El objetivo general de la investigación fue determinar las consideraciones metodológicas del diseño de políticas públicas que debilitan la Política Nacional de Igualdad de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Para tal efecto, se diseñó una investigación descriptivo-analítica, de tipo aplicada y con enfoque cualitativo. Para el acopio de datos, se emplearon técnicas como el análisis documental y la encuesta. Se utilizaron fichas de trabajo como instrumentos para analizar de manera sistemática la literatura científica especializada y los informes e instrumentos normativos relacionados con políticas de género. Además, con propósito exploratorio, se utilizó un cuestionario en escala Likert que fue dirigido a 9 expertos en políticas públicas, salud mental y violencia contra la mujer, con el fin de recopilar sus opiniones y perspectivas sobre el tema. De los resultados obtenidos se evidenció deficiencias en el diseño y formulación de la PNIG, revelando la importancia de tratar el problema de la violencia contra la mujer desde un enfoque multidisciplinario, considerando diversas variables y evitando la exclusión de diversos enfoques y actores en la elaboración de políticas públicas. / The general objective of the research was to determine the methodological considerations in the design of public policies that weaken the National Gender Equality Policy of the Ministry of Women and Vulnerable Populations. For this purpose, a descriptive-analytical research was designed, applied and with a qualitative approach. For data collection, techniques such as documentary analysis and survey were used. Worksheets were used as instruments to systematically analyze the specialized scientific literature and the reports and regulatory instruments related to gender policies. In addition, for exploratory purposes, a Likert scale questionnaire was used, which was addressed to 9 experts in public policies, mental health and violence against women, in order to gather their opinions and perspectives on the subject. The results obtained revealed deficiencies in the design and formulation of the NGEP, revealing the importance of addressing the problem of violence against women from a multidisciplinary perspective, considering several variables and avoiding the exclusion of diverse voices and approaches in the development of public policies.

La presente investigación busca conocer las limitaciones que tuvieron los integrantes de la Comisión de Gestión Intercultural Indígena Amazónica para participar en el Plan Amazónico. Está enfocada, sobre todo, en la participación de las organizaciones indígenas, toda vez que esta comisión se conformó a solicitud de sus líderes. Si bien la pandemia afectó a todo el país, las atenciones de salud se han brindado de manera deficiente, tanto en zonas urbanas como en ciudades intermedias y pueblos alejados. A nivel nacional, Ucayali ha sido la región con el peor manejo de la pandemia debido a la demora en la respuesta para contener los brotes y los escasos recursos humanos. Las comunidades más alejadas fueron las más afectadas, tanto por la ausencia de la atención del Estado, como por la falta de información en su idioma. El Plan Amazónico se formula y se implementa para abordar los problemas en las comunidades indígenas, con el objetivo de contener y prevenir los contagios de COVID-19. Al 26 de abril de 2020, se presentaron 7 casos confirmados en la población indígena y a fines del mismo mes se identificaron 282 casos más. Durante las semanas 19 a la 31 en que se empieza a implementar el Plan Amazónico, en las provincias de la región Ucayali ya se habían presentado 10,080 casos. Este rápido crecimiento motivó el estudio de las organizaciones indígenas y el análisis de las acciones de fortalecimiento de capacidades que se dieron para un adecuado ejercicio de sus funciones, su participación en el monitoreo y el logro de sus expectativas con autonomía, tal como estaba previsto del Plan Amazónico. Dada la importancia de la intervención de los líderes de los indígenas en el control social para el monitoreo, las conclusiones a que llega este estudio han permitido elaborar propuestas para mejorar intervenciones similares que el Estado realiza para atender las necesidades de estos pobladores por ser sujetos de derechos. / This research seeks to know the limitations that the members of the Amazon Indigenous Intercultural Management Commission had to participate in the implementation of the Amazon Plan. It is focused, above all, on the participation of indigenous organizations, since this commission was formed at the request of its leaders While the pandemic affected the entire country, health care has been poorly delivered, both in urban areas and in intermediate cities and remote towns. At the national level, Ucayali has been the region with the worst handling of the pandemic due to the delay in the response to contain outbreaks and scarce human resources. The most remote communities were the most affected, both by the absence of state attention and by the lack of information in their language. The Amazon Plan is formulated and implemented to address problems in indigenous communities, with the aim of containing and preventing COVID-19 infections. As of April 26, 2020, there were 7 confirmed cases in the indigenous population and at the end of the same month 282 more cases were identified. During weeks 19 to 31 in which the Amazon Plan begins, 10,080 cases had already been presented in the provinces of the Ucayali region. This rapid growth motivated the study of indigenous organizations and the analysis of capacity-building actions for the adequate exercise of their functions, their participation in monitoring and the achievement of their expectations with autonomy, as foreseen in the Amazon Plan. Given the importance of the intervention of indigenous leaders in social control for monitoring, the conclusions reached in this study have made it possible to develop proposals to improve similar interventions that the State carries out to meet the needs of these inhabitants because they are subjects of rights.

