El presente trabajo de investigación se trata del análisis de la Regulación ambiental existente sobre los vertimientos industriales de aguas residuales pesqueras en la industria de procesamiento de harina de anchoveta con destino al consumo humano indirecto. En mi experiencia laboral he advertido que existe una duplicidad de evaluación de parte de la Autoridad Nacional del Agua – ANA- para el otorgamiento de la Autorización o modificación de Autorización de los Vertimientos Industriales. Esto se debe a que la regulación actual, exige primero la obtención de la certificación ambiental de parte de la entidad reguladora sectorial, en el presente caso el Ministerio de la Producción mediante la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del sector Pesca y Acuicultura. En dicha evaluación se debe cursar solicitud de Opinión Técnica Vinculante a la ANA, quien realiza una evaluación técnica de lo solicitado, determinando el punto de vertimiento y las condiciones técnicas necesarias para que este se realice cumpliendo los ECAs y los LMP. Una vez obtenida la certificación ambiental con la opinión técnica vinculante favorable, se debe acudir nuevamente a la ANA para obtener la autorización (o modificación) de vertimientos industriales en este procedimiento, la ANA vuelve a realizar una evaluación técnica idéntica a la realizada previamente para otorgar dicha autorización. El enfoque metodológico utilizado en el presente trabajo de investigación es el de Análisis de Impacto Regulatorio – RIA, puesto que es un mecanismo para lograr el control de calidad de las normas legales, analizando su impacto en la regulación mediante los principios de la calidad regulatoria. Los objetivos del presente trabajo son el análisis de la regulación existente sobre el vertimiento de aguas residuales de los efluentes pesqueros a fin de verificar la duplicidad, proponer mejoras normativas para la simplificación de los procedimientos administrativos que se realizan en la evaluación de la autorización, lo cual podría llevar a la eliminación de uno de ellos o a la simplificación en cuanto a su evaluación.

La presente tesis plantea como hipótesis que la regulación ambiental del transporte de petróleo crudo por ductos, así como las estrategias de enforcement aplicadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA en el periodo comprendido entre marzo del 2011 y setiembre del 2018 adolecieron de fallas que no favorecieron la prevención de los impactos negativos derivados de los derrames de petróleo crudo en el marco de la operación del Oleoducto Norperuano a cargo de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. En ese sentido, de la revisión de fuentes bibliográficas respecto de los temas teóricos y técnicos aplicables, así como del análisis cuantitativo y cualitativo de los derrames de petróleo que se produjeron entre marzo del 2011 y setiembre del 2018, se corroboró parcialmente dicha tesis, en la medida que observaron factores intrínsecos y extrínsecos que condicionan la consecución de los objetivos de la regulación ambiental e influyen en la eficacia de su enforcement, así como falencias asociadas a: los rangos de multa para las infracciones vinculadas a los derrames de petróleo crudo; la vigencia del PAMA del ONP; la configuración de la obligación de adoptar medidas de prevención; y la obligación de descontaminar las áreas afectadas como consecuencia de los derrames de petróleo crudo. Es así que la presente tesis pretende aportar un enfoque de análisis sustentado en los conceptos teóricos propios de la regulación y el conocimiento objetivo y detallado de la problemática de los derrames de petróleo crudo y aportar información que permita reformular la regulación ambiental de la materia, así como la estrategia de enforcement aplicada por el OEFA para alcanzar el objetivo de una fiscalización ambiental eficiente, que favorezca la reducción de la cantidad de derrames de petróleo crudo. / Tesis

