El actual sistema de economía social de mercado ha generado una serie de situaciones nuevas que presionan el contenido clásico del Derecho, como la globalización económica, la innovación tecnológica, el libre comercio, la libertad contractual, la libre competencia, la regulación de servicios, la autorregulación empresarial entre otras manifestaciones que han motivado una mayor apertura e integración de los mercados y por ende mayor competitividad comercial. Estas condiciones socioeconómicas abren para el consumidor un nuevo panorama como beneficiario del sistema, a tal punto que hoy hablamos de protección del consumidor, pero ¿quién es el consumidor?, ¿contra qué debería protegérsele?. Un consumidor es una persona que para atender sus necesidades o para su propio placer compra o arrienda productos y utiliza servicios ofrecidos por entes públicos o privados. Esta es al menos la definición más simple que nos servirá de derrotero para el estudio del tema, y ¿Contra qué debería protegérsele al consumidor?, para decirlo sencillamente, debe protegérsele contra el engaño y el abuso de los proveedores. / Tesis

Las ventajas y desventajas que surgieron tras la aparición del comercio y la contratación electrónicos respecto de distintas ópticas jurídicas han sido de nuestro interés desde nuestras primeras investigaciones. Para nosotros en los inicios de la proliferación del internet, éste se veía solo como un nuevo medio de comunicación, pero con el devenir de los años las personas en general se dieron cuenta que no podía observarse de modo unidisciplinario y la idea evolucionó a una realidad vista como una herramienta que ha innovado todos los aspectos de la vida cotidiana, las personas se han mudado del mundo físico a la interacción digital inmediata, eliminando el concepto de distancia para dar paso a la globalización y sus consecuencias. / Tesis

El presente trabajo realiza una amplia reflexión con relación al rol del regulador bancario en materia de protección al consumidor. Actualmente la función de regulador bancario es ejercida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Por su parte, el esquema de protección al consumidor de los usuarios en situación de asimetría informativa al interior del Sistema Financiero es asumido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Sin embargo, conforme se evidencia en el presente trabajo, diversos aspectos de protección al consumidor de productos y servicios financieros se encuentran en la órbita del regulador bancario, siendo que existen oportunidades de mejora para definir adecuadamente un esquema que permita abordar de modo ordenado y coherente las iniciativas que deben existir en materia de productos y servicios financieros. El trabajo normativo desarrollado por el regulador bancario es abundante, y ciertamente innovador a nivel regional, siendo preciso indicar que el presente trabajo repasa algunas de las diversas iniciativas regulatorias adoptadas. Por otro lado, nuestro país también ha desarrollado diversas iniciativas para generar mayores niveles de inclusión financiera: se aspira a que la población pueda acceder a herramientas de crédito y alternativas de ahorro que les permitan tomar decisiones planificadas. Para ello resulta fundamental que la población perciba que existe un control que proteja al consumidor bancario. / Tesis

La investigación se sustenta en el análisis de los casos resueltos por el Indecopi relativos al empleo de ventas agresivas entre los años 2001 a 2011, que se presentaron únicamente en la promoción y venta de productos vacacionales. Se evidenció que las denuncias presentadas por consumidores que se habían visto afectados económicamente por el empleo de ventas agresivas, no se resolvían en forma favorable a estos, debido a que no se contaba con mecanismos legales que los protegieran específicamente de tales prácticas, así como a la aplicación inflexible de la carga probatoria a cargo del consumidor, tal como se encontraba establecida en la normativa vigente cuando se inició la investigación. Luego de haber concluido la investigación consideramos que la importación legislativa plasmada en el Código e Protección y Defensa del Consumidor no satisface en modo alguno las necesidades de la problemática ocasionada por el empleo de los métodos comerciales agresivos. Por el contrario, genera nuevas debilidades en el sistema de protección al consumidor respecto a tales prácticas, por su falta de adecuación a las reales necesidades del consumidor potencialmente afectado. / Tesis

