El presente artículo tuvo por objetivo determinar los fundamentos dogmáticos - jurídicos que el legislador debe tener en cuenta para adoptar la implementación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestra legislación penal peruana, ya que hoy en día la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se encuentra debidamente regulada; dicho trabajo se realizó bajo el método de análisis documental, conjuntamente con la técnica del fichaje. Asimismo, para lograr dicho objetivo fue indispensable sustentar los principales motivos para la Derogación de la Ley N° 30424 - Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas; pues la misma, lo único que hace es confundir de una u otra manera al operador jurídico, al pretender atribuir una responsabilidad administrativa frente a un hecho delictivo de la persona jurídica cuando no debe de ser así, dado que se debe atribuir la responsabilidad que le corresponde, la cual es una responsabilidad de naturaleza penal. Seguidamente, fue necesario fundamentar los criterios dogmáticos y jurídicos que nos sirvió de mucha ayuda para implementar la responsabilidad penal de las Personas Jurídicas en nuestro Ordenamiento Jurídico Penal Peruano mediante una propuesta legislativa. Por tal motivo, esta investigación, demostrará que es necesario establecer los fundamentos dogmáticos – jurídicos para poder implementar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestra legislación penal peruana, y de esa manera poder contrarrestar la criminalidad empresarial que hoy en día está avanzado y creciendo cada vez más, originando así grandes y graves problemas para la sociedad.

El artículo 7 de los CDIs celebrados por el Perú contiene la versión antigua de dicho artículo proveniente del MC OCDE de 1963. En el 2008 la OCDE publicó el Enfoque Autorizado 2008 que constituye el criterio autorizado de la OCDE para la atribución de beneficios a un EP según artículo 7 de los CDIs y, posteriormente, en el 2010 se publicó la nueva versión del artículo 7 del MC OCDE, sustentada en el Enfoque Autorizado 2008. Este enfoque cambia sustancialmente el modelo de atribución de beneficios a EPs y, de hecho, incluye nuevos conceptos como el Capital Libre. En esta tesis nos planteamos la pregunta de si al momento de interpretar el artículo 7 de los CDIs peruanos podemos acudir al Enfoque Autorizado 2008 y, así, aplicar la figura del Capital Libre para limitar los intereses deducibles de un EP. Nuestra hipótesis es que para la interpretación del artículo 7 de los CDI celebrados por el Perú no es posible aplicar la figura del Capital Libre. En la presente tesis realizaremos un estudio en función al método dogmático e histórico. En esta investigación se llega a la conclusión de que para interpretar los CDIs peruanos no es posible aplicar las pautas del Enfoque Autorizado 2008 y, menos aún, la figura del Capital Libre. Para que ello sea posible: los CDIs deberían hacer remisión expresa a los Comentarios MC OCDE 2008 o posteriores como guía interpretativa; se debería modificar el artículo 7 de los CDIs para considerar la nueva versión del MC OCDE 2010 o que se inicie un procedimiento de acuerdo mutuo; y modificar la legislación interna peruana para considerar las reglas del Enfoque Autorizado 2008, así como la figura del Capital Libre, pues la determinación del IR de un EP está protegida por la reserva de ley tributaria.

El presente trabajo aborda el estudio de la figura del consejo directivo en asociaciones, el silencio legislativo sobre la continuidad de funciones luego de haber culminado su gestión y las consecuencias de dicha omisión a nivel registral y organizativa. Para ello, el análisis se desarrolla en base la Resolución No 028-2021-SUNARP-TR, la misma que nos ofrece un amplio panorama sobre esta problemática surgida a través de una solicitud de modificación de estatuto y la interpretación de un Registrador Público sobre un artículo estatutario similar al artículo 47 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas, el cual, a su criterio, no habilitaba la prórroga de funciones del consejo directivo. No obstante, el Tribunal Registral argumenta lo contrario sin mayor fundamento y genera un debate, el cual es reflexionado en el texto de este informe. La resolución es estudiada desde un análisis crítico sobre la decisión de cada instancia registral y la discusión sobre las teorías de representación en los órganos directivos de las asociaciones. De esta manera, concluimos que el Tribunal Registral en su intento de salvaguardar la permanencia del consejo directivo, no ofreció mayor fundamento jurídico para su decisión, que si bien es acertada da lugar a futuras interpretaciones sin un sólido sustento teórico. / This paper deals with the study of the figure of the board of directors in associations, the legislative silence on the continuity of functions after the end of its management and the consequences of such omission at the registry and organizational level. For this purpose, the analysis is based on the Resolution No 028-2021-SUNARP-TR, wich offers a broad overview of this problem that arose through a request for modification of bylaws and the intepretation of a Public Registrator on a statutory article similar to article 47 of the Registration Regulations of the Registry of Legal Entities, wich, in his opinion, did not enable the extension of the board of director’s functions. However, the Registry Court argues the contrary without further basis and generates a debate that is reflected in the text of this report. The resolution is studied from a critical analysis of the decision of each registry instance and the discussion on the theories of representation in the governing bodies of the associations. In this way, we conclude that the Registry Court, in its attempt to safeguard the permanence of the board of directors, did not offer any legal basis for its decision, wich, although it is correct, gives rise to future interpretations without a solid theoretical basis.

