Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El siguiente trabajo tiene por objeto analizar el conflicto entre el llamado derecho a la educación y la privación de libertad como respuesta del sistema judicial ante la comisión de un ilícito, para cumplir la finalidad de reinserción social. En el contexto de las penas privativas de libertad, el derecho de los condenados a acceder a una educación al interior de los Centros Penitenciarios resulta en extremo difícil cuando ni la normativa penitenciaria ni la institucionalidad cuentan con programas de acceso universal para la población penitenciaria. Esto, sumado a las precarias condiciones existentes al interior de los centros penitenciarios, hace poco verosímil la finalidad de reinserción social de la penal.

La idea de intervenir la ex cárcel de San Fernando nace de la inquietud sobre el destino que les depara a las actuales instalaciones penales con la aplicación de la nueva ley de cárceles concesionadas. Esta ley, además de las modificaciones en responsabilidades institucionales y especificar nuevos requerimientos para los recintos penitenciarios, establece la necesidad de construir nuevos establecimientos, con lo cual las actuales cárceles quedaran sin uso.

El proyecto pretende reciclar una infraestructura urbana obsoleta y en desuso para entregar a la ciudad un espacio abierto a la cultura y recreación, renovando la imagen de barrio del sector ex cárcel, abriendo a la comunidad un espacio que anteriormente servia para la marginación y reclusión de personas convirtiendo el espacio ex cárcel en un referente cultural de gran escala que pueda albergar manifestaciones culturales diversas

Arquitecto / El sentido del proyecto cultural pasa por cumplir un papel relevante para su población. Además por las características "mundiales" que posee la ciudad, su impacto debiera superar los límites políticos de ésta. En este sentido, ante todo debe ser un espacio que aporte al desarrollo de Valparaíso, que logre involucrar a la población formal e informal de Valparaíso en una actividad abierta y participativa, sin excluir el espectáculo masivo. La propuesta se desarrolla en base a dos premisas que son claves: el espacio público y la memoria colectiva, unido y relacionado a través del patrimonio tangible de la ex cárcel, sus muros y sus edificaciones relevantes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Si bien se han suscitado en el último tiempo varias discusiones en torno al sistema electoral chileno -que incluso originaron determinadas reformas legales tales como la inscripción automática de los ciudadanos en el Registro Electoral, la voluntariedad del voto y la implementación de mecanismos para ejercer el derecho de sufragio desde el extranjero-, poco se ha discutido respecto de un grupo amplio de personas que se ven restringidas de ejercer su derecho constitucional de sufragio: las personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios. En este trabajo pretendemos abarcar la situación actual del derecho de sufragio de este grupo de individuos, distinguiendo la situación de aquellos ciudadanos que se ven impedidos de ejercer el derecho de sufragio que detentan, de quienes se ven impedidos porque la Constitución Política de la República de Chile les suspende tal derecho y de quienes pierden su calidad de ciudadano de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y consecuencialmente, pierden su derecho de sufragio. Sostendremos que ambas situaciones deben ser urgentemente revisadas por el Estado de Chile para tomar las medidas pertinentes en orden a, por un lado, velar porque aquellas personas que detentan el derecho constitucional de sufragio efectivamente puedan ejercerlo, no obstante privados de libertad en establecimientos penitenciarios, y, por otro lado, acabar con la exclusión de la democracia y la ciudadanía que se ha plasmado en grupos vulnerables.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El tema que abordaremos, adquiere importancia, toda vez que actualmente nuestro país cuenta con un gran número de personas que se encuentran sujetas a la supervigilancia de Gendarmería de Chile. Así por ejemplo, al 31 de marzo de 2014, el total de atendidos (hombres y mujeres) por la administración penitenciaria ascendió a la suma de 121.506 personas6. Todas estas personas pueden ser objeto de una sanción disciplinaria, cuando se cumplen los supuestos estipulados en el Reglamento Penitenciario para que ello ocurra. Adoptaremos una posición crítica de nuestro sistema Disciplinario Penitenciario actual, dado que éste no resulta ser coherente con los estándares internacionales y que han sido aceptados por nuestro país, pues es posible evidenciar que ciertas características del marco normativo vigente, propician la violación de determinados derechos que deberían tener un mayor grado de protección. Además, se intentará dejar en evidencia ciertos problemas que nuestro sistema penitenciario actual presenta.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La persecución penal toma ribetes insospechados en el ámbito penitenciario. Los factores estructurales, individuales y socio – relacionales juegan un papel importante en hacer de la cárcel un lugar en el que el Estado de Derecho pareciera no tener lugar. Los delitos de lesiones se presentan de una manera reiterada, siendo, por un lado, la forma de protegerse de otras manifestaciones de violencia, así como también, una manera de mantener el status quo dentro de una jerarquía propia de la sub-cultura carcelaria. Las dificultades propias de la dinámica penitenciaria, no obstante, no han despertado los esfuerzos por generar una institucionalidad que se traduzca en que la investigación y juzgamiento de los delitos, además de la protección a las víctimas, constituyan una prioridad. La carencia de un cuerpo legal sistematizado en materia penitenciaria, no obstante la multiplicidad de disposiciones dispersas dentro del ordenamiento jurídico, provocan, en definitiva, que los intervinientes penales ejerzan de manera ambigua sus atribuciones: un Ministerio Público que no investiga, un organismo policial atiborrado de labores que administra, juzga y ejecuta el castigo, un Tribunal pasivo que no interviene mayormente frente a hechos perpetrados en la cárcel que revisten carácter de delito y una Defensoría Penal Pública que intenta, en medio de toda esta adversidad normativa e institucional, dar cobertura al problema de la defensa de los derechos de las víctimas privadas de libertad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tuvo por objeto analizar cada una de las disposiciones del régimen disciplinario penitenciario chileno a la luz de los principios y derechos fundamentales que la Constitución Política de la República y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes garantizan a todas las personas. Con miras a lo anterior, en primer lugar se da cuenta de la normativa que resulta aplicable a la ejecución de las penas privativas de libertad que cumplen efectivamente adultos de sexo masculino sometidos al subsistema cerrado, con énfasis en lo señalado en torno a la imposición de sanciones disciplinarias. En el mismo sentido, se describe el procedimiento administrativo de aplicación de sanciones, así como los sujetos que intervienen en el mismo. En seguida, se estudian cada una de las conductas calificadas como faltas leves, menos graves y graves, así como las medidas disciplinarias destinadas a ser aplicadas ante la comisión de dichas conductas, precisando como las normas referidas en los hechos vulneran los derechos y garantías de las personas privadas de libertad. Por último, se expone el régimen de recursos con que cuentan las personas ante la infracción de derechos constitucionales por medio de la imposición de sanciones disciplinarias.