Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En primer término, el presente trabajo pretende subsanar deficiencias procesales que se han ido develando con el devenir de los años en ciertos ámbitos de la contratación. Si bien, desde una óptica tradicional, en las relaciones entre particulares existen lazos de carácter eminentemente horizontal, en que las partes se miran como iguales, hoy por hoy, en contextos tales como la responsabilidad médica por mala praxis, el derecho del trabajo o de protección al consumidor, presentan especiales características de desigualdad económica, productiva y de información, entre las partes contratantes. Para esto, analizaremos la institución moderna de la carga dinámica de la prueba, sus principales características y estructura, consecuencias prácticas, fundamentos que llevaron a su creación y estudio, así como también, el actual estado de la distribución del esfuerzo probatorio en áreas de especial interés; como son el derecho laboral y de protección al consumidor. Luego, se construirá doctrinalmente el principio de colaboración, a través de los elementos que nos proporcionan la buena fe y la adquisición procesal. Veremos que dicho principio actúa como idea inspiradora de diversas normas que contemplan sanciones efectivas a las partes que injustificadamente no colaboren en el esclarecimiento de los hechos. En tercer lugar, presentamos como modelo alternativo, la responsabilidad objetiva y las presunciones de culpa, los cuales permiten eximir de la carga de acreditar la negligencia con que ha actuado el causante del daño, cuando se trate de actividades que normalmente lleven un riesgo aparejado por el solo desarrollo de dicha función. Cerraremos dando un vistazo hacia el exterior y examinaremos el tratamiento con el que el derecho comparado ha intentado revertir situaciones de desigualdad contractual y procesal, dentro de las reglas relativas a la carga de la prueba. Por último, expondremos un ítem final que da cuenta del Proyecto de Ley (Boletín 9369-03), en actual tramitación, que pretende incorporar a la normativa vigente de defensa de los derechos de los consumidores, una alteración de las cargas probatorias de manera facultativa por el juez, verificados ciertos supuestos de hecho. Para finalizar, se extraerán las conclusiones que se coligen del presente trabajo, delimitando así, el mecanismo idóneo bajo el cual se posibilita el restablecimiento de la igualdad entre las partes.

Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada a texto completo hasta el año 2014 / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria aborda uno de los principales problemas que han surgido en la discusión doctrinaria procesal, la existencia de facultades probatorias de oficio en las diversas normativas, esto enmarcado en un análisis del procedimiento laboral de aplicación general. La forma de tomar el tema presenta una diferencia en el análisis, puesto que se analizará el efecto de las mismas en la estrategia procesal de las partes. Para llegar a este razonamiento se utiliza una herramienta teórica surgida en la economía, cual es, la teoría de juegos. Para enmarcar la investigación, el texto comienza con una visión esquemática de las dos escuelas más relevantes, el garantismo procesal y el publicismo, exponiendo aquellos puntos de discusión más relevantes en la dogmática procesal. Una vez adoptada una visión respecto del objeto del proceso, comienza un análisis respecto de la figura del juez en éste, haciendo un análisis de los diversos deberes y facultades que se le atribuyen en general en las normas procesales. Una vez terminado el análisis doctrinario general pasamos a analizar el procedimiento laboral de aplicación general, cuestión que será muy importante a la hora de establecer las reglas del juego que propondremos. Aquí nos detendremos particularmente en la regulación de las facultades probatorias oficiosas en el Código del Trabajo. Luego de haber establecido las normas relevantes para esta investigación, pasaremos a realizar un análisis económico de las mismas, basado en criterios de eficiencia. Una vez determinado aquello propondremos un modelo de análisis basado en la interacción estratégica, de la forma normal que propone la teoría de juegos, intentado extrapolar los resultados teóricos para descubrir qué incentivo es el que está poniendo el sistema en abstracto al regular de la manera en que lo hace

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria intenta realizar un análisis del derecho a la prueba en la aplicación del procedimiento monitorio del Código del Trabajo. Esto se realiza en cuatro partes distintas. En primer lugar, analizamos porque el derecho a la prueba debe tener un estatus de derecho constitucional, tanto por vía directa como indirecta, por lo que se hace imposible su limitación por el legislador laboral. En segundo lugar, se determina cual es el contenido del derecho a la prueba, analizando los diversos límites que este tiene para las partes involucradas en un proceso judicial. En tercer lugar, analizamos la evolución del derecho procesal laboral, las características base de la reforma que se realizó años atrás en nuestro país, como se configura el