El presente trabajo de investigación aborda el tema del cumplimiento de la fiscalización ambiental de las obligaciones de los instrumentos de gestión ambiental para el Proceso de Formalización de la minería informal en el Perú, tomado desde el punto de vista de la gestión pública a fin de dar cumplimiento a los objetivos señalados en la Política Nacional del Ambiente del Estado peruano. El Estado peruano ha perfilado una política ambiental que responde a objetivos prioritarios, concretos; como lineamientos, contenidos principales y estándares nacionales de obligatorio cumplimiento con el objetivo de enfatizar la preservación del medio ambiente, la sostenibilidad y así favorecer al progreso del país desde la perspectiva social, económica y cultural. En este escenario, el problema radica en el incumplimiento de los objetivos de la Política Nacional del Ambiente, por lo cual existe la necesidad de adoptar una forma de gestión que haga posible su cumplimiento. En el desarrollo del trabajo se advierte que la fiscalización a los mineros en formalización posibilita la advertencia del cumplimiento de sus obligaciones y compromisos medio ambientales durante la ejecución de sus actividades. El cumplimiento de los objetivos señalados en la Política Nacional del Ambiente del Estado peruano han sido medidos tomando en consideración el número de fiscalizaciones realizadas a los mineros en formalización por parte del Estado a nivel anual y conociendo también la cantidad de mineros que se han formalizado. Como resultado de la investigación, se ha demostrado que durante los años 2012 al 2016 los objetivos de la Política Nacional del Ambiente no han sido cumplidos debido al escaso número de mineros formalizados y de fiscalizaciones realizadas por parte del Estado peruano; así también se demostró que el cumplimiento de las acciones de fiscalización llevadas a cabo por parte del Estado - en relación a los instrumentos de gestión ambiental de los mineros en formalización - genera el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional del Ambiente; en ese orden de ideas, la fiscalización en el Proceso de Formalización influye en el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional del Ambiente. Las acciones de fiscalización eficiente de acuerdo a la normativa legal peruana consisten en labores de vigilancia, control, seguimiento, verificación y otras similares, a cargo de la Autoridad Ambiental Nacional. Se ha confirmado que el número de mineros formalizados es igual que el número de fiscalizaciones realizadas, en ese sentido, la relación entre ellos es directamente proporcional. La presencia del Estado es necesaria para realizar acciones de fiscalización que posteriormente conducirán al logro de los objetivos de la Política Nacional del Ambiente. En el desarrollo del trabajo, se ha mantenido en estudio los parámetros i) Tiempo y ii) Estrato, a fin de delimitar la investigación a los años 2012 – 2016 y para demostrar que el estrato - de un modo especial – el Proceso de Formalización, ha evidenciado que la actividad minera informal genera un impacto para el sector minero y ambiental ya que repercute en el cumplimiento de objetivos anuales estatales y compromisos internacionales, motivo por el cual se justifica el desarrollo de la investigación. / Trabajo de investigación

El proyecto de innovación busca aportar al fortalecimiento de la articulación entre el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA y las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental - FEMA, reforzando sus capacidades y potenciando su intervención en la lucha contra los delitos ambientales, con la finalidad de que los ciudadanos vean realizados sus derechos de acceso a la justicia y a contar con un ambiente sano. Inicialmente se analiza las dificultades presentes en las investigaciones penales que generan un reducido número de sentencias. Ello permitió establecer la importancia de la participación del OEFA con los Informes Fundamentados y las causas de su posible ineficacia: contenido insuficiente previsto legalmente, naturaleza jurídica asignada, deficiente articulación entre entidades y falta de comprensión del contenido. Realizada la jerarquización, se eligió la deficiente articulación como causa principal, reformulando el problema público, planteándose el siguiente desafío de innovación: “¿Cómo se puede fortalecer la articulación entre el OEFA y las FEMA en las investigaciones penales por delitos ambientales para lograr que estas entidades mejoren su comunicación e identifiquen un objetivo común, agilizando la atención de requerimientos y reduciendo el exceso de burocracia?”