Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de este trabajo es analizar la “Teoría de la prueba ilícita” en general y en particular la regulación que hace de ella el actual inciso tercero del N° 4 del artículo 453 del Código del Trabajo, incorporado por la ley 20.087 de 2006. Con este fin, se estudia principalmente lo concerniente al concepto de la prueba ilícita, sus clasificaciones, las discusiones que ha suscitado en dogmática y jurisprudencia, la regulación que de ella hace el procedimiento laboral chileno y las principales garantías que ella tutela dentro del proceso. Al cabo de este análisis es posible constatar que, pese a que la regulación de la prueba obtenida en contravención a los derechos fundamentales fue un gran avance, el precepto que hace referencia a ella requiere una serie de mejoras con el fin de lograr una plena eficacia tutelar de garantías.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho) / La faceta civil del problema (que incluye para efectos de este estudio las sedes laboral, familia y civil propiamente tal), no ha sido analizada hasta aquí con el mismo énfasis, salvo por el estudio de Alex Carocca Pérez, del año 1998 , que es destacable especialmente en su relación al derecho a la prueba, y recientemente en 2007, por el estudio de Eduardo Jequier Lehuede . Con lo anterior, hemos estimado de interés el desarrollo de este tema, y de ahí el objetivo general de la presente investigación que es ampliar dogmáticamente y en sus principales aspectos la institución de la prueba ilícita en sede civil, terreno hasta aquí incipientemente explorado, según hemos advertido precedentemente. Ello incluye determinar el alcance de su definición, para dilucidar si debe incluirse en ella la conducta intraprocesal, o, por el contrario, sólo cabe en caso de vulneraciones extraprocesales de los derechos fundamentales. Revisaremos además la relación de la prueba ilícita con el estatuto de la nulidad procesal, para ver si hay diferencias entre ambas instituciones. Y establecer la jerarquía normativa de establece un derecho que puede ser vulnerado. Dentro del mismo objetivo general, la idea es esclarecer el sujeto activo de la vulneración, esto es, si sólo el Estado puede “obtener” prueba ilícita, generando la sanción de inutilizabilidad de lo logrado, o bien los particulares igualmente pueden incurrir en la conducta descrita con el mismo resultado. Los objetivos específicos son establecer el o los fundamentos de su regulación y existencia, y determinar si hay en el espectro procesal civil, alguna nota común a los distintos ámbitos laboral, civil y familia; y si este fundamento es compartido o es distinto del que sostiene la regulación en sede procesal penal. En otras palabras, revisaremos si los fundamentos de la regulación, notablemente desarrollados para el ámbito procesal penal, son suficientes y adecuados para justificar su aplicación en el ámbito procesal civil. ¿Debe la sanción buscar un camino propio en cuanto a su justificación, dada la distinta naturaleza del derecho en juego, que hace de sus razones en el ámbito procesal penal argumentos especiales e irrepetibles? Otro objetivo específico es determinar la naturaleza jurídica de la inutilizabilidad de la prueba ilícita, es decir, si se trata de un derecho fundamental o de una garantía. Y en este último, caso, encontrar la garantía o derecho fundamental en que se encuentra basado. Revisaremos al efecto la presunción de inocencia y el debido proceso. Llegaremos a la conclusión que el instituto en estudio consiste en una garantía y no en un derecho fundamental, pues no existe un derecho fundamental a la proscripción de la prueba ilícita. Y que esta garantía encuentra su razón de ser en el debido proceso. Adicionalmente, indagaremos acerca de la relación de la prueba ilícita con el derecho a la prueba. El punto neurálgico en este capítulo será establecer en definitiva si es la prueba ilícita una excepción al derecho a la prueba, como se ha entendido hasta ahora por algunos autores, o bien tienen una relación distinta entre sí. Ello por cuanto no es inusual que ambas construcciones entren en conflicto, y se debe determinar cuál va preponderar en ese caso. En este punto nos inclinaremos por rechazar la postura que toma la prueba ilícita como un límite al derecho a la prueba. Asimismo, queremos determinar cuáles son las consecuencias directas de la ilicitud, esto es, si se produce la exclusión del medio probatorio viciado o su no valoración, ambas hipótesis que importan efectos distintos. Ahondaremos adicionalmente en una tercera consecuencia, consistente en la nulidad vía denuncia mediante recursos procesales. Surgirán