La presente investigación tiene como objetivo principal: proponer políticas públicas que regulen la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad mental en situación de abandono en el Perú, con la finalidad de establecer los mecanismos que fortalezcan el sistema de salud y se brinde una mejor atención a las personas en situación de vulnerabilidad. La investigación se realizará con un enfoque cualitativo, pues permitirá comprender el mundo a partir de lo que dicen y hacen las personas en el escenario social. Con respecto a los resultados, se ha demostrado que, a pesar del cambio normativo en el sistema de salud, aún existen deficiencias en el mismo. Por ende, el Estado deberá implementar albergues donde se brinde atención especializada a personas con enfermedades mentales en situación de abandono. Para ello, será necesario que a través del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables se cree un mecanismo intermediario entre la persona en estado de abandono y el estado, pues la asistencia social solo funciona cuando la persona no se encuentra desamparada y además está inscrita en el seguro social de Salud. Mientras tanto, los derechos de las personas en estado de vulnerabilidad se encuentran en espera.

Memoria para optar al título de Arquitecta

El presente trabajo aborda la cuestión de la anomalía psíquica como causal de inimputabilidad penal, según lo establecido por el artículo 20 del Código Penal peruano. Al respecto, se ha identificado la necesidad de conocer cómo se encuentra actualmente regulada la anomalía psíquica en la legislación nacional, y cómo se interpretan los alcances de la misma, a partir de la doctrina penal y haciendo uso de los aportes de la neurociencia. Así, se desarrolla primero el concepto de imputabilidad penal a través de las diversas teorías de los fines de la pena, pasando por el enfoque de las medidas de seguridad y la regulación actual de la semi-imputabilidad y la imputabilidad restringida. A partir de ello, se pasa a la estructuración de lo que deberá entenderse como inimputabilidad penal. A continuación, se desarrolla la naturaleza jurídica de la anomalía psíquica, haciendo a su vez uso del conocimiento ofrecido por la psiquiatría para comparar los términos con aquel conocimiento ampliamente aceptado por la doctrina penal respecto a los tipos de anomalías psíquicas existentes. Finalmente, el presente trabajo reconoce la necesidad que tiene el Derecho penal de hacer uso de otras disciplinas como lo son, principalmente, la neurociencia y la psiquiatría, a fin de comprender a cabalidad la inimputabilidad penal y sus causales; en el mismo sentido, determina que el análisis de la concurrencia de una de ellas deberá realizarse en cada caso concreto, no siendo posible ni necesario establecer de antemano un listado de anomalías psíquicas a ser consideradas en sí mismas como indicadoras de inimputabilidad penal. / This article focuses on the issue of the psychic abnormality as a cause for the non-imputability under criminal standards, according to the established through article 20 of the Peruvian Criminal Code. On the matter, there’s a current need to understand how the psychic abnormality is regulated in national legislation, and how the scope of it is interpreted, starting from the criminal doctrine and making use of the contributions of the neuroscience. Thus, this article first develops the concept of criminal imputability through the diverse theories of the criminal sanction, passing by the approach of the curative safety measures and the current regulation of the semi-imputability and the restricted imputability. Furthermore, there’s a development of what should be understood as criminal imputability. Consequently, the legal nature of psychic abnormality is discussed, appealing to the knowledge offered by the psychiatry to compare its terms with those widely accepted by the criminal doctrine regarding the existing types of psychic abnormalities. Finally, this article recognizes the need for Criminal Law to draw on other subjects as, for instance, neurosciences and psychiatry, in order to fully comprehend criminal non-imputability and its causes, as well as the fact that the analysis of the existence of one of said causes must be done on a caseby- case basis, so that it is neither possible nor necessary to establish, beforehand, a list of certain psychic abnormalities that must be taken in themselves as indicators of criminal non-imputability.

La tesis aborda el desarrollo un sistema multimedia basado en fonoaudiología denominado SIS-VOICE para la terapia de lenguaje en el Centro educativo para personas con habilidades diferentes El Bosque, cuyos terapeutas no hacen uso de la tecnología en las sesiones terapia. Dicho sistema posee herramientas de gestión de usuario, gestión de pacientes, y gestión de sesiones de terapia a través de ejercicios que comprenden números, letras y palabras; el objetivo principal consistió en determinar el grado de influencia del uso de un sistema multimedia basado en fonoaudiología en los resultados de las terapias de lenguaje, para ello se realizaron pruebas del sistema por un periodo de tiempo, las que permitieron obtener datos de cada sesión. Finalmente se compararon los resultados de las muestras de dicho periodo de pruebas y mediante la distribución t student se obtuvieron conclusiones que permitieron comprobar que el uso del SIS-VOICE mejora los resultados en las sesiones de terapia, obteniendo un crecimiento promedio del 7.7% en comparación a la sesiones de terapia tradicional que presentan un crecimiento promedio del 3.9% por sesión.