Las empresas que vierten sus efluentes industriales al alcantarillado sanitario, ocasionan impactos negativos en la infractuctura del alcantarillado, lo cual hace más costoso su mantenimiento y también afecta la eficiencia de la plantas de tratamiento, a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS). En ese contexto, se aprobaron los Valores Máximos admisibles (VMA) de las descargas de las aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario, estableciéndose que en caso de superar los VMA, el usuario deberá efectuar un pago adicional por exceso de concentración; no obstante, actualmente los impactos negativos al alcantarillado persisten. Por ello, resulta importante conocer si la referida regulación ha logrado que las empresas cumplan con los VMA. En es sentido, en el presente trabajo de investigación se analiza la aplicación de la regulación de los VMA en las empresas de la industria de curtiembre, por ser una de la más representativas en la generación de efluentes con alta carga contaminante y se centra en la ciudad de Lima por ser una de las ciudades que concentra el mayor porcentaje de curtiembres a nivel nacional. Para ello, se ha identificado a las empresas de curtiembre en Lima que se encuentran sujetas a la regulación de VMA y se ha realizado un análisis de los resultados de los monitoreos de los efluentes que vierten al alcantarillado público y del volumen promedio de agua consumido, durante el periodo 2014-2021, así como, de la información de sus instrumentos de gestión ambiental aprobados, sobre el volumen promedio agua consumido, el tipo de tecnología que emplean para tratar sus efluentes industriales, entre otros. En base a los resultados obtenidos, se realizan recomendaciones al marco regulario actual de los VMA.

La presente investigación busca explicar la posición a favor del Estado peruano frente a las políticas de género en un mecanismo de integración como la Alianza del Pacífico (AP) desde el 2015. Ello implica que el año 2015 representa para este trabajo un punto de quiebre en la iniciativa con respecto de la forma en que se trabaja la integración de los Estados miembros, utilizando dos variables para poder explicar este fenómeno y el porqué Perú secunda dichas políticas. El primer factor es el fortalecimiento del movimiento feminista peruano, el cual cuenta con capacidad de ejercer presión de carácter interno, debido a su procedencia y el accionar del actor. Su capacidad de agencia es relativa al segundo factor; la segunda variable, el deseo del Estado peruano por formar parte de la OCDE, supone la presencia de presión externa y es de gran importancia para comprender la perspectiva del gobierno peruano en el 2015 con respecto de la creación del Grupo Técnico de Género en la AP. El presente trabajo es de carácter cualitativo además de ser un estudio de caso, debido a que únicamente se analizará la aparición de políticas de género en la AP y no la de otros temas como los problemas medioambientales. El tipo de acercamiento usado, tanto descriptivo como analítico, permite demostrar la presencia de ambas variables a través de entrevistas, documentos legales y fuentes secundarias. Las diversas fuentes utilizadas para analizar los factores descritos previamente permitirán corroborar, en primer lugar, la decisión de secundar la creación de políticas de género en la Alianza del Pacífico no fue una decisión aleatoria; otro de los principales hallazgos de la presente investigación es la ampliación de su mandato es parcial, puesto que el elemento económico continúa siendo un factor primordial para la iniciativa. En dicha línea, el Estado peruano utiliza a la AP como una plataforma para su interés, en busca de formar parte de la OCDE. La OCDE postula la necesidad de alcanzar el desarrollo integral en todos sus socios, siendo la igualdad de género un requisito para estos y el Perú se encuentra en desventaja de acuerdo con las estadísticas. La similitud entre los objetivos de la AP y la postura de la OCDE responde por qué esta variable cuenta con mayor relevancia; en cuarto lugar, pese a la preponderancia del factor económico tanto en el gobierno peruano como en la AP, la relación indirecta entre el movimiento feminista y la política exterior maneja un espacio de autonomía capaz de condicionar la iniciativa. Ambas variables permiten entender de forma completa el fenómeno ocurrido en el 2015, cuando se dio un cambio interno y externo en materia de igualdad de género, afectando las decisiones del Perú sobre la Alianza del Pacífico.

