Los PCB son elementos contaminantes orgánicos persistentes que han sido desarrollados y producidos por el hombre desde los años 30 del siglo pasado hasta 1983 prohibió su producción. El año de 2002 la Convención de Estocolmo identificó a los PCB como uno elementos contaminantes que requieren atención especial de los países y se comprometieron a su eliminación en un plazo que termina el 2025 para sacar del servicio a equipos con este componente y hasta el 2028 para su eliminación total de los residuos contaminados con PCB. En el Perú este convenio fue ratificado en agosto del 2005, elaborándose el Plan de Implementación Nacional del Convenio de Estocolmo, que Plan de Acción de PCB. Este trabajo por lo tanto parte de la hipótesis: “El país no está preparado controlar, identificar, tratar y eliminar los PCB”, para demostrar esto se parte de un diagnóstico en aspectos normativos y legislativos, capacidades analíticas y tecnológicas y mecanismos comunicación que han comprobado la hipótesis. Ante esta situación es deducible que se presente riesgos como: • Liberación involuntaria de PCB al no tener la obligación de identificarlos y aplicar medidas de disposición final adecuados. • Alto riesgo de contaminación de los trabajadores que están en contacto con equipos y materiales con PCB. • Alto riesgo a que los fluidos de transformadores con alta concentración de PCB sean diluidos voluntariamente o involuntariamente. • Alto riesgo de la población a ser contaminados con PCB pruciéndose daño a la salud en el caso de producirse accidentes ambientales como derrames o incendios de equipos. La estrategia que permitiría cumplir con los objetivos de eliminar los PCB y reducir los riesgos mencionados a través de lo siguiente: • Contar con un Reglamento de PCB que regule la gestión adecuada de PCB en todos los sectores productivos del país. • Contar con un inventario de PCB con la posibilidad de extender los alcances a sitios e instalaciones contaminadas que nos permitan elaborar mapas de zonas y lugares posiblemente contaminados o “hot points”. • Programar y diseñar campañas que recogiendo las experiencias de otros países permitan una adecuada sensibilización de la población y procurar una adecuada capacitación y respuesta para casos de emergencias. • Diseñar y poner en marcha adecuadas medidas preventivas de protección de la salud pública en relación de toxicidad de PCB. • Proyectar programas de salud con la finalidad de analizar los impactos que podría tener la salud de las personas en lugares sensibles y posiblemente contaminados con PCB. • Incrementar la capacidad analítica del país para gestionar los PCB con las consecuencias ventajas de reducir los periodos de tiempo de análisis y costo para las empresas poseedoras de PCB. • Promover la creación de empresas que realicen el tratamiento de PCB a nivel nacional incrementando las posibilidades de realizar una gestión de dichas sustancias de manera ambientalmente racional dentro del sector productivo del país. Finalmente, se puede concluir que si bien es cierto no se han tenido avances en la identificación y eliminación de PCB en el país, también se puede asegurar que tomando las medidas propuestas será posible reducir sustancialmente el riesgo de la población y el medio ambiente y cumplir con las metas del Convenio de Estocolmo.

El presente trabajo de investigación busca analizar los impactos positivos y/o negativos producidos en el sector minero (minería metálica y no metálica), respecto a la facultad de fiscalización del OEFA, como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – SINEFA, en los periodos comprendidos: entre el 01 de junio de 2013 al 30 de junio del 2014; y, el 15 de julio del 2014 al 30 agosto de 2016, correspondientes al antes y después de la entrada en vigencia de la Ley N° 30230, que modificó temporalmente su procedimiento administrativo sancionador, para ello se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo con información obtenida de la propia institución. Finalmente, se concluye que se puede afirmar que con la Ley 30230 se ha logrado priorizar en la prevención antes que la sanción, toda vez que más medidas impuesta de esta naturaleza fueron cumplidas y con ello se logra evidenciar que los administrados están optando por la remediación antes que la sanción.

