Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En relación a las personas privadas de libertad, las condiciones actuales en las cuales viven los presos o privados de libertad dentro de los recintos penitenciarios, ha sido objeto de duras críticas. Esto debido a la sobrepoblación, las malas condiciones de higiene y salubridad, el hacinamiento y falta de políticas de reinserción. Todo lo anterior genera ambientes de alta violencia y agresividad entre los reclusos, y entre estos y los funcionarios de Gendarmería. Esta realidad ha sido la que nos ha motivado a realizar una tesis en relación al Habeas Corpus, particularmente sobre aquellos recursos interpuestos por las personas privadas de libertad y sus familiares, en contra de Gendarmería de Chile.

El 11 de setiembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. 1124-2001-AA/TC la misma que marcó un quiebre en el modo de entender el derecho a la estabilidad laboral en el Perú. Dicha sentencia enervó a los empresarios, significó un enfrentamiento con gran parte de la doctrina laboral nacional y puso una cuota de esperanza de humanidad en las relaciones laborales. Hasta ese momento se entendió, en la legislación, en la doctrina y en la jurisprudencia laboral, que la única protección posible contra el despido arbitrario era la indemnización. Nunca la reposición, salvo que se tratase de la figura del despido nulo (aquel lesivo de otros derechos constitucionales como la igualdad o el debido proceso). El efecto multiplicador de la sentencia del Tribunal Constitucional contribuyó para que, desde ese momento, se reduzca dramáticamente la utilización del despido arbitrario sin invocación de causa como el modo corriente de poner fin a las relaciones laborales en el país. ¿Para qué invocar causas si la legislación, la doctrina y la jurisprudencia laboral venían admitiendo la indemnización como la adecuada protección frente al despido arbitrario? / Tesis

El autor presenta un estudio sobre los factores que inciden en la eficacia y eficiencia de los procesos constitucionales de amparo, a cargo del Poder Judicial, en la Corte Superior de Justicia de Huaura, Perú. Postula el autor que: la carga y producción judicial, la satisfacción de los usuarios del servicio de justicia, la duración y costo del proceso, la calidad de la decisión judicial, la organización y gestión de la administración judicial, así como el proceso y procedimientos puestos en práctica, son factores determinantes; en tanto que: la capacitación y experiencia de los jueces y auxiliares así como la infraestructura, equipamiento y provisión de recursos, son factores condicionantes que inciden en la eficacia y eficiencia, de los procesos constitucionales de amparo. El estudio comprende cuatros partes: primero, los aspectos referidos a la metodología de investigación, segundo, el desarrollo del marco teórico, que a su vez está constituido por: el estudio del proceso de amparo, el análisis sobre el fundamento y concepto de los derechos humanos, concluyendo con la teoría de la administración judicial del proceso de amparo. La tercera parte corresponde a la investigación empírica, en la que se exponen los resultados de la investigación de campo, sobre cada uno de los factores, tanto determinantes como condicionantes, que inciden en la eficacia y eficiencia del proceso de amparo, a través de la información obtenida de jueces y auxiliares, funcionarios y personal especializado de la Corte Superior de Justicia y los usuarios del servicio de justicia (litigantes), utilizando para ello las técnicas de: entrevistas, encuestas, estudio de expedientes judiciales y análisis de información estadística. En la última parte, se hace la evaluación de indicadores y variables de investigación, a fin de contrastar las dos hipótesis planteadas en el proyecto. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones. -- PALABRAS CLAVE: Factores determinantes y condicionantes que inciden en la eficacia y eficiencia del proceso de amparo. / -- The author presents a study on the factors that influence the effectiveness and efficiency under the constitutional processes, by the Judiciary, Superior Court of Justice of Huaura, Peru. Author postulates: the burden and judicial production, satisfaction of users of justice services, duration and cost of the process, the quality of judicial decision, organization and management of the judiciary, and the process and procedures implemented, are determining factors, as long as: training and experience of judges and assistants as well as infrastructure, equipment and provision of resources, are determining factors that influence the effectiveness and efficiency, under the constitutional processes. The study comprises four parts: first, the aspects related to research methodology, second, the development of theoretical framework, which in turn consists of: the process under study, the analysis of the rationale and concept of rights human, concluding with the theory of judicial administration under process. The third part corresponds to empirical research, which shows the results of field research on each of the factors, both determinants and conditions that influence the effectiveness and efficiency of the protection, through the information obtained from judges and auxiliary officers and personnel of the Superior Court of Justice and the justice service users (litigants), using techniques: interviews, surveys, study of court records and analysis of statistical information. In the last part is the evaluation of research indicators and variables in order to contrast the two hypotheses proposed in the project. Finally, conclusions and recommendations. -- KEYWORDS: Determinants and conditions that influence the effectiveness and efficiency of the protection. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El campo del Derecho es tan extenso y complejo, tanto por la cantidad de información como por la diversidad de la misma, que la mayoría de las veces resulta difícil tener acceso a los datos relevantes del problema que es necesario resolver. La labor de investigación comienza necesariamente por un proceso de información y documentación. Más aún, la mayor parte del tiempo se invierte en estas tareas, las que se ven dificultadas por el aumento creciente y muchas veces inorgánico de la normativa. Esta se va haciendo más compleja, abarca nuevos campos y procede de diversos órganos, al multiplicarse los órganos con capacidad deliberativa. La norma jurídica no describe situaciones que puedan darse al interior de la sociedad. Ella prescribe conductas, para imponer un determinado ordenamiento a la convivencia humana. Conductas que pueden consistir en un dar, hacer o no hacer y para cuyo incumplimiento impone una sanción. De ahí que se sostenga su carácter imperativo. Estas son las características de las que surge una diferencia lógica muy importante en la Ciencia del Derecho, con respecto a las demás ciencias sociales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Es por las consideraciones anteriores, y por el hecho de que en nuestro país la garantía del libre desenvolvimiento de actividades económicas ha sido más o menos sistemáticamente atropellada en años anteriores, como lo demuestra el abultado número de resguardos de que goza, es que me he decidido a emprender este trabajo. El objetivo del mismo es comprobar cómo en la realidad de los prácticos y operadores del Derecho se ha tutelado esta garantía, cómo ha sido comprendida y cuando se ha entendido que ella ha sido vulnerada. Para ello se ha dividido el trabajo en dos partes:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Las aguas de la casi totalidad de las cuencas de nuestro país, que se pueden destinar a los usos agrícolas, industriales, mineros, de generación de energía, acuicultura, etc., ya se encuentran otorgadas y además, la DGA, a solicitud de los interesados, ya ha decretado zonas de escasez de aguas subterráneas o el agotamiento de cuencas hidrográficas en varias zonas del país, de manera que los conflictos en el aprovechamiento de dichas aguas son cada vez más frecuentes y de mayor relevancia. Asimismo, debe agregarse el fenómeno de la sequía, que ya no sólo afecta a las zonas semi áridas de nuestro país. A lo anterior, debe sumarse el aspecto ecológico del problema del agua, que cada vez adquiere mayor relevancia, la que ya se ha reflejado en nuestro ordenamiento jurídico general con la Ley General de Bases del Medio Ambiente y en el Derecho de Aguas en particular, con la incorporación al Código de Aguas, en las modificaciones introducidas por la Ley Nº 20.017, de 16 de Junio de 2005, sobre normas de protección ecológica de los cauces