derecho a la prueba en esta área, y así comprender el porqué el procedimiento monitorio se configuró de la manera que lo hizo. Por último, en el capítulo final de este trabajo, analizamos, en base a todo lo anterior, porque existe una flagrante violación a lo que constituye el derecho a la prueba dentro del procedimiento monitorio, mediante una sistemática limitación de las cargas probatorias y de las reglas del contradictorio, que dejan en indefensión jurídica a la parte demandada, en pos de una defensa de la celeridad y otros principios que fundamentan la forma en estudio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta memoria es examinar la práctica de la “valoración negativa” de la prueba en el proceso penal, desde la perspectiva de la concepción racionalista. Veremos que ella no es más que una forma rebuscada de exclusión de la prueba ilícita por parte del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en circunstancias que carece de dicha facultad. Pero ella no es la única objeción que se formula. La “valoración negativa” incrementa la tasa global de errores que el sistema produce en la determinación de los hechos. Examinaremos, entonces, el fundamento de la regla de exclusión y su coherencia con una concepción que entiende que una acertada determinación de los hechos es (junto a una correcta aplicación del derecho) la finalidad principal del proceso. Para ello, en el primer capítulo se sostendrá a la averiguación de la verdad como la finalidad principal de la prueba. Así, el primer objetivo del diseño de las reglas procesales y probatorias será la reducción de la probabilidad de errar. En el segundo capítulo se desarrollará la valoración racional como método para alcanzar dicho objetivo. En el tercer capítulo se abordará la distribución del error que el sistema inevitablemente producirá (dadas las condiciones de incertidumbre de la función adjudicativa) y su materialización a través de los estándares de prueba y otras reglas del proceso. La idea fundamental será que, una vez alcanzada una forma adecuada de distribución, ninguna regla o práctica que la altere estará justificada. En el cuarto capítulo se examinará la naturaleza de la práctica de la “valoración negativa”. Finalmente, en el capítulo quinto se tratará el fundamento de la exclusión de la prueba ilícita, con el objeto de determinar si ella se justifica en valores superiores a la disminución del error y a la forma en que adecuadamente se distribuye.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La investigación se centra en la relevancia de la introducción de nuevas tecnologías en materia probatoria. Siguiendo el método descriptivo se analizan los aspectos esenciales de la propuesta de reforma procesal civil cuya tramitación legislativa se inició en 20121, tanto en sus normas positivas como principios fundantes para dotar a la investigación de un marco que permita analizar el tratamiento de los modernos medios de prueba en la propuesta. Luego, se analizan los modernos medios de prueba, su tratamiento en la ley vigente y la situación en derecho comparado. Se relevan los medios de fijación de hechos en soportes inmateriales y la captación, tratamiento y transmisión de datos o de rasgos biométricos, analizados desde la óptica normativa y de impacto procesal, sin referirnos en forma alguna a la cadena de certificación, tratamiento y custodia forense de cualquiera de ellos. Las instituciones probatorias a analizar en detalle son: libertad probatoria, forma de incorporación de los medios de prueba al proceso, carga de la prueba y sujetos probatorios. Finalmente realizamos propuestas que se ajusten a los estándares e imperativos que constituyen nuestro sistema civil (tanto sustantivo como procesal).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la presente memoria se responde la pregunta sobre la procedencia de que el juez laboral decrete pruebas con posterioridad a la audiencia de juicio oral, en el contexto del procedimiento laboral de aplicación general. Ante la falta de norma expresa que resuelva esta problemática en nuestra legislación laboral, es necesario efectuar un análisis con el objeto de averiguar si deben regir en la materia las normas civiles, en su calidad de supletorias al procedimiento laboral, haciendo de esta manera aplicables las disposiciones relativas a las medidas para mejor resolver del Código de Procedimiento Civil, o si, por el contrario, debe considerarse que estas normas no podrían recibir aplicación, como consecuencia de una ponderación de los principios informativos que inspiran el derecho procesal laboral chileno, por encontrarse estos últimos en pugna con la legislación civil en este punto, toda vez que el legislador laboral estableció, en el artículo 432 del Código del Trabajo, que en todo lo no regulado en aquel Código o en leyes especiales, serán aplicables supletoriamente las normas contenidas en los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas sean contrarias a los principios que informan este procedimiento. Por esta razón se expone la ponderación de los principios y su posible pugna con la posibilidad de decretar medidas para mejor resolver, y además se analiza la respuesta que ha recibido esta interrogante en otras ramas del derecho procesal chileno, particularmente, en aquellos procedimientos regidos por el principio de la oralidad, ello con el objeto de conocer las tendencias por las que se ha inclinado la ley chilena y en definitiva conocer la respuesta más acorde al espíritu general de la ley laboral.