El presente artículo académico tiene como propósito analizar las causas y efectos de la existencia de un procedimiento registral como el de inmovilización de partidas respecto a la alícuota de uno de los copropietarios a propósito del Precedente de Observancia Obligatoria adoptado en el Pleno CXXXII realizado el 27 de agosto de 2015, referente a la transferencia de cuotas ideales y la inmovilización temporal de partidas con relación a la alicuota de uno de los copropietarios. El principal problema encontrado en la Resolución nos lleva a realizarnos la siguiente pregunta ¿Es necesario la existencia de un procedimiento con estas características en un sistema registral como el nuestro? Para responder esta pregunta nos basaremos en el análisis de los principios registrales aplicables a nuestro sistema registral y que se vinculan con el Precedente de Observancia Obligatoria, para luego determinar si resulta necesario, si dota al registro de mayor seguridad, o si por el contrario significa un retraso. Para responder la pregunta antes efectuada, es necesario abordar el tema relacionado con la naturaleza del derecho real de copropiedad, el fin de los registros públicos, así como los efectos que tienen los temas antes mencionados en un sistema registral como el nuestro.

El presente trabajo de investigación centra su análisis en el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado en el Pleno XCIV, publicado el 24 de agosto de 2012 y precisado posteriormente en el Pleno XCIX, publicado del 01 de diciembre de 2012, cuyo texto, inicial fue el siguiente: “Las restricciones convencionales de la propiedad establecidas por pacto no pueden comprender los atributos de enajenación o gravamen del bien, salvo que la Ley lo permita, conforme con lo previsto por el artículo 882 del Código Civil, pues existe un interés superior de que los bienes circulen libremente en el mercado.” Luego de la precisión a la que se hizo referencia en el primer párrafo, el texto del Precedente de Observancia Obligatoria en cuestión, quedó redactado de la siguiente manera: “Las restricciones convencionales de la propiedad establecidas por pacto no pueden comprender - de manera absoluta, relativa ni temporal-, los atributos de enajenación o gravamen del bien, salvo que la Ley lo permita, conforme con lo previsto por el artículo 882 del Código Civil, pues existe un interés superior de que los bienes circulen libremente en el mercado.” De este modo, en el presente trabajo de investigación se analiza el mencionado Precedente de Observancia Obligatoria (en adelante, POO) y su posterior precisión, así como la serie de dificultades que se presentaban a los Registradores al momento de calificar títulos que tuvieran alguna disposición que pudiera contradecir al artículo 882 del Código Civil antes de la promulgación del POO. Del mismo modo se analizarán las Resoluciones del Tribunal Registral que dieron pie al POO y los cambios que se generaron en la calificación registral, desde su promulgación

La calificación de los títulos que acceden al registro se encuentra regulada en el artículo 2011° del Código Civil, en el Reglamento General de los Registros Públicos (en adelante RGRP) y en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios (en adelante, “RIRP”). Si bien ninguna de estas normas cuenta actualmente con un artículo referido a la calificación especial de documentos administrativos, en el XCIII Pleno se aprobó un Precedente de Observancia Obligatoria por medio del cual se detalló el tipo de calificación que los Registradores debían aplicar en estos casos. En el presente artículo, desarrollaremos la aplicación de la calificación de documentos administrativos a propósito de la Resolución N° 278-2016-SUNARP-TR-L referida a la solicitud de inscripción de una Independización de Predio Rústico que resulta observada puesto que el Registrador encuentra mediante Informe de Catastro que el predio materia de independización se encuentra cerca a zona de playa y dentro de un Área de Conservación Regional. Finalmente, podremos determinar si la calificación aplicada por el registrador y el Tribunal Registral fue la acertada o si no correspondía presentar observaciones al título

El autor en el presente trabajo analiza la problemática de aperturar el registro para documentos judiciales que contengan carácter no inscribible, inadecuado e incompatible teniendo en cuenta el impacto registral que ocasionaría un registro que inscribiera tales actos y ante la situación expuesta precisa las propuestas de solución que serian necesarias, a efectos de lograr una concordancia entre la función jurisdiccional y registral otorgando seguridad jurídica a Registro Públicos.

