Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente estudio tiene por objeto el análisis de la práctica comercial conocida como Obsolescencia Programada, desde la perspectiva del Derecho. Como punto de partida se reseñará la evolución histórica que ha tenido este fenómeno y, conjuntamente, los aportes teóricos para su conceptualización. Posteriormente, se hará un breve análisis de cada una de las clases de obsolescencia que ha sido identificada por la doctrina, ilustrándolas con casos que sirven de ejemplos. De especial relevancia son los capítulos que se dedican al análisis de legislaciones extranjeras, especialmente el Derecho Comunitario Europeo y Derecho Brasileño, que han sido pioneras en otorgar protección al consumidor frente a esta práctica de los proveedores de bienes en el mercado de consumo. Complementando lo anterior, se analizarán algunos casos judiciales extranjeros relevantes y necesarios para determinar el estado actual de la cuestión. En el Capítulo Final, se examinarán los aportes de la doctrina extranjera para analizar la obsolescencia programada, desde instituciones del Derecho Civil y de Derecho del Consumo. Finalmente, en las Conclusiones, se reflexionará sobre la posible ilicitud de la obsolescencia como práctica empresarial, como asimismo las medidas de protección que tienen los consumidores frente a ella.

El objetivo general del presente trabajo es analizar los aspectos jurídicamente relevantes de la Resolución 2135-2012/SC2-INDECOPI; en el cual se aborda la resolución, en segunda instancia administrativa, de un caso vinculado a la discriminación en el consumo de una persona con síndrome de Down por parte de una compañía de seguros, en el marco de la solicitud de afiliación por parte de la primera a un seguro de salud ofrecido por esta última. Para llevar a cabo el análisis de la referida resolución, se ha empleado un método descriptivo y deductivo crítico de las principales instituciones jurídicas y preceptos normativos involucrados en el caso y su aplicación; valiéndonos también de la inclusión de antecedentes jurisprudenciales sobre la materia. Tras la aplicación de dicha metodología de trabajo, hemos llegado a dos conclusiones principalmente. La primera de ellas es que el trato diferenciado dispensado por la denunciada está desprovisto de razones objetivas y razonables; mientras que la segunda, que dicho trato diferenciado constituye un acto de discriminación en el consumo tipificado como una infracción normativa de naturaleza administrativa y proscrita por la Constitución. / The general objective of this paper is to analyze the legally relevant aspects of the Resolution 2135-2012/SC2-INDECOPI; in which the Tribunal of Defense of Competition, as a court of appeal, resolves a case involving discrimination against a person with Down syndrome by an insurance company in a consumer relationship. In order to carry out the analysis of the aforementioned resolution, we have used a descriptive and deductive critical method of the main legal categories and regulation involved in the case and its application; including legal precedents relevant to the case. After applying this methodology, we have reached two main conclusions. The first one is that the disparate treatment performed by the defendant is devoid of objective and reasonable reasons; while the second one is that such differential treatment constitutes an act of consumer discrimination, typified as a regulatory infringement of an administrative nature, outlawed by the Constitution.

El Sr. Rojas Leo denunció por derecho propio y en representación de la ciudadanía a América Móvil por infracción al deber de idoneidad, en tanto al momento de iniciar una llamada, antes de dar paso al timbrado regular, se escuchaba la locución "prueba la velocidad de la Gigared Claro". En Primera Instancia, se declaró improcedente la denuncia defensa de los derechos de los consumidores; y se admitió a trámite la denuncia por métodos comerciales agresivos y engañosos. En Segunda Instancia, se declaró la nulidad de la Resolución de Primera Instancia, se declaró improcedente la denuncia, pues es un tema que le compete al regulador OSIPTEL, y se señaló que el Sr. Rojas Leo no contaba con legitimidad para accionar en defensa de los intereses de los consumidores. En el presente trabajo se analizará la naturaleza publicitaria de la locución telefónica “prueba la velocidad de la Gigared Claro”, así como se evaluará si esta puede ser considerada como un método comercial agresivo o engañoso; o en su defecto, si puede significar una vulneración al deber de idoneidad en la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Finalmente, se dilucidará si el Sr. Rojas Leo, como persona natural, contaba o no con legitimidad para iniciar una acción procesal defendiendo los intereses difusos y colectivos de los consumidores y/o usuarios.