El presente trabajo desarrolla un análisis respecto a la viabilidad legal de transferir la Certificación Ambiental en el subsector hidrocarburos. Este trabajo pretender dar mayor claridad respecto de la normativa ambiental para las actividades de hidrocarburos y así poder identificar deficiencias y oportunidades de mejora. El objetivo de de esta investigación es demostrar que el ordenamiento jurídico peruano no ha previsto la posibilidad de transferir la Certificación Ambiental, y que se requiere de otra figura para que las actividades de hidrocarburos al culminar un Contrato de Exploración y/o Explotación puedan continuar. El análisis del presente trabajo parte de analizar la naturaleza jurídica de la Certificación Ambiental, que es el acto administrativo en sí. Luego, se hace una evaluación de las particularidades de los contratos de hidrocarburos, y las figuras de cesión de posición contractual y los supuestos de culminación de actividades. Posteriormente, se analizan las implicancias jurídicas y sociales de la “transferencia” de la Certificación Ambiental. Finalmente, se concluye que de acuerdo al marco normativo vigente, la Certificación Ambiental no puede ser transferida.

La Constitución Política del Perú, en concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su primer artículo señala que la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Esta afirmación que enmarca no solo los principios que rigen la vida política y jurídica de nuestro país, sino también la estructura del Estado en su conjunto, debería orientar siempre y sin excusa alguna la actuación de los órganos que lo conforman y de todos los ciudadanos. Sin embargo, ello no siempre es así, a pesar de ser evidentes los hechos que atentan contra la persona y su dignidad. Entre estos hechos, podemos mencionar la contaminación por plomo en sangre que,en alguna medida, sigue afectandoa los pobladores, en especial a los niños, que viven en la Provincia Constitucional del Callao -muy próxima a la capital de la República – cuyas causas fueron detectadas entre los años 1998 y 1999. Durante ese período, la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA) con el apoyo de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados UnidosUSAID desarrolló el “Estudio de plomo en sangre en una población seleccionada de Lima y Callao”.Respecto de los niños de Puerto Nuevo en el distrito de Callao se detectaron los valores más altos de plomo en sangre, en promedio 25.6 ug/dl y en el caso de la escuela María Reiche (ubicada al lado de un depósito de concentrado de minerales que subsiste hasta la actualidad) el promedio fue de 40.7 ug/dl, cuando el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 10 ug/dl .

El acuerdo de Escazú es un tratado internacional que busca consolidar una serie de leyes con el fin de asegurar medios que permitan una protección a los defensores ambientales, por medio de un acceso transparente a la información, a una participación pública en la toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Perú fue uno de los actores que impulsó la negociación y la suscripción de dicho acuerdo desde sus inicios, sin embargo, en el año 2020, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú, votó por rechazar su ratificación a pesar del gran papel que tuvo en la arena política internacional. Sumado a esto, el Perú ha sido uno de los países con índices significativos de defensores ambientales asesinados por año, que, en el 2020, justamente fueron asesinados diecinueve en el primer semestre. Mediante ese contexto, se busca responder a la siguiente pregunta ¿Qué razones llevaron al Perú al rechazo de la ratificación del Acuerdo de Escazú a pesar de ser un actor importante en la negociación? Esto se responderá a partir del accionar de los Poderes del Estado involucrados en este tema de política exterior: por un lado, el accionar del Legislativo, compuesto por diversos actores que representan a diversos partidos políticos pero con una agenda similar; por otro lado, el Ejecutivo, que en dicho año, se presenciaba una crisis de legitimidad hacia el ex presidente Martín Vizcarra, y, por ende a su cartera ministerial, en los que, tanto Fabiola Muñoz como Mariano López Chávarri, Ministros del Ambiente y de Relaciones Exteriores, respectivamente, fueron los encargados de promover el Acuerdo de Escazú, pero que fallaron en dicho objetivo.

