La legitimación procesal activa en el proceso de inconstitucionalidad ha sido tradicionalmente otorgada a un grupo reducido de órganos y sujetos. Este carácter restrictivo ha impedido un cambio estructural que posibilite brindar la más fuerte garantía que un Tribunal Constitucional podría otorgar a sus ciudadanos: someter a su jurisdicción las leyes a solicitud de cualquiera. El planteamiento de la actio popularis kelseniana, en el proceso de inconstitucionalidad, se propone como un ideal que tendría dificultades para corresponderse con la realidad por la excesiva carga procesal que traería consigo. En la presente tesis se cuestiona esta perspectiva y se proponen los beneficios de adoptar un modelo abierto con miras a que la colectividad pueda cuestionar las normas que la regula. La fundamentación de la legitimación amplia basada en la democracia participativa, en los derechos políticos, en el activismo ciudadano, en la defensa de los derechos colectivos, en el principio de solidaridad y, principalmente, en la efectividad del principio de supremacía constitucional, brinda un primer acercamiento a la propuesta. En un segundo momento, se realiza el estudio de la aplicación actual, y de manera comparada, de la actio popularis en países de Europa tales como Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Eslovenia y Hungría. En esta misma línea, se presentó los diversos modelos de legitimación activa en los procesos de inconstitucionalidad que se reconocen en América Latina dando una mayor profundidad al estudio de realidades como las de Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Venezuela en los cuales se establece una auténtica legitimación amplia y popular. En el tercer capítulo, se formula la propuesta de acción popular de inconstitucionalidad para el Perú. Al respecto, se analiza críticamente el actual estado de los legitimados activos reconocidos en la Constitución Política del Perú, se recoge la opinión de los Coordinares de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional del Perú sobre el particular y, finalmente, se concluye con la propuesta de reforma constitucional, con el objetivo que el Perú, procesalmente, adopte el referido modelo siendo que, a través de esta legitimación, se reivindique el principio de supremacía constitucional y se le otorgue el protagonismo a los ciudadanos para que sean los nuevos guardianes de la Constitución. / Tesis

La inconstitucionalidad de normas constitucionales es un novísimo tema dentro de la rama del Derecho Constitucional, a pesar de esto, dicha teoría no es ampliamente aceptada, por ello nosotros intentaremos brindar nuestra posición sobre dicha controversia, como un mecanismo de solución para estas antinomias. El presente trabajo está estructurado en tres capítulos, en los cuales abarcaremos las nociones básicas sobre el Estado Constitucional; la inconstitucionalidad dentro de la Constitución, como los tipos de estas antinomias; y por último los mecanismos de Control Constitucional para tratarlas en el Ordenamiento Jurídico Peruano. Sostenemos por ello que es posible la existencia de este tipo de antinomias, cuando el principio de armonización de la Constitución es insuficiente para poder interpretarlas y solucionarlas. Una vez demostrado esto, proponemos dos medios de resolución de estas antinomias: Uno ideal que consiste en la reforma constitucional de los preceptos incongruentes; y una alternativa, que consiste en la declaratoria de inaplicabilidad de estas normas por parte del Tribunal Constitucional.

El caso en concreto se da por la controversia suscitada entre algunas posiciones conceptuales de puro derecho, de valorización de principios constitucionales y de su alcance jurisdiccional. Por un lado, se busca entender a la figura de la reelección como un derecho fundamental en el marco de los derechos políticos y, por otro lado, concebir a la reelección como la continuación y/o prolongación de un derecho existente, es decir, con relación al derecho de elección, que como sabemos comprende dos acepciones; el derecho de elegir y el derecho a ser elegido. Por último, reconocer a la reelección no como un derecho fundamental, sino únicamente como una forma, una modalidad o una cláusula autónoma donde los Estados son lo que determinan si la incorporan o no en sus respectivos ordenamientos jurídicos. Dentro de ese contexto, el Tribunal Constitucional conociendo dicha demanda de inconstitucionalidad, que impugnaba la Ley 30305, la declaró infundada. Después de un riguroso análisis y estudio del caso, en su mayoría se coincide con lo establecido en dicha sentencia, donde se concluye que el legislador respetó todos y cada uno de los exigentes filtros y cánones constitucionales que requiere la norma cuando se trata de discernir leyes de reforma constitucional con estándares muy elevados para alcanzar validez y legitimidad necesaria para ser incorporados a la Constitución. Por otro lado, este trabajo académico resume las diferentes posiciones en discusión y los argumentos jurídicos tanto a favor como en contra de esta Ley de Reforma Constitucional con sustentos tanto nacionales como internacionales y en ese orden de ideas, el Juez Constitucional ha determinado que esta norma cumple, no sólo con los parámetros constitucionales, sino con los parámetros convencionales que toda Ley de reforma constitucional exige.