La falta de reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial por parte del Registro Nacional de Estado Civil (RENIEC) al excluirlos del padrón electoral, acarrea en la vulneración del derecho al sufragio y de derechos conexos como el derecho-principio de igualdad y el mandato de no discriminación. Al respecto, el Decreto Legislativo Nº 1384 reconoce la capacidad jurídica de este grupo transitando de un modelo de sustitución (interdicción) a un modelo de designación de apoyos y salvaguardias, haciendo referencia a dos supuestos: el primero, se refiere a aquellas personas que previo a la entrada en vigencia de la presente norma cuenta con una sentencia firme de interdicción y el segundo, hace referencia a aquellas personas que tiene una interdicción en trámite; quedando sin efecto la interdicción en cualquiera de los supuestos. Por su parte, la posición del RENIEC frente al mandato legal señala que, no tiene facultades para dejar sin efecto una resolución judicial de interdicción; excluyendo a dicho grupo de personas de la participación política. En el presente trabajo, se cuestiona esta perspectiva y se plantea que el RENIEC debe realizar una interpretación conforme y no formalista ni literal, de conformidad con las normas del bloque de constitucionalidad nacional y convencional antes de emitir un acto administrativo que genere efectos perniciosos en los administrados, garantizando de esta manera una debida motivación y seguridad jurídica. La realización de esta interpretación posee sentido si se piensa en clave de derechoprincipio de igualdad y del mandato de no discriminación, por medio de los cuales se garantiza el derecho al sufragio de este grupo de personas. Finalmente, es posible concluir que no se debe de esperar un mandato judicial para restablecerles su capacidad jurídica y devolverles sus derechos.

El presente informe jurídico analiza la Sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional en la cual se señala que el internamiento involuntario de una persona con discapacidad mental, como lo son los casos de aquellas personas que tienen un diagnóstico de esquizofrenia, queda justificado más allá de lo que ha tipificado la ley en la materia y que dota a todas las personas con discapacidad de capacidad jurídica para el pleno disfrute de sus derechos y para ser tratados en igualdad de condiciones que el resto de personas. Así, en los argumentos que se esbozan en la referida sentencia hemos podido advertir que dicho fallo vulnera diversos artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como de la normativa peruana vigente. Considerando que las personas con discapacidad son un grupo históricamente vulnerable y discriminado, no nos encontramos de acuerdo con la postura del Tribunal Constitucional, que se aleja del modelo social y que garantiza los derechos de las personas con discapacidad a ser tratadas en igualdad de condiciones que el resto de personas para que de esa manera pueda desarrollarse y vivir una vida digna y plena. / This legal report analyzes the Judgment issued of the Constitutional Court, which states that the involuntary hospitalization of a person with mental disabilities, such as those persons diagnosed with schizophrenia, is justified beyond what is established by the law in the matter, and that it grants all persons with disabilities legal capacity to fully enjoy their rights and be treated on equal terms with other people. has been established by law on the matter and which provides all persons with disabilities with legal capacity to fully enjoy their rights and to be treated on an equal footing with other people. Thus, in the arguments outlined in the aforementioned sentence, we have observed that this ruling violates various articles of the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities as well as current Peruvian regulations. Considering that people with disabilities are a historically vulnerable and discriminated group, we do not agree with the position of the Constitutional Court, which distances itself from the social model and the guarantee of the rights of people with disabilities to be treated on equal terms that the rest of the people, in order for them to develop and live a dignified and fulfilling life.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho civil) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La plena capacidad jurídica es un derecho esencial de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad mental e intelectual, reconocido por la Convención de Derechos de la Personas con Discapacidad. Los países signatarios de la Convención deben adecuar su legislación de tal forma de dar pleno reconocimiento a este derecho, incluyendo la derogación de la institución de la interdicción por demencia y las guardas, las que son discriminatorias, adoptando sistemas de toma de decisiones con apoyo eliminando los modelos basados en la sustitución de la voluntad o representación legal. El presente trabajo revisa el nuevo paradigma de la discapacidad a partir de la aceptación del modelo social y de derechos en la Convención, analiza críticamente tanto la legislación chilena relativa a la discapacidad como los conceptos recogidos en el Derecho Civil en materia de voluntad y capacidad jurídica. Basadas en la doctrina, la Convención y el Derecho comparado, las conclusiones esbozan los criterios que debe contemplar la urgente modificación de la legislación chilena en materia de Capacidad Jurídica

