La presente investigación nace a partir del cuestionamiento surgido de los casos de ciertos productos lácteos que no cumplirían con la normativa vigente. Se busca analizar cuáles son los criterios utilizados en el procedimiento de certificación de los productos y la normativa aplicable, contrastándola con los criterios utilizados por INDECOPI para cuestionar el uso de las denominaciones en las etiquetas de los productos para luego sancionar a las empresas. Asimismo, se busca examinar si a través de la actuación de esta entidad, se han vulnerado los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. Puesto que, los administrados confían en la autorización que les es otorgada por una entidad, pero luego cuestionada por otra. Para ello, se analizan diversos casos en los que la denominación utilizada en las etiquetas de los productos comercializados no sería la adecuada conforme a su verdadera naturaleza. Asimismo, se desarrolla el impacto de la emisión de un nuevo reglamento sobre este tema, para concluir que hasta antes de la vigencia de esta norma, no existían criterios coherentes y que actualmente, la actuación de INDECOPI no es la única a considerar en cuanto al impacto de la regulación de productos industrializados y su impacto en los derechos de los consumidores.

El autor intenta caracterizar jurídicamente el procedimiento administrativo de protección al consumidor, de esta forma identificar sus falencias, permitiendo, de esta forma plantear una propuesta de migración de procedimientos, siendo el ideal un procedimiento especial trilateral, sin perjuicio de conservar la potestad sancionadora como vía residual

El trabajo se desarrolla en base al criterio respecto al deber de idoneidad que tienen los proveedores de servicios públicos, destacando su relevancia y entendiendo que son las actividades asumidas por órganos o entidades públicas o privadas, creados por la constitución o las leyes para satisfacer de manera regular y continua a cierta categoría de necesidades que serían de interés general, bien sea en forma directa, mediante concesionario o a través de cualquier otro medio legal sujetos a un régimen de derecho público o privado. Asimismo, se destaca la relevancia de la creación de organismos reguladores a fin de que el estado cumpla con proteger el derecho de los usuarios de servicios públicos de manera eficiente, razonable y sobre todo entendiendo que toda regulación tiene como pilar fundamental la protección al usuario. Por ello, se desarrollará la función, objetivos y principios que cumplen los organismos reguladores en nuestro país

Teniendo en consideración que la publicidad comercial ha tomado gran importancia en el funcionamiento del mercado actual (pues no busca solo obtener beneficios comerciales, sino que también va moldeando en cierta forma nuestros hábitos y generando ciertos gustos específicos por determinados productos o servicios), es que resulta necesario dar a conocer que, además de la regulación estatal respecto a la materia publicitaria, también existe un sistema importante y que cada vez va tomando mayor relevancia: LA AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA, mediante la cual los propios privados se reúnen para auto imponerse normas de conducta que deben respetar, a fin de no dañar el mercado y establecer límites a la indiscriminada libertad publicitaria que en la realidad se producía. En tal sentido, el presente artículo jurídico busca desarrollar y analizar el sistema de autorregulación publicitaria, los efectos positivos y negativos de su funcionamiento y determinar si en una sociedad como la nuestra resulta más beneficiosa que el sistema de regulación estatal, el cual es competencia del Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). En tal sentido, se llega a la conclusión que la autorregulación publicitaria en el Perú constituye un reto no superado, pues presenta las siguientes fallas: (i) ante un incumplimiento de lo resuelto por el CONAR, el sistema de autorregulación publicitaria no puede hacer más que sancionar internamente al asociado (posiblemente con su expulsión), pero no puede obligarlo a cumplir con lo ordenado, pues carece de poder coercitivo; (ii) falta de credibilidad del sistema; (iii) los pronunciamientos del CONAR no son vinculantes y (iv) posibilidad que los medios de comunicación incumplan con lo resuelto por el CONAR.

La presente monografía tiene como hipótesis demostrar que la aplicación del Código de Protección al Consumidor por parte del organismo de competencia encargado de aplicarlo, actúa en despropósito de su protegido: el consumidor. Todo ello debido a la ambigüedad en la regulación y más aún sobre los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa al Consumidor, siendo que el concepto de Idoneidad que éstos últimos regulan no tiene un criterio objetivo a través del cual se pueda sancionar a los proveedores. La falta de un criterio objetivo para sancionar en un proceso Administrativo Sancionados, no sólo genera inseguridad jurídica, sino atenta contra el principio de tipicidad exhaustiva recogido en el artículo 230 inciso 4, titulado “Principio de la Potestad Sancionadora” en la Ley No. 27444 del Procedimiento Administrativo General y no es sostenible desde un análisis desde un punto de visto del Análisis Económico del Derecho