En el presente trabajo se analizarán los Informes de Supervisión elaborados por las ODES de Tumbes, Arequipa, Huancavelica y Loreto, teniendo como objetivo general, verificar el desempeño de las funciones de fiscalización ambiental al Gobierno Regional de Tumbes, Arequipa, Huancavelica y Loreto, desarrolladas a través de la Dirección Regional de Producción, Dirección Regional de Energía y Minas , Dirección Regional de Salud , Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Y ello se logrará cumpliendo el objetivo específico que es verificar la ejecución del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, Planefa) del año 2021 y 2022 de los Gobiernos Regionales de Tumbes, Arequipa, Loreto y Huancavelica. Para de esta manera determinar cuales son los avances y desafíos a nivel de los Gobiernos Regionales. / This paper will analyze the Supervision Reports prepared by the ODES of Arequipa, Huancavelica, Loreto and Tumbes, with the general objective of verifying the performance of the environmental control functions of the Regional Government of Tumbes, Arequipa, Loreto and Huancavelica, developed through the Regional Directorate of Production, Regional Directorate of Energy and Mines, Regional Directorate of Health, Regional Directorate of Foreign Trade and Tourism. This will be achieved by fulfilling the specific objective of verifying the execution of the Annual Plan for Environmental Evaluation and Auditing (hereinafter, Planefa) for the years 2022 and 2021 of the Regional Governments of Tumbes, Arequipa, Loreto and Huancavelica. In order to determine the progress and challenges at the Regional Government level.

La presente tesis abordará desde una visión interdisciplinaria, el enfoque preventivo del impacto ambiental dentro del Sistema Evaluación del Impacto Ambiental y como se relaciona este con el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental. En nuestro análisis se critica la ausencia de coherencia por parte los gobiernos en cuanto a la regulación ambiental y el estándar que esta debe seguir de cara a promover la inversión en nuestro país, pues como podemos notar la misma ha estado lleno de contradicciones. Para ello analizaremos la experiencia nacional y algunos ejemplos internacionales a modo de comparación. En ese sentido, nos centraremos en el último quinquenio, debido a la promulgación de normas que incentivan la inversión en proyectos extractivos -las mismas que se analizarán a lo largo del presente trabajo de investigación- como son; las de celeridad en la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental sin sustento técnico; las que crean procedimientos administrativos sancionadores excepcionales, que permiten determinar la responsabilidad administrativa, pero que no va a acompañada de una sanción o multa; las de corrección de las conductas infractoras de “manera oportuna” y el consecuente eximente de responsabilidad sin analizar la gravedad del hecho; entre otras disposiciones normativas que debilitan la capacidad que tiene el Estado de promover el uso sostenible de sus recursos naturales y tutelar el derecho a vivir en un ambiente sano protegiendo el medio ambiente. La finalidad de la presente tesis es evidenciar las limitaciones que se encuentran en la regulación nacional de manera constructiva y así desincentivar y prevenir el daño ambiental. Lo más importante de este trabajo de investigación, es contribuir a respuestas de mejora en la emisión y aplicación de normas de interés nacional, en la búsqueda de lograr un bienestar duradero y sobre todo un crecimiento económico que respete el medio ambiente y los derechos de las comunidades aledañas a este tipo de proyectos. Ello, con el fin de acercarnos al concepto de desarrollo sostenible, en un país que espera convertirse en miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo – OCDE y requiere de una mejora en su desempeño ambiental.

Los estudios sobre políticas ambientales suelen basarse en análisis de equilibrio parcial. En el presente documento se planea analizar la eficiencia de estas medidas a través de un análisis de equilibrio general. Por lo tanto, se tiene como objetivo la comparación de paquetes de políticas ambientales a través de la elaboración de un modelo integrado económico-ambiental para el Perú, el cual es la aplicación de un modelo computable de equilibrio general para el estudio del medio ambiente al incorporar ciertas dinámicas que van más allá de la cuantificación monetaria, sea, por ejemplo, el considerar la contabilidad de los flujos físicos. Para lograr esto, se construye un modelo computable de equilibrio general en el software General Algrebraic Modeling System (GAMS) que incorpora un análisis detallado para el sector forestal, pequero, minero e hidrocarburos. Además, se le incorpora nuevos indicadores alternativos al PBI que son más adecuados para la contabilidad de los activos naturales. Los resultados indican que, según como lo dicta la teoría, elevar un impuesto a la producción en un sector como el forestal reduce su nivel de producción, disminuye el PBI, pero reduce la deforestación. La incorporación de análisis a próximos sectores vendrá en la siguiente etapa de este proyecto. Se espera que el resultado final sea la determinación de un paquete de políticas óptimo que fomente la actividad en el país sin afectar la sostenibilidad de sus activos naturales.