dos problemas que son interesantes de tratar de acuerdo a los objetivos precitados. El primero es si la sanción de no valoración de la prueba ilícita es suficiente resguardo para la parte afectada o es más bien una consecuencia meramente decorativa para la intención de restringir los efectos del medio de prueba de origen cuestionado. El segundo, determinar si estructuralmente en nuestro ordenamiento los nuevos estatutos que contemplan la prueba ilícita establecen en definitiva una inadmisión o bien una prohibición de valoración, y con qué grado de pureza en cada caso . Adelantando el resultado, en relación al primer problema, no obstante que la exclusión es más fuerte, resulta apropiada la no valoración cuando no tenemos un juzgamiento de instancia en dos etapas ante jueces o tribunales distintos. En el fondo, resultaría ser el único remedio. También resulta conveniente cuando es la única sanción establecida en la ley (en los casos en que se habla expresamente de no valoración). Por último, resulta ser también el único camino cuando la ley no ha establecido ninguna consecuencia o sanción que ayude al juez a restarle en definitiva sus efectos en el procedimiento. Ello concretamente en el caso de nuestro actual Código de Procedimiento Civil y del antiguo procedimiento laboral aún vigente. Recordemos que ambos consisten en procedimientos escritos y carentes de inmediación, lo cual es determinante a fin de intentar implementar una sanción. Respecto del segundo problema, pareciera que en muchos casos aunque la ley habla de exclusión y aparentemente es ésa la consecuencia que aplica, en realidad estamos ante la presencia de una no valoración, por un asunto básicamente estructural. Si el juez excluye en la audiencia preparatoria un medio de prueba, aunque no conozca del todo su contenido, más bien lo que está haciendo es no valorarlo, si va a ser el mismo juez quien posteriormente resolverá la contienda en la audiencia de juicio. Por último, el objetivo final de este trabajo es analizar los principales aspectos de la prueba ilícita en las regulaciones que la han incorporado en nuestro ordenamiento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la presente memoria se investigará sobre cómo resuelve la Corte Suprema los recursos de nulidad que solicitan la exclusión de la prueba por haber sido obtenida con infracción de los derechos fundamentales del imputado, en su jurisprudencia más reciente (período 2014- 2016). Para ello, se revisará el concepto de la prueba ilícita, sus clasificaciones, y su importancia dentro de las finalidades del proceso penal. Además, se expondrán las diversas posturas que han existido en torno a las consecuencias jurídicas de esta institución, se analizará su operatividad en Chile, y las oportunidades procesales previstas por el ordenamiento jurídico para hacer valer su ineficacia. Finalmente, se efectuará un análisis crítico de las principales sentencias dictadas por la Corte Suprema durante este lapso, donde se examinarán los razonamientos seguidos para excluir la prueba o confirmar las sentencias, todo esto mediante la utilización un esquema objetivo que permite razonar en base a los derechos fundamentales del imputado. Palabras clave: Prueba ilícita; derechos fundamentales del imputado; regla de exclusión; jurisprudencia de la Corte Suprema.

In the present article, the authors evaluate the psychological effects of the “illicit test”. To do this, they start delimiting their concept, and then analyze if it has any influence on the judge when resolving a case. Based on psychological considerations, in particular, the so-called “motivated reasoning” theory and the “motivated justice hypothesis”, they evaluate by an empirical study if the judges take this test into account when deciding, despite being legally bound to Not do it. In addition, they propose some mechanisms that could be used, both by litigants and by legal systems, to mitigate the effects of illicit veidence. / En el presente artículo, los autores evalúan los efectos psicológicos de la “prueba ilícita”. Para ello, parten de delimitar su concepto, para luego analizar si esta tiene alguna influencia en el juez al momento de resolver un caso. Partiendo de consideraciones psicológicas, en concreto, la llamada teoría del “razonamiento motivado” y la “hipótesis de la justicia motivada”, evalúan mediante un estudio empírico si los jueces toman en cuenta dicha prueba al momento de decidir, pese a estar obligados legalmente a no hacerlo. Adicionalmente, proponen algunos mecanismos que podrían ser empleados, tanto por los litigantes como por los sistemas jurídicos, para mitigar los efectos de la prueba ilícita.

