En el presente artículo, se desarrollan conceptos que nos ayudan a entender la necesidad de una tipificación de la figura del acoso en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Con dicho fin, la autora desarrolla de manera específica una de las formas en las que se desarrolla el acoso: el ciberacoso por medio de las redes sociales. Dada la importancia de dichas plataformas digitales de interacción, es necesario visibilizar la figura del acoso no solo desde una perspectiva agresor-víctima, sino también desde una perspectiva proveedor-consumidor a fin de reconocer cómo es que las propias redes sociales se deben responsabilizar frente a situaciones de acoso ante los usuarios, aún cuando la Autoridad Administrativa no reconoce, hasta la fechas, a dichas redes sociales como proveedores

Esta investigación tiene como objetivo identificar y criticar aquellas concepciones erróneas de las que partió la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi cuando emitió la Resolución Nº 243-2018/SPC-INDECOPI a través del análisis de las razones y fundamentos que dieron lugar a la decisión de este órgano resolutivo. Este trabajo encuentra su justificación en el impacto que causó esta decisión en el mercado y en especial en los consumidores, quienes la percibieron como una nueva norma que rompía una costumbre socialmente aceptada en el mercado de la exhibición cinematográfica. Asimismo, es igual de importante porque permite aplicar una serie de conceptos desde el punto de vista del análisis económico del derecho que habrían permitido tener un panorama más comprensivo de la realidad en la que se desarrolla la actividad económica de Cinemark. Así, este trabajo enfoca los problemas jurídicos relacionados a la cláusula abusiva, y el derecho a la libre elección de los consumidores como problemas económicos aplicando los conceptos de productos como paquete de atributos, el valor agregado como determinante de las actividades económicas, las externalidades negativas y la discriminación de precios. Asimismo, enmarca el problema identificados no solo desde la disciplina de la protección al consumidor, sino también desde el derecho de la libre competencia. Finalmente, el informe concluye en tres proposiciones: (i) la venta de alimentos es igual de importante para el cine que la venta de entradas al cine; (ii) la cláusula de restricción de acceso con alimentos adquiridos fuera de los establecimientos del cine no constituye una cláusula abusiva en tanto no restringe el derecho a la libre elección de los consumidores; y (iii) la Resolución de la Sala Especializada en Protección al Consumidor no se encuentra conforme con el ordenamiento jurídico.

El presente trabajo versa sobre la publicidad de productos cosméticos en los países de la Comunidad Andina (CAN). En este contexto, se ha revisado la normativa interna que tienen los países miembros de la CAN sobre este tema y se corroboró de que no incluyen pautas o parámetros comunes que debería adoptar todo aquel agente económico que realice publicidad sobre dichos productos. Asimismo, se revisó la Decisión 516 de la Comunidad Andina con la finalidad de verificar si contenía dichos parámetros, lo cual permitiría uniformar la legislación de los diferentes países miembros. Sin embargo, se comprobó de que no hay ningún artículo dentro de esta normativa que contemple esta materia; y, por tanto, existe un vació a nivel andino. Es por ello, que se considera la importancia que tendría que se incluya un capítulo sobre este tema en la Decisión 516, teniendo en cuenta que, toda infracción que se realice a través de la publicidad de productos cosméticos podría incidir directamente en la salud de los consumidores.

El informe administrativo es una de las herramientas de colaboración con la que cuentan las entidades de la Administración Pública. La aplicación de dicha figura, reconocida en el artículo 89° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en los procedimientos administrativos sancionadores ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI en materia de protección al consumidor de servicios financieros está orientado a lograr la colaboración entre las dos principales instituciones del sector: La Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs e Indecopi. En ese sentido, este informe pretende analizar a través de la revisión de doctrina nacional e internacional – así como de ciertas resoluciones administrativas de la autoridad de consumo - la vigencia de esta herramienta en un contexto en que se procura la conservación del criterio técnico en la interpretación legal que pueden emplear los Órganos Resolutivos del INDECOPI en los procedimientos administrativos sancionadores contra entidades supervisadas por la SBS. Finalmente, es importante precisar que el presente artículo, adicionalmente a los objetivos académicos que plantea, tiene la finalidad ambiciosa – y tal vez, soñadora – de poner en la agenda actual, el debate respecto a las oportunidades de mejora que existen en materia de protección al consumidor en el mercado financiero, siendo el único beneficiario, el consumidor de a pie

