando hegemonía producto del sentimiento de miedo que padecemos frente a fenómenos delictivos como el crimen organizado, este contexto empuja al legislador, con base en el populismo penal, a adoptar medidas procesales que restringen los derechos constitucionales. El problema frente al cual nos encontramos es determinar la validez constitucional de la Ley 30558. Para abordar dicha problemática se desarrolla el presente trabajo desde un enfoque procesal constitucional, sosteniendo la inconstitucionalidad de la acotada Ley que, lejos de ser una medida eficaz para luchar contra el crimen organizado, representa una amenaza inminente contra el derecho fundamental a la libertad personal. Un aspecto central de análisis es desarrollar los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para concluir finalmente en la invalidez constitucional de la norma. La presente investigación se justificada teóricamente dada la necesidad de contribuir en el desarrollo doctrinario del derecho penal constitucional.

La denegación de los ajustes razonables a la personas con discapacidad es un motivo de discriminación de acuerdo a la normativa nacional e internacional, siendo los ajustes una herramienta necesaria para la inclusión y permanencia en el ámbito laboral de las personas con discapacidad en el Perú. Sin embargo, a pesar de comprenderse lo que es un ajuste razonable, los criterios, en especial el de “carga indebida”, para que se deniegue o acepte un ajuste razonable no son totalmente claros en el Perú. En el presente trabajo, el objetivo es saber si existe algún desarrollo sobre criterios para denegar los ajustes razonables. Se toma como punto de análisis los casos evaluados por el Tribunal de Servicio Civil, ente encargado de resolver en última instancia administrativa las reclamaciones individuales de funcionarios y servidores públicos. Para ello, se realiza la indagación de expedientes en segunda sala del Tribunal de Servicio Civil desde el año 2016 sobre casos de personas con discapacidad que han solicitado los ajustes razonables, encontrando que solo existe un caso respecto a la denegación de ajustes razonables, y que no existe ningún análisis sobre la carga indebida para el otorgamiento o denegación de los ajustes, y menos de algún otro criterio, bastando la acreditación de la discapacidad. En conclusión, La Ley General de las personas con discapacidad señala al igual que la Convención de personas con discapacidad, que la denegación de ajustes razonables solo es viable si suponen una carga económica excesiva o también llamada carga indebida, pero este criterio, no se encuentra claro normativamente, menos aún para un ente jurisdiccional en el ámbito laboral-público, como el Tribunal de Servicio civil

La presente investigación pretende analizar las implicancias políticas de representar a la comunidad trans dentro del teatro limeño utilizando la obra “El arcoíris en las manos” una obra producida por Imaginario Colectivo que cuenta la historia de Marita una mujer trans interpretada por un actor cisgénero. Utilizo este caso para analizar qué sucede en la representación de una comunidad que posee en si misma una agenda política en búsqueda de derechos humanos para lograr la igualdad analizando los discursos que se generan en escena, tanto gestual como corporal y otras decisiones estéticas, así como también, tomando en cuenta el proceso creativo por el que ha pasado el actor intérprete, el equipo de dirección y los cambios dramatúrgicos para ver así la posición de los creadores y su responsabilidad frente a esta representación. Esta investigación finalmente da cuenta de una problematización de la representación de la comunidad trans debido a la carga política que tiene el mismo cuerpo trans que al no verse en escena durante la representación, se necesita de alguna forma tener una “voz autorizada” que pueda dar cuenta de la realidad de la comunidad trans. Cuestionando a su vez el significado de la representación teatral en cuanto a la convención y de cómo entendemos la escena permitiendo así replantearnos cómo entendemos el hecho escénico

La presente tesis de investigación aborda la problemática de la discriminación en el acceso al empleo de las personas trans. Si bien existe mucha información respecto de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra este colectivo, las dificultades en el ejercicio de este derecho en el Perú aun no se han profundizado lo suficiente desde la investigación jurídica. Este trabajo parte de la hipótesis de que existe la necesidad de reconocer legalmente las identidades de género diversas, a fin de lograr un ejercicio pleno del derecho al acceso al empleo. Dicha teoría se sustenta en el hecho de que las personas trans no pueden acceder a este derecho si el Estado no reconoce de manera previa las identidades de género no normativas y ofrece alternativas para poder hacer efectivo dicho reconocimiento junto con las consecuencias jurídicas que de ello se derivan. En tal sentido, esta investigación aborda este tema desde tres capítulos: el concepto de las identidades trans y su desarrollo como derecho fundamental; el reconocimiento histórico jurídico desde el derecho internacional de los derechos humanos, así como el vínculo del derecho a la identidad con el ejercicio de otros derechos fundamentales; y el ejercicio del derecho al acceso al empleo desde el reconocimiento del derecho a la identidad, incluyendo los retos y limitaciones desde el derecho laboral. Como conclusión, esta tesis corrobora la hipótesis inicial referente a que, sin un reconocimiento legal de las identidades de género diversas, no es posible acceder a otros derechos, ya que ello implica que el colectivo trans no existe jurídicamente para el Estado, lo cual las expone a una situación de marginación y discriminación permanente

La presente investigación tiene por objetivo realizar un análisis feminista e interseccional del modelo jurídico actual de la prostitución en el Perú. Para ello, exploramos el problema de la política criminal internacional y nacional en materia de prostitución empleando los estudios de género, la evidencia criminológica reciente y los métodos jurídicos feministas. Atendiendo a la tendencia normativa que sigue la legislación interna, la pregunta que orienta nuestra investigación es ¿Son las fórmulas criminales y/o prohibitivas legítimas y válidas para abordar la prostitución en el Perú? La hipótesis que planteamos es que este tipo de fórmulas no son compatibles con una perspectiva feminista e interseccional en la medida en que no contribuyen a la mejora de la experiencia de las mujeres que se dedican a la prostitución, además de no ser útiles para revertir los problemas estructurales que suscitan en torno al trabajo sexual. En esa medida, se requiere de una mejor comprensión del trabajo sexual, así como de un enfoque transformativo de derechos que permita construir una política sobre el trabajo sexual que realmente mejore las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales en nuestro país.