En el presente informe analizaremos la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional respecto al caso emblemático de los perros guías, mediante la cual se declara fundada la demanda de amparo presentada por los demandantes con discapacidad visual y se ordena a Plaza Vea que les permita su ingreso a sus establecimientos a nivel nacional en compañía de sus perros guías de manera libre y sin trabas. El objetivo del informe es analizar la afectación de los derechos fundamentales de los demandantes reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad respecto a la igualdad y no discriminación, accesibilidad, autonomía y movilidad, así como los ajustes razonables. También analizaremos la factibilidad del uso de los métodos de interpretación jurídica, los cuales consideramos pudieron ser empleados por parte de las instancias jurisdiccionales respecto a la norma alegada por Plaza Vea para determinar si efectivamente los perros guías se encontraban prohibidos de ingresar. Finalmente, concluimos que efectivamente ha existido una vulneración a los derechos de las personas con discapacidad visual, no únicamente por la restricción de prohibirles el ingreso a su establecimiento con sus perros guías, sino al imponerle la asistencia humana sobre la animal vulnerando su derecho a la autonomía y consiguiente movilidad de manera independiente, lo cual refleja las barreras sociales aun existentes a las que las personas con discapacidad se deben enfrentar, y que no permiten su desarrollo pleno en la sociedad. Asimismo, concluimos que el presente caso pudo resolverse a través del uso de los métodos de interpretación jurídica tales como el literal, ratio legis y sistemático por ubicación antes del empleo por parte del Tribunal del test de proporcionalidad en un conflicto de derechos fundamentales pues se podría determinar que la prohibición planteada en esta norma no contemplaba al perro guía.