Las resoluciones administrativas devienen en actos de imperio de la administración pública, que para su emisión conllevan criterios interpretativos que, sin llegar muchas veces a ser precedentes de observancia obligatoria, generan válidas expectativas en los administrados para adecuar su conducta y ejercer sus derechos conforme a ley. Sin embargo, el cambio o establecimiento repentino de nuevos criterios puede traer perjuicios a aquellos administrados que confiaron en la actuación coherente y predecible de la administración. En dicho contexto, este artículo aborda las variaciones de criterio interpretativo de los órganos administrativos especializados en materia de consumo a cargo de Indecopi, a través de la invocación del denominado “Principio de Protección de la Confianza Legítima”. Se analiza su historia, elementos, requisitos y presencia legal en el Perú, y la pertinencia de su invocación en un procedimiento administrativo sancionador establecido dentro de un marco de protección constitucional a los consumidores o usuarios. Asimismo, se revisará cómo la jurisprudencia de Indecopi ha resuelto controversias en diversos sectores de consumo amparándose en tal principio, y si aquella entidad cumple con su deber legal de generar predictibilidad a través de sus pronunciamientos. / Trabajo académico

El boom inmobiliario se puede analizar desde muchas perspectivas. No solo ha facilitado una nueva vivienda a muchas familias, también ha generado serios problemas a otras tantas. En efecto, los autores de la presente investigación han verificado que, en la realidad, se vienen presentando hechos que van contra el derecho de los consumidores que adquirieron viviendas en Lima Metropolitana, toda vez que algunos se enfrentan a incumplimientos por parte de las inmobiliarias que se expresan en la demora o falta de entrega de sus inmuebles, falta de saneamiento registral, o bienes entregados con distintas características y medidas a las contratadas, entre otros. Por ello, la presente investigación se centró en determinar las acciones necesarias para que los consumidores puedan adquirir viviendas satisfactoriamente. Para tal finalidad, se recurrió a las instituciones más importantes involucradas, esto es, al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), para solicitar información sobre la casuística relacionada y al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para verificar si se cumplían ciertos mandatos normativos. De otro lado, se realizaron entrevistas con altos funcionarios del Indecopi y representantes de actos privados claves. Fue importante el análisis de la normativa vigente y las funciones de cada institución vinculada con el tema. Para determinar la estrategia, los autores de la presente investigación se guiaron de la metodología del marco lógico, que les ayudó a construir el árbol de problemas y el de objetivos y, a partir de su análisis, identificar que el punto clave en este problema es la información y educación de los propios consumidores. A partir de esto se articuló una estrategia adecuada para lograr el objetivo que sería reducir la incidencia de estos problemas que sufren los consumidores que adquieren su vivienda en Lima Metropolitana.

El presente trabajo tiene por finalidad analizar los problemas jurídicos de la Resolución No. 0213-2015/SPC INDECOPI, mediante la cual la Sala Especializada en Protección al Consumidor declaró responsable a Mibanco Banco de la Microempresa S.A por limitar el derecho de los consumidores a realizar pagos anticipados de crédito; así como impedir el acceso de manera inmediata al Libro de Reclamaciones, derechos reconocidos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Código de Consumo). Los fundamentos de la Resolución se basan principalmente en la inspección realizada como parte de una investigación a causa de reclamos presentados ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) donde se verifica la limitación de los mencionados derechos del señor Gamarra. En ese sentido, se determina en qué consiste el derecho al pago anticipado de crédito y el Libro de Reclamaciones, analizando luego si se infringen los artículos 86 y 150 del Código de Consumo. Así, respecto del primer problema jurídico principal, sobre el derecho al pago anticipado de crédito; la vulneración tiene origen en la información brindada por el representante de atención al público acerca del procedimiento interno de la entidad financiera para tramitar dichos pagos; sin embargo, en la Resolución se decide no analizar este procedimiento, así como resolver sin tomar en cuenta la normativa sectorial vigente a la fecha de los hechos. Asimismo, respecto del segundo problema jurídico sobre el acceso inmediato al Libro de Reclamaciones; el Colegiado no se pronuncia sobre el procedimiento de atención de reclamos establecido previamente por la norma sectorial sancionando por el artículo 151 del Código de Consumo. Concluyo que, se sanciona correctamente a Mibanco por infracción al artículo 86, no obstante, respecto del acceso inmediato al Libro de Reclamaciones constituye un supuesto previsto en el artículo 152.