. Luego de la formulación y priorización de ideas surgió un concepto inicial que decantó en la solución: “Programa colaborativo para el fortalecimiento de la articulación entre el OEFA y las FEMA en la lucha contra los delitos ambientales”. El prototipo comprende el desarrollo de actividades de sensibilización y acciones de articulación mediante la implementación de un portal colaborativo. Presentado el prototipo a diversos especialistas en la materia y realizado el testeo, se verificó que la solución propuesta cumple con criterios mínimos de deseabilidad, factibilidad y viabilidad, pudiendo aportar valor público a la ciudadanía al incidir en una mayor protección de su derecho a un ambiente sano. / The innovation project seeks to contribute to the strengthening of the articulation between the Environmental Evaluation and Supervision Agency – OEFA and the Prosecutors Office specialized in Environmental Matters – FEMA, reinforcing their capacities and enhancing their intervention against environmental crimes, with the purpose that citizens fulfill their rights of access to justice and to a healthy environment. Initially, it analyzes the difficulties present in criminal investigations that generate a reduced number of sentences. This establishes the importance of OEFA's participation with the Substantiated Reports and the causes of their possible ineffectiveness: insufficient legally provided content, assigned legal nature, poor articulation between entities and lack of understanding of the content. Once the hierarchy was made, poor articulation was chosen as the main cause, reformulating the public problem, posing the following innovation challenge: “How can the articulation between OEFA and FEMA be strengthened in environmental crimes criminal investigations to ensure that these entities improve their communication and identify a common objective, streamlining the attention to requirements and reducing excess bureaucracy?” After the formulation and prioritization of ideas, an initial concept emerged that led to the solution: “Collaborative program to strengthen the coordination between OEFA and FEMA in the fight against environmental crimes”. The prototype includes the development of awareness-raising activities and articulation actions through the implementation of a collaborative portal. After presenting the prototype to various specialists in the field and carrying out testing, it was verified that the proposed solution meets minimum criteria of desirability, feasibility and viability, being able to provide public value to citizens by influencing greater protection of their right to a healthy environment.

Desde el inicio del presente mileno, nuestro país inició un proceso de descentralización en el cual transfirió, entre otras, competencias para la fiscalización pesquera artesanal por parte del Gobierno Central en favor de los Gobiernos Regionales. Sin embargo, hasta la fecha, la realización de acciones de fiscalización por parte de los Gobiernos Regionales y sus resultados son bastante limitados, por lo que es pertinente determinar a qué se debe esta situación y qué acciones se pueden adoptar para revertir la misma. En este sentido, la presente investigación tiene por finalidad determinar cuáles son los límites de capacidad estatal para la fiscalización pesquera de los Gobiernos Regionales luego del proceso de descentralización, entre los que destacan la falta de capacidad por parte de los inspectores de los Gobiernos Regionales, la carencia de planificación para el desarrollo de acciones de fiscalización, la ausencia de articulación entre el Ministerio de la Producción y los Gobiernos Regionales, la carencia de utilización de las tecnologías para la realización de acciones de fiscalización, entre otras. A partir de dicho diagnóstico y la comparación con experiencias de la región, ha identificado 3 puntos crìticos para la fiscalización; (i) la capacidad de los inspectores por la ausencia de planificación, (ii) la fiscalización durante la faena de pesca; y, (iii) la fiscalización durante la descarga. Ahora, para afrontar dichos puntos críticos se presentan 3 propuestas de política pública: (i) que el Ministerio de la Producción asuma su rol rector, y en el marco de las competencias compartidas, para el diseño de una política de supervisión articulada a nivel nacional, de tal forma que transmita capacidades a los Gobiernos Regionales; (ii) el uso de las tecnologías para la supervisión de todas las embarcaciones pesqueras artesanales en el mar, como es el Sistema de Seguimiento Satelital – SISESAT; y, (iii) el establecimiento de puntos de desembarque a nivel nacional donde permanentemente se encontrarán inspectores para la realización las acciones de fiscalización, de tal forma que se fiscalizarían las 24 horas del día las características y el destino del recurso descargado. Asimismo, cabe señalar que la metodología utilizada es un estudio de caso enmarcado en el proceso de descentralización, describiendo las etapas de transferencia de competencias y empleando herramientas cualitativas como la revisión de bibliografía especializada y la realización de entrevistas a especialistas en políticas públicas del sector. / Trabajo de investigación

