El presente informe analizará la Resolución Nº 735-2022/SPC-INDECOPI, donde se resuelve la controversia entre una mujer trans1 y Altek Trading S.A.C.2 e Inmuebles Panamericana S.A.C.3 , mediante la cual la Sala de Protección al Consumidor del Indecopi realiza un cambio de criterio respecto al uso de baños por parte de personas trans, favoreciendo a la identidad de género de la administrada. Revisaremos dos aspectos de la decisión a la Sala –(i) los requisitos para la constitución de un acto de discriminación y (ii) la determinación de obligaciones para el proveedor a partir de sus conductas- para verificar si la resolución es un avance en el reconocimiento de derechos fundamentales a través de la protección al consumidor. Para ello, se debe revisar el marco legal de los derechos fundamentales de las personas trans; pero, a diferencia del análisis de la Sala, nos concentraremos en el reconocimiento nacional de estos, a través de tratados vinculantes y jurisprudencia constitucional. Con esas premisas, veremos cómo, en este caso, no era necesaria la evaluación de una justificación objetiva para determinar la constitución de un acto de discriminación; y que el proveedor, luego de cierto tiempo de adoptar una actitud a favor del consumidor, mantiene una obligación de continuar dicha actitud. / The present paper will analyze Resolution Nº 735-2022/SPC-INDECOPI, which resolves the controversy between a trans woman and Altek Trading S.A.C. and Inmuebles Panamericana S.A.C., through which the Superior Tribunal of Consumer Protection of Indecopi makes a change in criteria regarding the bathroom use of trans people, benefitting Claimant’s right of gender identity. We will revise two aspects of the Tribunal decision –(i) the requirements of the constitution of an act of discrimination and (ii) the constitution of obligations for the provider from its own actions- in order to verify if the resolution is an advance on the recognition of fundamental rights through consumer protection. For that purpose, we shall revise the legal frame of trans people fundamental rights; but, unlike the Tribunal, we will focus on their national recognition, through bonding international treaties and constitutional jurisprudence. With said premises, we will see how, in this case, it was not necessary to evaluate the existence of an objective justification to determine the constitution of an act of discrimination; and that the provider, after adopting a conduct in favor of the consumer for some time, will have an obligation to continue said conduct

En las últimas décadas hemos sido testigos que las sociedades actuales han venido evolucionado y se ha producido la trascendencia de los intereses colectivos por sobre los individuales. Es así que se ha producido la aparición de los denominados derechos de tercera generación dentro de los cuales se encuentran los derechos de los consumidores. El presente Informe nos permite analizar un asunto que continua vigente en nuestros días y que cada vez va adquiriendo mayor importancia, nos referimos a la tutela judicial de los derechos de carácter difuso. En el caso materia de análisis, el cual se desarrolla en el marco de un proceso de amparo, nos permite abordar sobre la protección de los derechos de los consumidores desde una óptica procesal. A través del caso planteado se pretende analizar los principales institutos procesales y demás mecanismos existentes en el modelo de proceso del proceso de amparo para efectos de verificar si estos resultan eficaces y/o suficientes para brindar una adecuada protección a los derechos los consumidores. De igual manera, en la búsqueda por un mejor resolver plantearemos nuestra posición sobre cómo debió haber resuelto el Tribunal Constitucional el presente caso, en ausencia de mecanismos procesales idóneos para el desarrollo de un proceso colectivo