En este trabajo, la autora analiza una resolución del INDECOPI que versa sobre la discriminación contra las personas con discapacidad. En tal sentido, empieza desarrollando los conceptos claves para brindar un marco teórico a fin de aplicarlo al caso concreto, por lo cual se aborda el derecho a la igualdad y no discriminación, así como el derecho a la educación con la normativa peruana e internacional pertinente. Posteriormente, se evalúa la resolución materia de estudio, observando que la interpretación que realiza la Sala de Defensa del Consumidor y el fundamento de voto del vocal Juan Espinoza Espinoza acerca de si el artículo 38 del Código de Protección y Defensa del Consumidor recogería dos tipos infractores, es decir, el trato diferenciado ilícito y la no discriminación o solamente se limitaría al último de estos. Para lo cual, la autora brinda buenas razones para justificar la primera posición a propósito de los hechos del caso y con argumentos conceptuales. Asimismo, en aras de establecer claridad respecto a estos dos conceptos, se estudia la carga de la prueba, dando cuenta de ambigüedad contenida en el artículo 39 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Finalmente, se brindan razones que desvirtúan la posición de la parte denunciada. / In this work, the author analyses an INDECOPI resolution that deals with discrimination against people with disabilities. In this sense, it begins by developing the key concepts to provide a theoretical framework in order to apply it to the specific case, for this reason the right to equality and non-discrimination is addressed, as well as the right to education with the relevant Peruvian and international regulations. Subsequently, the resolution under study is assessed, noting that the interpretation made by the Consumer Defence Chamber and the voting by member Juan Espinoza Espinoza on whether article 38 of the Consumer Protection and Defence Code would include two types of offences, namely, illicit differential treatment and non-discrimination or it would only be limited to the last of these. For which, the author provides good reasons to justify the first position regarding the facts of the case and with conceptual arguments. Likewise, in order to establish clarity regarding these two concepts, the burden of proof is studied, accounting for the ambiguity contained in article 39 of the Consumer Protection Code. Finally, reasons are provided that reject the position of the denounced party.

El presente trabajo analiza el criterio del INDECOPI respecto a la responsabilidad de las aerolíneas por las interrupciones de itinerario generadas por los eventos técnicos ajenos a los programas de mantenimiento. Así, se parte de la hipótesis que las aerolíneas no pueden prever dichos eventos y es por este motivo que la Decisión 619 los contempla como exoneración de responsabilidad (circunstancia imprevista). Esta tema reviste de una particular importancia en el sector aéreo, pues actualmente INDECOPI investiga de Oficio el incumplimiento de itinerario de más de cinco mil vuelos, siendo que la gran mayoría de éstos son generados por eventos técnicos de mantenimiento que para la autoridad de consumo no son eximentes de responsabilidad. Se concluye que el razonamiento del INDECOPI es circular y cerrado, pues no distingue los distintos tipos de fallas que se pueden presentar en el transporte aéreo lo cual podría acarrear consecuencias negativas para el Estado peruano por contradecir un tratado internacional.