El trabajo de investigación identifica un problema público que surge por una reducida participación ciudadana en la emisión de observaciones, comentarios o sugerencias a los proyectos normativos elaborados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA debido a que, durante el período del 2016 al 2019 se ha evidenciado que el número de participantes efectivos no supera ni el 1 % de los participantes potenciales (administrados del OEFA y EFA de nivel nacional, regional y local). Entre las principales causas del problema público identificado se encuentra la ausencia de procedimientos claros y específicos, la falta de conocimiento sobre las oportunidades para participar, así como una débil promoción de los procesos de participación toda vez que, la ciudadanía interesada en temas de fiscalización ambiental no cuenta con los canales idóneos ni recibe de manera oportuna la información pertinente que les garantice su derecho constitucional a la participación. Para solucionar este problema público se propone el diseño, creación e implementación de un Sistema de Regulación y Participación en Fiscalización Ambiental (SIREFA), la cual elevaría la participación ciudadana en la emisión de observaciones, comentarios o sugerencias a los proyectos normativos elaborados por el OEFA. Este sistema es una herramienta tecnológica intuitiva que cuenta con cuatro (4) componentes que le permite, tanto a las y los usuarios internos (servidores(as) civiles del OEFA), así como a las y los usuarios externos (ciudadanía en general), acceder a los textos en formato editable de los proyectos normativos y realizar los aportes pertinentes, de manera fácil y rápida, generando de esta forma, buenas prácticas de gestión pública en la categoría consulta y participación ciudadana, al constituirse en una de las primeras plataformas de su naturaleza en América Latina y El Caribe. El prototipo del SIREFA es un proyecto viable en su desarrollo e implementación toda vez que, garantiza el derecho a la participación de la ciudadanía y, al mismo tiempo, se ha justificado que el SIREFA contaría con viabilidad, deseabilidad y factibilidad debido a que, la propuesta se alinea al planeamiento estratégico de la entidad para la mejora normativa y digitalización; y sobre todo se construye sobre las experiencias de optimización de los procesos digitales para la participación de actores clave de sus procesos. / The research work identifies a public problem that arises from a reduced citizen participation in the issuance of observations, comments or suggestions to the normative projects prepared by the Environmental Assessment and Enforcement Agency - OEFA because, during the period from 2016 to 2019 the number of effective participants does not exceed 1 % of potential participants. Among the main causes of the identified public problem is the absence of clear and specific procedures, the lack of knowledge about the opportunities to participate, as well as a weak promotion of the participation processes, since the citizens interested in environmental enforcement issues do not have the appropriate channels nor do them receive in a timely manner the pertinent information that guarantees its constitutional right to participation. To solve this public problem, the design, creation and implementation of a System of Regulation and Participation in Environmental Enforcement (SIREFA) is proposed, which would increase citizen participation in the issuance of observations, comments or suggestions to the normative projects prepared by the OEFA. This system is an intuitive technological tool that has four (4) components that allow internal as well as external users, to access the texts of the normative projects in editable format and allows them to register the observations, comments or pertinent suggestions, easily and quickly, thus generating good public management practices in the category of citizen consultation and participation, by becoming one of the first platforms of its kind in Latin America and the Caribbean. The SIREFA prototype is a viable project in its development and implementation since it guarantees the right to citizen participation, in a simple and fast way access to the texts of the normative projects, in editable format, justifying that the SIREFA has viability, desirability and feasibility because the proposal is aligned with the entity's strategic planning for regulatory improvement and digitization; and, above all, it is built on experiences of optimization of digital processes for the participation of key actors in their regulatory processes.