Recientemente, el cambio climático ha ganado mayor presencia en la política nacional, debido a la fuerte demanda por implementar medidas concretas sobre las soluciones más adecuadas para enfrentar el fenómeno. Surge la pregunta: ¿Es el Estado capaz de responder a esta demanda? Se han producido cambios en las dinámicas de poder para definir el diseño de las políticas climáticas que involucran múltiples actores estatales y no estales. Entonces, ¿quién decide hoy sobre estas políticas? Esta investigación propone analizar esta situación centrándose en el caso del diseño de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del Perú, instrumento de política climática más importante en el país. La tesis identifica los factores que explican su diseño, utilizando como herramienta de análisis el marco de coaliciones promotoras, a fin de explicar el papel de los actores involucrados en el proceso, sus redes y conexiones para poder incidir en su elaboración. Se identifican tres coaliciones promotoras: el grupo que participa en el Proyecto PlanCC y que se involucra en el diseño de las NDC, los actores estatales tradicionales (MEF y MEM) acompañados por grupos empresariales y el Grupo “Perú, Ambiente y Clima”; que se involucran en un contexto de baja capacidad del Estado y de fuerte apoyo de la cooperación internacional bajo especiales directrices, que favorecen que la primera coalición se imponga, a través de un proceso que va neutralizando obstáculos y oposiciones, con el mensaje de que éstos contaban con la opción de política que se ajustaba más a las necesidades y el contexto internacional. Sin embargo, esta victoria es limitada debido a que el producto es concebido como medianamente ambicioso e insuficiente, demostrándose que la estrategia de neutralización requirió generar pactos con quienes se oponían, otorgándoles espacios de influencia de la coalición, dentro de un contexto de múltiples intereses y agendas

En el Derecho Internacional existe consenso sobre que las acciones que buscan vulnerar grupos minoritarios deben ser sancionadas. Sin embargo, este consenso parece no estar sujeto a debate cuando las vulneraciones son manifiestas y se ejercen en el marco de violencia física o psicológica. Sin embargo, este consenso para desparecer cuando se plantea que dicha violencia también puede ser ejercido mediante un discurso. La libertad de expresión ha sido usada en muchas ocasiones como justificación para realizar actos contrarios a la igualdad de grupos vulnerables. En ese sentido, este trabajo encontró en este fenómeno un tema necesario de analizar con el fin de encontrar soluciones que eviten que se sigan diseminando discursos que vulneran el derecho a la igualdad de poblaciones vulnerables, en específico la comunidad LGTBI, Este trabajo buscará demostrar que existe necesidad de que el Estado manifieste su rechazo hacia el discurso de odio mediante el despliegue de medidas que buscan estandarizar el contenido de discurso de odio así como la suscripción de tratados internacionales específicos sobre el tema. En dicho contexto, este trabajo también propone que un primer punto de acuerdo respecto al qué debe ser entendido como discurso de odio es el que es ejercido por funcionarios públicos en el marco de un debate público, esto por ser doblemente lesivo contra la comunidad LGTBI al vulnerar su derecho a la igual y su derecho a la participación política. Por lo que una propuesta de solución será incluir una sanción específica a los congresistas de la República dentro del Reglamento del Congreso para sancionar la emisión de discursos de odio en el marco de sus funciones parlamentarias

Desde 2008 el Ministerio de Educación ha venido ejecutando el programa Una laptop para cada niño, que tiene como objetivo la incorporación de computadoras portátiles en las aulas para incrementar el acceso a la información y la adquisición de habilidades relacionadas al uso de procesadores de texto y otros programas (Negroponte 2011: 6). El programa define su relevancia en el planteamiento que en el mundo actual hay una gran necesidad de acceder a la información, sobre todo, en los países más pobres del planeta. El objetivo de la investigación es conocer las percepciones y usos de los niños de la I.E. Huarangal y de la I.E. Guillermo Wagner de Cieneguilla con respecto a las laptop XO del programa Una Laptop por Niño. Con este propósito se realizó un trabajo de campo de un mes y medio de duración en las escuelas mencionadas en los que se recogió información sobre la manera cómo se integra al proceso educativo la laptop XO. Analizando la información en el marco de los planteamientos de diversos investigadores especialistas en TICs, específicamente, a partir de sus trabajos sobre la utilización de éstas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha corroborado la evaluación realizada por el BID, MINEDU y ONG peruana Grade en 2010, en el sentido que el programa Una Laptop por Niño no ha tenido resultados positivos en el Perú. El fracaso del programa en dos años de implementación se explicaría por razones de diverso carácter, que irían desde la falta de visión respecto a lo que es un programa, la limitada infraestructura a las que se enfrenta el programa, hasta los actores claves que no han sido tomados en cuenta. A partir de lo anterior, algunas de las conclusiones a las que llega el trabajo es que la laptop XO es utilizada de diferentes maneras por los niños beneficiarios de ambas escuelas. Estos usos dependen (1) de las condiciones físicas de la escuela; (2) del grado de información de los directores y profesores acerca del programa; y (3) de la opinión que ellos tengan del mismo.

