Thesis (M. Arch.)--University of Utah. / "Limited printing of 250 copies." Bibliography: p. 105-107.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el capítulo primero de este trabajo, titulado “Pilares de la integración interétnica”, trataremos de dilucidar si para nuestra sociedad tiene sentido hablar de convivencia interétnica, o qué significa ser una sociedad multiétnica; si, en consecuencia, es relevante el pluralismo jurídico; si el Estado debe reconocer o no la multiculturalidad o interculturalidad de la nación o naciones que gobierna, y cuáles serían las consecuencias de ese reconocimiento. Así pues, nos introduciremos en el tema de la existencia real o presunta de un conflicto étnico. En el segundo capítulo, titulado “Discriminación indígena en Chile”, exploraremos el concepto de tolerancia, analizando desde esta perspectiva el Código Civil chileno y una de las instituciones más importantes para la sociedad: el matrimonio civil . En el capítulo tercero, titulado “Participación indígena en la generación de su propia legislación” hablaremos de la participación indígena en la reforma constitucional y en la generación de la legislación especial que les corresponde. Por último, exploraremos algunas de las posibles causas de la falta de participación indígena, como son la educación, la discriminación y la falta de identificación con la calidad de chileno. Las demandas de los pueblos originarios, de participación en la toma de decisiones y de recuperación de tierras y de derechos de aguas, han generado movimientos indígenas en toda América. Hoy se exige un cambio en las políticas de Estado, conjuntamente con la obtención de nuevos derechos que les permitan desarrollar su propia cultura en el contexto de la sociedad dominante en la que están insertos. Para el análisis de la situación latinoamericana hemos elegido dos países representativos: Ecuador y México. Ambos ofrecen suficientes elementos de comparación para abordar el tema de la tolerancia y la participación. Además de tener un alto índice de población indígena, han tenido en los últimos años un rol activo y una conciencia creciente de su identidad indígena, así como de sus necesidades y derechos. Estos casos nos darán una idea de los escenarios que puede enfrentar un país cuya población indígena demanda pluralismo jurídico, y de cómo los pueblos originarios pueden involucrarse en el proceso de elaboración de una ley indígena.

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Magíster en Antropología y Desarrollo / La presente investigación busca aproximarse al conflicto por el agua en la comunidad de Chusmiza en la Región de Tarapacá, desde la observación de segundo orden, y cuyo objetivo se orientó a identificar las distinciones, cómo se construyen y cómo se ponen en funcionamiento desde los actores, junto al papel que juega el estado en dirimir estos conflictos. Se recopiló información a partir de entrevistas y el análisis de contenido de 25 documentos que ilustran el conflicto, centrándonos en las demandas judiciales por ser éstas el plano en que las distinciones operativas de los involucrados se ponen en juego, lo que denotó el surgimiento de una interesante paradoja que posiciona a ambas partes con similares derechos sobre el agua en disputa, lo que genera importantes cuestionamientos sobre el papel del Estado a la hora de generar los marcos adecuados para la resolución de conflictos no solo hídricos, sino ambientales en general

“Territorio Mapuche Lleulleuche: Naturaleza Territorial y conflicto con el Estado chileno” es un trabajo que intenta decodificar el conflicto territorial chileno mapuche desde una óptica geográfica. Para ello, profundiza en el sentido del concepto de territorio y propone una mirada particular desde la Geografía y el posmodernismo, a fin de lograr un entendimiento de las naturalezas territoriales presentes en el espacio. De tal manera, este trabajo se apoya en los discursos territoriales del pueblo mapuche Lleulleuche y elabora una etno-cartografía, traduciendo de esta forma, el lenguaje discursivo y de la praxis cultural de los habitantes de Lleu-Lleu a un lenguaje cartográfico convencional.

