Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La revisión de los Proyectos tanto de Enjuiciamiento Civil como Criminal del siglo pasado, núcleo central de este memoria, realmente fue larga, debido a que con sorpresa tomé conocimiento de que no existe una colección completa de los libros (Proyectos de Código de Procedimiento Civil y Penal) en una biblioteca pública, debiendo recorrer diversas bibliotecas ya mencionadas anteriormente, con el fin principal de revisar dichas obras. Sin olvidar el estudio de las partidas, los artículos de diversos autores publicadas en revistas de derecho histórico, la jurisprudencia y aquellos libros procesales de comienzos de siglo con las primeras opiniones y acotaciones de los profesores de derecho y abogados en relación a estos nuevos códigos de procedimiento, que de nuevos no tenían mucho, ya que fueron más bien una recopilación de las mismas leyes españolas que nos rigieron hasta incluso después de la independencia. En este trabajo se trató de destacar principalmente aquellos artículos de efectos religiosos que incidieron en nuestros Códigos de Procedimiento, su historia, evolución y texto definitivo. Es decir donde figuran frases o palabras relacionadas con un principio canónico. Así a modo de ejemplo nos encontramos con artículos o incisos de un artículo que en su redacción prescribe “No están obligados a declarar ... el arzobispo y los obispos; los vicarios generales y los vicarios capitulares”, Art. 191 N° 1 del Código de Procedimiento Penal, entre otros. Ahora en lo que se refiere a la conformación del mismo trabajo en sí, dividí esta memoria en cuatro capítulos; el primero basado en un estudio histórico procesal de la organización de los tribunales anterior a nuestra independencia y posterior a ella. El segundo capítulo se aboca exclusivamente a lo que fue el período de la codificación procesal en Chile y los primeros trabajos. En el tercer capítulo se realizó una suerte de enumeración de todos los Proyectos de Código de Enjuiciamiento o Procedimiento Civil y Criminal realizados el siglo XIX, por distintos y distinguidos hombres de leyes de nuestro país, transcribiendo a la vez en cada uno de ellos los artículos de efectos religiosos, correspondientes al tema que me llevó a realizar este trabajo. Finalmente el capítulo cuarto hace un análisis detallado de lo que fue la formación de nuestro actual Código de Procedimiento Civil de 1902 y Penal de 1906, la historia de los artículos de influencia religiosa, sus modificaciones, la opinión de la doctrina y jurisprudencia de tribunales. Finalmente tengo la certidumbre que algún error u errores pueden existir en esta obra, pero a la vez tengo la seguridad de que el trabajo y esfuerzo realizado durante meses de trabajo darán la necesaria motivación para leer este trabajo, esperando sea un aporte para el Derecho y aún más para el estudio de profesores y alumnos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con la entrada en vigencia de la nueva justicia penal en Chile, quedó pendiente la creación de una nueva justicia civil, y es en este marco que se inserta la presente memoria. En la “Propuesta de Bases para redactar un nuevo Código Procesal Civil para la República de Chile”, formulada por una Comisión de Profesores de la Universidad de Chile y representantes del Ministerio de Justicia, se establece como uno de los puntos claves la creación de un Procedimiento Monitorio. Para colaborar con el entendimiento de este procedimiento –y al no haber bibliografía disponible en Chile sobre el tema-, decidimos analizar el monitorio, tanto desde el punto de vista de la doctrina como de la jurisprudencia extranjera, lo cual, hasta donde sabemos (el análisis de la jurisprudencia), tampoco se ha hecho en España –nuestro principal referente-, al menos en textos de venta masiva. En definitiva, lo que pretendemos es darle al lector una idea general sobre que es el procedimiento monitorio en materia civil, para luego centrarnos en su aplicación (y en la doctrina y jurisprudencia que se ha generado) principalmente en España (pues fue el ultimo país europeo o latino en que entro en vigencia este procedimiento, juntando en él lo que estimaron mejor de la experiencia europea), pero también en otros países como Alemania, Italia, Francia y Brasil. Asimismo, citamos la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un proceso monitorio europeo (el cual el año 2006 entrará a regir y será facultativo para cada Estado miembro de la Unión Europea aplicar su propio monitorio o el comunitario europeo, sin perjuicio que es muy probable que cada país haga modificaciones legales en sus procedimientos para seguir los lineamientos del monitorio Europeo). Terminaremos nuestra memoria entregando unas Bases para la elaboración de un futuro proceso monitorio chileno, como un humilde intento de aportar algo a la ciencia procesal chilena

Resulta trascendente observar como cuestión previa al tema de investigación, que en la experiencia jurídica, el resumen procesal se da a través de tres construcciones teóricas: DERECHO-TUTELA-EFICACIA. El derecho regula la relación de los ciudadanos con el Estado. La tutela es el instrumento para hacer efectivos los derechos reconocidos a los ciudadanos y salvaguardar las infracciones jurídicas. La eficacia es la obtención de una respuesta cierta y fundada en derecho con plenas consecuencias jurídicas.