La presente tesis pretende hacer un análisis de la problemática del lavado de activos en el Perú, y desde la perspectiva de represión de este ilícito por los operadores de justicia, conocer cuál es la capacidad de la Dirección de Investigación del delito de lavado de activos, unidad especializada de la Policía Nacional del Perú, para poder luchar con este ilícito penal. Para la presente investigación hemos determinado como objetivos conocer como se realiza la profesionalización del personal de la dirección de investigación del delito de lavado de activos de la Policía Nacional del Perú, determinar los recursos con que cuenta, describir la autonomía que pueda tener dicha dirección de investigación del delito de lavado de activos y por ultimo determinar la eficacia en relación a los resultados de recuperación de activos. Resulta importante y trascendente el trabajo de investigación por que nos permite conocer cuáles son los principales avances, acciones y limitaciones a través de la Policía Nacional del Perú, en su lucha contra el lavado de activos, como parte de las políticas pública del Estado. Permitiendo sugerir las correcciones y mejoras para el bien de la seguridad del Estado.

El objetivo principal de la investigación presente es conocer y analizar los efectos que genera el proceso de expertización de la práctica local Siembra y Cosecha de Agua y el rol que cumple el Estado como agente del proceso. Para ello se plantean los siguientes objetivos secundarios: primero, realizar una descripción del diseño del Concurso de Buenas Prácticas frente al Cambio Climático en el Medio Rural. Segundo, conocer la manera cómo se realiza la Siembra y Cosecha de Agua en la comunidad de Quispillaccta y los aspectos de valoración. Tercero, analizar los sustentos de intervención del Estado y los efectos sobre la Siembra y Cosecha de Agua.

El presente trabajo busca explicar la configuración del Perú como país de destino para refugiados estudiando la comunidad de refugiados durante el periodo 2002 – 2017. La investigación presupone la transición de Perú de ser un país de tránsito migratorio de refugiados hacia uno de destino, por lo cual se propone analizar cuáles son los principales factores que han influido en este cambio de rol. Se propone que son dos variables las que influyeron en esta dinámica: la primera es una variable político – jurídica, mientras que la segunda es una variable político – económica. Para conseguir los objetivos de la investigación se ha optado por realizar un estudio cualitativo y de caso (Perú), focalizándose en la comunidad de refugiados en el país de nacionalidades colombiana y venezolana, por su calidad de éxodos masivos durante el periodo propuesto. Asimismo, el acercamiento es descriptivo y analítico, haciendo uso de entrevistas, documentos legales y fuentes secundarias. Las principales áreas de estudio en las cuales se apoya la investigación son: la Ciencia Política, las Relaciones Internacionales y la Política Exterior. Los principales hallazgos del estudio son, en primer lugar, confirmar la existencia de un contexto propicio para el posicionamiento de Perú como país de destino. En segundo lugar, la influencia del marco institucional a partir de dos principales componentes de la primera variable: la flexibilidad para afluencias masivas en la normativa interna y la aparente ventaja de la institucionalidad peruana frente a los demás países en la región. En tercer lugar, el posicionamiento de Perú como un país más atractivo para refugiados y un vecindario menos abierto a brindar refugio, siendo componentes de nuestra segunda variable. De la segunda variable se resalta la importancia de una economía (ilegal), una red social de apoyo que permite la inserción de del refugiado en el país, y el cambio de roles de los países en la región para explicar la configuración de Perú como país de destino. La conjugación de ambas variables hace posible entender el incremento de refugiados en Perú entre 2002 y 2017, permitiendo, también, reconocer ciertos retos para el Estado peruano.