El presente trabajo académico pretende dejar la interrogante en sus lectores respecto a la viabilidad y funcionabilidad de la implementación del sistema de arbitraje de consumo establecido en la normativa de protección al consumidor. Para ello, se analiza y compara el arbitraje de consumo según la estructura planteada en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y el proceso arbitral regido por el DL 1071 Ley de Arbitraje. Asimismo, se realiza una crítica respecto a los problemas que enfrentaría la aplicación del arbitraje de consumo en nuestro país teniendo en cuenta la asimetría informativa propia de las relaciones de consumo y el principio de autonomía de la voluntad propio del arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias. Para ello, en primer lugar, se aborda de manera sucinta los problemas a los que encuentra expuesto un consumidor en el mercado y el procedimiento administrativo que se inicia ante INDECOPI para tutelar sus derechos. En segundo lugar, se analiza propiamente al arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias. En tercer lugar, se analiza el Sistema de Arbitraje de Consumo a implementarse a futuro y de forma progresiva según la normativa que lo regula. Finalmente, se evalúa la pertinencia de la implementación de dicho mecanismo y los problemas que ello acarrea

El presente trabajo constituye una contribución al análisis del fenómeno de la discriminación en nuestra sociedad, pero manifestado a través de la negativa al acceso de bienes y servicios a los consumidores que cuenten con ciertas características físicas vinculadas a sus rasgos raciales. En particular nos hemos centrado en el análisis de la discriminación racial en establecimientos de esparcimiento abiertos al público al ser éstos específicos lugares (como las discotecas) en los que se ha manifestado, y aún se manifiesta, el rechazo a ciertos grupos de personas debido a sus rasgos físicos, impidiéndose con ello su ingreso en base a falsas justificaciones (realización de fiestas privadas o exclusivas para socios, la limitada capacidad del local o la reserva del derecho de admisión, entre otros). Ante ello, con el presente trabajo se busca evaluar la funcionalidad y efectividad de los procedimientos administrativos instaurados por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de oficio o a pedido de parte, como medio para solucionar este tipo de prácticas. Para tales fines, se ha evaluado la jurisprudencia de dicho órgano administrativo, comparándola con los conceptos desarrollados por el legislador y por la doctrina, sin dejar de repasar otros modelos o sistemas normativos. En base a lo anterior, se entrega una propuesta o avance con el objetivo final mejorar las relaciones entre las personas, en particular entre consumidores y proveedores, a fin que sea utilizado como elemento de estudio para el perfeccionamiento de las vigentes soluciones legislativas a nivel procedimental y, sobre todo, como medio para reprimir conductas reprochables por el ordenamiento jurídico.

El presente informe del análisis de la Resolución N.º 001-2011/SC-2- INDECOPI tiene por objetivo exponer los razonamientos realizados por la Sala de Defensa de la Competencia N.º 2 del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para finalmente revocar la Resolución N.º 117-2010/INDECOPI-LAM, emitida el 29 de enero de 2010 por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Lambayeque, que declaró infundada la denuncia presentada por Rosa Margarita Cueva Tupac Yupanqui de Vignolo contra el Banco Falabella Perú S.A. por infracción del artículo 7º-B del Decreto Legislativo N.º 716, Ley de Protección al Consumidor. En consecuencia, la Sala, por medio de la Resolución N.º 001-2011/SC-2- INDECOPI, declaró fundada la denuncia de discriminación en el consumo contra una persona con discapacidad, toda vez que el denunciado limitó a la denunciante, de manera arbitraria, la renovación de su tarjeta de crédito, sosteniendo como único eje argumentativo la imposibilidad de identificarla, toda vez que la signatura carecía de exactitud respecto al documento nacional de identidad (DNI), haciendo una interpretación de los artículos 4 y 11 de la Resolución SBS N.º 264-2008, Reglamento de Tarjetas de Crédito. En este contexto, la Sala del Indecopi evalúa el caso a través de instrumentos jurídicos nacionales y supranacionales, con el propósito de establecer diferencias entre trato diferenciado y discriminación, teniendo como principal finalidad garantizar la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la persona y el derecho al bienestar, entre otros derechos de la persona con discapacidad. Finalmente, la Sala del Indecopi concluye que el caso debe hacerse de conocimiento a la Superintendencia de Banca y Seguros para que establezcan futuros lineamientos en favor de consumidores con condición de discapacidad y no se vean limitados del ejercicio de sus derechos. / The objective of this report on the analysis of Resolution No. 001-2011/SC-2- INDECOPI is to present the reasoning carried out by the Competition Defense Chamber No. 2 of the National Institute for the Defense of Competition and Protection of Intellectual Property (Indecopi) to finally revoke Resolution No. 117-2010/INDECOPI-LAM, issued on January 29, 2010 by the Commission of the Indecopi Regional Office of Lambayeque, which declared the complaint filed by Rosa Margarita Cueva Tupac Yupanqui de Vignolo against Banco Falabella Perú S.A. for violation of article 7º-B of Legislative Decree No. 716, Consumer Protection Law. Consequently, the Chamber, through Resolution No. 001-2011/SC-2- INDECOPI, declared the complaint of discrimination in consumption against a person with disabilities founded, since the accused limited the complainant, of arbitrarily, the renewal of her credit card, maintaining as the only argumentative axis the impossibility of identifying it, since the signature lacked accuracy with respect to the national identity document (DNI), making an interpretation of articles 4 and 11 of the SBS Resolution No. 264-2008, Credit Card Regulations. In this context, the Indecopi Chamber evaluates the case through national and supranational legal instruments, with the purpose of establishing differences between differential treatment and discrimination, with the main purpose of guaranteeing human dignity, autonomy, and the free development of the person. and the right to well-being, among other rights of the person with disabilities. Finally, the Indecopi Chamber concludes that the case must be brought to the attention of the Superintendency of Banking and Insurance so that they can establish future guidelines in favor of consumers with disabilities and not be limited in the exercise of their rights.