El derecho a la información es aquella obligación que tiene el proveedor para brindar información relevante sobre los productos o servicios que ofrece al mercado para que el consumidor pueda tener una mejor decisión de consumo. Bajo esa misma línea, las agencias de viajes minoristas tienen la función de la elaboración, comercialización, orientación, brindar asesoría e información de los servicios turísticos nacionales e internacionales que tiene a su disposición. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando estas empresas omiten información a los consumidores? En el presente informe se analizará lo resuelto en la Resolución N° 435-2016/SCPINDECOPI por la Sala Especializada en Protección al Consumidor que revocó la resolución emitida por la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 al considerar que la agencia de viajes no tenía la obligación de brindar información respecto de las penalidades por la reprogramación de los paquetes turísticos y de los pasajes aéreos. Por ello, se realizará un marco teórico en la cual se explicará los alcances del deber de información, la responsabilidad que tiene el proveedor y si la reprogramación y penalidades debería ser considerado información relevante / The right to information is the obligation of the supplier to provide relevant information on the products or services offered to the market so that the consumer can make a better consumer decision. Along the same lines, retail travel agencies have the function of preparing, marketing, guiding, providing advice and information on the national and international tourist services available to them. Now, what happens when these companies omit information to consumers? This report will analyze what was resolved in Resolution No. 435-2016/SCP-INDECOPI by the Specialized Chamber on Consumer Protection that revoked the resolution issued by the Consumer Protection Commission No. 2 by considering that the travel agency did not have the obligation to provide information regarding the penalties for the rescheduling of tour packages and airline tickets. Therefore, a theoretical framework will be made in which the scope of the duty of information, the responsibility of the supplier and whether the rescheduling and penalties should be considered relevant information will be explained.

Durante los últimos años, Lima ha vivido una verdadera –y caótica- revolución urbana. Áreas agrícolas han dado paso a macroproyectos de viviendas. En donde antes se requería agua no potable para riego, hoy viven miles de familias que necesitan dicho elemento para poder vivir. Siendo así, surge la pregunta ¿estaba preparada la empresa prestadora de servicio de abastecimiento de agua potable para esta vorágine urbanizadora por parte del sector inmobiliario? ¿Cuántas multas han sido impuestas a las empresas inmobiliarias como consecuencia de las carencias de las empresas prestadoras de servicios (en adelante EPS) de abastecimiento de agua potable en Lima Metropolitana? En el presente trabajo de investigación, el autor busca establecer la relación entre las carencias de las EPS y las multas impuestas a las empresas inmobiliarias por la Autoridad Administrativa en materia de Protección al Consumidor. Asimismo, el autor establece que el derecho al abastecimiento de agua potable no sólo es un derecho constitucional y servicio público, sino también una garantía implícita y por ende su inobservancia implica una falta al deber de idoneidad de los desarrolladores inmobiliarios.

El presente trabajo de investigación se enfoca en analizar los cambios surgidos a partir de la Ley de Bancarización en el sector de Tarjetas de Crédito, tomando como protagonistas a la Superintendencia de Banca, Seguros & AFP (en adelante, SBS) y al Consumidor Financiero. En ese sentido, tiene como objetivo identificar los logros obtenidos a partir de la promulgación de la mencionada Ley y cuáles son las deficiencias que todavía se pueden percibir tanto por parte de la SBS como del propio Consumidor Financiero, vale decir cuánto han podido evolucionar en éstos años. En primer lugar, el presente trabajo desarrolla tres (3) pilares básicos y esenciales. A saber: la Inclusión, Cultura y Educación Financiera. Se realiza una explicación general de cada uno de ellos para posteriormente realizar un enfoque de estos tres pilares en el sector de tarjetas de crédito. Posterior a ello, se realiza un análisis del rol de la SBS tanto como ente supervisor como ente educador en el sector de tarjetas de crédito, puntualizando en este último las acciones mediante el portal SBS y el Plan Nacional de Educación Financiera. Después, se desarrolla al Consumidor Financiero de Tarjetas de Crédito, y en específico frente a las transacciones no reconocidas por éste. Finalmente, se concluye indicando que La Ley de Bancarización ha sido una norma de impulso fundamental para que los peruanos puedan acercarse al sistema financiero. No obstante, a pesar de este impulso, todavía es escaso este acercamiento, por lo que se deben de profundizar en tres pilares fundamentales: la Inclusión, Cultura, y Educación Financiera.

