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El ordenamiento procesal civil sigue siendo objeto de polémica, lo cual era de esperarse, pues luego de ochenta años de vigencia del viejo Código de Procedimientos Civiles de 1,912, se hacía necesario un cambio que modernizara el sistema de administración de justicia en lo civil, tomando en consideración los avances del derecho procesal en general y, sobre todo, del derecho procesal civil. El nuevo ordenamiento procesal civil que nos rige está alineado a una concepción publicista y privatista del proceso civil, no obstante lo trascendente en él es la función pública que cumple el Estado a través de su órgano jurisdiccional, tanto para hacer efectivo la paz social en justicia como aspiración última de la sociedad, cuanto para solucionar los conflictos de intereses o eliminar las incertidumbre jurídicas. Sin embargo, desde el punto de vista del proceso, lo que importa es quién lo hace, quién está en él; la condición de parte material no interesa. Parte procesal es la persona que interpone la pretensión ante el órgano jurisdiccional y la persona frente a la que se interpone. Por lo que, la diferenciación entre parte material y parte procesal resulta sumamente importante para entender el tema que nos ocupa. / Tesis

El artículo nos presenta una aproximación doctrinal al concepto de discrecionalidad y nos describe sus presupuestos técnicos. Seguidamente, el artículo hace hincapié en que resulta necesario que se incorpore, en todos los actos administrativos, alguna referencia racional que permita colegir con facilidad los argumentos lógicos de los que trae causa dicha resolución administrativa. Se constituye así, en la otra cara de la moneda, la motivación de la discrecionalidad, pues de lo contrario estaríamos entrando en el mundo de la arbitrariedad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El propósito de esta memoria consiste en realizar un análisis general acerca del fenómeno de la justicia penal negociada en el derecho procesal penal occidental. Para ello, examinaremos los aspectos más importantes de tres sistemas de derecho comparado: el estadounidense, el italiano y el alemán. Dicha selección ha sido efectuada considerando la importancia relativa de cada legislación para el desarrollo del derecho procesal penal y, en particular, de las vías consensuadas de solución al conflicto penal. Tras efectuar el análisis de dichos sistemas comparados, se expondrá de manera detallada la recepción de expresiones de justicia penal negociada en nuestra legislación procesal penal, a través del Procedimiento Abreviado. Esperamos que este trabajo brinde al lector un panorama general acerca del fenómeno de la conformidad en el proceso, le que sirva de guía y le permita profundizar en los temas de su interés a través de la revisión de nuestra bibliografía. Además, esperamos que esta memoria proporcione al lector información detallada acerca de nuestro procedimiento abreviado, así como un rápido acceso a la todavía escasa bibliografía nacional sobre la materia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En las páginas siguientes, intentaré demostrar como no es posible sustentar una fórmula general de solución respecto del alcance que debe darse a las gestiones del artículo 435 del código de procedimiento civil, sino que por el contrario, debe examinarse cuidadosamente que gestión utiliza el solicitante, cuál es la actitud del citado, y observarse la relación substantiva que une a ambos, de tal forma me parece que es posible ir formulando soluciones acordes con la normativa tanto procesal como civil aplicables al caso concreto.

En nuestro país rige en la actualidad, un nuevo orden institucional, con clara vocación democrática y de profundo respeto por lo constitucional. Y como quiera que el proceso penal es en la actualidad, el centro de atención de la sociedad peruana, e incluso de la comunidad internacional, por los numerosos juicios seguidos a la denominada “red de corrupción de Fujimori-Montesinos”, valdría la pena preguntarse, si las normas que regulan el proceso penal peruano vigente, son respetuosas a la Constitución y a los Tratados sobre Derechos Humanos que diseñan las llamadas garantías penales o reglas mínimas del proceso penal. Imaginemos, sin que con ello signifique tomar partido por la defensa de los implicados, sino con evidente y clara preocupación por el estado actual del proceso penal peruano, que luego de los procesos y las inminentes condenas, una vez agotada la jurisdicción interna, los condenados acudan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando la inconstitucionalidad del proceso penal, y logren un fallo favorable, condenando al Estado peruano y obligando que sus procesos sean declarados nulos. Estaremos preparados para admitir tal fallo. Nuestra sociedad podrá comprender tal decisión?. Creemos que es tiempo de mirar nuestro proceso penal, a la luz de los nuevos vientos democráticos, y preguntarnos nosotros mismos, si el proceso penal diseñado para los delitos perseguibles públicamente, es respetuoso de la Constitución, y si no, hacer los cambios necesarios para garantizar a nuestra sociedad y a la comunidad internacional, el respeto de los derechos fundamentales de las personas sometidas a juicio penal.