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El procedimiento de exhumación es usado en el proceso penal para la identificación, reconocimiento y descripción de la causa de muerte posterior a una inhumación regular. El presente texto tiene como objetivo analizar el procedimiento de exhumación aplicable en Chile desde su regulación normativa hacia su uso práctico en casos judiciales. Así, se pretende entender el procedimiento como excepción a la práctica funeraria chilena sobre el uso de cementerios y el entierro del cuerpo. Pretende, además, vincular su desarrollo al uso de procedimientos científicos en el proceso penal. En este sentido, realizaremos un análisis transversal del procedimiento, integrando una perspectiva jurídica, social y científica forense, que finalizará en la revisión del caso de exhumación del Ex Presidente Salvador Allende, en relación con su objeto, contexto y uso.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El documento electrónico se enfrenta a un aura de supuesta ilicitud en el proceso civil basada en la desconfianza técnica por parte de los operadores jurídicos al mismo, así como por la eventual vulneración de derechos fundamentales producto de la divulgación no autorizada de su contenido. Ahora bien, ¿por qué hemos de limitarnos a aceptar dichos prejuicios, obviando el impacto probatorio que pueda llegar a tener un documento de tales características? Resignarse a mantener esa preconcepción es insostenible porque se le quita al proceso la oportunidad de lograr ser un mecanismo eficaz y eficiente para la solución de los conflictos jurídicos suscitados, sobre todo cuando el documento electrónico puede marcar la diferencia entre tener o no por acreditado un hecho y, con ello, ganar o perder un juicio. Sin duda se requiere poner fin al reproche injustificado hacia el documento electrónico, para que así los litigantes y jueces puedan realizar su labor en forma adecuada, apreciando el documento electrónico de acuerdo con su verdadera naturaleza, despojada de tabúes y falsas interpretaciones que llevan a la restricción de su uso. Para ello, será necesario hallar, dentro de las herramientas procesales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, un mecanismo que, sin afectar el debido proceso, permita lograr dicho cometido, para lo cual será clave poder recurrir al uso combinado de ciertos medios probatorios, en conjunto con el documento electrónico, consagrados en nuestra legislación adjetiva.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En nuestro país el desarrollo del Derecho de la Libre Competencia ha sido tardío, y aún quedan muchas de sus áreas que deben ser reguladas o complementadas. Hoy, la regulación de esta área del derecho se encuentran regidas por el Decreto Ley Nº211, el cual ha experimentado diversas modificaciones que han tendido a la mayor protección del mercado y de su eficiencia. En este cuerpo normativo existen varios procedimientos, dentro de los cuales se encuentran los procesos sancionatorios por delitos de colusión. En éstos últimos, no existe un estándar probatorio definido, pero, además, los tribunales que conocen de ellos – tanto el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como la Corte Suprema – o bien no se avocan a su desarrollo, o bien no han aplicado criterios uniformes a su respecto. Con la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el caso “CMPC y SCA” el problema se agudiza aún más, puesto que incluso dentro del mismo tribunal que dicta el fallo, comienzan a haber posiciones opuestas en relación con la aplicación de los estándares probatorios. Estos estándares de convicción resultan relevantes en diversos aspectos de nuestros procesos, y tal como pretendemos exponer en la presente memoria, resulta imperativo e ineludible la necesidad de determinar un criterio uniforme para precisar con ellos las garantías con que se cuenta en este tipo de procesos. El análisis de la problemática se abordará tanto desde un punto de vista doctrinal, como desde la óptica de la jurisprudencia, y finalmente, se intentará proponer una solución acerca de la forma en que se debe superar esta problemática. Mediante el presente trabajo, se pretende explorar un tema que no ha sido tratado mayormente ni por nuestra legislación, la doctrina, como la jurisprudencia, por lo que se intenta llegar a una proposición fundada y coherente para entregar una solución real a esta situación problemática para nuestro ordenamiento, Cabe tener presente al respecto que este ha sido trabajo elaborado por una alumna de pregrado, que intenta recién egresar y obtener su título de abogado, con las ansias de un pronto ejercicio, pero con las deficiencias que podría tener por la falta de mayor experiencia 7 forense, pero en todo caso libre de anclaje respecto a la protección de diversos intereses que concurren en los procesos sancionadores de la libre competencia.