La propiedad horizontal es uno de los sistemas admitido en la mayoría de las legislaciones, en el cual existe una organización especial destinada a satisfacer las necesidades e intereses comunes, compuesta básicamente por la colectividad de propietarios de las secciones de propiedad exclusiva de una edificación y tiene la representación conjunta de éstos. En el Perú, la Ley 27157, que regula el régimen de la propiedad exclusiva y propiedad común, no establece que la junta de propietarios revista la calidad de persona jurídica, lo cual motivó distintas interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales al respecto, si bien resulta indiscutible la falta de personalidad jurídica, no es posible ignorar la situación producida por un grupo de personas que participan de la actividad jurídica como auténticos y verdaderos sujetos de derecho, al que hay que regular en sus relaciones jurídicas y en sus actos frente a terceros, considerando que el Derecho Registral tiene por finalidad garantizar la seguridad jurídica, certeza y estabilidad al trafico patrimonial. En el presente trabajo se analizarán los supuestos y la normatividad aplicable a la junta de propietarios, abordando las principales opiniones de destacados juristas, con relación a la naturaleza jurídica de la junta de propietarios, con atención al proyecto de Ley N° 114/2016-CR, Ley que Regula la Administración Inmobiliaria, el cual propone que las juntas de propietarios se constituyan como asociaciones civiles sin fines de lucro, a efectos de contar con personería jurídica.

INDECOPI se ha pronunciado en diferentes resoluciones tales como N° 0703-2017/SDC, 116- 2018/SEL, 117-2018/SEL, 0368-2019/SEL, 0597-2021/SEL, entre otras, mediante las cuales ha resuelto determinar como barrera burocrática tanto los requisitos exigidos para la colegiación como el cobro por la colegiatura. En ese sentido, la presente investigación versa sobre la legitimidad que tiene INDECOPI de fiscalizar las actuaciones de los Colegios Profesionales, respecto a la prevención y eliminación de barreras burocráticas ilegales o irracionales al momento de colegiar a los profesionales, ya que el Decreto Legislativo N° 1256 en el artículo 2 señala que dicha norma es aplicable a las entidades de la Administración Pública. Por ello, el primero objetivo ha sido determinar la naturaleza jurídica de los Colegios Profesionales y si son entidades de la Administración Pública. Asimismo, como segundo objetivo se analizó si los Colegios Profesionales están comprendidos como entidades de la Administración Pública en el inciso 6 u 8 del Texto Único de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Por último, se ha determinado si los requisitos de colegiación y cobro son considerados como barreras burocráticas. Al respecto, se ha concluido que los Colegios Profesionales poseen una naturaleza jurídica privado – pública, sui generis, lo cual implica que no son consideradas Administración Públicas en sentido estricto. Ahora bien, la naturaleza pública de los Colegios Profesionales se sustenta en el ejercicio de la función pública, el cual se ejerce cuando se procede a colegiar a los profesionales, ya que ello implica una modificación en la situación jurídica de la persona, pues les habilita ejercer su profesión bajo la comprobación de los requisitos señalados en el ordenamiento jurídico.

