Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo se analizan los requisitos que deben cumplir distintas formas asociativas reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico para constituirse y actuar válidamente y que se deben tener en consideración al momento de realizar un estudio de sus títulos. Se divide en siete capítulos, donde seis de éstos se dedican al estudio de una forma asociativa distinta, dando para cada una de ellas los elementos fundamentales tanto para determinar la validez de su constitución así como respecto de su administración. El primer capitulo analiza los objetivos y fundamentos de un estudio de títulos y señala los conocimientos prácticos necesarios al momento de realizar esta tarea. Se resuelven en el cuestiones como las formalidades para obtener la copia de una escritura pública y las ventajas de la protocolización de documentos. Las formas asociativas estudiadas en el presente trabajo son la sociedad anónima, la sociedad en comandita, la sociedad por acciones regulada por la Ley 20.190, y la empresa individual de responsabilidad limitada

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El trabajo que usted tiene en sus manos, ha tenido por objeto el revisar uno de los temas más conflictivos y actuales de la ciencia penal. La cuestión de la responsabilidad de las colectividades de individuos (más allá de si cuentan o no con personalidad jurídica). Se analizan las posiciones doctrinarias que sostienen la posibilidad de establecer sistemas colectivizados de responsabilidad penal. Se analizan las categorías de la teoría del delito que han de ser modificadas por los cultores de estas tesis a fin de dar cabida a estos modelos. La culpabilidad, la capacidad de acción, la posibilidad de sanción al ente son aquellos tópicos en que se encuentran en el centro de la discusión. Se agregan a esto, cuestiones más generales, como las del destinatario de la norma jurídico penal, y algunos elementos de política criminal. Estos intentos son examinados con detenimiento, y expuestos a la crítica desde la perspectiva de los principios del derecho penal y desde consideraciones de la propia política criminal. Se busca demostrar en definitiva, la imposibilidad de establecer este tipo de soluciones en todo sistema Democrático Social y de Derecho. Por ultimo, se presenta al lector, una síntesis de los modelos de solución más respetuosos de los principios que se defienden. Se expone resumidamente la función que le puede caber a los delitos de omisión en la lucha contra la delincuencia organizada, la autoría mediata por el dominio de la organización como forma de llegar a aquellos sujetos que delinquen en el seno de organizaciones empresariales, y la utilidad de las cláusulas sobre actuaciones en lugar de otro a estos mismos fines.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene por objeto abordar el estudio del debate dogmático y político criminal que, tradicionalmente y también en la actualidad, se suscita en la ciencia jurídico-penal, en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Además, pretende dar luces acerca del tratamiento legislativo dispensado a dicho tema en el ámbito del derecho comparado y nacional

La presente investigación requiere que se analice la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de contaminación ambiental, las cuales dichas conductas relevantes penales surgen de la típica conducta cometida por las diversas empresas en donde no coindice la necesidad de responsabilizarse penalmente. La presente investigación tiene como punto de partida que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se encuentra regulado en la legislación peruana, por lo que estas no podrán ser procesadas cuando cometan un delito a título propio, limitándose el derecho, a accionar contra el elemento humano que las integra, alcanzando únicamente aquellas responsabilidades accesorias o pecuniarias, por tal motivo busca la problemática: ¿Cuáles serían las pautas jurídicas para responsabilizar penalmente a la persona jurídica en la comisión del delito de contaminación ambiental previsto en el Artículo 304 del Código Penal en defensa del medio ambiente como bien Jurídico tutelado?, para poder llegar a determinar una posible solución a lo planteado.

En un estado de derecho nada deber ser más adecuado que los agentes socio-económicos cumplan con su rol respectivo y con los medios de tutela adecuados a la era del Siglo XXI. En ese sentido, en más de los veinticinco años, tiempo en el que ha estado vigente nuestro Código Civil, se han producido cambios en el mundo jurídico que nuestros codificadores no pudieron prever, cambios que un código que pertenece a un tiempo determinado, no puede comprender y necesita ayudarse de la doctrina y la jurisprudencia, más en institutos de defectuosa regulación como el tema aquí investigado, y es el objetivo de nuestro trabajo, de hacer un estudio critico de estas instituciones para una mejor comprensión del fenómeno y ver su adaptación en la realidad para proyectar su cambio en la presente y futura reforma del Código Civil peruano. La doctrina del Derecho Civil en materia de fraude a la ley y fraude a los acreedores ha estado en constante debate e investigación, con más incidencia en las figuras de fraude a la ley. El sistema conceptual que aquí se desarrollará alude esencialmente a la construcción de categorías como negocios jurídicos en fraude a la ley, sus modalidades, los negocios en fraude a los acreedores y los mecanismos de tutela de situaciones jurídicas de ventaja de carácter patrimonial, partiendo desde la idea de la protección jurídica del acreedor a los tiempos de protección del acreedor y una parte contractual. En efecto, la tesis incide en uno de los mecanismos de tutela que tiene el acreedor o la parte contractual frente a los actos del deudor o parte comprometida contractualmente, pero teniendo especial incidencia en la acción pauliana, su estudio desde el punto de vista dogmático y funcional; es decir, una labor reconstructiva de las instituciones jurídicas a analizar, para poder entender su esencia y hacer posible la explicación de las normas del modo más adecuado a las exigencias del caso concreto. Pero a la vez, se tomará la experiencia de las instituciones en la realidad social, apoyándonos en la casuística y en la jurisprudencia. Punto de apoyo será la comparación jurídica.

