El 11 de setiembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. 1124-2001-AA/TC la misma que marcó un quiebre en el modo de entender el derecho a la estabilidad laboral en el Perú. Dicha sentencia enervó a los empresarios, significó un enfrentamiento con gran parte de la doctrina laboral nacional y puso una cuota de esperanza de humanidad en las relaciones laborales. Hasta ese momento se entendió, en la legislación, en la doctrina y en la jurisprudencia laboral, que la única protección posible contra el despido arbitrario era la indemnización. Nunca la reposición, salvo que se tratase de la figura del despido nulo (aquel lesivo de otros derechos constitucionales como la igualdad o el debido proceso). El efecto multiplicador de la sentencia del Tribunal Constitucional contribuyó para que, desde ese momento, se reduzca dramáticamente la utilización del despido arbitrario sin invocación de causa como el modo corriente de poner fin a las relaciones laborales en el país. ¿Para qué invocar causas si la legislación, la doctrina y la jurisprudencia laboral venían admitiendo la indemnización como la adecuada protección frente al despido arbitrario?

El presente informe analiza la controversia surgida entre la empresa Multiservis Clave 90 E.I.R.L. y la Municipalidad Provincial de Arequipa, a raíz de la expedición de una ordenanza municipal por dicha entidad pública que, según la citada empresa en la demanda de amparo interpuesta, suponía una vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad de trabajo y de empresa. Así, el objetivo principal estriba en determinar si las exigencias contenidas en la citada ordenanza, norma que constituiría el acto vulnerador de tales derechos, constituyen o no barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, además de la pertinencia de dilucidar esta controversia a través de la vía de la demanda de amparo o, por el contrario, recurriendo a una vía igualmente satisfactoria. Es así que, en cuanto al primer aspecto, se concluye que dicha norma contiene disposiciones que se tornan en barreras burocráticas carentes de razonabilidad y, en relación a la vía empleada, se aprecia que esta resultase tiene que la misma resulta válida para garantizar la protección de derechos fundamentales, bajo la figura del amparo contra normas legales contemplada en el Código Procesal Constitucional empleándose, como apoyo, doctrina y jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional sobre la materia, con la finalidad de brindar mayores alcances en cuanto a las diversas opiniones de las instancias en las que se dilucidó la controversia. / This report analyzes the controversy that arose between the company Multiservis Clave 90 E.I.R.L. and the Provincial Municipality of Arequipa, following the issuance of a municipal ordinance by said public entity that, according to the aforementioned company in the amparo lawsuit filed, represented a violation of its fundamental rights to freedom of work and business. Thus, the main objective is to determine whether or not the requirements contained in the aforementioned ordinance, a rule that would constitute the act that violates such rights, constitute illegal and/or unreasonable bureaucratic barriers, in addition to the relevance of elucidating this controversy through of the application for protection or, on the contrary, resorting to an equally satisfactory route. Thus, regarding the first aspect, it is concluded that said norm contains provisions that become bureaucratic barriers lacking reasonableness and, in relation to the method used, it is appreciated that this result must be valid to guarantee protection. of fundamental rights, under the figure of protection against legal norms contemplated in the Constitutional Procedural Code, using, as support, doctrine and jurisprudence of the Constitutional Court itself on the matter, with the purpose of providing greater scope regarding the various opinions of the instances. in which the controversy was elucidated.

El presente informe se centra primeramente en identificar al proceso de amparo como la vía procesal más idónea para tutelar el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente en La Oroya y, por otro lado, también se busca señalar una afectación al principio de corrección del buen gobierno por parte del Tribunal Constitucional al declarar fundada en parte la primera pretensión de la demanda. La justificación de este informe es la de proponer una vía procesal más idónea a la utilizada por los demandantes y asimismo a la luz del principio de corrección proyectar una justificación inadecuada por parte del Tribunal Constitucional en su decisión final. Mis hipótesis respecto a los problemas jurídicos hallados en la sentencia son las siguientes: (i) estratégicamente en materia procesal se debió iniciar en primer lugar un proceso de amparo; y (ii) el Tribunal Constitucional debió declarar fundada en su totalidad la primera pretensión de la demanda ya que con ello se respeta el principio de corrección del buen gobierno. Sobre el marco teórico, he utilizado contenidos del derecho constitucional y del buen gobierno para el análisis de la mencionada sentencia. La conclusión principal para ambas hipótesis es la siguiente: La afectación al derecho a la salud y al derecho al medio ambiente en la Oroya es provocada por la actividad de la empresa Doe Run Perú y por la inacción del Estado, con lo cual el proceso de amparo en este caso en particular permite que a nivel procesal el petitorio y la parte demandada sean dirigidos directamente hacia los responsables de los derechos afectados, y por consiguiente se lograría una tutela más idónea. Por otro lado, optar por declarar fundada en su totalidad la primera pretensión de la demanda reflejaría una actuación acorde al principio de corrección por parte del Tribunal Constitucional, en tanto como resultado en la decisión final se consideró como incumplido por parte del Ministerio de Salud y DIGESA, el mandato legal objeto de evaluación. / This report focuses first on identifying the amparo process as the most suitable procedural route to protect the right to health and the right to the environment in La Oroya and, on the other hand, it also seeks to point out an affectation to the principle of correction good governance by the Constitutional Court by declaring partially founded the first claim of the claim. The justification of this report is to propose a more suitable procedural route to the one used by the plaintiffs and also, in light of the principle of correctness, to project an inadequate justification by the Constitutional Court in its final decision. My hypotheses regarding the legal problems found in the judgment are the following: (i) strategically in procedural matters, an amparo process should have been initiated first; and (ii) the Constitutional Court should have declared the first claim of the lawsuit founded in its entirety, since this respects the principle of correctness of good governance. Regarding the theoretical framework, I have used contents of constitutional law and good governance for the analysis of the aforementioned sentence. The main conclusion for both hypotheses is the following: The impact on the right to health and the right to the environment in La Oroya is caused by the activity of the company Doe Run Peru and by the inaction of the State, with which the process of Amparo in this particular case allows the request and the defendant to be directed directly at the procedural level to those responsible for the affected rights, and therefore a more suitable protection would be achieved. On the other hand, choosing to declare the first claim of the lawsuit founded in its entirety would reflect an action in accordance with the principle of correction by the Constitutional Court, as a result of the final decision it was considered as non-compliant by the Ministry of Health and DIGESA, the legal mandate under evaluation.