Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta memoria es poder buscar la opción de incorporar a la Ley de Protección al Consumidor, un apartado donde se encuentre sanciones penales para los proveedores que cometan actos con carácter de responsabilidad infraccional. De lo anterior es que se analiza los artículos de la Ley que consagran la responsabilidad infraccional, para determinar en cuales de ellos se podría exigir una sanción penal, como a su vez para aumentar la multa en los casos que lo ameriten, ya que en muchas oportunidades la multa resulta irrisoria en comparación al daño causado por el proveedor al consumidor

El libro analiza y discute las políticas de competencia, con especial énfasis en cuatro de ellas: la defensa de la «libre competencia» (antimonopolio o antitrust), la represión de la competencia desleal, la protección al consumidor y la supervisión de la publicidad. Las políticas de competencia pueden tener un impacto importante en el desarrollo de una economía al posibilitar la obtención de mejores resultados del funcionamiento de los mercados, pero para ello debe recibir especial cuidado la definición del contenido y la aplicación de estas normas. La cuestión central a abordar en tal discusión es el alcance de estas políticas de competencia, es decir, hasta dónde debe intervenir el Estado, en qué casos, qué determina que una intervención sea excesiva o no y a qué costos. Para ello se debe tener en cuenta que estas normas se basan en un supuesto fundamental: el desarrollo económico se consigue en la medida en que los mercados funcionen libremente y de manera adecuada. Las políticas de competencia se orientan a fortalecer el mercado, no a sustituirlo. Un uso indebido de las normas puede llevar a limitar iniciativas que generen un uso más eficiente de los recursos o a reducir, irónicamente, la competencia en los mercados.

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Una inquietante que se genera con la emisión del reciente reglamento de gestión para la atención de reclamos y requerimientos, aprobado por Resolución N° 4036-2022, es si contribuirá a mejorar la situación cotidiana de los usuarios y consumidores del sector financiero, brindando alivio a los principales problemas que atraviesan regularmente en relación al acceso de los servicios y productos que se ofrecen en el mercado o se mantendrá una situación regular sin mayores impactos positivos que puedan demostrarse en el día a día. Si bien es cierto un solo instrumento normativo no puede modificar la realidad nacional que el sector financiero atraviesa, es pertinente cuestionarse si contribuye a mejorar las condiciones por las que los usuarios atraviesan durante la contratación o uso de servicios o productos dentro de este sector. Por ello, es importante identificar si las modificaciones realizadas solo continúan un patrón regular de su predecesor la Circular N° G 184-2015, Circular de atención al usuario, o se enfoca en asegurar una mejor atención para disminuir la tasa de reclamos o requerimientos presentados, protegiendo realmente a los consumidores bajo un trato justo y equitativo, asegurándose que reciba información relevante e integral además de contar lo cual se llevará en todas las etapas asegurando un aparato de resolución más eficaz de acuerdo a cada necesidad presentada. / A disturbing one that is generated with the issuance of the recent management regulation for the attention of claims and requirements, approved by Resolution No. 4036-2022, is whether it will contribute to improving the daily situation of users and consumers of the financial sector, providing relief to the main problems they regularly go through in relation to access to services and products offered in the market or will a regular situation be maintained withoutmajor positive impacts. that can be demonstrated on a day-to-day basis. While it is true that a single regulatory instrument cannot modify the national reality that the financial sector is going through, it is pertinent to question whether it contributes to improving the conditions that users go through during the contracting or use of services or products within this sector. Therefore, it is important to identify if the modifications made only follow a regular pattern of its predecessor Circular No. G 184-2015, Circular of attention to the user, or focuses on ensuring better attention to reduce the rate of claims or requirements filed, really protecting consumers under fair and equitable treatment, ensuring that you receive relevant and comprehensive information in addition to telling which will be carried out at all stages ensuring a More effective resolution apparatus according to each need presented. / Trabajo académico

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis del manejo actual que se está realizando sobre el concepto de discriminación en el Indecopi y proponer una idea acorde a lo que consideramos pertinente en beneficio del derecho de protección al consumidor, a partir del nuevo criterio estipulado por la Sala de Protección al Consumidor del Indecopi. En ese sentido, explicaremos cuál era el criterio anterior utilizado por la entidad administrativa y señalaremos las diferencias entre el trato diferenciado ilícito, el trato diferenciado lícito y la discriminación. Posteriormente, plantearemos la figura del nuevo criterio impulsada por la Sala de Protección al Consumidor y explicaremos nuestro punto de vista al respecto. / This paper seeks to analyze the current management of the concept of discrimination at Indecopi and to propose an idea according to what we consider pertinent to benefit the consumer protection right, as from de new standard stipulated by the Indecopi’s Chamber of Consumer Protection. In that sense, we will explain what was the previous criterion used by Indecopi and will point out the differences between the illicit differential treatment, the legal differential treatment and discrimination. Subsequently, we will present the figure of the new criterion promoted by the Consumer Protection Chamber and we will explain our point of view in this regard.