Las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) generan emisiones y efluentes que contaminan el medio ambiente de la ciudad, para resolver este problema y lograr los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) el Estado, en cumplimiento de su función reguladora, exigió en 1997 a la empresa Doe Run Perú, propietaria del CMLO, la ejecución de un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en el plazo de diez años; sin embargo, la empresa incumplió el plazo y solicitó su extensión en dos ocasiones originando un conflicto social muy complejo. A través de una descripción y análisis del conflicto, esta tesis demuestra que los determinantes de la actuación del Estado frente a este problema son los siguientes: Primero, una falta de capacidad que nos muestra a un Estado débil sin autonomía para diseñar sus políticas y sin efectividad para implementarlas. Segundo, la presión que han ejercido los actores sociales (pobladores y trabajadores) que formaron una coalición para apoyar a la empresa y presionar al Estado a través de acciones de movilización. Y, tercero, una decisión intencional del propio Estado de no actuar ya sea tolerando el incumplimiento de las normas ambientales por cálculo político, ignorando el problema por falta de interés o, simplemente, posponiendo una solución definitiva para evitar los costos de exigir el cumplimiento de las normas. Por otro lado, los hallazgos nos muestran que los factores que explican la coalición entre pobladores y trabajadores son sus intereses económicos, la dependencia económica estructural de la ciudad de las operaciones del CMLO, una actitud pasiva frente a la contaminación ambiental, una mayor valoración al trabajo que a la salud y un conjunto de factores sociales y culturales. Los resultados de esta investigación contribuirán a un mejor conocimiento sobre el funcionamiento del Estado en el Perú así como de los factores determinantes de la calidad de sus respuestas a los problemas del país. / The operations of the La Oroya Metallurgical Complex (CMLO) generate emissions and effluents that pollute the city's environment, to solve this problem and achieve the Environmental Quality Standards (EQS) the State, in compliance with its regulatory function, demanded in 1997 to the company Doe Run Peru, owner of the CMLO, the execution of an Environmental Adaptation and Management Program (PAMA) within ten years; however, the company failed to meet the deadline and requested its extension on two occasions, causing a very complex social conflict. Through a description and analysis of the conflict, this thesis shows that the determinants of the State's action against this problem are the following: First, a lack of capacity that shows us a weak State without autonomy to design its policies and without effectiveness to implement them. Second, the pressure exerted by social actors (residents and workers) who formed a coalition to support the company and put pressure on the State through mobilization actions. And third, an intentional decision by the State itself not to act, either by tolerating noncompliance with environmental regulations by political calculation, ignoring the problem due to lack of interest, or simply postponing a definitive solution to avoid the costs of demanding compliance with the rules. On the other hand, the findings show us that the factors that explain the coalition between residents and workers are their economic interests, the city's structural economic dependence on CMLO operations, a passive attitude towards environmental contamination, a higher valuation to the work than to health and a series of social and cultural factors. The results of this research will contribute to a better understanding of the functioning of the State in Peru as well as of the determinants factors of the quality of its responses to the country's problems.