Quién responde frente al consumidor cuando este sufre algún perjuicio en los servicios de transporte contratados por aplicativos deben de ser los aplicativos móviles y también los conductores cada uno en proporción de lo que el pasajero espera que respondan. La idea es cuestionar que las normas actuales necesitan un cambio conforme han mejorado las formas de contratación de los pasajeros del taxi regular al taxi por aplicativo. La norma se ha quedado en el pasado no contempla figuras como intermediarios ni la velocidad de las relaciones de consumo actuales. / Trabajo académico

El presente informe desarrolla el procedimiento de denuncia realizada por Miguel Ángel Céliz Ocampo en contra de Rimac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros por la infracción del Código de Protección al Consumidor. Específicamente los artículos 1.1 literal d) y 38 del referido Código. El INDECOPI confirma, en el procedimiento ante la Comisión y la Sala de Protección al Consumidor, que los hechos acaecidos constituyeron un acto de discriminación en razón de la discapacidad e Sandra Céliz e imponen una multa y una medida correctiva. Adicionalmente, se examina el cumplimiento de la medida correctiva a partir del ofrecimiento de la póliza por Rimac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros. En el presente documento se analizan los hechos a la luz del marco nacional e internacional sobre la efectivización del derecho a la seguridad social de las personas con discapacidad, la prohibición de discriminación y el ejercicio de la autonomía privada, para determinar que el razonamiento del INDECOPI fue acertado al momento de resolver la controversia. Todo ello teniendo en cuenta el modelo social de la discapacidad como pilar en el análisis del caso. En razón de ello concluimos que la Comisión y la Sala resuelve bien al determinar la comisión de un acto de discriminación en el consumo y que el razonamiento del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor no cumplió con resolver adecuadamente respecto de la medida correctiva.

El Certificado de Accidentes de Tránsito (CAT) fue creado una alternativa más económica, en comparación al Seguro Obligatorio contra Accidente de Tránsito (SOAT), para los transportistas públicos que requieran contratar un seguro contra accidente para operar dentro del territorio peruano. No obstante, en la actualidad, la tendencia es que en accidentes de tránsito que involucren a un vehículo de transporte público, las víctimas no sean atendidas o indemnizadas de manera adecuada, pese a la existencia del CAT. En virtud ante esta situación, el presente trabajo de investigación busca analizar la figura del AFOCAT en virtud a su naturaleza y marco normativo, a fin de determinar si resulta necesario reformar el mismo a efectos de brindar una protección adecuada a los usuarios de dicho servicio: las víctimas de un accidente de tránsito que involucre a un vehículo que se dedique al transporte público. Ello debido a que, a comparación del SOAT, la legislación del CAT es mucho más flexible, toda vez que no es un producto de seguros, sino un autoseguro que opera bajo la estructura de un fideicomiso. Lo cual genera y permite ciertas distorsiones del mercado que generan un perjuicio para los beneficios de las indemnizaciones y/o atenciones. Por lo que resulta necesario reformar el sistema del CAT o de las Asociaciones de Fondos Contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT), incorporando algunos elementos de un sistema paralelo: el SOAT. / The Traffic Accident Certificate (CAT) was created as a more economical alternative, compared to the Compulsory Traffic Accident Insurance (SOAT), for public transportation companies that need to contract an accident insurance policy to operate within the Peruvian territory. However, at present, the tendency is that in traffic accidents involving a public transportation vehicle, the victims are not adequately attended or compensated, despite the existence of the CAT. In view of this situation, the present research work seeks to analyze the figure of the AFOCAT by virtue of its nature and regulatory framework, in order to determine whether it is necessary to reform it in order to provide adequate protection to the users of such service: the victims of a traffic accident involving a vehicle engaged in public transportation. This is due to the fact that, compared to the SOAT, the CAT legislation is much more flexible, since it is not an insurance product, but a self-insurance that operates under the structure of a trust. This generates and allows certain distortions in the market that generate a detriment to the benefits of indemnity and/or care. Therefore, it is necessary to reform the CAT system or the Traffic Accident Funds Associations (AFOCAT), incorporating some elements of a parallel system: the SOAT. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación dará a conocer el nuevo criterio adoptado por el Indecopi, respecto al despliegue de todas las medidas de seguridad contenidas en la Resolución Nº 6523-2013. Sin embargo, actualmente el Indecopi viene utilizando este nuevo, pretendiendo dejar sin efecto la aplicación de la improcedencia de las imputaciones en los casos de subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la imputación de cargo (Decreto Legislativo N°1308º que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor). Sobre el particular, es preciso tener en consideración que, el referido cuerpo normativo limita la potestad sancionadora del Indecopi, como entidad estatal encargada de resguardar y velar por la protección de los consumidores, en los casos en los que se evidencia la improcedencia de la denuncia, entendida como la ausencia de justificación legal para emitir pronunciamientos de fondo sobre la materia controvertida. En ese sentido, tal como será desarrollado en el presente trabajo, se evidenciará que la Comisión no está siguiendo una línea clara en el análisis del deber de monitoreo cuando los consumidores financieron denuncian presuntas operaciones no reconocidas, vulnerando la finalidad de la improcedencia contemplada en el Decreto Legislativo N° 1308, que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, utilizándose en los casos en los que por improcedencia parcial se impida y/o extinga la potestad administrativa del Indecopi para pronunciarse sobre el fondo de la materia controvertida.