El enfoque de participación comunitaria constituye un eje fundamental en el desarrollo de la persona y la comunidad, así como un criterio de efectividad de la gerencia social en la política pública; de modo que toda instancia de gobierno, principalmente el gobierno local está obligado a promover una participación integral de los actores locales para mejorar las experiencias de los procesos participativos y construir una participación comunitaria sólida en base a lecciones aprendidas. La presente investigación tuvo como objetivo analizar cómo se implementó la política ambiental a través de la consistencia los procesos de participación comunitaria en la Municipalidad Distrital de Sorochuco durante el periodo 2007-2010, con la finalidad de determinar el impacto logrado y proponer mecanismos de coordinación interinstitucional y de participación. Este estudio nos permitió conocer si los funcionarios municipales cuentan con las capacidades suficientes para gestionar la participación comunitaria en la implementación de la política ambiental, qué procesos participativos, qué estrategias emplearon y cómo articularon la participación de los actores sociales. Se realizó una investigación aplicada cualitativa, con método de estudio de caso de tipo explicativo. Se recopiló información mediante entrevista semi estructurada dirigida a los funcionarios municipales, así como a los colaboradores de la empresa minera que en ese entonces operó en la zona; asimismo, se aplicó un focus group con los líderes y representantes locales; y una guía de análisis documental para revisar los documentos de gestión del gobierno local. Los resultados obtenidos muestran que la Municipalidad de Sorochuco ejerció un gobierno tradicional, por consiguiente, la gestión de los funcionarios y autoridades municipales no promovió una participación comunitaria integral, dado que no cuentan con las habilidades y competencias necesarias, lo que impidió un trabajo cogestionado, elemento esencial de la gerencia social. / The community participation approach is a key element in community development and implementation of policies; for this reason it is important that local governments promote the participation of local stakeholders to improve the experiences of participatory processes and build a strong community participation based on lessons learned. This research study aimed to determine how environmental policy is implemented through community participation processes in the District Municipality of Sorochuco during the period 2007-2010, in order to analyze the impact achieved and proposing mechanisms for interagency coordination and participation. This study allowed us to know whether the municipal authorities and officials have sufficient capacity to manage community participation in the implementation of environmental policy, participatory processes and strategies used and how articulated the participation of social actors. For the development of this research it was used to applied research qualitative; developed from a case study of explanatory type. Implementation of environmental policy through community participation was analyzed through a semi-structured interview aimed at officials and municipal authorities and workers of the mining company which at the time operated in the area, focus group with local leaders and representatives, and a guide document analysis to review the documents management Sorochuco district Municipality. After reviewing the data it was concluded that the municipality of Sorochuco remains a traditional municipality where management officials and municipal authorities does not promote community participation because they lack the skills and competencies required, preventing one co-managed work, an essential element of social management.

El cambio climático es uno de los principales problemas medioambientales a nivel mundial, cuyas consecuencias ya son evidentes en el Perú y afectan especialmente a los que se encuentran en lugares vulnerables, por lo que se hace necesario que se implementen adecuadamente las medidas de mitigación y adaptación y de esta manera se pueda tener sociedades resilientes. En el presente trabajo académico se analizan algunas consideraciones especiales desarrolladas por tribunales internacionales sobre el cambio climático. El objetivo de la presente investigación es destacar esas consideraciones para la formulación de políticas climáticas, con énfasis en financiamiento climático, ya que se advierte que el Perú es especialmente vulnerable a las consecuencias del cambio climático y también presenta limitaciones para financiar las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Para iniciar, se hará una breve presentación de los aspectos principales del cambio climático, seguidamente se desarrollaran las consideraciones especiales a tener en cuenta y posteriormente, se hará un análisis de la situación del Perú frente al cambio climático. Además, como consecuencia del análisis realizado, se presentará la propuesta de creación de un fondo común financiado por las empresas de los sectores que mayores gases de efecto invernadero generan, teniendo en cuenta las consideraciones que se desarrollaran en el presente trabajo