En el año 2004 este tema, si bien aún no era muy conocido en el Perú, había sido desarrollado por algunos abogados y profesores peruanos, e incluso a la fecha encontramos artículos importantes en revistas jurídicas acerca del levantamiento del velo societario y libros sobre el uso fraudulento de la persona jurídica. Por lo tanto, no puedo decir que el presente trabajo sea original en su totalidad, pero sí me permito afirmar que lo es en cuanto a la forma de abordarlo, su desarrollo y posición final asumida. El trabajo se ha desarrollado en once capítulos, debiendo desde ya precisarse que si bien hay una alusión general a las personas jurídicas, el tema central es la sociedad anónima ordinaria o clásica como se le denomina (ya que no han sido consideradas en el estudio las particularidades de sus dos modalidades: sociedad anónima cerrada y sociedad anónima abierta), la que además es reconocida como una conquista económica, jurídica y social, habiendo una notoria y gran diferencia con las “otras formas societarias” que también están reguladas en la Ley General de Sociedades, pero que sin embargo no cumplen un papel importante en la economía del país.

En los últimos años, las empresas se han visto inmersas en escándalos de toda índole, siendo los más sonados aquellos vinculados a actos de corrupción, como han sido las recientes revelaciones vinculadas a los negocios de la constructora brasilera Odebretch; hechos que ocurrieron en nuestro país y en aquellos donde dicha empresa desarrollaba sus operaciones1. Ante ello, el Estado Peruano, con miras a evitar la continuidad en la comisión de ilícitos penales por parte de las empresas y reforzar sus mecanismos de lucha contra la corrupción, ha regulado supuestos de responsabilidad administrativa y penal para estas, contemplando como eximente la implementación de modelos de prevención, situación que ha sido propicia para que los profesionales en Derecho hagan referencia a dicho modelo como uno de compliance. Es así que el mercado peruano de servicios profesionales concibe como práctica de compliance a aquella que busca la prevención de contingencias de índole administrativo y penal en el marco de la actividad organizacional y/o empresarial. Sin embargo, consideramos que el alcance de dicha práctica cubre solo un aspecto en lo que a compliance se refiere; ante lo cual, proponemos entender al mismo como una práctica corporativa en la cual una empresa asume el compromiso de cumplir procedimientos y buenas prácticas de cumplimiento normativo y político interno, con miras a alcanzar su máxima eficacia, productividad, prevención y gestión de riesgos, y sostenibilidad. Para dichos efectos, hemos analizado el desarrollo de dicho concepto en la regulación comparada y en el Perú; cómo es actualmente entendido, sus elementos, cómo se ejecuta y por qué debe de implementarse en una empresa de forma transversal. Hemos encontrado así, una nueva práctica corporativa que permitiría a las empresas una mejor gestión de riesgos que llevará al desarrollo tanto de estas, como del mercado y de la sociedad. Sabemos que existirá resistencia y quizás no aceptación, pero nos encontramos seguros que nuestro concepto de compliance y forma de ejecución propuestos serán propiciados por el propio desarrollo económico del país y posicionamiento del mismo a nivel mundial, llevando así a que la cultura corporativa empresarial peruana se transforme. / Trabajo de investigación

La discusión doctrinaria acerca de la necesidad de introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país se encuentra actualmente superada, existiendo aún algunas discrepancias respecto a los modelos de imputación que deberían regularse para tal efecto; y, en lo correspondiente a los ámbitos delictivos en los que esta nueva responsabilidad debería aplicarse. Esta postura actualmente mayoritaria no ha sido acogida por el legislador peruano; sino que, por el contrario, en una reciente modificación normativa, a través de la promulgación de la Ley N.° 30424, introdujo la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por la comisión del delito de cohecho activo transnacional. Manteniendo, paralelamente, el vigente artículo 105.° del Código penal, que establece la imposición de consecuencias accesorias contra las personas jurídicas que se vean involucradas en la ejecución, el encubrimiento o el favorecimiento de un hecho ilícito. Esta última modificación legislativa, que si bien puede ser entendida como un retroceso del legislador peruano frente a la iniciativa de introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no debe opacar los avances ya realizados por la doctrina nacional. Debiendo significar un aliciente para todos aquellos que nos dedicamos a estudiar esta nueva clase de responsabilidad, en el sentido de continuar mostrando aquellos escenarios donde resulta imprescindible contar con una nueva regulación que nos permita lograr una efectiva tutela de aquellos bienes jurídicos comúnmente vulnerados por la incorrecta actuación de las personas jurídicas. En dicha línea, el presente trabajo de investigación busca analizar uno de los tantos cuestionamientos que trae consigo la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Ordenamiento jurídico peruano: ¿qué características deberá tener un ente colectivo para ser considerado como sujeto activo de un delito? Esta pregunta tiene una importancia significativa para delimitar el ámbito de aplicación de esta nueva clase de responsabilidad, toda vez que debe ser acorde con los desarrollos alcanzados por la doctrina nacional en torno a la capacidad de culpabilidad de los entes colectivos; esto es, la necesidad de comprobar en ellos la existencia de una plena capacidad para autorregularse y, por ende, para ser motivados por la norma penal. / Tesis

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Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención en Derecho Penal) / Esta investigación tiene por objetivo general analizar la situación en que encontraren aquellas personas jurídicas que fueren imputadas por alguno de los delitos contemplados en la Ley 20.393 del año 2009, que estableció la responsabilidad penal justamente de las personas jurídicas, específicamente en relación a las posibilidades de defensa penal que le cabrían cómo respuesta a una interpretación estricta de las normas de la ley, en base a la cual se considere a priori que, por el mero hecho de no tener implementado el modelo de prevención que la misma ley establece, debiera ser condenada y cómo una interpretación de esta naturaleza podría afectar derechos constitucionalmente consagrados o principios generales del derecho penal