El presente informe analiza la resolución Nª 2025-2019/SPC-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada de Protección al Consumidor donde se resuelve sancionar al Banco Interamericano de Finanzas por infringir el mandato de no discriminación en el consumo en su servicio de otorgamiento de créditos hipotecarios y el deber de idoneidad en su servicio de tarjetas de crédito. La presente es una resolución importante porque aplica un cambio de criterio en la jurisprudencia del Indecopi de cómo ha de interpretarse la institución de la no discriminación en el consumo. Por ello, además de analizar la infracción al deber de idoneidad y si era o no competente el Indecopi para fiscalizar y sancionar, analizo, principalmente, si existe un adecuado manejo de la no discriminación en el consumo y sostengo como opiniones principales que el trato diferenciado del Banco no responde a una causa objetiva y razonable y que el cambio de criterio en la jurisprudencia del Indecopi no es adecuado para tutelar el mandato de no discriminación. Finalmente, concluyo, principalmente, que sí se ha constituido una infracción al mandato de no discriminación en el consumo porque se ha menoscabado el goce o ejercicio de un derecho en razón de un motivo prohibido de discriminación y sin existir una causa objetiva y razonable que explique el trato diferenciado del Banco.

El presente trabajo de investigación tiene como propósito ahondar en el contenido de la Resolución 1446-2014/SPC-INDECOPI, mediante la cual se dispuso dejar sin efecto la resolución final de primera instancia y declarar infundada la denuncia por infracción del artículo 38.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor interpuesta en contra de la Institución Educativa Privada Divina Providencia y la Congregación de las Canonesas de la Cruz. En ese sentido, se evalúa la cuestión referente a si impedir el ingreso a un colegio religioso a un menor que participa en la liturgia de otra religión, constituye un acto de discriminación o se encuentra justificado en tanto que esto podría generarle confusión. Asimismo, se discute materias vinculadas al contenido de la no discriminación religiosa en el ámbito de protección al consumidor. Asimismo, se plantean críticas sobre el sustento teórico que se dio a la justificación de la resolución y los efectos que podría traer en la sociedad al relacionarse con la cohesión social e incluso la democracia. / The purpose of this research work is to delve into the content of Final Resolution 1446- 2014/SPC-INDECOPI, which decided to nullify the final resolution of the first administrative instance and declare unfounded the complaint for violation of article 38.1 of the Código de Protección y Defensasa del Consumidor filed against Insstitución Educativa Divina Providencia Private and Congregación de las Canonesas de la Cruz. In this sense, the matter evaluated in this research is whether rejecting a minor who participates in the liturgy of another religion from entering a religious school, constitutes an act of discrimination or is justified under the assumption that this could generate confusion in the child. Likewise, it is also discussed matters related to the content of the rule of non-discrimination for religious motives in the field of consumer protection are discussed. Finally, criticisms are raised about the theoretical support that was given to the justification of the resolution and the effects that it could have on society as it relates to social cohesion and even democracy itself.

El presente informe aborda la Resolución 2135-2012/SC2-INDECOPI mediante la cual se confirma la Resolución 3329-2011/CPC de primera instancia y se sanciona a Rímac por discriminación en el consumo al haber impedido la suscripción de la hija del denunciante al seguro “Red Salud” debido a que ella tenía Síndrome de Down. Consideramos que Rímac actuó bajo el Principio de Legalidad pues, en el momento de la denuncia, ninguna norma le exigía que asegure a personas con discapacidad, muy aparte de aquello que solidariamente y de buena fe podría haber hecho. Asimismo, el obligar a Rímac a otorgar el mismo seguro de salud para una persona con necesidades especiales, que debe tener una mayor protección, no resulta en un servicio idóneo para dicha persona y para cubrir sus requerimientos de salud. La seguridad social es un derecho humano, pero también exigible a los Estados y obligar a las empresas privadas a brindar esos servicios no es la solución. El objetivo del presente informe es probar dichas hipótesis. En conclusión, Rímac tiene un derecho a la libertad de empresa protegido constitucionalmente y los informes de genetistas que indican que las personas con discapacidad representan un mayor riesgo debieron atenderse como causa objetiva para el trato diferenciado.