En los últimos años, la demanda de vivienda ha crecido progresivamente en todos los sectores socioeconómicos debido al crecimiento económico que presencia el Perú, y esta demanda se ve reflejada en el auge de los proyectos inmobiliarios, lo cual impulsó de forma considerable la actividad de la construcción, sobre todo en Lima Metropolitana y Callao. El objetivo es demostrar mi experiencia como profesional en Ingeniería Civil, aplicando todos mis conocimientos adquiridos de forma teórica en la universidad, y de forma práctica en el campo de la construcción. El Informe describe el proceso de la construcción de un edificio multifamiliar de seis (6) pisos con semisótano para uso de estacionamiento. El proyecto en su integridad (diseño y construcción), fue ejecutado por la empresa constructora cuyo propietario es el Ing. Hugo Stephen Navarro De Los Ríos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Es objetivo de este trabajo, realizar un análisis del nuevo procedimiento laboral chileno, y como este incide positiva o negativamente en el balance entre los derechos de los trabajadores y de las empresas, en específico respecto de las empresas de menor tamaño conocidas como PyMES. Para ello, en un primer instante, nos es imperativo conocer el marco legal y normativo en el que se desenvuelve el nuevo procedimiento laboral, y respecto de este, en especial el funcionamiento de la Defensoría Laboral, y así de esta manera analizar concretamente el mayor impulso dado a los derechos de los trabajadores. En una segunda instancia, nos convoca el interés de contrastar la situación antes mencionada, con los derechos que ostentan las empresas, realizando un análisis de ellos y de las obligaciones que a su vez los limitan, contemplando en definitiva el resultado e impacto que los empleadores (Empresas) han obtenido con la aplicación del nuevo procedimiento. Se hace necesario advertir, que la aplicación de este nuevo sistema procesal laboral, puede provocar un claro desbalance en desmedro de aquellas empresas de menor producción y tamaño (PyMES), por lo que es preciso, atender y analizar sus especiales características, sobre todo, como se relacionan en el sistema laboral, con sus respectivas desventajas, complementando esto las políticas de aligeramiento que se han implementado por el Estado, para disminuir dichas desventajas. Por último, se hace necesario recurrir a la experiencia extranjera en materias de aligeramiento o flexibilidad laboral, para poder concluir correctamente, si los esfuerzos legislativos son o han sido suficientes o significativos para disminuir las desventajas económicas que presentan las PyMES, siempre en el entendido que no se puede precarizar la situación de los trabajadores.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Un completo y acabado estudio de todos los aspectos vinculados a la verdad escapa ampliamente al objeto de una memoria de pregrado, ya que su investigación a nivel de postgrado resultaría demasiado extensa y compleja. Estamos consciente de lo ambicioso que resultaría emprender una tarea de tal índole, pues examinar la verdad conlleva analizar cuestiones tan discutidas y poco resueltas como qué rol le compete al Derecho en la sociedad, qué es la justicia, cuál es el papel del proceso, cuáles son las finalidades de la pena, y un largo de otros temas que sin duda son muy relevantes en la materia, pero se encuentran fuera del alcance real de tratamiento de la presente tesis. Sin embargo, no debemos olvidar como se pronuncia Luigi Ferrajoli, en su conocida obra “Derecho y Razón”, que la cuestión de la verdad es seguramente el problema central y a la vez el más difícil de la teoría del proceso penal. Entonces, consciente de la importancia y a su vez de la complejidad que envuelve el estudio de la verdad, el presente trabajo se abocará a efectuar un análisis de la averiguación de la verdad, circunscribiéndola específicamente, al fin que juega en el proceso penal chileno.