Los métodos comerciales agresivos, tipificado en el artículo 58° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, tienen como objetivo mermar de manera significativa la libertad de elección del consumidor a través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo. No obstante, y conforme se analizará detalladamente en el presente trabajo académico, la protección que brinda la autoridad no debería abarcar a todos los consumidores, por lo que resulta necesario realizar una modificación en el precitado artículo. Y es que, el Código de Protección y Defensa del Consumidor debe proteger al consumidor que actúe con la diligencia mínima exigible en el mercado, toda vez que proteger al consumidor, en cualquier caso, sin importar su diligencia, es otorgarle una garantía de que siempre será tutelado incluso cuando éste ha actuado con irresponsabilidad. En atención a ello, postulamos un cambio en la interpretación que se ha venido dando a las prácticas agresivas, toda vez que, los argumentos utilizados por la autoridad tienden a proteger al consumidor negligente, omitiendo (u olvidando) que aquel siempre tiene la posibilidad de no de adquirir el producto o servicio ofrecido por el proveedor. Por lo antes expuesto, el presente trabajo concluye con una sugerencia consistente en modificar el numeral 58 del artículo 58° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, específicamente del inciso f). La conclusión principal se fundamenta a partir de un análisis normativo, doctrinario y jurisprudencial realizado en relación a las prácticas comerciales agresivas

El presente trabajo se enfoca en analizar las medidas de seguridad instauradas para el uso de las tarjetas de crédito y débito por el consumidor y determinar cómo se deben aplicar estas medidas para operaciones inusuales en estas tarjetas, especialmente el sistema de monitoreo y del deber de alerta a cargo del proveedor. En base a ello, se tiene como objetivo principal analizar y determinar la forma de aplicación de estas medidas de seguridad para tutelar el interés económico del consumidor ante operaciones inusuales. Se partirá por exponer aspectos generales sobre la temática, desde el análisis de las tarjetas de crédito y débito, verificando su concepto, características hasta el análisis de operaciones inusuales, verificando cuando estamos ante una operación inusual, para determinar las medidas de seguridad que se han establecido ante dichas operaciones. De esta forma, se podrá evidenciar qué tipos de medidas se han instaurado y la necesidad de formular una propuesta para la forma de aplicación de estas medidas, particularmente la oportunidad del deber de alerta por parte de las entidades del sistema financiero, en tanto la norma no regula una forma específica. Finalmente, en base a todo lo analizado, tomando como referencia las premisas desarrolladas y los criterios utilizados por la Sala Especializada en Protección al consumidor sobre la materia, se consignará como se deben aplicar las medidas de seguridad que son necesarias para la protección al consumidor en el uso de las tarjetas de crédito y débito.

En el mercado masivo de bienes y servicios, la agilidad y automatización es un elemento clave que permite a los comercios vender más en el menor tiempo posible. La concepción clásica del contrato en la que el acuerdo de voluntades es, en la mayoría de los casos, el resultado de una etapa de negociación previa ha quedado desfasada por un acuerdo que se perfecciona con la adhesión de una de las partes al programa contractual fijado por su contraparte. Sin embargo, cuando este acuerdo se produce en el marco de una relación de consumo, existe el riesgo de que el predisponente se aproveche de su condición privilegiada para incluir cláusulas cuyas prestaciones u obligaciones resulten demasiado gravosas para el adherente. Esta problemática resulta particularmente grave cuando los bienes o servicios materia de transacción son aquellos indispensables para el bienestar del ciudadano, como lo es la vivienda. El presente artículo tiene por objetivo evidenciar la crisis actual del sector inmobiliario en el mercado de consumo, a fin de esbozar algunas propuestas de solución que podrían contribuir a frenar el abuso desmedido de muchos de los proveedores inmobiliarios en el Perú. / In the mass market of goods and services, agility and automation is a key element that allows retailers to sell more in the shortest time possible. The classic conception of the contract in which the agreement of wills is, in most cases, the result of a prior negotiation stage has been superseded by an agreement that is formalized by the adherence of one of the parties to the contractual program set by the other party. However, when this agreement takes place within the context of a consumer relationship, there is a risk that the supplier may take advantage of its privileged status to include clauses containing obligations that are too burdensome for the customer. This problem is particularly serious when the goods or services involved in the transaction are those indispensable for the well being of the citizen, such as housing. The purpose of this article is to evidence the current crisis of the real estate industry in the consumer market, in order to outline some proposed solutions that could contribute to stop the excessive abuse of many of the real estate providers in Peru.