La Ley General de Salud en el artículo 29° señala que el establecimiento de salud queda obligado a proporcionar copia de la historia clínica al paciente que lo solicite; sin embargo esta norma no hace referencia alguna sobre los centros de medicina alternativa, los cuales son considerados servicios médicos de apoyo. Por ello, frente al vacío normativo que presenta esta ley, se ha llegado a la conclusión de que los centros de medicina alternativa, así como los establecimientos de salud, tienen la obligación de registrar y brindar copias de historias clínicas a los pacientes que lo soliciten, ya que debemos tomar en cuenta que al encontrarnos frente a un servicio profesional especializado respecto al cual los consumidores no necesariamente tienen conocimiento del diagnóstico, el tratamiento que se les va a realizar y los resultados que van a obtener, estaremos frente a una situación de asimetría informativa, por lo cual la información que se brinde a un paciente será importante y relevante. Es así que teniendo en cuenta que la historia clínica es un documento médico legal, que se encarga de registrar los datos de identificación, los procesos relacionados con la atención del paciente y que además contiene información relevante para el análisis del deber de idoneidad, ya que sirve tanto al consumidor como al proveedor como una primera constancia en el que se establece cómo se llevó a cabo un determinado tratamiento, la intervención y los actos practicados en cada consulta, las indicaciones del médico, las medicinas recetada; corresponderá que estos centros queden obligados a registrar y brindar dichas historias clínicas cuando los pacientes lo soliciten

Actualmente, el uso de la publicidad es uno de los mecanismos más importantes con el que cuentan los empresarios a fin de promocionar y hacer conocidos los productos y servicios que ofrecen en el mercado. Para ello, las empresas realizan diferentes estudios de mercado para determinar al público al cuál irá dirigido su producto; así como, el contenido de su campaña publicitaria. En ese sentido, podemos notar que las empresas que buscan promocionar ciertos productos dirigidos al cuidado del hogar, como detergentes, lavadoras, ollas, utilizan siempre determinado contenido en su publicidad, como sería el caso de la ama de casa que se encuentra lavando la camisa del esposo y para ello promociona un detergente que promete dejar mucha más blanca la camisa. En este ejemplo, podemos notar que el papel que posee la mujer en la referida publicidad podría ser el de un rol estereotipado (ama de casa). Este mismo escenario también se puede apreciar en el mercado de las bebidas alcohólicas, donde muchas veces, se utiliza a mujeres en prendas diminutas para promocionar una nueva cerveza que está siendo lanzada en el mercado. En ese tipo de publicidad se podría señalar que se utiliza a la mujer como un objeto puesto que se resalta su aspecto físico frente al producto

El incumplimiento de las obligaciones en materia de protección al consumidor por parte de las empresas que brindan el servicio de transporte terrestre interprovincial pueden acarrearles perjuicios económicos y reputacionales; por ello, adquiere relevancia analizar la necesidad de que dichas empresas implementen un Programa de Cumplimiento en materia de protección al consumidor en base a lo regulado por el Decreto Supremo N° 185-2019-PCM, siendo el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) la autoridad a cargo, para lograr una mejor comprensión de la problemática antes señalada se utilizará la metodología de riesgos legales, en base al análisis de casos resueltos y los lineamientos emitidos por la Autoridad de Consumo; asimismo, se establecerá los beneficios y diversas propuestas con el fin de que las empresas de transporte terrestre interprovincial de pasajeros logren prevenir riesgos. De esta manera lo que se busca es que las empresas de transporte terrestre interprovincial de pasajeros logren cumplir con sus obligaciones y promover una cultura de cumplimiento normativo en materia de protección al consumidor

En el presente trabajo de investigación académico se realiza un análisis de la actuación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual respecto a la interpretación realizada sobre el párrafo final del artículo 17 del Decreto Supremo N° 024-2002-MTC – Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, con relación a la presunta obligación asignada a las Compañías de Seguros de realizar el pago de las coberturas del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (en adelante, SOAT) a favor de los ocupantes de un vehículo no asegurado que resulten lesionados o fallecidos producto de un accidente de tránsito. En base a ello, partiendo de la revisión de conceptos básicos de la normativa de seguros y de seguros obligatorios y los principios que informan al sector, pasamos a cuestionar la necesidad y rigurosidad de la interpretación realizada por el INDECOPI, considerando que no ha existido un debate respecto a si en este supuesto específico nos encontramos o no ante una relación de consumo indirecta y, por ende, si correspondía la aplicación del Principio Pro Consumidor. Finalmente, luego de revisar el tratamiento que se le da a este supuesto en algunos países de la región y en España, proponemos una alternativa de solución que nos permite hallar un punto de encuentro entre los intereses del sector asegurador y los de la sociedad en su conjunto.