En la realidad peruana, específicamente, entidades del Estado, se han dado irregularidades plasmadas en los pronunciamientos de instituciones administrativas como es el caso del INDECOPI; por lo que, en la presente investigación, se procederá a analizar los recientes y controvertidos pronunciamientos de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, emitidos en las Resoluciones N° 0219- 2018/SPC-INDECOPI del 2 de febrero de 2018 y N° 0243-2018/SPC-INDECOPI del 7 de febrero de 2018, mediante las cuales, la autoridad administrativa concluye que la restricción consistente en la prohibición de ingresar con alimentos y/o bebidas ajenas a los establecimientos comerciales de Cineplex S.A. y Cinemark del Perú S.R.L., constituye una cláusula abusiva de ineficacia absoluta que limita los derechos de los consumidores, específicamente, su derecho de elección. Pronunciamientos que consideramos ser abiertamente inconstitucionales por haber sido emitidos sin tener en consideración el test de ponderación desarrollado por el Tribunal Constitucional y el contenido esencial tanto de los derechos de los consumidores como los de la libertad empresarial. Es por ello que, ante dichos pronunciamientos, expresamos nuestro total desacuerdo; puesto que, se está realizando una excesiva protección a los derechos de los consumidores, dejando de lado la libertad empresarial, la misma que es reconocida constitucionalmente como derecho fundamental. / Trabajo de investigación

El presente informe jurídico versará sobre el análisis de la Resolución N° 1255-2004/CPC de fecha 24 de noviembre de 2004 (en adelante la “RESOLUCIÓN”), emitida por la Comisión de Protección al Consumidor (en adelante la “COMISIÓN”), la cual tiene como materia de análisis la comisión de prácticas discriminatorias realizada por la empresa UNITED DISCO S.A. (en adelante “AURA”), misma que fue denunciada de oficio por la Comisión, en razón a la vulneración de derechos constitucionales. Asimismo, el presente informe jurídico también versará sobre el análisis de la Resolución N° 0939-2005/TDC-INDECOPI de fecha 26 de agosto de 2005 (en adelante la “RESOLUCIÓN FINAL”) emitida por la Sala de Defensa de la Competencia (en adelante la “SALA”), misma que resuelve el recurso de apelación presentado por Aura contra la Resolución, la cual tiene como materia de análisis, la prueba indiciaria y los sucedáneos medios probatorios. Para el presente informe, nos basaremos en los conocimientos adquiridos a lo largo del presente Programa de Segunda Especialidad, en jurisprudencia pertinente establecida por el Tribunal Constitucional, consulta con organizaciones de derechos humanos y también con autores que aborden sobre todo los conceptos que se aborde en el Marco Jurídico Conceptual. Finalmente concluiremos respecto a los limites establecidos al ejercicio de los derechos de la libertad de empresa y libertad de contratación contra el derecho a la dignidad de las personas y a la no discriminación respecto a su origen étnico y su indefensión ante actos discriminatorios por parte de empresas de servicio. / This legal report will deal with the analysis of Resolution No. 1255-2004 / CPC dated November 24, 2004 (hereinafter the "RESOLUTION"), issued by the Consumer Protection Commission (hereinafter the "COMMISSION"), whose subject of analysis is the commission of discriminatory practices carried out by the company UNITED DISCO SA (hereinafter “AURA”), which was denounced ex officio by the Commission, due to the violation of constitutional rights. Likewise, this legal report will also deal with the analysis of Resolution No. 0939-2005 / TDCINDECOPI dated August 26, 2005 (hereinafter the “FINAL RESOLUTION”) issued by the Competition Defense Chamber (in hereinafter the “ROOM”), which resolves the appeal filed by Aura against the Resolution, which has as its subject of analysis, the circumstantial evidence and the substitute means of evidence. For this report, we will base ourselves on the knowledge acquired throughout this Second Specialty Program, on pertinent jurisprudence established by the Constitutional Court, consultation with human rights organizations and with authors that address above all the concepts addressed in the Conceptual Legal Framework. Finally, we will conclude with respect to the limits established for the exercise of the rights of freedom of business and freedom of contract against the right to dignity of people and nondiscrimination with respect to their ethnic origin and their defenselessness against discriminatory acts by companies of service.