El presente informe analiza algunas de las modificaciones a la Ley 30220, Ley Universitaria, introducidas por la Ley 31520, Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, a partir de la Sentencia 397/2022 por la cual el Tribunal Constitucional, declara infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada en su contra por 33 congresistas. Al respecto, se resaltan algunos vicios de inconstitucionalidad de los que adolecerían tales modificaciones, a pesar de que el Tribunal Constitucional haya confirmado su constitucionalidad. Como principal problemática, se aprecia que el legislador, al emitir la Ley 31520, no toma en cuenta los parámetros de constitucionalidad que el Tribunal Constitucional fijó sobre el mandato que el artículo 16 de la Constitución asigna al Estado de supervisar la calidad de la educación. A pesar de lo fundamentado por el actual Tribunal Constitucional, se sostiene que tal jurisprudencia constitucional previa, vinculaba al Poder Legislativo, por lo que flexibilizar el modelo de supervisión de la calidad de la educación universitaria -delimitado por tales parámetros- tornaría inconstitucionales a algunas de dichas modificaciones, pese a que se reconozca la libre configuración del legislador para reformar las leyes. Como problemas secundarios, se analiza la legitimidad para obrar de tales 33 congresistas, pues fueron los mismos que promovieron la aprobación de la Ley 31520, habiendo indicios razonables de un uso indebido de esta acción. Asimismo, se examinan las modificaciones a la composición del Consejo Directivo de la Sunedu, pues afectarían el derecho a la imparcialidad del órgano resolutor. Finalmente, se advierte que la Ley 31520 vulneraría la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pues algunas de sus modificaciones invaden ámbitos de competencia y organización del Poder Ejecutivo.

El presente Informe tiene como objetivo exponer y analizar los razonamientos del Tribunal Constitucional en la sentencia relativa al caso del desdoblamiento de las legislaturas ordinarias por parte del Congreso de la República. La disolución del parlamento por parte del ex presidente Martín Vizcarra mediante Decreto Supremo 165-2019-PCM en septiembre del año 2019, trajo como consecuencia la elección de un nuevo Congreso, destinado a completar el período parlamentario 2016 – 2021. Cuando éste estaba por culminar, en junio del año 2021, el Congreso introdujo, mediante Resolución Legislativa 021-2020-2021-CR, una modificación a la tercera disposición transitoria del Reglamento del Congreso, creando una cuarta legislatura ordinaria, con el objetivo de aprobar, en segunda votación, proyectos de leyes de reforma constitucional, de acuerdo a los requisitos que establece el artículo 206 de la Constitución. La Resolución Legislativa fue cuestionada en un proceso de acción de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda e inconstitucionales la Resolución Legislativa 021-2020-2021-CR, así como, por consecuencia, las tres leyes de reforma constitucional aprobadas durante la cuarta legislatura ordinaria irregular, argumentando que el Congreso había cumplido tan solo en las apariencias con los requisitos que la Constitución exige para su reforma en el artículo 206. / The purpose of this paper is to expose and analyze the reasoning of the Constitutional Court in the ruling on the case of the division of ordinary legislatures by the Congress of the Republic. The dissolution of parliament by former President Martín Vizcarra through Supreme Decree 165-2019-PCM in September 2019, resulted in the election of a new Congress, intended to complete the 2016-2021 parliamentary period. When it was about to end, in June 2021, Congress introduced, through Legislative Resolution 021-2020-2021-CR, a modification to the third transitory provision of the Regulations of Congress, creating a fourth ordinary legislature, with the objective of approving, in second vote, constitutional reform bills, in accordance with the requirements established in article 206 of the Constitution. The Legislative Resolution was questioned in an unconstitutionality action process. The Constitutional Court declared the lawsuit founded and Legislative Resolution 021-2020-2021-CR unconstitutional, as well as, consequently, the three constitutional reform laws approved during the irregular fourth ordinary legislature, arguing that Congress had complied only in the appearances with the requirements that the Constitution demands for its reform in article 206.

Se desarrolla el análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucionalidad que declaró fundada parcialmente la acción de inconstitucionalidad interpuesta por un conjunto de ciudadanos contra la Ordenanza 014-2018-MPSCH, expedida por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, que declara de interés prioritario la protección de todas las fuentes de agua dulce ubicadas dentro de su jurisdicción entre otras medidas. Se analizan dos problemas. El primero relativo a la vulneración del principio de competencia y de taxatividad por parte de la municipalidad al emitir la Ordenanza Municipal No. 014-2018-MPSCH. El segundo problema aborda la cuestión de la aplicación efectiva del derecho a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado, reflexionándose sobre el papel que cumple el Tribunal Constitucional como entidad responsable de la defensa de la constitución y los derechos fundamentales y, en ese sentido, como creadora de derecho y promotora de la paz social. Se efectúa un análisis jurídico del bloque constitucional ambiental y de recursos naturales, comparando la sentencia del TC con otras sentencias similares

El presente informe aborda cuatro problemas jurídicos identificados en el marco del Proceso de Inconstitucionalidad que cuestionó judicialmente la norma que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios - Decreto Legislativo No 1057: si dicha norma forma parte de los temas delegados por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo; si el tratamiento diferenciado establecido en la norma supera el Test de Igualdad; si la norma es compatible con el principio de causalidad, la estabilidad de entrada y salida, y el acceso a un puesto de trabajo; y si garantiza los principios de igualdad de oportunidades, y de mérito y capacidad; y garantiza la institución de la carrera pública. Como se podrá apreciar también en este informe, el régimen CAS ha sido y continúa siendo ampliamente debatido, desde la norma de su creación en el 2008 hasta la actualidad con la norma que le reconoce el derecho a la estabilidad laboral a quienes se encuentren bajo su ámbito, y la sentencia del Tribunal Constitucional del 2021, inclusive. Por ello, no es posible dar por cerrados los debates en torno a este régimen.