La justificación de la presente investigación radica en la relevancia actual del control constitucional de los actos parlamentarios y la judicialización de la política. Así, resulta determinante desarrollar su contenido y alcances. El presente Informe tiene como objetivo analizar el caso materia de análisis referido al control constitucional de un acto parlamentario como el procedimiento de investigación ante la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República. A través del referido caso, pretende analizar el derecho al debido proceso en sede parlamentaria, así como también a sus derechos integrantes como el principio de legalidad, el derecho de defensa, el derecho a la debida motivación, entre otros. De igual modo, se busca delimitar los conceptos indeterminados de “ética parlamentaria” y de “conflictos de intereses” en la función parlamentaria. La hipótesis que se plantea radica en que los actos parlamentarios sí pueden ser objeto de control constitucional ante la vulneración de derechos fundamentales. De ahí que se coincida con el sentido de los fallos estimatorios de las instancias judiciales, las cuales determinaron que en el caso en concreto se acredita la afectación de los derechos fundamentales del Congresista Javier Diez Canseco referidos al principio de legalidad, tipicidad, defensa, motivación y honor. Los supuestos teóricos en los que se sustenta la presente investigación son la teoría del principio de separación de poderes, la doctrina de los actos interna corporis y los internal proceedings. Por consiguiente, plantearemos nuestra línea argumentativa respecto a los principales problemas jurídicos identificados.

Las instituciones procesales fueron pensadas para la tutela de derechos individuales; sin embargo, con la nueva preocupación por los derechos supraindividuales, las instituciones procesales deben ser repensadas y analizadas. En efecto, la tutela de los derechos difusos tienen una lógica distinta debido a que el objeto de tutela es indivisible y afecta a un número indeterminado de titulares; es decir, la satisfacción a uno implica satisfacción de todos los sujetos que son miembros del grupo. La protección de los derechos supraindividuales trae nuevos desafíos, porque debe determinarse desde quién tendrá legitimidad para obrar hasta a quiénes alcanzará la autoridad de la cosa juzgada, pasando por la adecuada representación ¿Por qué? No todos los sujetos a quienes se afectó su derecho estarán presentes en el proceso; por ello, el hecho de velar correctamente por los ausentes es fundamental para que el proceso colectivo brinde una tutela efectiva. En el ordenamiento jurídico peruano es deficiente la regulación de los procesos colectivos. Se ha analizado solo una arista de los problemas, la legitimidad para obrar, y, de manera excepcional, en materia laboral se reguló los efectos de la sentencia cuando se declara fundada la pretensión. Ello no es suficiente: se omite la litispendencia, prejudicialidad, efectos de la sentencia si es rechazado el pedido, etc. Se analiza a modo general la importancia de la institución procesal de la cosa juzgada en el proceso colectivo, cómo tutela el ordenamiento jurídico peruano los derechos supraindividuales en los procesos constitucionales, específicamente en el amparo. La creación de normas no asegura necesariamente una tutela de los derechos, por ello, se indaga sobre la figura procesal del “estado de cosas inconstitucional” ¿protege los derechos supraindividuales? Con lo cual se concluye que el Código Procesal Constitucional no regula el alcance de la cosa juzgada cuando tutela los derechos difusos, no es suficiente solo establecer quiénes tendrán legitimidad para obrar para interponer una demanda colectiva.

Conforme esta normado nuestro actual ordenamiento jurídico constitucional, en lo que respecta a los procesos de jurisdicción de la libertad o de protección de derechos “constitucionales” (1), no es constitucional afirmar el impedimento de incoar una demanda constitucional contra lo resuelto en otro proceso, sea administrativo, privado, judicial e incluso constitucional; afirmar lo contrario implicaría evidenciar que existe una zona exenta de control constitucional lo cual, según lo dispuesto por el Art. 200 Inc. 02 de la Constitución Política (2)se encuentra vedado, así si se impide interponer este tipo de demandas contra lo resuelto en otro proceso conllevaría a afirmar dos supuestos, el primero, que cualquier tipo de proceso siempre será tramitado y resuelto con apego estricto a las disposiciones y normas constitucionales, y/o el segundo, que la Constitución Política no rige para este tipo de procesos; el primero claro está, es un imposible fáctico, pues no existe perfección en los actos del hombre sea cual fuere el hecho a materializar y lo segundo, es un completo desconocimiento al principio de fuerza normativa de la constitución, tal como lo dispone el Art. 51º de la propia Carta Política, en tal sentido y a efecto de proteger los derechos fundamentales del litigante que puedan haber sido conculcados por lo resuelto en otro proceso, es que el ordenamiento jurídico habilita la interposición de una demanda constitucional contra una resolución judicial a fin que cese la afectación inconstitucional.