El presente informe jurídico versa sobre el estudio de la Resolución 2365- 2018/SPC-INDECOPI conforme a las infracciones cometidas a los artículos 2.1, 19, 25 y 67,4 literal c) del Código de Protección al Consumidor – Ley N° 29571 (en adelante, el Código de Consumo), por parte de la Clínica San Gabriel (en adelante, La Clínica) contra la señora Ana Sofía Gonzales Hurtado (en adelante, el Consumidor) al brindarle un servicio médico deficiente, puesto que del análisis del caso se puede desprender que las consecuencias o riesgos de la intervención quirúrgica, denominada litotricia intracorpórea, no fueron trasladadas de forma oportuna al Consumidor a través del consentimiento informado.. En tal sentido, la presente Resolución concluyó que la Clínica generó una clara afectación al artículo 2.1 del Código de Consumo por no lograr demostrar que ha otorgado una información clara, sencilla, suficiente, oportuna y veraz al Consumidor referente al riesgo de ruptura ureteral,, toda vez que la señora Ana Sofía Gonzales Hurtado se realizó la intervención sin tener claro cuales serían los riesgos de la operación médica denominada Litotrica Intracorpórea, la cual desencadenó la pérdida de su uréter y riñón derecho, por medio, de una nefrectomía. Asimismo, la referida Resolución consideró que no hubo afectación alguna a los artículos 19 y 25 del Código de Consumo referentes a la prestación del servicio de litotricia intracorpórea, la cual a criterio de la Sala fue generada de forma correcta y cumpliendo las medidas de seguridad conforme a los avances de la ciencia y técnica del momento. / The present legal report deals with the research of Resolution 2365-2018/SPCINDECOPI pursuant to the violations committed to Articles 2. 1, 19, 25 and 67.4 literal c) of the Consumer Protection Code - Law No. 29571 (hereinafter, the Consumer Code), by the San Gabriel Clinic (hereinafter, The Clinic) against Mrs. Ana Sofía Gonzales Hurtado (hereinafter, the Consumer) by providing her with a deficient medical service, since from the analysis of the case it can be inferred that the consequences or risks of the surgical intervention, called intracorporeal lithotripsy, were not transferred in a timely manner to the Consumer through the informed consent In this sense, this Resolution concluded that the Clinic generated a clear affectation to article 2.1 of the Consumer Code for failing to demonstrate that it has provided clear, simple, sufficient and truthful information to the Consumer regarding the risk of ureteral rupture, since Mrs. Ana Sofía Gonzales Hurtado underwent the intervention without being clear about the risks of the medical operation called Intracorporeal Lithotripsy, which triggered the loss of her ureter and right kidney, by means of a nephrectomy. Likewise, the aforementioned Resolution considered that there was no affectation to articles 19 and 25 of the Consumer Code regarding the provision of the service, which, at the discretion of the Chamber, was generated correctly and complying with the security measures in accordance with the advances of the science and technology of the moment.