Con docto acierto decía García Rada (en una definición que no pierde actualidad), que si el individuo quebranta la ley penal, el Estado tiene la obligación de sancionarlo debidamente (constituyendo ello una relación Estado-persona), siendo que el medio legal para la aplicación de la ley penal, está contenido en el Derecho Procesal Penal, que tiene como finalidad establecer la existencia del delito y la persona de su autor como el agente que realmente cometió el delito (1984, p. 9). Pero la realidad actual demuestra una creciente sensación de impunidad que ha penetrado hondamente la conducta social, y la violencia en gran medida es fruto de la impunidad y a ella se aúna y contribuye la inexistencia de un sistema judicial razonable. La crisis del sistema procesal penal en nuestro país no es un fenómeno nuevo, ni puede atribuirse exclusivamente a la crisis o a la inadecuación de un sistema procesal como el mixto. Esta crisis es mucho más compleja y el mantenimiento de un proceso penal obsoleto sólo ha contribuido a agravarlo. Es esta la realidad actual, en la que se enfrenta un proceso de reforma procesal penal, apreciada por algunos y duramente criticada por otros. De esta manera, las disfunciones que presenta el sistema procesal penal peruano, ha obligado al legislador a optar por otros mecanismos más expeditivos y viables, para amenguar la imposibilidad material de que todas las causas criminales que ingresan al sistema procesal, penal puedan ser objeto de aceptables y garantistas procesos comunes lineales. Surge así, en el contexto de una pretendida reforma procesal penal integral, la legitimación de ciertos “mecanismos procesales simplificadores”, orientados a la búsqueda de soluciones anticipadas de naturaleza consensuada. Al efecto, manifiesta Brousset Salas, sea que se trate de institutos procesales insertables o insertados en el proceso común (como la confesión sincera o la conformidad introducida por la Ley 28122, bajo la denominada “conclusión anticipada del juzgamiento”), o de procesos especiales alternativos a este (como el proceso de terminación anticipada, el proceso inmediato o el proceso por colaboración eficaz), las fórmulas de simplificación procesal, concebidas modernamente, no son otra cosa que mecanismos basados en criterios de especialidad, necesidad y razonabilidad, que propenden a la eficacia y celeridad del procesamiento penal, dentro del marco de un debido proceso, que sin vulnerar los derechos procesales del imputado, se orienta a la búsqueda de una solución consensuada, donde las partes legitimadas (entiéndase el fiscal, el procesado y su abogado defensor) convengan dentro de ciertos límites, no solo la extensión de la pena a imponerse, sino eventualmente también, los términos fácticos y jurídico penales de la condena (2009, p. 82). Pero el problema radica en que si esta forma de justicia transaccional y expeditiva, podría estar debilitando la seguridad jurídica y la legalidad del proceso penal, al casi obligarse al imputado, sujeto a medida de detención o en su caso formalizado contra él la investigación preparatoria conforme a los artículos 468 y 336 del C.P.P., a aceptar no sólo su culpabilidad sino la pena y la reparación civil, so pretexto de una “benignidad” en la pena a aplicarse. Al efecto, se ocupa del estudio de los fundamentos, legitimación y problemas, que pueda presentar en su inserción al sistema procesal penal peruano la terminación anticipada. / Tesis