¿De qué sirve el reconocimiento de nuestros derechos si estos no están garantizados? ¿Quién o quiénes deben garantizar esos derechos? ¿Qué sucede si aquel o aquellos que deban garantizar o velar por que se garanticen nuestros derechos estuvieran ausentes o ni siquiera existan? Si nuestros derechos no están garantizados, ¿pueden surgir los conflictos? Ahora, si nos referimos más específicamente a los derechos de los pueblos indígenas del Perú, ¿existe una raíz común de todos los conflictos sociales que involucran a los pueblos indígenas y al Estado peruano? ¿Es acaso la falta de garantía de sus derechos la raíz de ese tipo de conflictos? ¿Es acaso que aquel o aquellos que deban garantizar o velar por que se garanticen sus derechos están ausentes o, lo que es peor, ni siquiera existen? Fueron precisamente estas preguntas las que nos motivaron a la realización del presente estudio y que surgieron casualmente durante el tiempo en que llevamos trabajando en este tipo de temas. No fue ni es sencillo aún encontrar respuestas inmediatas a cada una de esas preguntas, todas ellas tan estrechamente relacionadas; sobre todo cuando se tienen tantas respuestas, todas ellas razonables y válidas. No obstante, nos llamó la atención la presencia de un elemento que encontramos de manera constante en los conflictos sociales que involucran a los pueblos indígenas y al Estado peruano, y que podría marcar más o menos el inicio o la causa de los mismos. La falta de garantía o, si se quiere, de cumplimiento efectivo por parte del Estado peruano de su obligación jurídica de protección especial de los derechos de los pueblos indígenas fue lo que nos motivó a afirmar inicialmente que no existe o se haya ausente una institucionalidad estatal indígena (en adelante, IEI) en el Perú. Es decir, se encuentra ausente una entidad coordinadora en materia indígena en el Poder Ejecutivo que garantice y vele por que las demás entidades estatales y la ciudadanía en general respeten y garanticen estos derechos. Sin embargo, no nos hallábamos totalmente convencidos de esta afirmación inicial. / Tesis

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas hoy en día constituye uno de los mayores desafíos para los Estados. Las demandas de los pueblos indígenas se enmarcan principalmente en torno al reconocimiento de sus derechos colectivos, fundamentalmente sus identidades colectivas, relación con la tierra y su efectiva participación en temas que les afecta. Dentro de los principales instrumentos de carácter vinculante se encuentra el Convenio 169 de la OIT, el cual despliega una serie de derechos y mecanismo que los Estados signatarios deben hacer cumplir a través de su institucionalidad pública, por medio de políticas públicas transversales que den respuesta a las demandas más sentidas por sus pueblos indígenas. Este estudio de caso describe y analiza el desarrollo de la institucionalidad pública de Guatemala y Chile en los últimos 20 años, orientada a los pueblos indígenas. Para ello se realizó un recorrido histórico sobre los hitos más representativos para los pueblos indígenas de cada país, el cual permitió conocer sus antecedentes políticos e institucionales y los diferentes instrumentos normativos desarrollados en favor de los pueblos indígenas. Este recorrido permitió insumar el marco conceptual y describir la trayectoria institucional de ambos países, dejando en evidencia que gran parte de la institucionalidad pública en materia indígena que actualmente tienen, responde a coyunturas políticas, en donde las relaciones entre pueblos indígenas y Estado, estaban debilitadas; en Guatemala se debía al conflicto armado interno de 36 años y en Chile por su régimen de dictadura, la transición hacia un sistema democrático en ambos países dio lugar a la generación de acuerdos políticos, que en el transcurso del tiempo fueron utilizados para la creación de una institucionalidad formal en favor de los pueblos indígenas. Pese a la voluntad mostrada por los distintos gobiernos a lo largo de los últimos 20 años, aún quedan grandes desafío y demandas pendientes de ser atendidas. En el caso de Guatemala se observa la necesidad de dotar principalmente de recursos humanos y financieros a las instituciones ya establecidas a partir de los Acuerdos de Paz, que si bien registran avances, principalmente impulsando reformas normativas, la realidad cotidiana de la población indígena ha cambiado muy poco. En Chile, el principal desafío está vinculado al reconocimiento constitucional y a garantizar el uso de la consulta, como mecanismo de participación legitimada principalmente por el Convenio 169 de la OIT, que versa en que los pueblos indígenas puedan participar de manera informada, previa y libre en los proceso de desarrollo y formulación de políticas que les afecte. Además es necesario comprender que el énfasis de estos mecanismos de participación (consulta, mesas, diálogos ciudadanos), no deben de estar puesto en el procedimiento sino en alcanzar acuerdos para el debido reconocimiento y ejercicios de los derechos de los pueblos indígenas.