El presente informe analiza la Resolución N° 1976-2023/SPC-INDECOPI, donde se resuelve la denuncia administrativa presentada por la Sra. Catalina Ramos contra la Congregación de Religiosas Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús. Al haber contratado los servicios educativos de dicha institución para su hija, una estudiante con discapacidad que cursó el primer grado de secundaria en el establecimiento de la denunciada. La controversia versa sobre las infracciones al deber de información, idoneidad y discriminación contenidos en el Código de protección y defensa del consumidor. El análisis iniciará con el desarrollo del contenido del derecho a la educación inclusiva a la luz del modelo social de la discapacidad. Se revisará e interpretarán las normas sectoriales desde el modelo social de la discapacidad con el objetivo de dotar de contenido al deber de idoneidad y la garantía de la no discriminación. Se buscará argumentar que una correcta interpretación es necesaria para la tutela del derecho a la educación, el cual tiene una relevante protección constitucional. Finalmente, se evaluará la importancia de la coherencia del fallo de la Sala con relación a lo resuelto sobre la infracción al deber de información. Además de acotar la importancia del carácter oportuno y detallado del deber de información en la protección al consumidor. / This report analyzes Resolution No. 1976-2023/SPC-INDECOPI, which resolves the administrative claim made by Mrs. Catalina Ramos against the Congración de religiosas reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús. After having contracted the educational services of the mentioned institution for her daughter,a disabled student who attended the first grade of high school in the institution of the accused. The controversy is about the violations to the duty of information, adequacy and discrimination contained in the code of protection and defense of the consumer of Perú. The analysis will begin with the development of the content of the right to inclusive education in light of the social model of disability. The specific norms will be reviewed and interpreted from the social model of disability with the intention of providing content to the duty of adequacy and the guarantee of nondiscrimination. It will be argued that a correct interpretation is necessary for the protection of the right to education, which has a relevant constitutional protection. Finally, the importance of the coherence of the INDECOPI´s decision in relation to the judgment on the violation of the right to information will be evaluated. In addition, the importance of the opportune and detailed nature of the right to provide information in consumer protection will also be discussed.

El presente informe jurídico atiende a la necesidad de analizar la correcta aplicación al deber de inocuidad alimentaria según lo establecido en el Código de Protección al Consumidor. Es intención de la presente investigación analizar si la Resolución No. 0398-2022/SPC-INDECOPI hizo una correcta aplicación a los conceptos de inocuidad e idoneidad. De la misma forma, es objetivo del presente informe identificar el bien jurídico protegido en el deber de inocuidad alimentaria, así como establecer el alcance de la responsabilidad de los proveedores en ella. A partir de ello, se ha hecho una investigación jurisprudencias y doctrinaria para abordar los objetivos indicados. Como resultado, el presente trabajo señala que la aplicación del deber de inocuidad en los alimentos debe ser aplicada en virtud del criterio de especialidad a los casos en los que nos encontremos ante un producto alimenticio que pueda ser nocivo para la salud, por lo cual la Sala Especializada en Protección al Consumidor hizo una correcta aplicación de la norma, salvo por la resolución del caso en cuestión, según se indicará en el informe. / The present legal report addresses the need to analyze the correct application of the duty of food safety as established in the Consumer Protection Code. The intention of this investigation is to assess whether Resolution No. 0398- 2022/SPC-INDECOPI correctly applied the concepts of safety and suitability. Similarly, the objective of this report is to identify the legal interests protected under the duty of food safety, as well as to establish the scope of suppliers' responsibility in this regard. To achieve this, case law and doctrinal research have been conducted to address the aforementioned objectives. As a result, this work concludes that the application of the duty of food safety should consider a specialized approach in cases involving food products that may pose health risks. Therefore, the Specialized Consumer Protection Court correctly applied the norm, with the exception of the resolution of the specific case under review, as will be detailed in the report.