Tesis

La tesis elaborada busca determinar el grado de cumplimiento de la Constitución, la Ley No. 27444 (en adelante, “LPAG”) y los criterios del Tribunal Constitucional, en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora de las Municipalidades del Perú, con el objetivo de justificar la necesidad de incorporar en nuestro ordenamiento una Norma Base de Procedimiento Administrativo Sancionadora (en adelante, “Norma Propuesta”) obligatoria y vinculante para todas las Municipalidades peruanas. Como resultado de la investigación, se ha determinado, tomando una muestra de 25 Reglamento Administrativos Sancionadores municipales (en adelante, la “Muestra”), que las Municipalidades del Perú presentan un algo grado de incumplimiento de la Constitución, la LPAG y los criterios del Tribunal Constitucional, por lo que resulta necesaria la aprobación de la Norma Propuesta. Para tales efectos, se ha desarrollado la tesis en 4 capítulos, cada uno debidamente sustentado en el análisis de la normativa nacional sobre la materia, así como en doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera especializada. En el primero de ellos se define y expone la Potestad Sancionadora de la Administración Pública y la Infracción Administrativa. En el segundo capítulo, se desarrollan las consecuencias jurídicas aplicables ante la Infracción Administrativa: las Sanciones Administrativas y Medidas de Policía; básicamente, definiéndolas y distinguiéndolas entre sí. En el tercer capítulo, se exponen las particularidades del Municipio peruano: el ejercicio de sus competencias y la autonomía municipal, la Potestad Normativa Municipal, el Poder de Policía y la Potestad Sancionadora Municipal. Finalmente, en el cuarto capítulo, se efectúa, de un lado, el análisis de la Muestra, exponiendo las 8 principales deficiencias detectadas y, de otro lado, los mecanismos disponibles para implementar la Norma Propuesta, así como la necesidad y los beneficios que conllevarían su incorporación en el Perú. / Tesis

El artículo parte de la premisa de que, si bien ya nadie discute si la administración puede regular el procedimiento administrativo, no se puede desconocer que el parlamento es el órgano competente para dictar las normas que reglamentan el ejercicio de los derechos de los ciudadanos frente a la administración. Seguidamente, el estudio realiza un análisis de la armonización entre el principio de competencia y los de legalidad y eficiencia, y la importancia de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas las audiencias de este tipo. Finalmente, se desarrollan los principales aspectos de la relación entre el procedimiento administrativo y la tutela judicial efectiva, así como algunas nuevas funciones del procedimiento administrativo como la información y el consenso

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Reforma al procedimiento Laboral, se enmarca en la necesidad de dar plena vigencia a los derechos laborales, lo que requiere como condición indispensable, no sólo un reconocimiento normativo, sino que también y ante todo de mecanismos de tutela jurisdiccional idóneos y eficaces. Es precisamente éste el espíritu del cuerpo normativo materia de estudio de la presente memoria. En el curso de este trabajo, buscaremos recoger el propósito del nuevo proceso laboral, sus principios formadores, las principales normas de procedimiento y obtener de ello, el reconocimiento normativo de mecanismos de tutela jurisdiccional idóneos y eficaces para el logro de la equidad y de la efectiva vigencia del derecho. Revisaremos cada una de las aristas de la Ley, sus consecuencias sobre el procedimiento, las principales modificaciones en relación al sistema anterior, la experiencia de los sistemas de derecho comparados que han realizado experiencias similares, para finalmente elaborar un análisis crítico del cumplimiento de los objetivos esperados. Veremos como resultado de ello, lo fundamental que resulta para conseguir la efectiva tutela de los derechos laborales, ampliar la competencia de los Tribunales de la materia, de manera que puedan pronunciarse sobre materias de seguridad social, sobre toda responsabilidad del empleador; así como también, de las causas derivadas de actos discriminación con motivo de una oferta de empleo, de la ejecución o termino de un contrato de trabajo. Asimismo, y en el contexto de dar eficacia a los procedimientos laborales, revisaremos la correcta incorporación de principios formativos del procedimiento como la oralidad, la concentración, la inmediación, la buena fe y gratuidad, de forma de conseguir un procedimiento general más cercano, rápido y efectivo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Para cumplir los objetivos planteados, se procederá a la comparación entre procesos, el español y el chileno, lo cual se hará principalmente desde dos puntos de vista, primero, del objeto a probar, con la inclusión de la prueba indiciaria, por medio de la cual, al existir al menos indicios de veracidad en las afirmaciones del actor, el peso de la prueba recae en el empleador, quien tendrá que acreditar la justificación de su acción, y segundo, de los efectos de la sentencia, a saber, la indemnización, que incluye el daño moral, y la restauración del derecho vulnerado, todo esto, mediante el análisis crítico de la aplicación del procedimiento derecho a derecho. Se presenta ante nosotros, como antecedente, una legislación procesal que busca inhibir la violación de los derechos fundamentales de los trabajadores en sus relaciones laborales y que termina siendo, una protección efectiva ante la puesta en peligro de los mismos, poniendo a su disposición un sistema que apunta a retrotraer la situación al estado inmediatamente anterior de producirse la vulneración denunciada e indicándose medidas tendientes a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de dichas violaciones constatadas, incluyendo la posibilidad de que se imponga el pago de una indemnización por los daños efectivamente sufridos . Esto es a lo menos, un rayo de luz a la hora de esperar la puesta en marcha de lo que se proyectó como una efectiva modernización de la justicia laboral.

Tesis para optar al grado de Magíster en Derecho con mención en derecho tributario