El presente trabajo tiene como objetivo determinar si sería ideal que el microempresario fuera considerado como consumidor bajo el marco del Sistema de Protección al Consumidor. Para ello, este trabajo también se propone delimitar la finalidad de dicho sistema, sus funciones y la mejor forma que el Legislador podría utilizar conseguir los mismos. En ese sentido, este trabajo propone que la finalidad principal del Sistema de Protección al Consumidor es la corrección de la asimetría informativa en el mercado. Asimismo, la función principal de este sistema es la protección de los consumidores, mientras que la secundaria es la protección del proceso competitivo. Para conseguir dicho fin la mejor opción para el Legislador será implantar una presunción legal: deberá ser considerado consumidor el destinatario final de productos o servicios. De ese modo, no sería ideal que el microempresario, un agente del mercado (un proveedor), sea considerado como consumidor. Ello permitiría que la Autoridad de Consumo concentre sus esfuerzos en optimizar la corrección de la asimetría informativa.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo exponer la necesidad de constitucionalizar en Chile la protección del consumidor y usuario. Para ello, el Capítulo I comienza relatando la proclamación de los derechos de los consumidores y usuarios como Derecho Humano, aportándose datos sobre sus origen como derecho y luego como Derecho Fundamental. Además, se revisa su protección tanto en órganos internacionales como en España, Argentina, Brasil y Colombia. El Capítulo II plantea que, a pesar de la inexistencia de un precepto constitucional tutelar de los consumidores, sí es posible que ésta los contenga, para luego examinar los proyectos de reforma constitucional de los últimos años, centrándose en el del año 2014. Finalmente, se expresa la importancia de contar con un precepto constitucional que ampare a los consumidores y usuarios

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Las agencias de turismo responden directamente frente al turista por el cumplimiento de los prestadores finales del servicio, aunque éstos sean terceros respecto del contrato de viaje combinado. En el primer capítulo ahondaremos en la materialización normativa de esta premisa en el Derecho Comparado. En el segundo, conoceremos la realidad chilena y su estrecha relación con el Derecho del consumidor. Y en el tercer capítulo veremos como esto se manifiesta en nuestra justicia de policía local, ordinaria y constitucional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente proyecto de tesis tiene orígenes accidentados. En un principio, el proyecto pretendía otorgar una visión comparada en relación con un aspecto central de lo que había sido el desarrollo de los juicios colectivos hasta esa fecha, los inicios del año 2011. La tesis trataría principalmente sobre uno de los aspectos procesales que más debate había generado en la materia, una institución única en la legislación nacional consistente en la etapa de admisibilidad que presentaban los juicios o procedimientos diseñados para la defensa de intereses colectivos y difusos de los consumidores, institución introducida en la reforma del año 2004 efectuada a la Ley de Protección al Consumidor y que implicaba demoras de hasta más de tres años para entrar recién a la etapa de discusión de este juicio especial. Sin embargo, con el advenimiento del caso La Polar, hecho público en el mes de mayo de 2011, y a pesar que a esas alturas, con siete años de vigencia de la ley, ya se había constatado por algunos la necesidad de un cambio en este aspecto, la preocupación por la materia cambió radicalmente. Este caso generó un cambio en la conducta que hasta la fecha habían mantenido diversas autoridades con influencia en el ramo, cuestión que se vio reflejada en hechos concretos tanto en miembros del poder legislativo como en miembros del poder ejecutivo y servicios descentralizados.

El Tribunal Constitucional reconoce a favor de los consumidores el derecho a la reparación, lo hace al interpretar el artículo 65 de la Constitución, sustentando una pluralidad de principios, dentro de los que se encuentra el restitutio in integrum. Principio que debe ser entendido como el restablecimiento de la situación anterior a la comisión de una infracción, lo que no siempre es posible, por ello la indemnización juega un rol de trascendente importancia. Se puede manifestar entonces que el derecho en mención está garantizado en un contexto en el que se da viabilidad a ambos supuestos, lo que no es factible a través del procedimiento administrativo sancionador, que posibilita se orden únicamente medidas correctivas para resarcir consecuencias patrimoniales directas e inmediatas. Esta situación, queda evidenciada en resoluciones que emite la Sala Especializada en Protección al Consumidor, si se toma en cuenta que las infracciones que dan sostenibilidad a lo resuelto, trascienden las consecuencias mencionadas, sin que el INDECOPI pueda ir más allá. A ello se debe agregar que el arbitraje de consumo, tal como está planteado, no permite la garantía del derecho a la reparación. Al ser voluntario se genera un punto de quiebre en la aceptación del proveedor a someterse al mismo, frente a la solicitud del consumidor u optar por la adhesión. Agrava esta situación que se deja en consideración de los proveedores el establecimiento del monto máximo por concepto de indemnización, incluso determinar los conceptos. Además, se excluye la indemnización por daño moral. Y si bien, la vía judicial está pensada en la indemnización, existen barreras relacionadas a la competencia que no lo hacen viable. En efecto, cuando se trata de procesos de indemnización se da prevalencia a la competencia por la materia. Lo que implica que los jueces de paz letrado se pueden pronunciar únicamente en casos que provienen de accidentes de tránsito. Frente a ello, están los jueces civiles que declaran improcedentes las demandas presentadas por razón de la cuantía, ya sea en el marco de un proceso sumarísimo o abreviado. En este contexto, queda únicamente expedito el proceso de conocimiento, que es lato y oneroso, para que se pueda solicitar una indemnización, pese a que el valor de lo pretendido sea incluso menor a 50 URP. Por ello, la solución encuentra cabida en la ampliación de la competencia de los juzgados de paz letrado.