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, es una entidad creada especialmente para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados – EIA d respecto de los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, de alcance nacional y multirregional que impliquen actividades, construcciones, obras y otras actividades comerciales y de servicios que puedan causar impactos ambientales significativos. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 30327, asumirá la función de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental semidetallados – EIA sd, la cual se hará progresivamente conforme a lo previsto en la normatividad. De otro lado, mediante la Ley citada se incorporó como función de dicha entidad el aprobar la clasificación de los estudios ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA cuya transferencia de funciones al SENACE haya concluido, siendo que a la fecha, el SENACE también viene aprobando las DIA. Al ser el SENACE un actor de reciente ejercicio de las funciones mencionadas en el marco del SEIA y perteneciente al sector ambiente, resulta de interés analizar dicha entidad, siendo el objeto del presente trabajo el examinar si el criterio para atribuir competencias al SENACE en materia de evaluación de estudios ambientales es el utilizado dentro del SEIA, es decir si la atribución de competencias es en función al tipo de actividad económica o no. De los hallazgos de la investigación revelan que para la asignación de competencias al SENACE se ha empleado un criterio diferente, lo cual genera una distorsión en el sistema y se propicia los conflictos de competencia al interior del sistema. Cabe señalar además, que un aspecto importante de la competencia, es la transferencia de funciones ambientales en el marco del proceso de descentralización, por lo que los gobiernos regionales han recibido la competencia para aprobar instrumento de gestión ambiental en el marco de las actividades transferidas, por lo cual potencialmente al tenerse criterio de atribución diferente se puede generar un conflicto de competencias con los niveles descentralizados de gobierno. Se considera que un aspecto especial interés tanto para las entidades que forman parte del SEIA y para los administrados, es la claridad de competencias, las cuales no deben presumirse sino estar expresamente otorgadas por normas con rango de ley. En ese sentido, juega un papel muy importante el MINAM, en su calidad de ente rector del SEIA, por lo que debe dictar los dispositivos que orienten su funcionamiento y ante peligro latente de generarse conflictos de competencia entre el SENACE y las otras autoridades ambientales que conforman SEIA, debe impulsar la instalación del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales. Finalmente, al ser el SENACE una institución creada con un objetivo específico como es la evaluación de EIA- d, a través de la revisión de los actos administrativos emitidos por la Dirección de Certificación Ambiental del SENACE de enero a setiembre de 2016, se determinará si viene cumpliendo a cabalidad dicho objetivo.

En la presente investigación, se estudia los conflictos medioambientales surgidos en nueve años de relaciones entre la Empresa Minera Yanacocha SRL y las comunidades de su entorno. / Tesis

La presente investigación analiza el problema de la limitada autoridad del Gobierno Regional de San Martín (GORESAM) para contrarrestar la deforestación de los bosques amazónicos ubicados en el departamento de San Martín. Los datos recientes señalan que la deforestación acumulada para el periodo 2000-2013 alcanza más de 270,000 hectáreas. El objetivo de la presente investigación es visibilizar el proceso de transformación de una decisión de política regional –fortalecer la autoridad regional frente al proceso de deforestación- en acciones concretas, a partir de la creación y puesta en marcha de una Autoridad Regional Ambiental (ARA), a través de una reforma institucional entre el periodo 2009-2012. La pregunta de investigación es conocer las razones que impulsaron al GORESAM a tomar la decisión de fortalecer su capacidad institucional regional a partir de una reforma que tuvo como protagonista la creación y puesta en marcha de una organización en el periodo 2009-2012, denominada ARA. Las hipótesis analizadas fueron: (1) El proceso de toma de decisiones para la construcción, creación y diseño de la ARA tuvo dos elementos relevantes: Voluntad política para responder sistémicamente al problema de la deforestación y voluntad administrativa para ejecutar acciones que permitan la creación y puesta en marcha de la ARA, (2) El ARA permitió el empoderamiento de las políticas públicas regionales en el tema ambiental, la operación con relativa autonomía, la posibilidad de disponer de diversas fuentes de financiamiento, la capacidad de crear incentivos y desincentivos, y de coordinar con los otros niveles de gobierno, y (3) El proceso de creación y puesta en marcha de la ARA involucró el diseño de la propuesta -en términos institucionales y organizacionales-, la construcción de una base de actores -al interior y fuera del GORESAM- que apoyaran el proceso y las acciones para hacer realidad –materializar- la propuesta. Las conclusiones de la investigación señalan que (i) el rol del Presidente Regional, Cesar Villanueva, fue clave en el proceso de creación de la ARA pues otorgo la voluntad política e impulso la voluntad administrativa, (ii) que la ARA contó con las capacidades para ejercer la autoridad, y (iii) los actores desde el sector público y privado tuvieron un rol clave en la consolidación de la ARA.