La legitimación procesal activa en el proceso de inconstitucionalidad ha sido tradicionalmente otorgada a un grupo reducido de órganos y sujetos. Este carácter restrictivo ha impedido un cambio estructural que posibilite brindar la más fuerte garantía que un Tribunal Constitucional podría otorgar a sus ciudadanos: someter a su jurisdicción las leyes a solicitud de cualquiera. El planteamiento de la actio popularis kelseniana, en el proceso de inconstitucionalidad, se propone como un ideal que tendría dificultades para corresponderse con la realidad por la excesiva carga procesal que traería consigo. En la presente tesis se cuestiona esta perspectiva y se proponen los beneficios de adoptar un modelo abierto con miras a que la colectividad pueda cuestionar las normas que la regula. La fundamentación de la legitimación amplia basada en la democracia participativa, en los derechos políticos, en el activismo ciudadano, en la defensa de los derechos colectivos, en el principio de solidaridad y, principalmente, en la efectividad del principio de supremacía constitucional, brinda un primer acercamiento a la propuesta. En un segundo momento, se realiza el estudio de la aplicación actual, y de manera comparada, de la actio popularis en países de Europa tales como Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Eslovenia y Hungría. En esta misma línea, se presentó los diversos modelos de legitimación activa en los procesos de inconstitucionalidad que se reconocen en América Latina dando una mayor profundidad al estudio de realidades como las de Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Venezuela en los cuales se establece una auténtica legitimación amplia y popular. En el tercer capítulo, se formula la propuesta de acción popular de inconstitucionalidad para el Perú. Al respecto, se analiza críticamente el actual estado de los legitimados activos reconocidos en la Constitución Política del Perú, se recoge la opinión de los Coordinares de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional del Perú sobre el particular y, finalmente, se concluye con la propuesta de reforma constitucional, con el objetivo que el Perú, procesalmente, adopte el referido modelo siendo que, a través de esta legitimación, se reivindique el principio de supremacía constitucional y se le otorgue el protagonismo a los ciudadanos para que sean los nuevos guardianes de la Constitución.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La inactividad legislativa inconstitucional corresponde a aquel comportamiento pasivo del legislador frente a un deber de desarrollo legislativo que produce efectos contrarios a la eficacia de algún precepto constitucional. En dicha definición se subsumen diversos aspectos susceptibles de analizar: por una parte, las fuentes de dicho mandato de desarrollo legislativo que encontramos tanto en los principios generales de la Constitución, como en normas de derecho internacional. Por otra parte, cuando dicha inactividad se expresa, generando un efecto adverso a la norma fundamental y se hace visible en el ordenamiento social corresponde aplicar algún mecanismo de control de dicha omisión, que puede abarcar una solución normativa o jurisprudencial al efecto. La finalidad de dichos mecanismos es salvar temporal o definitivamente la norma incompleta a fin de que sus efectos dañosos se reduzcan al mínimo y pueda darse cumplimiento a las normas constitucionales, principalmente a aquellas que versan sobre derechos fundamentales. Nuestro país no ha estado exento de situaciones normativas anómalas donde no existe el mecanismo formal para suplir la omisión legislativa. Es allí donde el Tribunal Constitucional, en estricto respeto a sus facultades ha optado por efectuar recomendaciones al legislador, las cuales evidencian el potencial transgresor a la Constitución que tienen dichas omisiones, pero que no son exigibles, quedando al mero compromiso legislativo. Dicho compromiso ha sido en veces insuficiente para solucionar ciertas situaciones problemáticas a la luz de la norma fundamental; tal es el caso de la declaración de inconstitucionalidad realizada por el Tribunal referido acerca del articulo 38 ter de la Ley de ISAPRES que regulaba la denominada “tabla de factores” donde establecía criterios de sexo y edad para aumentar los precios de los planes de salud. Con dicha expulsión del ordenamiento jurídico de la norma en cuestión, se solucionó el efecto inconstitucional de la disposición, sin embargo, subsistió el daño que dicha situación causaba en los particulares: dicha falta de regulación sigue pesando en la creciente judicialización de causas contra las ISAPRES las que se originan a todas luces por la inactividad del legislador al no dictar un cuerpo normativo completo que regule las potestades y limitaciones tanto de los operadores de salud privada como de la Superintendencia de Salud. / 12/04/2019

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)