Actividad formativa equivalente a tesis (magíster en derecho con mención en derecho del trabajo y seguridad social) / La prueba ilícita parece haber llegado para quedarse al derecho chileno desde la Reforma Procesal Penal, aunque como tal, no se encuentra nombrada como institución en la legislación nacional, desde las reformas a la justicia chilena, se han establecido reglas de exclusión de prueba obtenida con vulneración de garantías fundamentales. A diferencia de las discusiones que el fenómeno suscitó en materia procesal penal, ni el legislador nacional, ni la doctrina, ni tampoco la jurisprudencia parecen haber reparado en los problemas teóricos y prácticos que tiene el progresivo establecimiento de reglas de exclusión probatoria en procesos civiles en un sentido lato del término, es decir, en todas aquellas materias no criminales. Y en efecto, se trata de algo problemático, pues supone extrapolar una regla creada para desincentivar el actuar ilegal de los órganos de persecución estatal a procesos entre particulares, cuya lógica es completamente diferente. La nueva justicia laboral es un caso paradigmático de esto. Se establece una regla de exclusión inédita en el derecho chileno, que extiende la prohibición a límites desconocidos por otras reglas de exclusión en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo anterior, es que considerar la experiencia y el trabajo dogmático que está detrás de las reformas procesales que han precedido, tanto en Chile como en el derecho comparado, puede ser de gran utilidad a la hora de comprender la nueva justicia laboral. De acuerdo a lo anteriormente señalado se intentará explicar en este trabajo investigativo el concepto y configuración de la prueba ilícita, la autonomía de la prueba ilícita y fundamento constitucional, la eficiencia o ineficacia probatoria de la prueba ilícita, analizando la jurisprudencia de la Corte Suprema, analizando sentencias relativas al Derecho a la Inviolabilidad de las Comunicaciones, para posteriormente realizar un análisis crítico de la sentencia ROL Nº 35.159-2017, Finalmente se plantean los enunciados de las principales conclusiones. / 31 enero de 2020

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El principal objetivo de esta memoria es examinar la inclusión o admisibilidad de la denominada “prueba ilícita” dentro del proceso civil siguiendo una concepción racionalista de la prueba. Para esto, se sostendrá que el fin de la prueba no es otro que la búsqueda de la verdad y como tal fin impone una acertada determinación de los hechos, es imprescindible considerar todos los elementos probatorios que se dispongan de forma de aumentar la probabilidad de obtener decisiones correctamente aplicadas. En el primer capítulo, la investigación sostendrá que el fin de la prueba es la averiguación de la verdad. Para esto se desarrollará el método más satisfactorio para alcanzar dicho objetivo, el principio de inclusión procesal probatoria. Se enunciarán las bases y críticas de este principio. A su vez, para un análisis comprensivo de la materia, se señalarán de forma breve los momentos de la actividad probatoria. En el segundo capítulo, se abordarán algunas de las muy distintas reglas de exclusión vigentes en nuestro proceso civil, sosteniendo una crítica respecto a la excesiva regulación normativa en cuanto a la inclusión de los distintos medios probatorios, como de la forma en que se valoran por parte del órgano adjudicador. Por último, el tercer capítulo tiene por finalidad mostrar la conveniencia epistémica que significa aceptar la inclusión y valoración de toda prueba dentro del proceso civil. Para ello, se analizarán las distintas justificaciones que han emanado tanto doctrinaria como jurisprudencialmente para determinar su inclusión o exclusión, dentro de un proceso civil. Se compararán también los distintos objetivos del proceso, examinando si su inclusión responde sólo a un análisis epistemológico o hay también valores políticos o morales que justificación su exclusión como elemento probatorio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta memoria es examinar la práctica de la “valoración negativa” de la prueba en el proceso penal, desde la perspectiva de la concepción racionalista. Veremos que ella no es más que una forma rebuscada de exclusión de la prueba ilícita por parte del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en circunstancias que carece de dicha facultad. Pero ella no es la única objeción que se formula. La “valoración negativa” incrementa la tasa global de errores que el sistema produce en la determinación de los hechos. Examinaremos, entonces, el fundamento de la regla de exclusión y su coherencia con una concepción que entiende que una acertada determinación de los hechos es (junto a una correcta aplicación del derecho) la finalidad principal del proceso. Para ello, en el primer capítulo se sostendrá a la averiguación de la verdad como la finalidad principal de la prueba. Así, el primer objetivo del diseño de las reglas procesales y probatorias será la reducción de la probabilidad de errar. En el segundo capítulo se desarrollará la valoración racional como método para alcanzar dicho objetivo. En el tercer capítulo se abordará la distribución del error que el sistema inevitablemente producirá (dadas las condiciones de incertidumbre de la función adjudicativa) y su materialización a través de los estándares de prueba y otras reglas del proceso. La idea fundamental será que, una vez alcanzada una forma adecuada de distribución, ninguna regla o práctica que la altere estará justificada. En el cuarto capítulo se examinará la naturaleza de la práctica de la “valoración negativa”. Finalmente, en el capítulo quinto se tratará el fundamento de la exclusión de la prueba ilícita, con el objeto de determinar si ella se justifica en valores superiores a la disminución del error y a la forma en que adecuadamente se distribuye.