Desde el siglo XX, en el Perú, ha existido un particular interés respecto a la vivienda, ya sea como una política de Estado – usualmente mal gestada -, o por iniciativa de los propios ciudadanos. No obstante, se ha consolidado un conflicto entre la modernidad y urbanización de la ciudad frente a la conservación y puesta en valor de bienes inmuebles de valor histórico. Este conflicto no sólo ha hecho peligrar y coadyuvar a su deterioro o extinción, sino que se observado una peculiar desatención por parte del Estado ante un deficiente marco legal de protección e incentivo. Es así que, en el presente trabajo, no sólo analizaremos dichas situaciones, sino además el tratamiento que se le ha dado a los Bienes Inmuebles Culturales en sede registral, en especial al II Precedente de Observancia Obligatoria del LXII Pleno Registral.

El presente trabajo pretende realizar un análisis del procedimiento administrativo de cierre de partidas, aplicado en los casos de superposición en el Registro de la Propiedad Inmueble. Investigación que estará enfocada en analizar el procedimiento en sí, regulado en el Capítulo II del Título V, específicamente en los artículos 56º al 63º del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Público, siendo la Unidad Registral el órgano competente para disponer el cierre de partidas y no las instancias registrales, tal como así lo reconoce el propio Tribunal Registral, mediante Resolución Nro.316-2017-SUNARP-TR-A de fecha 30.05.2017. Asimismo, estoy adhiriéndole mi experiencia profesionales, basado en la misma práctica, por lo que analizaré el procedimiento iniciado en mérito de la Hoja de Trámite Nº 2014-114476-ZRNºIX/SC-TD del 29.12.2014. Por ello, he tratado de hacer una aproximación y análisis a un caso en concreto, el cual también tendrá como unidad de análisis los Informes Técnicos emitidos por el área catastral y Resoluciones expedidas tanto por la Unidad Registral y Dirección Técnica Registral de la SUNARP, quienes son los competentes para resolver este tipo de procedimiento. Asimismo, abarcaré los conceptos de lo que se le denomina “duplicidad registral” y “superposición registral”, como sus efectos e implicancias a fin de poder determinar las causas que provocan esta patología registral, en el registro de la propiedad inmueble. Origen que se encuentra estrechamente relacionado con las carencias técnicas del sistema catastral de la SUNARP. Problemática que hoy se encuentra muy latente en diversas zonas de nuestro país. Es por ello, que es necesario poder ahondar en este procedimiento de cierre de partida, creado por la SUNARP, y ver en que medida lo soluciona.

La calificación es el soporte del sistema registral y, como tal, se debe cumplir con su finalidad, empleando todos los elementos necesarios, generados en nuestro ordenamiento jurídico para que el registrador publicite actos válidos y legítimos. En vista de ello, en el presente artículo se analizan los alcances y límites de la calificación registral que realiza el Tribunal Registral de Arequipa, en torno a la solicitud de cierre de partida registral por renuncia al derecho de propiedad. Dependiendo de la procedencia de los actos que se buscan inscribir, el registrador va a emplear distintos métodos de calificación, es decir, va a obedecer los lineamientos planteados por las normas tratándose de documentos emanados del fuero judicial o de entidades administrativas. En torno a ello, el problema jurídico que se presenta es el alcance en la calificación que tiene el registrador para poder decidir si algún hecho que se presenta en la realidad y que quiere ingresar al Registro, cabe admitirlo, es decir, si además de realizar el análisis para ser configurado como un acto inscribible, es posible admitirlo en nuestro ordenamiento jurídico por más que en la actualidad no se encuentre regulado, creando derechos sustanciales que, inclusive conllevan a modificaciones de normas con rango de ley.