El presente trabajo busca determinar que el internamiento involuntario es lesivo para los derechos de las personas con discapacidad mental tal así que vulnera el derecho a la libertad personal, derecho a la salud y a la vida independiente, lo cual dista del objetivo terapéutico bajo el cual es implementado y que logra más bien, dificultar su inserción en la sociedad. Esto se ejemplifica a partir de numerosos casos que son abordados en la jurisprudencia nacional e internacional que demuestran que el internamiento sin consentimiento de la persona con discapacidad puede ocasionarle graves daños a su persona hasta causarle la muerte. En el Perú, se encuentra regulado bajo la casual de emergencia psiquiátrica, sin embargo, los casos que han sido desvelados en el fuero interno no cumplen con el parámetro, generando indicios de falsos positivos que los centros de salud aprueban a propósito y estarían operando fuera del marco de la ley. A partir de esto, se busca implementar medidas de acción alternativas que garanticen la efectividad de sus derechos con la óptica del modelo social impregnado en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y herramientas extralegales como son los apoyos comunitarios, la prohibición de el internamiento involuntario y el desarrollo de políticas públicas. / The present work seeks to determine that involuntary hospitalization is harmful to the rights of people with disabilities because it violates the right to personal freedom, right to health and independent life, which is different from the therapeutic objective for it is implemented. This is exemplified by the numerous cases in national and international jurisprudence that demonstrate that internment without consent of the person with disability can causes serious damage to own integrity or death. In Peru, it is regulated under the casualty of a psychiatric emergency, however, the cases that have been revealed in the internal forum do not comply with the parameter, generating indications of false positives that the health centers approve on purpose and would be operating. outside the framework of the law. In conclusion I propose to implement alternative action measures that guarantee the effectiveness of their rights under the social model of Convention on the Rights of persons with Disabilities as well as extralegal tools that help in their execution like help community, the prohibition of involuntary internment and politic publics

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La regla general del Derecho de Autor establecida en el artículo 19 de la Ley de Propiedad Intelectual, obliga a obtener una licencia del titular del derecho patrimonial para el uso de las obras protegidas. Sin embargo, el artículo 71C establece una excepción a lo anterior, cuando dicho uso favorezca a personas con discapacidades en virtud de las cuales no tengan un “normal acceso” a las obras, bajo la condición que dicho uso permita la “superación de la discapacidad”. Si bien la aplicación de esta excepción no tiene mayores dificultades al tratarse de discapacidades físicas, las dificultades sí se presentan ante el caso de discapacidades mentales. ¿Es la discapacidad mental un obstáculo para el “normal acceso a la obra? ¿Hay algún uso de la obra que permita “superar” este tipo de discapacidad? En este sentido, ¿sería aplicable esta excepción a usos de obras intelectuales orientados a personas con discapacidades mentales? Estas preguntas deben ser respondidas conforme a las condiciones establecidas por la ley para la conformación de las excepciones al Derecho de Autor. Es decir, cumpliendo ciertos requisitos conforme a la legislación nacional que va a obedecer a una lógica que se repite en el ordenamiento comparado: “(…) de acuerdo a las previsiones expresas de la ley aplicable, las cuales deben interpretarse de forma tal que no atenten contra la explotación normal de la obra, ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de ese derecho.”1 Por lo tanto, la interpretación de la norma debe estar siempre en correspondencia con lo anteriormente señalado, de forma tal que se resguarden los derechos propios del Autor de la obra intelectual. La presente investigación propone la demostración de la amplitud de los conceptos utilizados por la norma, lo que permitirá la inclusión de todos los tipos de discapacidades mentales en dicha excepción, conforme a los principios nacionales e internacionales sobre la protección del Derecho de Autor.

Investigación para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídica y Sociales / La incapacidad absoluta del demente está consagrada en el Código Civil chileno y es actualmente aplicada en personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial. Esta atribución de incapacidad por discapacidad contribuye a la estereotipación y vulneración de los derechos de las personas con discapacidad en ámbitos de su vida pública y privada. Las mujeres con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial aún en nuestros días son sometidas a procedimientos de esterilizaciones forzosas sin su consentimiento, vulnerando el derecho del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que consagra el Igual reconocimiento como persona ante la ley y el derecho del artículo 23 del mismo cuerpo normativo que garantiza el respeto del hogar y de la familia