El presente informe tiene como objetivo realizar un análisis jurídico sobre los problemas vinculados a la Resolución No. 3252-2014/SPC- INDECOPI, los cuales se encuentran relacionados a la protección al consumidor en materia de servicios financieros. Al respecto, el señor Nelson Víctor Castillo Flores presentó una denuncia en contra del banco BBVA Continental S.A. por presunta infracción a la normativa de protección al consumidor debido a la supuesta inclusión de cláusulas abusivas en un contrato de refinanciamiento de deudas de productos masivos y un pagaré, y la no atención de un requerimiento de información y un reclamo presentado por el cliente en virtud de un contrato de préstamo. A raíz de ello, se busca demostrar que no se realizó un análisis adecuado en base a la normativa de protección del consumidor y la normativa sectorial emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, respecto a la necesidad de aprobación administrativa previa del clausulado cuestionado por el consumidor, su carácter abusivo y el desequilibrio de los riesgos asumidos por las partes. Además, comprobar que existe un incumplimiento al deber de información y de la acuerda atención de reclamos por parte de la entidad bancaria. Para ello, mediante la utilización de los métodos descriptivo, documental, comparado y analítico, que involucran la revisión y evaluación de la normativa aplicable, doctrina y resoluciones administrativas relacionadas a los temas en controversia, se podrá concluir que el Indecopi no realizó un análisis adecuado respecto al carácter abusivo de las cláusulas generales de contratación, la aplicación de la normativa que regulan estos acuerdos; y, que su actuación ha sido insuficiente para sancionar la inadecuada atención de reclamos y de requerimientos de información por parte de las entidades bancarias

El presente informe jurídico tiene como finalidad analizar y criticar la interpretación de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI, cuando emitió la Resolución N° 1222-2020/SPC-INDECOPI, con respecto a una denuncia por operaciones no reconocidas en la cual el titular declara haberlas realizado y aprobado; sin embargo, desconoce la validez de las mismas bajo una supuesta incapacidad de ejercicio. Asimismo, se analiza la pertinencia de las medidas de seguridad que adoptan las entidades financieras, frente a este tipo de denuncias. La justificación del análisis del caso, recae en la importancia de contar con un criterio más desarrollado por parte de la autoridad administrativa en denuncias similares, debido a que una interpretación errónea puede implicar en mayores costos de transacción que finalmente recae en perjuicio de los consumidores. Es por ello, que este trabajo enfoca los problemas jurídicos relacionados al análisis del concepto jurídico de operaciones no reconocidas, y al deber de idoneidad de las entidades financieras al adoptar las medidas de seguridad pertinentes. Finalmente, el informe concluye que: (i) las entidades denunciadas cumplieron con su deber de idoneidad en el servicio al no verificar la capacidad de ejercicio del denunciante; (ii) se adoptó las medidas de seguridad en las cuentas del denunciante, toda vez que las operaciones no reconocidas cuestionadas fueron realizadas por el propio consumidor; y (iii) la Resolución de la Sala Especializada en Protección al Consumidor inobservó el principio del debido procedimiento administrativo