El presenta trabajo aborda el tratamiento de la estructura de las personas jurídicas no societarias, y se hace énfasis en el tratamiento del comité electoral, órgano que su subsiste en las organizaciones, a pesar de su no obligatoriedad, lo cual no debe ser justificación para su falta de estudio. El primer caso en ser abordado es como se ha regulado el comité electoral dentro de la estructura de la Asociación, una persona jurídica que constituye una organización de personas que se asocian en la búsqueda de un mismo fin y que cumple con la formalidad de la inscripción en el registro o su consagración legal, y en efecto una vez que la asociación adquiere autonomía respecto de sus miembros, convirtiéndose en sujeto de derechos, en virtud de tal autonomía posee una estructura y organización definida . No obstante serán facultativas o potestativas aquellas disposiciones que no inciden en los aspectos sustanciales de las asociaciones, respecto a los cuales y en uso de su autonomía de la voluntad los asociados pueden pactar en el estatuto en sentido distinto a lo establecido en el Código Civil, como señala el artículo 85° que dispone; la convocatoria a asamblea general será realizada por el presidente del consejo directivo, admitiendo que se realice de forma distinta . En virtud de la autonomía de la asociación, esta puede determinar en su estatuto, sus órganos y representantes, así como el plazo de vigencia de estos. De lo mencionado se desprende que la asociación para el cumplimiento de la formalidad se inscribirá en el Registro, siendo a su vez susceptibles de inscripción sus órganos y/o representantes (toda vez que cumplan con las condiciones de acto inscribible) los que a su vez estarán compuestos de actos calificables y actos no calificables, que en conjunto coadyuvan a lograr la inscripción de la rogatoria. Si la asociación opto por considerar al comité electoral en su estatuto, a fin de salvaguardar la transparencia de su procedimiento electoral, este vendrá a ser un requisito indispensable para la calificación de títulos que roguen la elección de un cargo u órgano de la asociación, tal como lo establece el Reglamento de Inscripción del Registro de Personas Jurídicas, nos interesa dilucidar de una manera profunda cual es el régimen jurídico del comité electoral , respecto al régimen jurídico del comité electoral, la jurisprudencia registral se ha pronunciado en numerosas resoluciones, en las cuales adoptan distintos criterios respecto a la naturaleza del comité electoral, como la conducción en el procedimiento electoral, y la vigencia del comité electoral. Es ese sentido es importante determinar el régimen jurídico del comité electoral, unificar el criterio de calificación, y ampliar el tratamiento del mismo en el reglamento de inscripción de personas jurídicas, ya que siendo un órgano parte de la organización interna de las personas jurídicas no societarias . El comité es también susceptible de calificación, como lo ha señalado el Tribunal Registral, toda vez que este haya sido reconocido en el estatuto de la asociación como órgano encargado de garantizar el proceso electoral, por tanto los objetivos del presente trabajo son estudiar como el derecho registral ha tratado este tema, y al mismo tiempo resaltar su importancia en la calificación registral.

El presente informe jurídico se enfoca en realizar un análisis del Expediente con Código de Registro N° E 2414 y con número 2005-00035238, en virtud del cual la Asociación de Transportistas en Camionetas Rurales José Abelardo Quiñonez Gonzáles presentó una apelación a una tacha sustantiva emitida por el Registrador Público de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – Zona Registral II, Sede Chiclayo, que impedía la transformación de una asociación a una sociedad anónima. La relevancia del presente caso radica principalmente en analizar la compatibilidad de la naturaleza de la asociación regulada en el Decreto Legislativo N° 295 – Código Civil - con el proceso de transformación (en este caso a sociedad anónima) que se regula en la Ley N° 26887 - Ley General de Sociedades. Ello es especialmente relevante en tanto la normativa del ordenamiento jurídico peruano no se pronuncia respecto de la aplicabilidad de los procesos de transformación a las asociaciones, por lo que, a lo largo de los años, los casos prácticos han llevado al desarrollo de numerosas posturas doctrinarias y jurisprudencia controversial. A efectos de poder analizar las controversias materializadas a raíz del Expediente, se discutirán los siguientes puntos: (i) las distintas naturalezas de las asociaciones y las sociedades (con especial énfasis a las sociedades anónimas); (ii) la regulación de las transformaciones en el ordenamiento jurídico peruano; (iii) la disposición del patrimonio de una asociación en el marco de un proceso de transformación; y, (iv) las lagunas del derecho y sus soluciones prácticas. Ello para defender la hipótesis de que la transformación de una asociación a una sociedad anónima se encuentra amparada por las normas aplicables, así como promover el trabajo hacia una regulación específica que solucione de manera definitiva los problemas jurídicos planteados. La metodología utilizada para cumplir con este objetivo aborda la problemática desde un análisis dogmático, enfocando en la revisión de la normativa aplicable, la jurisprudencia correspondiente y la bibliografía jurídica relevante. Lo anterior desde la aplicación y el análisis de las instituciones del derecho mercantil – especialmente aquellas relacionadas con la naturaleza de las sociedades y la transformación -, así como también del derecho registral y el derecho civil – atendiendo particularmente a la sección de personas jurídicas.