Memoria para optar al título de Periodista

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho) / El presente trabajo parte del Estado de Derecho que existe en Bolivia donde se reconoce el derecho indígena y el derecho ordinario y se establece que ambos son iguales para el estado. Lo que dentro del estado plurinacional de Bolivia quiere decir que cada ciudadano es igual ante cualquiera de los dos sistemas jurídicos, cuya fundamentación se encuentra en los principios de racionalidad, complementariedad y reciprocidad. De todo esto se desprende la el reconocimiento en el Estado boliviano de los derechos Indígena originario campesinos y su complementariedad con el derecho ordinario. El presente trabajo utiliza el método de iinvestigación teórico-dogmática, basándonos en los documentos existentes acerca de los derechos Indígenas en Bolivia, la legislación vigente y Sentencias Constitucionales, que demuestren el desarrollo de la multiculturalidad y el pluralismo jurídico vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

En el presente trabajo la pregunta que guía la investigación es por qué la figura de propiedad intelectual como las patentes, no contribuyen a proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, entendido como los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales relacionadas a los saberes que poseen los pueblos indígenas sobre las relaciones y prácticas sobre su entorno, los cuales son transmitidos de generación en generación de manera oral. Así, se parte señalando los conceptos generales en torno a lo que se entiende por conocimientos tradicionales y las razones por las cuales deben protegerse estos conocimientos colectivos. De igual manera, se hace referencia a los ámbitos de protección de los conocimientos tradicionales, en los que se encuentran - dentro del ámbito regional – la Decisión 391 y la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Respecto al ámbito nacional de protección de conocimientos colectivos se encuentra la Ley N° 27811, Régimen de Protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos que recoge tres principios fundamentales: el consentimiento fundamentado previo, la licencia de uso y la distribución justa y equitativa de beneficios. En esa misma línea se encuentra Ley N° 28216, Ley de Protección al Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas, norma que crea a la Comisión Nacional de Prevención de la Biopiratería asociada al uso irregular e ilegal de recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Finalmente, la tercera norma de protección de estos conocimientos es la ley N° 29565, norma que crea el Ministerio de Cultura, que recoge los principios señalados en la primera norma. Por otro lado, el problema de fondo encontrado al intentar proteger los conocimientos tradicionales mediante el esquema clásico de propiedad intelectual es que los fines que persiguen son distintos: por un lado, se busca proteger el interés colectivo de las comunidades y por el otro, se busca salvaguardar las creaciones del autor/inventor, respectivamente; por lo que en este último caso hay un interés individual. De igual manera, los requisitos de patentabilidad (novedad, altura inventiva y aplicación industrial) no se cumplen en el caso de los conocimientos tradicionales, donde el ánimo es no lucrativo y hay fines de reciprocidad entre los miembros de la comunidad. En base a lo señalado anteriormente, la autora planea como propuesta el trabajo interinstitucional del Ministerio de Cultura, los Gobiernos Regionales, INDECOPI y la Comisión Nacional de Lucha contra la Biopiratería, los cuales son actualmente competentes respecto al tema de los conocimientos colectivos. Asimismo, como propuesta se formula el requisito obligatorio de la divulgación de origen en el procedimiento de otorgamiento de patentes para que, de esa manera, se pueda conocer el origen de los conocimientos ancestrales y que los miembros de las comunidades reciban una distribución equitativa de los beneficios generados por el inventor que utilizó tales conocimientos. / Trabajo académico