En Perú, existen múltiples casos de estafas relacionadas con la compraventa de inmuebles debido a la falta de conocimiento de la documentación necesaria para corroborar si un inmueble está completamente saneado generando desconfianza a la hora de adquirir un inmueble. Adicionalmente, las personas disponen de poco tiempo para realizar trámites engorrosos para conseguir toda la documentación del inmueble. Por ello, InmuebleFact brinda información detallada de inmuebles registrados en la ciudad de Lima. La propuesta se orienta a adultos entre 25 y 55 años del nivel socioeconómico A, B y C quienes están en búsqueda de la documentación de un inmueble para conocer su estado legal y evitar ser sorprendidos por estafadores inmobiliarios. En vista que es una propuesta de negocio startup, la tasa de descuento es de 15% y un costo de deuda de 8%. Teniendo en cuenta el análisis financiero presentado en este informe, se obtiene un Costo Promedio Ponderado de Capital de 11.21%. Luego de obtener el Flujo de caja libre para los próximos cinco años, el valor actual neto es de $ 1,205,464 y una tasa interna de retorno de 482%, concluyendo que el proyecto es viable. Adicionalmente, para determinar el valor actual social neto del proyecto, el Ministerio de Economía y Finanzas menciona que la tasa social de descuento es equivalente al 8%, logrando un valor actual social neto de $ 848,549. Esta propuesta va a contribuir al cumplimiento de dos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mencionados en la Agenda 2023 aprobada por la Organización de las Naciones Unidas: (a) Trabajo decente y crecimiento económico, debido a que genera empleo a profesionales e (b) Industria, innovación e infraestructura, ya que brinda a los compradores de inmuebles la tecnología de geolocalización para detectar los inmuebles totalmente saneados y la opción de tener la documentación requerida en corto tiempo. / In Peru, there are multiple cases of scams related to the purchase and sale of real estate due to the lack of knowledge of the necessary documentation to verify if a property is completely legal, generating distrust at the time of acquiring a property. Additionally, people have little time to carry out procedures to obtain all the documentation of the property. Therefore, InmuebleFact provides detailed information on registered real estate in the city of Lima. The proposal is aimed at adults between 25 and 55 years of age of socioeconomic level A, B and C who are looking for the documentation of a property to know its legal status and avoid being surprised by real estate scammers. Since this is a startup business proposal, the discount rate is 15% and a cost of debt of 8%. Considering the financial analysis presented in this document, a Weighted Average Cost of Capital of 11.21% is obtained. After obtaining the Free Cash Flow for the next five years, the net present value is $ 1,205,464 and an internal rate of return of 482%, concluding that the project is viable. Additionally, to determine the social net present value of the project, the Ministry of Economy and Finance mentions that the social discount rate is equivalent to 8%, achieving a social net present value of $ 848,549. This proposal will contribute to the fulfillment of two Sustainable Development Goals mentioned in the Agenda 2023 approved by the United Nations: (a) Decent work and economic growth, because it generates employment for professionals and (b) Industry, innovation and infrastructure, since it provides buyers of real estate with geolocation technology to detect fully formalized properties and the option of having the required documentation in a short time.

Esta investigación académica tiene como propósito efectuar una evaluación, desde una perspectiva constitucional, a la ejecución de las expropiaciones en la actual legislación peruana, teniendo como parámetro el nivel de protección que se concede al derecho de propiedad. Para este propósito, en el primer capítulo denominado Propiedad y Expropiación en el Perú, se efectúa una revisión conceptual del derecho de propiedad en la Constitución Política, así como un análisis de la legislación de la expropiación hasta antes del actual marco normativo vigente consistente en el TUO del Decreto Legislativo N° 1192. Además, se ha revisado cómo se afecta el derecho de propiedad con la normativa de expropiaciones y se culmina con una evaluación crítica. En el segundo capítulo, titulado Expropiación Jurisdiccional y Expropiación Administrativa, se ha efectuado una comparación entre ambos modelos de expropiación, siendo que el primero supone una traslación de propiedad por mandato de una autoridad jurisdiccional, sea un juez o árbitro, mientras que el segundo conlleva a una afectación de la propiedad de manera directa por parte de la Administración Pública. Asimismo, se han considerado los eventuales riesgos económicos, operacionales y hasta contractuales a los que se encuentra sometido el sujeto pasivo en una expropiación. Seguidamente, en el tercer capítulo de este trabajo de investigación, al que se ha denominado Análisis Constitucional de la Transferencia de Propiedad en la Expropiación, se ha efectuado una revisión del tema en evaluación desde la perspectiva de la Constitución Económica. En este capítulo, la aplicación del test de proporcionalidad a determinados artículos de la normativa de expropiaciones es un punto medular en esta investigación, concluyéndose con una propuesta de necesaria adecuación normativa de la legislación al marco constitucional, así como a los criterios que emanan de las sentencias del Tribunal Constitucional, que resguardan el derecho de propiedad.

La presente investigación, titulada “El principio de fe pública registral en los títulos fraudulentos inscritos”, gira en torno a la implicancia del dicho principio respecto a la problemática del fraude inmobiliario. Para el desarrollo del tema, se ha optado por dividirlo en tres partes: 1) referida al principio de fe pública registral, 2) referida al fraude inmobiliario, y 3) explicando cómo debe interpretarse y aplicarse este principio respecto al fraude inmobiliario; en este sentido, la idea central de la investigación consiste en analizar si es idóneo o no, aplicar este principio para solucionar problemas derivados de los títulos fraudulentos inscritos, y de no serlo, proponer una solución definitiva a esa problemática. Finalmente, se concluye que es necesaria la aprobación de una ley específica que atienda al fraude inmobiliario y que modifique el artículo 2014° del Código Civil, con la finalidad de ponerle un freno definitivo a este ilícito.