La presente investigación está dirigida a determinar cuáles son las razones por las que debe incluirse a la junta de propietarios como una persona jurídica dentro de la Ley 27157, teniendo en cuenta los alcances que se le otorgarían y las actuales circunstancias de desarrollo inmobiliario en el Perú, analizando para ello, las deficiencias que presenta el tratamiento otorgado en la Ley 27157 y en su Reglamento, a partir de la realidad nacional y la legislación comparada; asimismo, estableciendo las razones e implicancias de considerar a la Junta de propietarios como una persona jurídica en el Perú, a fin de proponer mejoras en la ley 27157. Esta investigación se desarrolló siguiendo el enfoque de investigación cualitativa, de tipo documental, siendo una investigación bibliográfica y de modelo analítico. Finalmente, se concluye que, ante el aumento exponencial de propiedades sujetas a régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, sí es necesario que se considere a la Junta de propietarios como persona jurídica en el artículo 47° de la Ley 27157 por las razones de insuficiencia de la relativa subjetividad y la necesidad de mejoras en sus caracteres esenciales; todo ello con la finalidad que se le reconozca como un ente individual con derechos y atribuciones que le permita responder como tal ante el tráfico jurídico, con una capacidad completa para administrar y disponer bienes de su propiedad y de naturaleza común y, a la vez, con una delimitación de su campo de acción y de responsabilidad.

En nuestro ordenamiento jurídico, dentro de las personas jurídicas, se encuentra las personas jurídicas creadas por ley, las cuales son muy poco abordadas en la doctrina y jurisprudencia registral. Debido a la falta de profundidad sobre el tema, en el año 2005 se emitieron dos resoluciones contradictorias, por una parte, se afirmaba que para la creación de una persona jurídica creada por ley se requería una norma que no necesariamente tenga rango de ley (Resolución 0100-2005- SUNARP-TR-L), mientras que la otra concluía que solo se pueden crear mediante una ley o una normal con rango de ley (Resolución 065-2005-SUNARP-TR-T). Esto generó una controversia que no fue superada por completo en el XIII Pleno Registral. Debido a ello analizaré esta figura legal desde su naturaleza, hasta las cuestiones registrales que abarca. Se busca advertir las carencias del precedente y de la norma en la cual fue incluida en el reglamento, para visualizar posibles problemas que generaría la inscripción de personas jurídicas con otras normas que no tengan rango de ley. Es ahí donde apreciaremos las posibles interpretaciones que se le puede dar a la ley donde en primacía se debe entender el rango y fuerza de ley que recaen sobre la creación de una persona jurídica creada por ley. / In our legal system, within legal persons, there are legal persons created by law, which are very little addressed in registry doctrine and jurisprudence. Due to the lack of depth on the subject, in 2005 two contradictory resolutions were issued, on the one hand, it was stated that for the creation of a legal entity created by law, a norm was required that did not necessarily have the force of law (Resolution 0100-2005-SUNARP-TR-L), while the other concluded that they can only be created by means of a law or a normal one with the force of law (Resolution 065-2005-SUNARP-TR-T). This generated a controversy that was not completely overcome in the XIII Registry Plenary. Due to this, I will analyze this legal figure from its nature, to the registration issues it covers. It seeks to warn the deficiencies of the precedent and of the norm in which it was included in the regulation, to visualize possible problems that the registration of legal persons with other norms that do not have the force of law would generate. It is there where we will appreciate the possible interpretations that can be given to the law where in primacy the rank and force of law that fall on the creation of a legal person created by law must be understood.

El presente trabajo busca abordar el tratamiento de las sucursales de personas jurídicas no societarias, como establecimientos secundarios en nuestro sistema registral, para ello será importante analizar distintos cuerpos legales que permitan que estas personas jurídicas pueden establecer sucursales. Se analizará la naturaleza jurídica de las Asociaciones, Comités y Fundaciones y la posibilidad que estas tienen de poder establecer sucursales. Al mismo tiempo se abordará el caso especial de las universidades y las cooperativas. Todo ello teniendo como eje el Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas, Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 038-2013 – SUNARP/SN.